Venezuela

Después de la devaluación

Nildo Ouriques

27/02/2013

Opinión

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Las devaluaciones nunca representan una buena decisión en materia de política económica. Resulta que muchas veces las devaluaciones permiten o crean un nuevo escenario en que se pueden tomar otras medidas que con anterioridad eran inviables. Las devaluaciones son también polémicas pues favorecen a unos mientras perjudican a otros.

Era fácil prever lo que dirían los políticos y economistas de la oposición al gobierno del presidente Hugo Chávez. Excepto por la novedosa y súbita preocupación con la situación de los pobres, pues según sus líderes, la devaluación los afectará volviéndolos todavía más pobres, ellos repiten las conocidas “lecciones” manualescas según las cuales la reciente medida es consecuencia necesaria de una “política económica irracional” que inhibe la inversión en función de la “inseguridad jurídica” cuya expresión máxima son las desapropiaciones. Además, repiten que los controles de precio y los gastos gubernamentales son absurdos y que sin un funcionamiento libre, los mercados no pueden funcionar. El analista atento sabe que la preocupación con la pobreza jamás fue una característica de los economistas representantes de la IV República, pues en las épocas anteriores a la Revolución Bolivariana, los salarios eran considerados apenas fuente de inflación. Nada nuevo bajo el sol. Además, la condena a la devaluación contrasta con la intensa propaganda de todo el año pasado, en donde los bancos y consultoras, por medio de varios periódicos y sus “especialistas”, defendían e incentivaban la devaluación como si esta fuera la única alternativa del gobierno ante la inflación.

Los economistas y especialistas de la derecha anuncian que la devaluación es una constante en la política económica bolivariana. No hay que engañarse al respecto. Las devaluaciones anteriores al 2010 no eran tan fuertes y tampoco se realizaron en el contexto político actual. Ahora, la derecha adoptó como línea dominante el terreno electoral y la disputa “dentro de la constitución bolivariana”. Por fin, las devaluaciones anteriores se realizaron sin la elevada fuga de capitales que marca el desarrollo capitalista en Venezuela desde 2007.

La inflación sigue siendo elevada en Venezuela, pero hay que empezar registrando que el índice nacional de precios al consumidor del BCV bajó del 27,6% en 2011 para 20,1% en 2012, un logro que no puede ser desconsiderado en un análisis serio del tema. Nadie – ¡ni el gobierno! – podría desconsiderar esta importante baja de la tasa de inflación aun más notable cuando se considera que ocurrió en un año electoral, periodo en que los gastos gubernamentales son siempre más elevados en cualquier país. ¿La tasa de 2013 podrá ser todavía menor? La respuesta es si, pero dependerá de muchos factores.

¿Cuál el origen de la inflación en Venezuela?

Arriesgo algunas hipótesis sin intención de agotar el tema.

Es obvio que la fuente primaria de la inflación en Venezuela es la insuficiente producción nacional que obliga al gobierno a elevar las importaciones en rubros elementales para el consumo popular. La propia política social del gobierno, de relativo fortalecimiento del mercado interno, creó una demanda adicional que no encuentra respuesta en la producción con el mismo ritmo. Además, la elevación de las prestaciones sociales se combina con la baja inversión. El Banco Central de Venezuela indica que la formación bruta de capital fijo se redujo drásticamente en los últimos años: del 21% en 2007/2008 para el 14,2% en 2009/2010, última cifra disponible. El presidente Chávez conoce el desafío y lo dijo sin medias palabras: eficiencia es la clave para el nuevo período presidencial. El gasto gubernamental seguirá siendo elevado en defensa de las clases populares, razón por la cual se vuelve todavía más importante una salida por el lado de la producción. Acá, sin una estrategia productiva eficiente, planes realistas con severa supervisión de las autoridades, punición a los irresponsables y el máximo de control popular posible sobre los planes de inversión del Estado, no se avanzará en este terreno. La producción es el talón de Aquiles del gobierno y sin una solución para tal será imposible eliminar el descontento popular y mucho menos avanzar en una propuesta de carácter socialista. Culpar el imperialismo yanqui y la oposición vende-patria por este problema era un argumento real hasta 2004 pero ya no se sostiene cuando las fuerzas apoyadas por la clase dominante interna y la embajada de Washington apuestan, por el momento, a la vía electoral para derrotar la Revolución Bolivariana. Además, es un error esperar comprensión o colaboración de los empresarios o banqueros pues ellos solamente responden según el comportamiento de la tasa de ganancia. En consecuencia cabe al gobierno solucionar el problema y no hay nada que lo pueda impedir de avanzar en este terreno.

Si el desafío estratégico de la Revolución Bolivariana es la superación del rentismo petrolero su tarea inmediata es fomentar la producción, especialmente la producción agrícola. En función del fuerte impacto que los precios de los alimentos poseen en la tasa de inflación – como lo demuestran los datos del BCV – no hay otro camino que exigir eficiencia en los planes para elevar la producción nacional de alimentos. Mas allá de la dudosa calidad de la tierra ya se volvió una realidad que los planes agrícolas hasta el momento no fueron eficaces para contribuir con la disminución de la presión inflacionaria. La fuerza de una estrategia agrícola eficaz es un instrumento que está al alcance del gobierno y es sabido que puede producir respuesta rápida en la lucha anti-inflacionaria.

La segunda fuente de la inflación es algo que nadie más puede ocultar: la fuerza de la especulación financiera con el dólar y el intento de las clases dominantes en dolarizar la economía del país. La muerte de la moneda nacional fue y será siempre un recurso de la burguesía de cualquier país latino-americano. El manejo de la política monetaria es, por ende, un recurso importante en la lucha política para el bien estar de la población por un gobierno nacional-popular. En cambio, la “muerte de la moneda nacional” significa una victoria de la derecha en contra de los gobiernos reformistas o revolucionarios. Además, en un país en que la mitad de la población vive bajo condiciones de superexplotación de la fuerza de trabajo (mercado informal) la estabilidad monetaria es un problema que también debe ser motivo de cuidado para los gobiernos populares. Reconocerlo es un hecho elementar y al contrario de lo que supone la derecha, la “estabilidad monetaria” no es una condición para políticas de desarrollo; la economía política latino-americana sabe desde los aportes cepalinos que no debemos aceptar la trampa neoclásica que sacrifica el crecimiento en aras de la estabilización. En 1961 Raúl Prebish demostró tratarse de un “falso dilema” que, no obstante, la oposición venezolana divulga para solapar las bases populares del gobierno e fortalecer las condiciones para un plan de carácter fondomentarista harto conocido de nosotros latino-americanos. Es obvio que en la situación actual, la devaluación tiene que ser compensada con medidas sociales más agresivas precisamente para defender los más pobres. La política social tendrá que ser todavía más eficaz. Pero aún en este caso, con medidas que defiendan los pobres, no hay que engañarse que la devaluación es un golpe duro a la lucha para dar credibilidad a la moneda nacional (el bolívar). La inflación es un arma terrible en contra gobiernos de derecha pero también lo es para los gobiernos de izquierda. La derecha soluciona el problema con el “ajuste clásico de la balanza de pagos”, es decir, con elevación de la tasa de interés, el corte de las importaciones, la desindexación de los salarios, el desempleo elevado, etc. En suma, para controlar la inflación, la derecha venezolana reafirma su fe en una política recesiva que disminuye el crecimiento, golpea los trabajadores mientras impulsiona la acumulación de las distintas fracciones del capital nacional y extranjero fortaleciendo el proceso de monopolización de la economía.

La especulación con el dólar y el intento de matar la moneda nacional es siempre un objetivo estratégico de las clases dominantes en América Latina. En consecuencia, los ataques a la moneda nacional son permanentes y todavía más fuertes en los países rentistas, como lo es el caso de Venezuela. Washington siempre lo tiene como objetivo pero hay que atentar que el imperialismo siempre logra aliados en la nación para tal propósito. Hay fuerzas internas en Venezuela interesadas en la dolarización. Fuerzas que están en contra del gobierno – quizás lo más sorprendente, también fuerzas que apoyan al gobierno – y que acumulan poder y riqueza en función de la enorme fuga de capitales de los últimos años.

La aparente paradoja consiste en que en el momento el escenario económico venezolano es perfecto para el capital financiero y sus múltiples brazos (aseguradoras, por ejemplo). Por un lado mantienen presión sobre el gobierno actuando con decisión en el mercado paralelo de dólar y ganan con las sucesivas devaluaciones. Por otro, alimentan la oposición con votos originados en el descontento popular inevitable. Juegan con el gobierno y juegan contra el gobierno. El capital no tiene Patria, razón por la cual sabemos que tiene sobradas razones para estar inmune a la ideología bolivariana. Al contrario de lo que repiten hasta el cansancio, la fuente principal de esta especulación no es el control de cambio – como acusa la oposición y los economistas a sueldo – sino que el control de cambio con la apertura de la cuenta de capitales. La combinación del control de cambio con la apertura de la cuenta de capitales es fatal para cualquiera que sea el gobierno y cualquiera que sea el país. La derecha venezolana afirma que todos los males de Venezuela tienen origen en el control de precios y en el régimen de cambio fijo; no obstante, mantiene silencio completo sobre la apertura de la cuenta de capitales. Jamás se escuchará los representantes de la oposición indicar la fuga de capitales como un problema estructural de la política económica del presidente Chávez y en contra del cual hay que actuar sin vacilación. Con efecto, Venezuela es una economía en que la fuga de capitales se transformó en el principal instrumento de lucha económica-política en contra de la Revolución. La fuga de capital es permitida por la apertura de la cuenta de capitales y no por el control de cambio o por el control de los precios.

Hay que establecer algo también importante: la derecha venezolana está en contra de todo y cualquiera que sea la modalidad de control de cambio. En consecuencia señala que “el control de cambio es irracional, genera corrupción y estimula la ineficiencia” en la economía. No hay que aceptar ideología como se fuera racionalidad económica. El control de cambio exige del Banco Central y del Ministerio de Finanzas mucha atención y cuidado. En las condiciones de Venezuela sigue siendo necesario y el gobierno puede avanzar mucho más en este terreno. La idea según la cual el ahora extinto SITME “significó el cierre de la cuenta de capital, ya que no hay forma legal de que salga un dólar del país sin la supervisión y aprobación de las autoridades” se frustró completamente. El inicio de sus actividades en junio de 2010 no impidió que al cierre del año y en 2011, las cifras fuesen contundentes: en 2010 la fuga no fue inferior a 20 mil millones mientras en 2011 fue seguramente superior a 31 mil millones (no incluimos las cifras de “errores y omisiones”).

¿El nuevo sistema puede funcionar?

Sin el cierre de la cuenta de capitales no hay duda que fracasará. Los economistas de derecha critican con insistencia a CADIVI como medio cómodo para ocultar que ningún sistema funcionará sin el cierre de la cuenta de capitales. Esta – y no CADIVI – es la responsable principal por la fuga de capitales y por la baja inversión. Aún el capitalista con sensibilidad social – ¡de existir tal figura! – actuaría con racionalidad económica al optar por poner los dólares afuera en lugar de producir un jitomate en la Portuguesa porque sencillamente ganaría mucho más en el primer caso.

Aún así, nuevas medidas tienen que ser tomadas. La primera es que ningún empresario puede ganar dólares al cambio fijo sin presentar resultados fehacientes en el campo de la producción. No es difícil observar que los capitalistas o aún pequeños o medianos empresarios que se benefician del dólar barato no ofrecen en cambio respuesta en el terreno productivo. Por ende, CADIVI puede liberar dólares solamente mediante comprobación de performance de los demandantes. La fiscalización del gobierno no ha sido eficaz. Ningún país tendrá jamás la cantidad de dólares que demanda el sector privado bajo condiciones de control de cambio y cuenta de capitales abierta. Precisamente porque la cuenta de capitales está abierta la demanda por dólares es infinita y seguirá ejerciendo enorme presión sobre el mercado paralelo de divisa.

La reciente reglamentación que permite abrir cuenta en dólares es un enorme error del gobierno. Las cuentas en dólares no defienden los trabajadores porque el porcentual de bancarización es todavía bajo y los salarios en el país impiden el ahorro popular. La clase media tendrá un mecanismo real y legal para protegerse de la inflación, pero no hay que olvidar que se trata de un sector pequeño en una sociedad polarizada socialmente. Es indudable que para burócratas del estado y pequeños y medianos especuladores podrá servir como un medio eficaz de legalizar la corrupción y protegerse de la inflación. No hay que alimentar optimismo con la posibilidad de que la clase dominante traiga sus dólares al país después de la reglamentación de esta medida, pues estos sectores ya tienen cuentas en el exterior y múltiplos mecanismos para mantener el gasto en moneda estadounidense. Además, el control sobre los bancos es muy frágil y son precisamente ellos los responsables para abrir las cuentas y “exigir” la demostración del origen legal de las divisas. ¿Alguien puede confiar que los bancos serán exigentes y respectarán la ley? La posibilidad de abrir cuentas en dólares ocurre en un contexto en que el control sobre los bancos es débil, sin eficacia. El papel del BCV en Venezuela tiene que ser muchísimo más activo en este frente de combate pues tiene amparo legal para actuar y en el contexto de cambio fijo se requiere control muy fino sobre el sistema bancario. El sistema bancario venezolano es pequeño, pero ha logrado aumentar su fuerza precisamente por efecto de la apertura de la cuenta de capitales y la ausencia de rigorosa fiscalización sobre sus actividades. El control de cambio exige rigorosa vigilancia sobre la actividad bancaria y bursátil. Eficiencia máxima en este renglón será decisivo en la batalla anti-inflacionaria.

Por otro lado, aún con esta grave concesión (apertura de cuentas en dólares), el chantaje de la derecha seguirá con fuerza, siempre en sentido de desacreditar el gobierno y su política económica. Por ende, seguirán afirmando que nadie debe creer en el gobierno y abrir cuentas en dólares, pues no se “puede creer en los bolivarianos ni un tantito así”. Luego, no tardarán en recordar la posibilidad de una futura pesificación y, en caso de mantenerse, avanzarán un paso más en su batalla por la definitiva dolarización de la economía. No es necesario mucho esfuerzo para suponer que algunos asesores o consejeros gubernamentales indican como alternativa el “exitoso” camino que siguió Ecuador y El Salvador. La rotunda victoria del presidente Rafael Correa puede estimular a algunos sobre “las ventajas de la dolarización” y como única vía de control sobre la inflación. Es un error estratégico avanzar en esta dirección. Eventuales e inmediatos logros – muy dudosos, estoy seguro – comprometen una estrategia de cambio estructural que impulsa el presidente Chávez y que es lo más valioso de su gobierno.

La tercera fuente de inflación es la especulación con el comercio y el grado de monopolio existente en la economía venezolana. El gobierno puede ampliar la competencia con sus iniciativas, pero tiene también que formalizar una rede de comercialización permanente que opera balizando los precios. La eficiencia en las redes de distribución popular son fundamentales y el combate a la corrupción decisiva. Es inadmisible políticamente tolerar cualquiera que sea el mecanismo de entregar la renta petrolera (dólares CADIVI) para empresarios o funcionarios que no respetan el pueblo y se lanzan a la especulación.

Al contrario de otros países (Argentina o Brasil, por ejemplo) en Venezuela más del 90% de os recursos de la exportación son del gobierno pues la fuente principal de dólares obtenidos en el comercio exterior tiene origen petrolera y están bajo control de PDVSA, no del sector privado.

En este contexto, la emisión de papeles de PDVSA podría tener una importante función en el fortalecimiento de la moneda nacional y no de estímulo a la búsqueda de papeles nominados en dólar y destinados a la fuga de capitales. Los precios del petróleo siguen en alza en el mercado mundial e permiten al gobierno pagar en bolívares una renta en función de los resultados obtenidos por la estatal petrolera. No hay que garantizar en dólares la rentabilidad de un papel que tiene amparo en un mercancía clave de la economía mundial y que seguirá valorizada en los prójimos años.

El gobierno tiene nueva oportunidad para hacer funcionar los sistemas de control sobre el mercado de divisas. ¿Funcionará el nuevo sistema? ¿Qué fue lo que falló en el SITME? ¿Qué no funcionó en CADIVI?

Lo primero, repito, es que sin el cierre de la cuenta de capitalista no funcionará. Segundo, es necesario establecer los mecanismos de control sobre venta y compra de papeles (especialmente los de PDVSA nominados en dólares) en tiempo real y utilizar el nuevo “sistema integrado de información financiera” para identificar todos los principales capitalistas que juegan en contra de la moneda. La tercera medida implica en un manejo mucho más estricto de los dólares por CADIVE, es decir, solamente podrán acceder a los dólares en el cambio fijo los capitalistas que están produciendo en los sectores claves, especialmente aquellos que pueden disminuir la brecha entre oferta y demanda en los rubros del consumo popular. La entrega de dólares se daría en este sistema bajo la orientación del presidente Chávez, es decir, mediante comprobación de performance económica. La quinta medida es la creación de medidas adicionales visando cerrar la cuenta de capitales pues sin esta medida la presión inflacionaria no cederá jamás y más temprano que tarde el gobierno estará una vez más ante la “exigencia” de devaluar. La última medida es eliminar la apertura de cuenta en dólares para individuos pues la medida no preserva los salarios de los obreros sino que protege, momentáneamente, sectores de la clase media y burócratas estatales que pueden conseguir dólares (incluso de origen dudoso). La cuenta en dólares pretende pasar la idea de estabilidad en sectores medios con la idea de que están protegidos en contra de la devaluación mientras al pueblo sigue con los bolívares, es decir, con la moneda nacional.

El rentismo petrolero no es un enemigo fácil de derrotar, pero hay que avanzar más rápidamente en ello. Desde hace algún tiempo uno de los frentes más importantes de la revolución es la implementación de una estrategia productiva eficaz, como lo dijo el presidente Chávez.

El esfuerzo de todo proyecto nacional-revolucionario es precisamente retener el excedente económico. Las nacionalizaciones se justifican en función de este objetivo y no por una supuesta y abstracta “coherencia ideológica”. Ahora bien, si las nacionalizaciones avanzan y aún así no se retiene el excedente económico producido en el país, algo estratégico hay que cambiar. Venezuela vive una economía de guerra en función de la existencia de Revolución Bolivariana. Además, las empresas estatales tienen que ser un criterio de racionalidad económica que se impone a los capitalistas. Eficiencia es también acá la palabra correcta.

El gobierno de Venezuela tiene un apoyo mayoritario de su pueblo y una capacidad de movilización que no es fácil de lograr en ninguna parte. Este apoyo es una “fuerza económica” que todavía no fue utilizada para lograr más eficacia en la gestión de la economía. Además, el gobierno cuenta con mayoría en el parlamento e instrumentos legales para actuar de manera decisiva en el control de la inflación y en contra de todas las fuerzas que saboteen los planes para lograr eficiencia económica. Apenas empieza un nuevo período presidencial y la recuperación de la salud del presidente Chávez permite optimismo sobre el futuro de la Revolución Democrática Bolivariana.

Nildo Ouriques - Economista, profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina y miembro del Instituto de Estudios Latino-Americanos (IELA). E-mail: nildorix@hotmail.com

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