El pasado 21 de noviembre del año en curso, la sociedad chilena fue convocada a las urnas con el propósito de renovar los 155 escaños que componen a la Cámara de Diputados, 27 de las cincuenta senadurías que conforman al Senado y, por supuesto, la presidencia del Estado. Desde las generales del 2017 —y dando por descontada la trascendencia intrínseca al plebiscito de octubre del 2020, a través del cual se logró la institucionalización de la rabia popular que en 2019 tomó las calles de la capital y de las principales ciudades chilenas para mercarle un alto a los abusos del neoliberalismo—, los comicios de este año fueron, sin lugar a dudas, uno de los ejercicios electorales más importantes a los que se ha tenido que enfrentar la ciudadanía chilena en los últimos veinte años, toda vez que de sus resultados depende el que la agenda progresista puesta en marcha por las protestas masivas del 2019 avance lo más profunda y ampliamente que le sea posible o, por lo contrario, simplemente se detenga sin llegar a conquistar las reivindicaciones que en principio se propuso.

¿Qué sucedió, pues, en Chile? Quizá el resultado más importante observado al finalizar la jornada tiene que ver con una duda que ya plaga los espacios de opinión de las izquierdas regionales: ¿cómo es posible que, luego de dos años en los que la rabia popular se apoderó del espacio público y saturó el discurso político con sus propias demandas y reivindicaciones, en materia electoral, ese descontento no se haya traducido una participación masiva e incluso en una radicalización del movimiento? La pregunta no es, por supuesto, retórica ni mucho menos. Y es que, al finalizar el computo de las votaciones, lo que quedó claro fue que la extrema derecha nacional se fortaleció como no lo había hecho en las últimas dos décadas, luego de la supuesta transición a la democracia que los partidos de la Concertación pactaron con los restos del pinochetismo. Y lo más importante es que lo hizo no sólo en el plano de la disputa por la presidencia del Estado sino, asimismo, en ambas Cámaras del congreso nacional.

Los resultados hablan por sí mismos: José Antonio Kast, candidato a la titularidad del poder ejecutivo, obtuvo un margen de casi el 28% de la votación efectiva emitida por la ciudadanía, casi tres puntos porcentuales más que los obtenidos por el candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista (en los hechos, una coalición que más o menos se mueve homogéneamente dentro los márgenes del centro-izquierda). En el Senado, las diferentes facciones de la derecha (desde los extremos hacia el centro) ya suman casi la mitad de los asientos, al tiempo que las fuerzas de centro-izquierda acumulan dieciocho representaciones y la coalición del Frente Amplio con el Partido Comunista cinco (más dos independientes). En la Cámara baja, por su parte, la bancada de Kast (el Frente Social Cristiano, conformado por el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano), se llevó quince diputaciones; la derecha centrista (Chile Podemos Más: constituida por Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evolución Política y el Partido Regionalista Independiente Demócrata), cincuenta y tres; y el Partido de la Gente (por el que compitió el outsider, también de derecha, Franco Parisi), seis. En contraste, las fuerzas de centro-izquierda se llevaron treinta y siete curules, a las que se suman los treinta y siete del Partido Comunista y el Frente Amplio (los restantes seis corresponden a fuerzas minoritarias o independientes).

Puestas así las cosas, en apariencia, lo que sucedió en estas votaciones fue una suerte de empate técnico entre la izquierda y la derecha, presenciándose, además, una especie de polarización entre los extremos. Y, sin embargo, las cosas no son así de sencillas ni la realidad así de simple. Si se piensa, por ejemplo, en los márgenes de participación ciudadana observados en estos comicios, de cara a los que se registraron en las presidenciales del 2017, es claro que las variaciones fueron mínimas, pues ambos procesos gravitaron alrededor del 47% de movilización del electorado hacia las urnas. Si se compara, por otro lado, la participación de estas vocaciones con la que se dio en octubre del 2020, en el plebiscito para la Constituyente, lo que se aprecia es una reducción, pasando de poco más del 50% del electorado a alrededor del 47%.

En esa misma línea de ideas, además, es posible trazar ciertas continuidades en el desempeño que en los últimos años han tenido las izquierdas chilenas en los comicios presidenciales: en 2017, por ejemplo, Beatriz Sánchez, entonces candidata del Frente Amplio, obtuvo poco más del 20% de la votación total efectiva; es decir, apenas cinco puntos porcentuales por debajo de lo que este 2021 consiguió Gabriel Boric. ¿No son indicativos estos tres datos, entonces, de que en realidad Chile vivió una jornada electoral normal dentro de lo que cabe en su registro histórico, marcada más por continuidades que por rupturas? Y si en los números, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se tienen bancadas relativamente similares en fuerza, ¿por qué, entonces, entre la intelectualidad de izquierda en Chile y en el resto de América se piensa más en una derrota que un honroso empate?

El fondo del asunto se halla en dos nudos problemáticos a los que poca atención se les está prestando, pero que resultan ser fundamentales para saber por qué sí es necesario, para la izquierda, hablar de una nueva derrota en Chile, producto de los comicios de este 21 de noviembre. A saber: por un lado, está lo evidente: entre 2019 y 2020, Chile atravesó por una serie de movilizaciones de masas que en distintos momentos llegaron a paralizar por completo a la vida institucional del Estado, habida cuenta de que los mecanismos de participación que éste proveían simplemente no contaban con las capacidades suficientes como para responder o siquiera canalizar la rabia popular que se enseñoreaba en las calles. Es claro que entre las presidenciales del 2017, el plebiscito de la Constituyente del 2020 y los comicios generales de este 2021 se presenciaron más continuidades que rupturas (sobre todo en el desempeño de las izquierdas). Sin embargo, las cosas no tenían que haberse dado así, precisamente porque durante dos años Chile estuvo sumergido en sucesivas e intempestivas olas de convulsión colectiva: de protesta y de represión, que, por lo menos en términos coyunturales, tuvieron que haber modificado algo entre los sectores de izquierda de la población y en sus capacidades de arrastre del voto más de centro hacia su propio espectro político-ideológico. ¡No sucedió!

Por el otro lado, aunque en términos de la oposición bloque de izquierda vs. bloque de derecha las cosas parecen dar cuenta de un empate técnico, en los hechos, por el lado de los espectros de la derecha, lo que en realidad ocurrió fue un desplazamiento de los sectores mayoritarios del centro hacia los extremos: hacia las opciones de la ultraderecha neoliberal y militarista. El problema, por ello, no es menor: lo que demuestran estas votaciones es que las protestas del 2019 y del 2020 no se tradujeron, para las izquierdas, ni en una mayor participación ciudadana en los comicios ni, mucho menos, en un apoyo electoral efectivo por su agenda programática y su proyecto de nación; pero, por el otro lado, la extrema derecha sí se fortaleció. ¿Cómo pudo ser esto posible?

Dos respuestas tentativas podrían arrojar algunas luces sobre el tema. En primer lugar, es claro que sigue imperando entre el electorado chileno un enorme sentimiento de desconfianza en los canales institucionales para resolver el cúmulo y la diversidad de problemas que atraviesan como sociedad. Esa apatía, aparentemente, no llegó a ser superada ni siquiera en el plebiscito del 2020, a pesar de la oportunidad que tal proceso representaba (y representa) para un cambio estructural de la manera en que operan la política, el mercado y el Estado en el país.

El otro factor, paradójicamente para las izquierdas, es el hecho de que los sectores populares de izquierda cifraron en mayor medida sus esperanzas y sus aspiraciones en el proceso Constituyente, casi que apostándolo todo en ella y por ella, descuidando lo que llegase a ocurrir en estas votaciones. Después de todo, si de los trabajos de la Constituyente dependen la refundación, la sustitución o la invención de nuevas instituciones que den vida a un nuevo Estado, en esta lógica, parece haber imperando la idea de que el resultado podría ser intrascendente cuando la verdadera batalla se está dando en otros espacios.

Y la extrema derecha, ¿por qué se fortaleció? La respuesta no es sencilla. Hay, de hecho, una multiplicidad de factores que intervinieron (como los reacomodos regionales de las extremas derechas propias de otros Estados, el reposicionamiento estadounidense, la operación política de los grandes capitales en el país, etc.). Sin embargo, acá sí es claro que la coyuntura de las protestas de los últimos dos años caló mucho más hondo entre los sectores más conservadores de la sociedad para movilizar la idea de que en el proceso electoral había que exorcizar a la sociedad de sus fantasmas comunistas, socialistas y/o anarquistas (pensando en los estallidos de violencia que se presenciaron en los momentos más álgidos de la crisis). Para las ultraderechas reaccionarias, movilizar ese tipo de ideas, convirtiéndolas en miedos irracionales, para capitalizarlas como saldos electorales, suele ser una tarea sencilla. Y las protestas de esos dos años parecen haberle ofrecido un caldo de cultivo prolífico para conseguirlo.

¿Y para los días por venir qué sigue? Aventurar un triunfo por parte de Kast o de Boric no es tarea fácil. La mayor parte de los análisis que ya circulan en la agenda pública y la agenda de los medios se están centrando con demasiada facilidad en las matemáticas electorales que le podrían conceder la victoria a uno u otro contendiente, en el sentido de que sólo les basta con sumar los sufragios obtenidos en la primera vuelta, por parte de las candidaturas de centro, a sus respectivos punteros de la siguiente ronda. La realidad, de nueva cuenta, no es así de sencilla. En los días por venir, tanto Boric como Kast tienen dos opciones: apostar por la radicalización de las posturas que en la primera vuelta les dieron la segunda y la primera minoría, respectivamente; o, por lo contrario, desplazarse cada vez más hacia el centro de sus respectivos espectros ideológicos, buscando atraer a más sectores centristas hacia sus plataformas electorales.

Para Kast, la primera opción parece ser la que más se ajusta a la imagen de nación que tiene y que promueve entre el electorado. Sin embargo, hacerlo podría implicar perder el respaldo de amplios sectores del centro-derecha; sobre todo, cuando sus principales figuras (como Sebastián Sichel) ya han expresado públicamente que existen serias diferencias programáticas que impiden su adhesión automática a la agenda de la extrema derecha que aquel representa. Para Boric, por su parte, lo mejor que podría hacer es plegarse a la agenda propuesta por los sectores progresistas de la Constituyente para potenciarla y convertirla en un capital político mucho más sólido y a la vez más amplio del que ahora goza. Cualquiera que sea el caso, ni el electorado chileno ni la intelectualidad de izquierda en la región puede darse el lujo de simplemente consolarse con el balance que arrojan las matemáticas electorales, toda vez que la experiencia histórica de América ha demostrado, una y otra vez, que esos desplazamientos del centro hacia los extremos no son, nunca, automáticos.

Si Chile no hubiese atravesado por un cataclismo político, se entendería la presencia de tendencias y trayectorias estables, normales, en sus resultados electorales. Sin embargo, lo hizo: atravesó por el mayor cataclismo en su historia, luego del pinochetismo.