“Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus”.

Pancarta en varias ciudades colombianas.

Algunos eventos que antecedieron e influenciaron las últimas protestas

Elaboramos este artículo con cierta celeridad dados lo súbito de los acontecimientos acaecidos en Colombia con las protestas sociales que se han dado muy fuertemente desde el mes de abril de este año y, sobre todo, por la respuesta del gobierno empleando a las fuerzas de seguridad (policía y ejército) con extrema violencia en varias ocasiones, incluso con la participación de varios grupos paramilitares y diversos grupos de vigilantes, aun sabiendo que las protestas, el malestar, el descontento y la cólera social vienen desde mucho más atrás debido a compromisos y promesas fallidas e incumplidas por parte del Estado[1] y sus gobiernos. La situación política en Colombia ha sido siempre crítica, extrema y muy violenta en la mayor parte de su historia desde tiempos coloniales. Algunos estudiosos y analistas críticos, tanto en medios académicos, en revistas y en los medios cibernéticos o en papel, han comparado el fenómeno del “estallido social colombiano”, comentando que tiene algunas características similares y podría adquirir o desembocar en un paralelismo con lo que ha sucedido a partir del año antepasado en Chile[2].

Sin embargo, examinando los acontecimientos que se han dado, los que se puedan dar en el futuro inmediato y los que se vayan a dar a mediano y largo plazos, a través de las acciones y reacciones de la población y el gobierno, se verá si las protestas van o no en la misma dirección de Chile[3]. Lo que parece claro de momento es que hay una necesidad imperiosa de renovar el modelo neoliberal en crisis cíclicas y agudas en estos últimos 5 años en Latinoamérica y el Caribe (LAC). Debido principalmente a los problemas macroeconómicos de desigualdad, pobreza extrema, informalidad y crisis fiscal y de auditoria social, y los problemas meso y microeconómicos para muchos sectores de la población que ha sufrido el impacto de las políticas neoliberales a ultranza en los últimos 30 años, las recesiones económicas periódicas o cíclicas de éstas y ahora la pandemia del COVID-19. Asimismo, la oligarquía y la clase política alineadas han sido muy reacios a los cambios socioeconómicos, sociopolíticos y socioculturales necesarios, incluso con gran parte de lo estipulado en el Acuerdo de Paz (AP) del 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército del Pueblo (FARC-EP), el cual, desde que perdió la consulta popular, prácticamente ha colapsado por la falta de avance y cumplimiento de sus contenidos. En los próximos párrafos, de manera resumida describimos y analizamos basándonos en lo que han escrito varios medios de comunicación y varios medios analíticos, críticos cibernéticos, para tratar de entender las causas y resultados de este nuevo-viejo conflicto en Colombia[4].

En estos días de crisis social y política, esta es la misma Colombia de siempre con las situaciones y los problemas arriba descritos. El statu quo no se mueve, no cambia, no se transforma; parece haber una alineación de intereses creados entre los medios de comunicación y los partidos políticos tradicionales, principalmente de derecha y ultraderecha, quienes no quieren que nada avance positivamente en el país (aunque la izquierda también ha sido responsable, en varios momentos históricos, del estancamiento en el progreso de los cambios necesarios). Quien proteste ha sido etiquetado y estigmatizado de ser de izquierda radical y de tratar de desestabilizar o atentar contra “el sistema bello de una Colombia feliz y orgullosa de su posición en LAC y el mundo”[5].  Mientras tanto, la mayor parte de la población se ha cansado del manejo inadecuado e ineficiente de la pandemia y de la enorme crisis económica, de quedarse sin trabajo y de empobrecerse rápidamente. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, el segundo después de Brasil en el continente Latinoamericano, de acuerdo algunas estadísticas[6]. Cuando se pregunta en las calles de las ciudades y en el campo por las causas y motivos de las protestas que dan muchos colombianos(as), las mismas son recurrentes: falta de empleo y oportunidades; desigualdad, concentración de la riqueza, injusticia social, falta de tolerancia, indiferencia e impunidad, y corrupción generalizada[7]. Es incluso difícil para muchos colombianos(as) definir la naturaleza del conflicto que han vivido y que viven, por la complejidad de sus factores y variables tanto históricas, estructurales, así como las coyunturales recientes y actuales; las cuales son recurrentes, cíclicas e insidiosas.

Con relación a lo anterior, se citan diferentes explicaciones de acuerdo a los variados medios de información que han hecho entrevistas a distintos sectores de la población al respecto: algunos hablan de un lucrativo negocio bélico que se autoperpetúa influenciado por el narcotráfico y otros grupos de interés en la continuación de los conflictos con intensidad y extensión a varios niveles; otros hablan de un ciclo de represalias por las atrocidades cometidas en el pasado y que tratan de quedar impunes para variar; otros hablan de una guerra de clases, de grupos de campesinos revolucionarios contra un sistema corrupto enquistado en todas las instituciones del Estado, liderado por la clase política y la clase oligárquica del país alineadas e interconectadas entre sí. Y otros finalmente hablan de la tendencia a ejercer violencia desde el poder y la política del Estado, debido a la falta de una (re)solución en la cuestión agraria en el campo, a lo largo y ancho del país y a la falta de una serie de garantías para que se dé una pluralidad y un ejercicio de la política, desde diferentes posiciones ideológicas menos extremas, menos polarizadas y más abiertas[8].

De acuerdo con varios medios analíticos colombianos, el Acuerdo de Paz (2016) liberó la protesta social; antes de él, salir a la calle y protestar era percibido como “insurgente o guerrillero”; ahora es parte de la ciudadanía, de la población, es un “derecho ganado” por la lucha dura y la persistente protesta social de décadas. Ha habido nuevos actores sociales en las movilizaciones que están ocurriendo en los últimos años: no son de la izquierda, no son los sindicatos; son mayormente los jóvenes, las mujeres, las nuevas sexualidades, los pueblos indígenas y los afrodescendientes[9]. El Conflicto Armado Interno de Colombia ha sido y es una guerra asimétrica de baja y media intensidad con momentos de extrema y muy sangrienta violencia, horror y crueldad. Esta violencia se ha desarrollado en el país desde 1960, y se ha extendido hasta la actualidad con visos de irse incrementando y ampliando muy rápido nuevamente.

Estos antecedentes, factores y causas directas del Conflicto Armado vienen de la etapa conocida como ‘La Violencia’, que enfrentó a los partidos Liberal y Conservador (aproximadamente entre 1928-1958)[10]. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A éstos se le han sumado otros grupos a principios de los 70s del siglo pasado, como los carteles del narcotráfico y las llamadas bandas criminales (Bacrim) y los Grupos Armados Organizados (GAO), los cuales se agrandaron y extendieron en el país desde finales de los años 80s del siglo pasado también. En años recientes se había presentado un descenso en la intensidad del conflicto, debido en gran parte a la desmovilización de los grupos paramilitares de ultraderecha, llamados las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006; y una década después, también con la desmovilización de las FARC-EP en 2016, a través de un AP en cada caso histórico[11].

Asimismo, se cuenta con algunos de los últimos artículos retrospectivos y recientes de varios medios electrónicos, como la revista Nueva Sociedad (2021), El País España (2021), Risk-Colombia (2020 y 2021), Colombia.com (2021) y CLACSO: por Colombia (2020 y 2021) entre otros[12], todos los cuales han hecho una revisión analítica y crítica de las protestas de Colombia en los últimos 10 años aproximadamente. Se tiene entonces que en las elecciones de 2014 el partido de ultraderecha Centro Democrático (CD), fundado por el expresidente Álvaro Uribe, del cual es también miembro y fue senador el actual presidente Iván Duque, obtuvo una votación numerosa, la cual le permitió ocupar una buena cantidad de escaños en el Congreso. Además, ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales, pero perdió la segunda por un estrecho margen. Cultivando el poder alcanzado y la resonancia de sus mensajes entre un amplio sector de la opinión pública, el CD lideró la campaña por el ‘No’ en el plebiscito que el presidente Juan Santos convocó dos años después, para que la ciudadanía diera su “opinión vinculante” sobre el AP con las FARC-EP[13].

Tras el triunfo del ‘No’ en el plebiscito, el gobierno y las FARC-EP tuvieron que renegociar el AP sobre la base de las propuestas de la coalición ganadora. No obstante, la única modificación que no pudo aceptarse en las negociaciones de La Habana fue aquella cuyo mensaje tenía más resonancia entre el “Uribismo”[14]: la oposición a la participación política de los excomandantes guerrilleros, sin que antes hubieran cumplido sus condenas en el marco de la justicia transicional, por los abusos, las ilegalidades, las violaciones y los crímenes de guerra cometidos. Sin embargo, estas demandas no fructificaron y no se concretaron; el nuevo AP fue ratificado rápidamente por el Congreso, lo que fue aprovechado por la oposición, liderada por el ex-presidente y ahora senador Álvaro Uribe (vinculado a los casos de miles de asesinatos de “falsos positivos”, por recompensa o alicientes que se dieron por parte del ejército, y que ahora están resonando nuevamente en la justicia política colombiana), para generar la sensación de que el entonces presidente Juan Santos, las FARC-EP y los partidos de la coalición de gobierno, no habían honrado a la justicia, ni a la voluntad y a las demandas del pueblo[15].

El 24 de noviembre de 2016, tras más de cuatro años de intensas negociaciones, el gobierno y las FARC-EP suscribieron el Acuerdo final para terminar el conflicto y empezar la ruta hacia la “construcción de una paz estable y duradera”[16]. Durante ese tiempo, el ex-presidente Álvaro Uribe (a la derecha del espectro político, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, cambiando la constitución para poder hacerlo), se concentró en la creación de un nuevo partido político: el “Centro Democrático” (CD), partido que también pertenece a la derecha y ultraderecha terrateniente oligárquica del país. El CD se organizó en una firme oposición contra las negociaciones del proceso de paz, las cuales provocaron una creciente polarización ciudadana a “favor y en contra” en todo el país[17]. Desde ese momento, y ante la cercanía de la siguiente contienda electoral, la coalición de gobierno se fue erosionando y el esfuerzo legislativo que se requería para la implementación sistémica del AP. El interés, la atención y el enfoque en el proceso de paz fue desvaneciéndose, perdiendo fuerza de parte del Estado y los distintos sectores de la sociedad civil.

Aunque buena parte de los elementos centrales del AP lograron concretarse hasta cierto punto, otros tantos quedaron sin cumplimiento o sin el debido seguimiento (monitoreo y evaluación sistemática adecuada). Entre estos últimos, se destacan los que buscaban lograr una mayor participación política de las organizaciones sociales, en los territorios más afectados por el conflicto y aquellos que establecían medidas más fuertes y efectivas de seguridad para los líderes sociales y los excombatientes[18]. En las elecciones presidenciales del 2018, el candidato a la Presidencia por el CD, Iván Duque, quien desde el Senado había liderado junto con Álvaro Uribe la campaña del ‘No’ contra la aprobación del AP, llegó a la primera vuelta presidencial con más de 7 millones y medio de votos. El segundo lugar lo ocupó un excombatiente de una de las guerrillas desmovilizadas en el marco de la Asamblea Constituyente de 1991, el M-19, el excongresista y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con casi 5 millones de votos[19].

En la segunda vuelta resultó ganador Iván Duque, con casi 10.5 millones de votos. Gustavo Petro obtuvo 8 millones aproximadamente[20]. Aunque Duque adoptó un tono medianamente conciliador desde su campaña y aún más desde su posesión ya en la presidencia, en la práctica ha asumido posiciones muy conservadoras y ha tomado medidas tendientes a minar constantemente la implementación integral y eficaz del AP del 2016. Entre estas medidas que han resaltado, más por ser muy críticas y letales, han estado sus objeciones contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[21] y su viraje hacia la adopción de políticas más agresivas en la lucha contra el narcotráfico. La sensación y percepción prevalentes entre la opinión pública es que Duque cumple un papel de presidente alineado y subordinado a las órdenes de “Álvaro Uribe y el Uribismo”; parece ser que el expresidente, y ahora senador, tiene una enorme influencia en la asignación y/o nombramiento de altos cargos en el gobierno[22]. En ese sentido, la bandera programática de Duque es la “economía naranja”[23], aunque bajo la superficie se puede ver el retorno a una política de “la seguridad democrática”, la cual ha conducido a que se vuelvan a adoptar acciones que incentivan el conteo de cuerpos, como aquellas que produjeron las grandes cantidades de ejecuciones y atrocidades extrajudiciales conocidas en aquel entonces equivocadamente como “falsos positivos”; cuando Juan Santos era el ministro de defensa y Álvaro Uribe era el presidente del país[24].

A esto, se ha sumado el asesinato sistemático de alrededor de 1,000 líderes sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos e impulsores de procesos judiciales que buscaban restituirles sus tierras a las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo ocurrido durante los últimos 30 años[25]. También han sido asesinados alrededor de 100 excombatientes de las FARC, incluyendo un sonoro caso de homicidio premeditado por parte de una unidad del Ejército, y decenas de indígenas y campesinos, principalmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Córdoba[26]. Este es el contexto recurrente de la exacerbación de las violencias históricas, estructurales, políticas y coyunturales, que han tenido un alto impacto en la conciencia colectiva de la nación y ha tenido distintas lecturas desde las diferentes orillas del espectro político en la narrativa y el análisis de esta vieja-nueva violencia que se vive, se siente e impacta duramente.

Para algunos es un legado de la paz con ‘impunidad’, que dejó tanto disidencias de la guerrilla como incentivos que alimentan la violencia producto del narcotráfico que mantiene su presencia desde finales de los años 70s del siglo pasado[27]. Para otros, es un contexto que responde a la lenta y tortuosa implementación íntegra del AP, especialmente de sus componentes de desarrollo rural integrado, que casi no se cumplen, y de la falta real de garantías de seguridad para los líderes políticos y sociales en todo el país. El debate entre estas posiciones ha exacerbado los ánimos y la polarización de los diferentes sectores de la población. Por todo esto, el sabotaje y caída del AP, el recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales y excombatientes, el retorno de políticas que incentivan las violaciones de derechos humanos, los escándalos de corrupción y el intervencionismo interfronterizo solapado, intensificándose constantemente con Venezuela[28], la violencia ha empezado a generalizarse y agravarse nuevamente en otro círculos siniestros de numerosos conflictos, confrontaciones y protestas que no cesan desde hace muchos años y que, al contrario, han ido en aumento en estos últimos años.

En esta dirección a finales del 2019 hubo una convocatoria de paro general por los sindicatos y los movimientos sociales y reivindicativos; a éstos se sumaron varios sectores de la población, sobre todo jóvenes, de manera espontánea. Originalmente, el paro tenía demandas en contra de las reformas impulsadas por el gobierno y el sector privado sobre pensiones, impuestos, condiciones laborales, medio ambiente y recursos para la educación pública (suena coincidentemente “familiar”). No obstante, acabó siendo un paro contra una situación que excedía por mucho a esas demandas, y que se sintetiza en la violencia existente en el país. Ante la convocatoria y la creciente popularidad del paro, el gobierno y el CD reaccionaron “estigmatizando y criminalizando las protestas”, con predicciones de que habría vandalismo y violencia[29]. Se llevaron a cabo allanamientos (presuntamente ilegales) de sedes de organizaciones de izquierda y de medios de comunicación alternativos. Así también, se militarizaron varias ciudades y áreas del país.

Como una promesa autocumplida, los pocos episodios violentos que se produjeron en medio y al margen de la mayoría de monumentales marchas cívicas pacíficas, fueron intencionalmente amplificados por algunos políticos, los medios de comunicación y las redes sociales afines al status quo, y se sembró tanto miedo en las ciudades de Cali y Bogotá, que la policía no se pudo dar abasto ante la cantidad de llamadas, llenas de pánico y suposiciones paranoicas, pidiendo auxilio por parte de vecinos que pensaban que hordas de vándalos estaban invadiendo sus barrios residenciales (las que fueron falsas alarmas al final)[30]. Esta situación condujo a que se declarara el toque de queda en las dos ciudades mencionadas. Las primeras declaraciones del presidente Iván Duque se centraron en los desmanes retadores y no en las demandas y exigencias de los cientos de miles de manifestantes que se pronunciaron. Ante eso, la ciudadanía, de nuevo de manera espontánea, inició un cacerolazo, primero desde las ventanas y luego, desafiando el toque de queda, en las calles. Esto incitó un llamado a la continuación de las marchas y las protestas, que contó con una masiva participación durante los días posteriores al día inicial del paro[31].  Como respuesta, el presidente Duque llamó a una “conversación nacional improvisada y desordenada”, a la que no invitó a la gran diversidad de organizaciones convocantes del paro nacional, ni siquiera a algunas de las más importantes.

Mientras tanto, funcionarios del gobierno, como la ministra del Interior y políticos del CD, asumieron un discurso confrontativo y de estigmatización de la protesta social, dentro de lo que se puede llamar “la retórica polarizadora Uribista”[32]. Según una encuesta del momento, la mayor parte de la ciudadanía apoyaba el paro, pero una parte aún mayor quiso que todo volviera pronto a la normalidad. La gente sintió que las cosas iban por mal camino y sin resolverse, como ha pasado la mayor parte de veces. A principios del 2020 como punto y preámbulo de referencia en lo político y en lo social a lo que está sucediendo en la actualidad, la aprobación y aceptación ciudadana del manejo de la crisis de ese entonces, por parte del presidente Duque estuvo muy baja, llegó en algunos momentos a tener un 21%[33].

Ha habido una serie de causas y factores concomitantes que explican esa dinámica que viene arrastrándose desde hace varias décadas, con ciclos recurrentes de protesta extendida y violencia agudizada. Por un lado, como un primer ejemplo causal: la pobreza aguda, crónica y estructural, la cual era del 19.6% en el 2019. Ahora los niveles de pobreza alcanzan a más de un 45% de la población, lo que indica que ha aumentado muy rápidamente en estos dos últimos años, tanto por la crisis económica como por el impacto de la pandemia (basados en los medios de información en internet con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane-, 2019 y 2021 y otros recursos informativos)[34]. Por otro lado, como un segundo ejemplo causal: los sectores rurales han sido los más rezagados, excluidos y con una alta vulnerabilidad económica y social, lo que ha creado un clima de inestabilidad y conflictividad permanente en el interior del país. A ello se suma la presencia de un importante repunte de narcoactividad en las áreas rurales (2% del PBI aproximadamente), según datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-[35]; donde también se manifiesta la presencia histórica y ahora más reciente y que va en aumento de algunos “grupos revolucionarios armados” descontentos, desafectos y/o desilusionados por el incumplimiento de los APs., quienes están siendo perseguidos por el Estado con apoyo regional e internacional.

Las actuales protestas prolongadas desde abril del 2021 se deben mayormente a los siguientes factores y sus resultados: la crisis económica mundial y nacional, al mal manejo de la pandemia y a la subida de impuestos que el Gobierno actual de Iván Duque intentó implementar (e intentará de nuevo en un futuro cercano con modificaciones en su contenido inicial), buscando cubrir el hueco fiscal que ha dejado en Colombia debido al gasto por la pandemia, con una nueva reforma tributaria que presentó al Congreso, la tercera de su mandato y la primera en un país latinoamericano desde que el coronavirus trastocó las agendas políticas y económicas de la región[36]. El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla explicó en una rueda de prensa, que el proyecto legislativo propuso que el país regresara a las “sendas sostenibles de endeudamiento, debido al fuerte impacto fiscal que ha causado la crisis de la pandemia, que no se ha limitado al año 2020, sino que también ha afectado al presente año”[37]. El Ministerio de Hacienda calculó un déficit fiscal del 7.8% del PIB para 2020, y que ha subido a más del 8.6% esta mitad del presente año. De acuerdo con el diario El País de España (2021), el gobierno con su propuesta tributaria más reciente se proponía recaudar el equivalente al 2% del PIB, en una serie de nuevos impuestos (carga tributaria y fiscal) para aliviar las presiones de deuda y preservar la calificación crediticia internacional ante la banca y las finanzas internacionales (la banca de Wall Street, la del Club de París, la de la UE, el BM y el FMI, entre otras)[38].

El exministro de Hacienda Carrasquilla (renunció a los dos días del rechazo y la protesta popular por la propuesta del plan de la subida de impuestos y control fiscal) comentó también lo siguiente: “necesitamos hacer una política fiscal teniendo en cuenta muchísimas consideraciones, para revertir los incrementos importantes en el endeudamiento interno y externo del país, eso es la primera y más importante meta de la reforma fiscal a mediano y largo plazos”. De acuerdo con un sondeo reciente de opinión de INVAMER (2021), el 76 % de los colombianos no aprueban la gestión de Duque, especialmente sus actuaciones y acciones durante el paro nacional que se ha prolongado hasta el momento[39]. El paro nacional en Colombia ha sido uno de los temas más importantes durante las últimas semanas, no solo por la crisis social que ha dejado sino también por el impacto político que ha representado para el Gobierno actual. Desde que se inició el pasado 28 de abril, el paro ya les ha costado el puesto a dos ministros: Alberto Carrasquilla, quien renunció a la cartera de Hacienda tras la caída de la reforma tributaria, y Claudia Blum, excanciller o ministra de Relaciones Exteriores, por las presiones internacionales contra el gobierno; además, la oposición ya va en busca de un tercer miembro del gabinete de gobierno, con la moción de censura que se desarrolla en contra de Diego Molano, ministro de Defensa del país, la cual al final no prosperó[40].

La reforma que el Gobierno ha insistido en enmarcar como “social” y no socioeconómica, llamándola “Ley de Solidaridad Sostenible”, de aprobarse finalmente (lo cual no ha sucedido hasta ahora), impactará fuertemente los bolsillos y presupuestos de los colombianos asalariados, desde las clases medias hasta las clases bajas. A la reforma también le aguarda un difícil tránsito y aprobación en el legislativo en un segundo intento, con las modificaciones que se le han hecho por su rechazo inicial a través de las constantes protestas y el descontento social generalizado. Aunque ha estado en su primera presentación polémica en torno a gravar con el IVA productos básicos de la canasta familiar como el azúcar, la sal, el chocolate o el café; parece que el Ejecutivo ha desistido de esa idea[41]. El texto revisado de 110 páginas, en cambio, mantiene un IVA del 19% a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, lo que representa la mitad superior en el sistema colombiano registrado en la economía formal como contribuyentes. La canasta de bienes gravados pasaría del 39% al 43%. Asimismo, aumentará o ampliará de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar impuesto sobre la renta, que incluirá a las personas que ganen desde 2,5 millones pesos colombianos, equivalentes a unos 700 dólares estadounidenses aproximadamente[42], de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

El presidente Duque intentó, y sigue intentando insistentemente, subrayar los “componentes sociales de la reforma”, que contemplaba también una renta básica[43] para los sectores más desfavorecidos económicamente. Su iniciativa fue defendida por analistas económicos que la consideraban ambiciosa y necesaria, pero resultó inoportuna, dada una confluencia de elementos negativos socioeconómicos y sociopolíticos en este momento. En especial en un año previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 2022. En una encuesta reciente, el 82% de los consultados respondió que no votaría por los candidatos que apoyaran la subida de impuestos. Aunque la reforma fue el detonante de las protestas, como telón de fondo hay un enorme descontento social que aumentó en la pandemia. Colombia sufrió en 2020 una caída de 6,8% de su PIB, la mayor desde que lleva registros. El desempleo cerró el año en 15,9% y la pobreza monetaria escaló hasta el 42,5%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)[44].

En cuanto al gasto público, la reforma propone un techo al presupuesto nacional al plantearse un incremento por debajo de la meta de inflación de cada año hasta 2026, y le otorga durante un semestre al presidente Duque facultades extraordinarias para liquidar y reestructurar entidades con el propósito de reducir gasto público dentro del gobierno (es decir, más privatización por etapas progresivas). También promete fortalecer y focalizar el gasto social para reducir la pobreza que ha aumentado considerablemente estos últimos años. Propone que el programa de “Ingreso Solidario”, creado para mitigar la pandemia del COVID-19, sea una renta básica permanente, que entregaría el equivalente a entre USD.20 y USD.150 por hogar, dependiendo del “nivel de pobreza”[45]. Duque aseguró que la reforma “es necesaria para mantener la credibilidad, la confianza que ha existido siempre en nuestro país, en momentos donde todo el planeta está compitiendo ya por recursos de endeudamiento ahora y en los próximos años”.  El presidente ha intentado destacar un componente social: “Hablar de (reforma) tributaria no es acertado; la pandemia ha traído cuatro grandes efectos: la pobreza, el desempleo, el déficit fiscal y el endeudamiento interno y externo. Se tiene que conciliar una agenda social ambiciosa para contener los efectos de la pobreza y el desempleo; y al mismo tiempo, estabilizar y balancear las finanzas públicas”[46].

En Colombia ha habido un progreso limitado en reformas estructurales, en gran parte relacionado con las dificultades para construir un consenso amplio y profundo en favor de reformas necesarias en la estructura económica del Estado, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su reporte anual “Creciendo o Growing 2021”, publicado hace muy pocas semanas después del inicio de las protestas. En retrospectiva para este análisis, a fines de 2018, las autoridades aprobaron una reforma tributaria muy necesaria y bienvenida, pero fue anulada por la Corte Constitucional, lo que obligó al Gobierno a aprobarla nuevamente a fines de 2019[47]; este largo proceso consumió un capital político significativo.  La reforma -bautizada como Ley de Crecimiento Económico- rebajaba de manera progresiva los impuestos a las grandes empresas, y terminó por alimentar la oleada de manifestaciones contra el Gobierno de Duque que sacudió al país a finales de 2019[48].

La crisis del COVID-19 podría reavivar el interés para discutir más reformas estructurales a corto y mediano plazos, pero con las elecciones en 2022, la ventana política para hacerlo es corta, advirtió la OCDE, a la que Colombia pertenece desde el año pasado. La calle solo se desactivó hace dos años, con las medidas de confinamiento provocadas por una crisis sanitaria que simultáneamente ha agravado el malestar y la disconformidad social al nivel nacional. Al hacer transferencias a hogares vulnerables gastó en apoyos, préstamos y garantías el equivalente al 5,7% de su PIB, de acuerdo con un reporte del FMI, e incrementó su deuda pública interna y externa. El Gobierno necesita aumentar la recaudación en al menos 15 billones de pesos, cerca de 1,5% del PIB –aunque el texto se propone recaudar en torno al 2% del PIB–[49]. La cuarta economía de América Latina sufrió una caída de 6,8% de su PIB en 2020, la mayor desde que lleva registros.

De la conflictividad social a la crisis económica y a la pandemia y viceversa

Varios de los problemas históricos, políticos y estructurales de Colombia presentados a continuación son similares a otros países de LAC, como podrían ser Guatemala y El Salvador (dos países que tuvieron guerra civil y APs en la región a finales del siglo pasado). Los acuerdos de paz colombianos no han proporcionado una solución a los problemas derivados desde la colonia, continúan y ahora se está extendiendo nuevamente con una escalada de conflictos sociales al nivel nacional que se han incrementado en estos últimos 5 años a partir de la firma del último “gran acuerdo para el cese de hostilidades y la construcción de la paz” con las FARC-EP[50]. ¿A qué se debe esto, cuáles son entre otras muchas causas y factores, algunos de los problemas de fondo?:

• La debilidad histórica del Estado y la falta de presencia o la ausencia de sus instituciones en amplias regiones del territorio nacional. La falta de seguridad, la impunidad y la falta de justicia social, penal y el seguimiento y esclarecimiento de los casos de violencia y crimen que se comenten regularmente. Presencia en varias áreas del país de grupos armados irregulares, paramilitares en asociación con los carteles, delincuenciales/criminales y del crimen organizado a diferentes niveles (guerrilleros/exguerrilleros de regreso a las armas; así también, los grupos paramilitares y vigilantes. Todos estos grupos en muchos casos y situaciones asociados con los carteles de la droga)[51].

• El problema de la posesión de la tierra, las marcadas diferencias económicas, sociales y étnicas relacionadas, el fracaso en los intentos de una reforma agraria moderada y escalonada basada en la compra y el acceso a tierras, la precariedad e inseguridad de la tenencia y titulación de la tierra, el desalojo y despojo constante de éstas y la falta de implementación de políticas rurales de desarrollo integral sostenibles y sustentables[52].

• La polarización social, el control de la población civil debido a su orientación política, el hostigamiento, la persecución, la represión, la desaparición y asesinato selectivo de dirigentes políticos comunitarios principalmente en las áreas rurales, la falta de espacios democráticos y de participación verdaderos y con poder de incidencia y cambio[53].

• La formación social y el modelo histórico socioeconómico causante de una alta desigualdad y exclusión social, el racismo y la discriminación de clase y étnico-cultural y la falta de acceso a servicios básicos, educación, salud y vías de transporte e infraestructura. Los distintos niveles de intensidad del conflicto social, económico, étnico y territorial en varias regiones del país[54].

• La aparición y crecimiento de la corrupción, el crimen organizado y narcotráfico introducido en todos los sectores de la sociedad y el Estado con ramificaciones, situaciones y consecuencias internacionales y regionales en LAC[55].

• La excesiva exposición a la violencia estructural, histórica y política, económica, social y étnica, a la violencia común o cotidiana en todo el territorio y su impacto intergeneracional en la población. La impunidad ante el crimen organizado, las bandas juveniles o los sicariatos, el secuestro, el homicidio y la extorsión generalizada[56]. 

• La injerencia de los Estados Unidos en la política interna colombiana, por razones de seguridad nacional y regional ante el avance del narcotráfico y la corrupción generalizada y las políticas lesivas contra la inmigración intensiva y acelerada en las últimas dos décadas[57].

A través de los últimos años ha habido numerosas negociaciones en búsqueda de la paz, y muchos de los actores involucrados en esa violencia han ido modificando posiciones. Por lo pronto, dos de los grupos guerrilleros históricos más grandes involucrados en esa larga contienda silenciaron sus armas: el Movimiento 19 de abril -M19-, desmovilizado en marzo de 1990, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-EP, desmovilizadas según Acuerdos de Paz con el gobierno en el 2016[58]. Pero pese a ello, la violencia no se extingue -la muerte ha continuado con la de desmovilizados de las FARC-EP, lo que llevó a que grupos puntuales de esta organización guerrillera se alzaran en armas nuevamente en el transcurso del 2019, quizá sin constituir una real amenaza militar, pero con hondo significado político, distanciándose de sus cúpulas de dirección nacional a las que acusan de “traidoras”[59].  Se podría decir también que el movimiento paramilitar -de ultraderecha, participante también en la guerra interna- sumamente activo años atrás, agrupado en las Autodefensas Unidas de Colombia, se sumó a la desmovilización en el año 2003[60]. E igualmente poderosos carteles del narcotráfico fueron diezmados por las fuerzas gubernamentales en operaciones conjuntas con la DEA, CIA y tropas especiales de EUA, a lo largo de los últimos años. De todos modos, pese a esas diversas operaciones de pacificación, de desmovilización de fuerzas combatientes, persecución, extradición y condena de jefes de varios de los carteles y de grupos armados de acción violenta extrema, Colombia nunca ha vivido en paz, ni parece que fuera encaminándose a ésta. Los ciclos de violencia se repiten con frecuencia, cíclicamente[61].

Hay que tener presente que Colombia ha tenido la guerra civil más prolongada de todo el continente, sin una solución final y más de un acuerdo de paz fallido en los últimos 30 años. La guerra civil se remonta a la década del 50 del siglo pasado[62].  Las consecuencias de todo esto han sido fatales; además de las cuantiosas pérdidas materiales, ese prolongado conflicto ha ocasionado cerca de más de un cuarto de millón de muertos, incalculables heridos, más de 70,000 desaparecidos, innumerables violaciones sexuales de mujeres, niñas y adolescentes y más de cinco millones de desplazados y refugiados internos (primer país en el mundo en cantidad de esos desplazamientos por causas bélicas, según datos del ACNUR, comparables a Sudán)[63], sin contar con las secuelas psicológicas y sociológicas de ese clima de violencia perpetuo, y la apología de la misma como prácticamente único modo de relacionamiento entre grupos sociales y étnicos diversos. En Colombia se ha estado viviendo un clima de violencia generalizada desde hace muy largas décadas[64].

¿Por qué se ha prolongado tanto este conflicto? ¿Qué hace que, mientras en otras latitudes las guerras pasan, cesan o disminuyan considerablemente, o se han encontrado salidas negociadas y se han puesto en marcha procesos de construcción de la paz, donde ésta relativamente ha avanzado más, en Colombia pareciera perpetuarse indefinidamente sin dar miras de poder entablarse negociaciones firmes y duraderas? ¿Qué elemento o acción debiera terminar de una vez con semejante problema? Evidentemente, hay poderosos intereses en juego para que todo ello se perpetúe por mucho más tiempo[65].  El negocio de la violencia es muy redituable para ciertos grupos. Si bien ha habido numerosos intentos de pacificar el país en estos últimos años con cuantiosos compromisos contraídos, luego no cumplidos, y como se sabe recientemente se firmaron importantes acuerdos entre el gobierno y el principal grupo revolucionario alzado en armas, sin embargo, la paz no termina de llegar nunca. Más bien es la confrontación la que está escalando nuevamente[66].

El clima bélico en que se ha venido moviendo la sociedad colombiana durante muchos años es sumamente complejo, presenta numerosos y tan diversos componentes tales como: movimientos revolucionarios de izquierda radical por la vía armada, (algunos de ellos con el tiempo se fueron asociando al narcotráfico, a la industria del secuestro y a mantener dominios territoriales)[67]; los carteles de la droga y la narcoactividad asociados a otras actividades ilegales como el tráfico humano y contrabando a gran escala, a mantener dominios territoriales, mantener influencia en la economía y la política regional y nacional; los grupos paramilitares (muchos de ellos con mano libre) para controlar a la población y sembrar el terror en las áreas rurales y selváticas, dedicados también a la industria del secuestro y el asesinato político y no político “por incentivos y recompensas”[68] y también a los dominios territoriales por razones de producción y distribución de la droga; el Estado contrainsurgente, armado hasta los dientes, con la presencia y apoyo de las fuerzas armadas en las instituciones públicas y el desarrollo de planes de inteligencia y contrainsurgencia extranjeras, directamente comprometidas con la guerra sucia y selectiva de mediana y baja intensidad[69].

Incluso se ha escrito y hablado en los medios de análisis y noticias que, durante varios períodos de tiempo ha habido personal militar y de inteligencia cívico-militar, equipo aerotransportado y “contratistas” de alta tecnología militar estadounidense, ya sea fijos o moviéndose en y entre varias bases militares colombianas: Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga[70].  Estas siete bases fueron las que negociaron los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de América para su utilización en territorio colombiano, aunque el Congreso colombiano no las aprobó oficialmente al final. No obstante, se habla también de acuerdos secretos que abrieron las puertas a otras operaciones, por lo que más de algún analista ha comparado la situación del país caribeño con el papel que juega Israel, aliado de la política de la Casa Blanca en el Medio Oriente. Es decir, hay un rol de gendarme super armado de la región[71]. No hay que olvidar que Colombia tiene una posición estratégica muy cerca del Canal de Panamá, principal vía de paso entre los dos océanos en el continente y al lado de Venezuela, que atesora las reservas de petróleo más grandes del mundo, más otros importantes recursos minerales (oro, diamantes, hierro, coltán, tierras raras), todo lo cual es codiciado por la geoestrategia de Washington, Europa y ahora también algunas economías emergentes como la china y la rusa[72]. Hay una disputa de hegemonía y mercados extractivos entre estos países en un área geográfica que tradicionalmente le había pertenecido a EUA.

El enfrentamiento bélico se ha dado, básicamente, entre el Estado, la presencia militar estadounidense, y en algunos casos los paramilitares como sus aliados, contra los movimientos revolucionarios y los carteles de la droga (de los tres grupos guerrilleros que hubo años atrás, ha quedado operando solamente uno, más algunos elementos de otro que se rearmó parcialmente, de los cuales hablamos más adelante)[73]. De igual modo, el Estado colombiano, con la colaboración del departamento de Estado norteamericano, ataca a la narcoactividad, en buena medida destruyendo sembradíos en zonas rurales por medio de fumigaciones aéreas extremadamente tóxicas y lesivas para el medio ambiente. Lo curioso es que esa estrategia de “combate al narcotráfico” nunca termina de dar los mejores resultados, y la producción de cocaína no cesa, ni cesará. No está de más recordar que a EUA llega una tonelada y media de drogas ilegales cada día, en buena medida cocaína colombiana a través de los corredores aéreos terrestres y acuáticos centroamericanos, caribeños y mexicanos[74]. Ese supuesto “combate” que se da en tierra sudamericana, por lo tanto, abre suspicacias. ¿Realmente se la combate con los resultados e impactos necesarios y efectivos?

El levantamiento popular iniciado a partir del 28 de abril de este año en Colombia, protagonizado por una ciudadanía múltiple y diversa, se enmarca en factores de larga, mediana y reciente duración, confluencia y presencia. De un lado, hay factores coyunturales también, como la exacerbación de una crisis social producto de la pandemia del COVID-19, la que llevó a acrecentar el deterioro considerable en todos los ámbitos de la vida socioeconómica de grandes segmentos de la población, principalmente de la clases medias asalariadas y de la clases bajas asalariadas en el país[75], sumado a un rechazo creciente y generalizado al gobierno de Duque por su torpeza e ineptitud en el manejo de la pandemia, por su cinismo en materia de protección a líderes sociales de diversos sectores políticos, por el incumplimiento de los compromisos pactados con el variado movimiento social en las protestas, y por su desfachatez y falta de sensibilidad de acuerdo con el momento que se está viviendo, en el manejo de la política fiscal que le llevó a proponer, a costa de los sectores de menores ingresos, reformas lesivas como la tributaria, la de salud y la de pensiones, que desencadenaron el estallido popular reciente[76]. Un elemento adicional que enmarca esta coyuntura es el ascenso de la lucha social a nivel latinoamericano y mundial. Entonces este levantamiento, cualificado por los resortes de la pandemia, es la continuidad del malestar y levantamiento expresado desde el 21N de 2019 en Colombia, y se constituye como el principal obstáculo del proyecto dominante de país[77].

El presidente Duque invocó el Artículo 130 de la ley 1801 y anunció al país la declaración de “Asistencia Militar” entendida como “el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”, a través del cual el presidente de la república pudo disponer, de forma temporal y excepcional, de la asistencia de la fuerza militar[78].  A partir del 2 de mayo, esa decisión significó mayor disposición en las calles de fuerza pública, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y militares (del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea), usando armas letales en algunos casos, armas de guerra como helicópteros artillados, estableciendo toques de queda, implementando el cierre de ciudades, disrupción de las comunicaciones, cortes de energía eléctrica, corte de suministros de alimentos, medicinas y combustible para las y los ciudadanos, como sucedió en Cali y otras ciudades secundarias y terciarias[79]. Toda una maquinaria letal y desestabilizadora propia de una guerra internacional que los medios oficiales silenciaron de manera cómplice, siendo principalmente las redes sociales las que registraban los abusos de la Fuerza Pública[80].

Entre el 2 de mayo y el 18 de mayo, las cifras como impacto de la represión se multiplicaron rápidamente. Varias entidades y ONGs, como la Defensoría del Pueblo, Temblores, Human Rights International y la “Campaña Defender la Libertad es un asunto de Todas”, han hecho seguimiento, y según ésta última, el gobierno de Duque es responsable de al menos 51 homicidios, 1,330 heridos (1,040 civiles y 290 policías), 1,502 detenciones arbitrarias, 87 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 37 víctimas de agresión en sus ojos y más de una centena de ciudadanos desaparecidos[81]. Cifras aterradoras, que develan una orgía patriarcal y perversa propia de las guerras de exterminio.  Las manifestaciones del pueblo colombiano y la crisis política y de Derechos Humanos ha dejado 51 homicidios, 611 personas heridas por accionar desproporcionado de las fuerzas policiales-militares, 89 personas defensoras de DDHH agredidas en el marco de las manifestaciones, 87 personas víctimas de violencia basada en el género, 1,502 personas detenidas, la mayoría de forma arbitraria, 12 allanamientos, la mayoría de forma ilegal, 900 denuncias por abuso de poder de las fuerzas militares y 89 personas desaparecidas[82].

Entonces este levantamiento, multiplicado por los resortes de la pandemia, es la continuidad del malestar y levantamiento expresado desde el 21N de 2019 en Colombia. Se ha constituido como el principal obstáculo del proyecto dominante de país; hace 20 años “el Uribismo”[83] se presentaba como una alternativa para muchos(as): la situación de crisis económico-social, de negociación fallida con la insurgencia y el rechazo institucional que reinaba en ese tiempo dieron gran aprobación y respaldo al proyecto uribista que prometió derrotar a la guerrilla en el campo de batalla y superar la corrupción. “El uribismo” supuestamente representaba “el cambio en el manejo de la crisis de entonces”; hoy, a diferencia de ayer, representa la continuidad de una crisis aún más profunda, que las élites mismas han generado.  En consecuencia, amplios sectores sociales y populares reclaman un cambio de rumbo, están hastiados de lo mismo, de la corrupción, del mal gobierno y de la injusticia, las brechas de las desigualdades y el empobrecimiento extendido[84].

Dicho de otro modo, ante la incertidumbre la gente prefiere el cambio, ante la estabilidad la gente prefiere la continuidad. 20 años después de la emergencia del uribismo, el país es otro, en el que confluye una crisis multidimensional a nivel global con una crisis interna de agotamiento del modelo económico neoliberal y del “proyecto político uribista”[85]. Lo que no significa que dicho proyecto adolezca de bases sociales y económicas importantes, que una parte de la sociedad sea conservadora y con mentalidad de derecha. El triunfo del “No” en el plebiscito por la paz en 2016 y la elección de Duque en 2018, no solo le dieron un nuevo aire al uribismo, sino que demostraron que mantenía una base significativa y un nivel de aceptación popular, en declive, pero lo mantenía, amén del mantenimiento de poderes regionales, ilegales y la alianza con sectores de las clases dominantes y los grupos militares y paramilitares[86]. 

Lejos de desmovilizarse la ciudadanía, el terror policial, judicial, militar y paramilitar han fortalecido la voluntad popular de lucha hasta cierto punto, aunque con unos costos altísimos en vidas humanas y salud mental, desdeñados permanentemente por el statu quo, más preocupado en lo sustancial por paredes, estatuas y mercancías. Y el mantenimiento de la protesta, aun con las secuelas lesivas que puede acarrear, dice mucho del sentido de oportunidad histórica que tiene este momento la sociedad colombiana en general, principalmente los sectores más desfavorecidos y vulnerables[87]. Ya no solo se trata de ir cosechando victorias para frenar el empobrecimiento y avanzar en la realización de derechos sociales, como efectivamente ha ocurrido con la derrota de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de hacienda que la diseñó. A la par, este que es el levantamiento popular más importante de la historia contemporánea, ha hecho palpable un profundo sentimiento de rechazo tanto al ESMAD como a la figura del expresidente, excongresista y expresidiario Álvaro Uribe y a la corriente política que aglutina alrededor del partido de gobierno, el Centro Democrático, que no tiene ni una pizca de centro, ni una pizca de democrático[88].

El “Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado”[89], más conocido como “Plan Colombia” (2000), luego rebautizado “Plan Patriota” y finalmente “Plan Consolidación”, destinado a combatir la narcoactividad, pero con la agenda oculta de atacar a las guerrillas revolucionarias, implicó una erogación de USD.20,000 millones por parte del erario colombiano, cobrado por las empresas que suministraron el equipo bélico y la capacitación militar, todas de origen estadounidense[90]. Lo curioso es que, pese a esa monumental inversión y despliegue de fuerzas militares, supuestamente para combatir la narcoactividad, la producción de hoja de coca no bajó y la fabricación de cocaína y otras drogas se mantuvo, o se movió a otros países de LAC. Definitivamente hay ahí una sumatoria de elementos complejos e interrelacionados que hacen de Colombia una mezcla explosiva y que, según algunas estimaciones, lo colocan como el país más violento de Latinoamérica por su historia sociopolítica y uno de los más violentos del mundo, donde pareciera que nadie desea terminar la guerra (porque para ciertos sectores trae cuantiosos réditos económicos y políticos)[91].

La represión de toda disidencia política ha marcado a sangre y fuego la historia del país, y hoy la sigue marcando. Esa es la nación de todo el continente americano donde más líderes comunitarios, políticos de izquierda, dirigentes campesinos, periodistas que denuncian injusticias y estudiantes movilizados han muerto en estas últimas décadas[92]. Como bien dice Hernando Calvo Ospina: “Desde crematorios hasta criaderos de cocodrilos han sido creados para desaparecer a dirigentes comunitarios. No hay otro país en el mundo donde se hayan encontrado fosas comunes con más de 2000 personas cada una: ni los nazis lo lograron. Los grupos paramilitares hacen parte del régimen colombiano desde hace seis décadas. Perfeccionados por especialistas israelíes, ingleses y estadounidenses en los años ochenta del siglo pasado, fueron y siguen siendo financiados principalmente con dinero del narcotráfico. Ellos se encargan de hacer el «trabajo sucio» del ejército y de «limpiar» las zonas campesinas de posibles opositores a las transnacionales y terratenientes y otros negocios que requieren control y extensión territoriales, que se apoderan de los inmensos recursos naturales estratégicos[93]”. En cualquier parte del mundo decir “Colombia” es decir violencia, conflicto, muerte, represión y drogas; a pesar de que estas características están extendidas en casi toda LAC.

Al mismo tiempo, no puede dejarse de mencionar como elemento sumamente explosivo -que, en realidad, está en la base de toda aquella violencia-, la gran polarización económico-social, la desigualdad y la exclusión que se da en el país, la cual se extendió aún más desde los ‘80 del pasado siglo, con las impuestas políticas neoliberales de los organismos de Bretton Woods (FMI y BM), y particularmente desde 1991, con las reformas constitucionales que profundizaron las mismas[94]. Según datos de Naciones Unidas, Colombia presenta una enorme disparidad en ese ámbito -uno de los países más desiguales del mundo- con un acaparamiento de tierras enorme en manos de una ínfima oligarquía terrateniente, y una gran masa de campesinos empobrecidos, muchos de ellos pertenecientes a los pueblos indígenas y minorías étnicas del país[95]. Según el Informe de Oxfam “Radiografía de la Desigualdad” (2020), basado en datos del Censo Nacional Agropecuario, el 1% de propietarios posee el 81% de las tierras. Mujeres solo representan un 26% de la titularidad de éstas. De acuerdo con referido documento “Un millón de hogares campesinos vive en menos espacio del que usualmente tiene una vaca para pastar[96].”

Esa masa campesina encontró en el cultivo de la coca -comprada por los carteles del narcotráfico para la elaboración de cocaína, en buena medida con destino a EUA- una forma de sobrevivencia que la aleja de la pobreza extrema, pero sujetándola a circuitos que le terminan al final creando más problemas. Para cierta visión punitiva del combate a las drogas -que es la que impulsan las distintas administraciones de los gobiernos del país, en consonancia con lo estipulado por el gobierno federal de EUA-, el eslabón del pequeño productor de la materia prima es el más golpeado[97]. De ahí la continua quema, fumigación de sembradíos, criminalización y castigo por actividades ilegales, que terminan arruinando, separando y estigmatizando a esas familias campesinas, que nunca salen de pobres pese a participar en este acaudalado negocio (un campesino cobra un centavo de dólar por cada gramo de hoja de coca, mientras que ese gramo procesado, ya como cocaína, se vende en las ciudades norteamericanas hasta por unos 200 dólares)[98].

Esa histórica polarización económica colombiana entre acaudalados y empobrecidos se vio acrecentada desde fines de los años ‘80 del pasado siglo con la implementación de las políticas neoliberales que dominaron todo el panorama LAC. Todos los mandatarios colombianos, fieles a los dictados de los organismos crediticios de Bretton Woods[99] (que no son sino los operadores de la gran banca privada global, estadounidense en mayor medida), siguieron implementando a la letra las recetas de ajuste estructural, lo cual empobreció más a los sectores históricamente empobrecidos, pero también a las clases medias asalariadas, concentrando la riqueza en una oligarquía hiper rica. En el medio de la fiebre antineoliberal que barrió Latinoamérica hacia fines del año 2019, también la población colombiana reaccionó. Fue así como se asistió al despertar de espontáneas protestas populares[100].

El presidente Iván Duque está bajo el paraguas del expresidente Álvaro Uribe, ambos de la derecha dura y extrema. Duque tiene un discurso menos encendido y agresivo que Uribe (su mentor), pero sus acciones han sido en muchos momentos y circunstancias muy duras. Es un acérrimo defensor de los planes neoliberales y fue también estrecho aliado del gobierno del expresidente Donald Trump, por lo que ha sido duramente cuestionado. En realidad, el actual presidente colombiano (sin quitarle la más mínima responsabilidad de lo sucedido), no hizo sino continuar las prácticas privatistas que vienen dándose desde los 90s del siglo pasado[101], forzadas por la banca internacional, en detrimento de las grandes mayorías. Duque continuó, igual que todos los presidentes anteriores, con las privatizaciones en el sector energético (petroquímico y minero), en el sector de las telecomunicaciones y en el sector de los servicios bancario-financieros[102].

Al mismo tiempo, continuaron las políticas de impuestos regresivos, beneficiando así a los grandes propietarios terratenientes y empresarios colombianos, y se profundizó la reducción de la inversión pública en áreas básicas (salud educación e infraestructura). Todo ello aumentó la histórica pobreza urbana y profundizó la rural provocando un descontento social creciente que estalló con fuerza al nivel nacional, y todavía no ha parado totalmente hasta la actualidad[103]. Estalló entre fines de octubre e inicios de noviembre del año 2019; más de un millón de personas se movilizaron en las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta) exigiendo el fin de las medidas neoliberales. La respuesta del gobierno fue exactamente la misma, igual a la de otros países de la región que estallaron al mismo tiempo (Chile, Ecuador, Honduras, Haití): se organizó la vigilancia, la confrontación y la represión sistemáticas para crear temor, horror, paranoia y desistimiento de manifestar, de salir a las calles. De ese modo, se registraron tres muertos, 250 heridos y cientos de arrestos por las fuerzas del ESMAD[104].

Las protestas, conocidas como “Paro Nacional”, se prolongaron hasta el inicio del 2020. Como consecuencia de esa movilización popular, se conformó un Comité de Paro, integrado por distintas organizaciones sociales, que está compuesto de una pluralidad de sectores populares, el cual entregó a fines del año 2019 una lista de demandas al gobierno del presidente Duque[105]. El pliego de peticiones incluyó un amplio listado que toca puntos sobre la política económica y social llevadas adelante por el gobierno, la falta de cumplimiento de acuerdos suscritos con los movimientos estudiantil, campesino y sindical, con los pueblos indígenas y afrocolombianos en medio de las movilizaciones, la revisión de la política de seguridad vigente, de derechos humanos y lo concerniente a los asesinatos sistemáticos de lideresas y líderes sociales así como de excombatientes de las FARC[106], temáticas ligadas a la reforma política y electoral, normas y medidas para luchar contra la corrupción y el pedido de profundizar el diálogo de paz con la única fuerza guerrillera ahora vigente, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-[107].

La protesta popular del 2019 se desarticuló como consecuencia natural de las medidas sanitarias de los confinamientos[108]. Aunque no se terminó completamente. El malestar y la frustración social siguieron absolutamente presentes. La paralización de la economía -que para algunos economistas es una expresión de una crisis cíclica global del capitalismo anterior a la pandemia, y que se potenció con la misma- afectó más aún a los ya históricamente afectados de siempre: el pueblo trabajador (urbano o rural, asalariado, sub-asalariado, amas de casa, desocupados y sector informal)[109]. El año 2020 terminó en medio de la crisis producida por el coronavirus y por la paralización económica, sin que se buscara directamente por el gobierno y la derecha dominante una solución a los problemas estructurales arrastrados desde siempre y principalmente desde 5 años atrás, con la firma del último AP.  Para el año 2020, dándole seguimiento a ese pedido de demandas, se tenían previstas distintas manifestaciones exigiendo el cumplimiento de lo solicitado, con diversas convocatorias para el transcurso de los primeros meses del año (abril y mayo)[110]. La aparición de la pandemia de COVID-19 vino a alterar todo ello; los obligados confinamientos, que se dieron por igual en todos los países del mundo, enfriaron ese clima de protestas. O, en todo caso, lo aplacaron temporalmente[111]. El mar de fondo, el malestar social, la pobreza crónica y la represión furiosa continuaron. Justamente la prolongada pandemia y el manejo que de ella hizo el gobierno pusieron más en evidencia las injusticias histórico-estructurales que siguen presentes en la dinámica social colombiana.  

El sistema público de salud, colapsado por las privatistas políticas neoliberales de estos últimos años, no estuvo a la altura de las circunstancias. Como siempre, la cadena se corta por el eslabón más débil: fueron los sectores populares, eternamente empobrecidos y excluidos, quienes más sufrieron la pandemia. Si bien la crisis sanitaria vació temporalmente las calles de manifestantes, no terminó con la exclusión y pobreza de las grandes masas populares[112]. No obstante, pese al distanciamiento social obligado y a las restricciones de movilidad, siguió habiendo organización y movilización popular. De hecho, el movimiento campesino siguió en pie de lucha, como hace décadas que lo está haciendo. Para octubre de 2020, en plena pandemia aún, 15 organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes buscaron reactivar la movilización social y el diálogo con el gobierno[113]. Intentaron abordar cuatro temas candentes: 1) el incumplimiento de los acuerdos pactados en el 2019 entre la administración de Iván Duque y las organizaciones sociales, 2) la continuidad de la violencia política en el país, con muy altas cifras de asesinatos de líderes y lideresas sociales en el interior del país, 3) el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 cuando la desmovilización de las FARC-EP, y 4) la búsqueda de caminos para terminar con la criminalización de la protesta social. Una vez más, el gobierno se ausentó del diálogo, mostrando para qué proyecto trabaja efectivamente[114].

Para paliar en parte esa crisis estructural, el 5 de abril del 2021 el gobierno del presidente Duque propuso un “paquetazo de impuestos”, tendiente a recaudar 23 billones de pesos colombianos adicionales al presupuesto ordinario (alrededor de 6,300 millones de dólares estadounidenses). Como siempre también, el peso de esta reforma tributaria -presentada disfrazadamente como “Ley de solidaridad sostenible”- caería en los más empobrecidos y desamparados del país[115]. La reacción popular no se hizo esperar, la población salió a manifestar, harta ya de tanto golpe, de tanta injusticia y represión. Más de 100,000 muertes debidas a la pandemia de COVID-19, más el retraso en el proceso de vacunación, aunada a una cólera histórica que se mantiene por la miseria generalizada y la sangrienta represión de las protestas como algo ya normalizado, encendieron una vez más la movilización popular.

Se podría decir “espontánea”, dado que ningún grupo político en especial la llamó o la convocó; aunque la sumatoria de todos los factores apuntados anteriormente la produjeron, estos factores tienen una historia larga y tiene profundas causas[116]. Muchas ciudades, principales y secundarias, se vieron movilizadas, y una vez más, como pasó en el 2019 -no solo en Colombia sino en varios países LAC y del mundo- la gente dijo “no” al empobrecimiento creciente. Una vez más también, como parece ser ya la norma, el gobierno reprimió ferozmente. Para el caso, con policía y ejército en muchos casos simultáneamente, utilizando tanques de guerra y armas de alto calibre con munición real y no solamente de “goma”[117]. Los medios de comunicación corporativos han presentado tergiversadamente la situación. Iván Duque trató a los manifestantes de “vándalos y terroristas”[118]. En un acto de soberbia asesina -con asesoramiento de estrategas de Washington- el gobierno reprimió en forma brutal. Al momento de escribirse estas líneas no está claro el número de víctimas (las cifras son aproximadas y cambian de acuerdo con quién las provee). Todo indica que son varias decenas de muertos y cientos de heridos.

El presidente Duque tuvo entonces que dar marcha atrás con la reforma tributaria, De todos modos, las protestas han continuado con menor intensidad en estos momentos; prosiguen en forma de bloqueos en vías y carreteras en varias ciudades y puntos del país. El representante de la OEA Luis Almagro “ministerio de colonias de Washington”, no ha dicho palabra alguna sobre el asunto, como sucedió en su intervención en Bolivia (a pesar de que algunos representantes de la organización se pronunciaron en contra de los abusos de la policía y el ejército en Colombia[119].  De acuerdo con el diario El País[120], el Gobierno con la propuesta tributaria se proponía recaudar el equivalente al 2% del PIB en una serie de nuevos impuestos para aliviar las presiones de deuda y preservar la calificación crediticia internacional. Duque siempre intentó subrayar los “componentes sociales de la reforma”, que contemplaba también “una renta básica”. Su iniciativa fue defendida por analistas económicos que la consideraban ambiciosa y necesaria, pero resultó inoportuna, chocante y ofensiva dado el momento histórico vivido por la mayor parte de la población con dos crisis mayores juntas (la económica y la sanitaria). En especial en un año previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 2022[121]. En una encuesta, el 82% de los consultados respondieron que no votarían por los candidatos que apoyaran la subida de impuestos. Aunque la reforma tributaria y fiscal fue el detonante de las protestas, como telón de fondo hay un enorme descontento social que aumentó con la pandemia, el encierro y la desactivación social y económica para la mayoría. Colombia sufrió en 2020 una caída de 6,8% de su PIB, la mayor desde que lleva registros. El desempleo cerró el año en 15,9% y la pobreza monetaria escaló hasta el 42,5%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)[122].

Al mismo tiempo, el ELN ha continuado activo, y no ha aceptado los APs por considerarlos que no representaban los “verdaderos intereses” de la población más desfavorecida[123]. Junto a este grupo guerrillero, están los grupos paramilitares, narcotraficantes, las Bandas Criminales (Bacrim), Grupos Armados Organizados (GAO), disidencias de las FARC-EP, (se les agrega el término Residuales GAOR); y, la disidencia del EPL (considerada como GAO). La mayoría de estas disidencias se han armado y reactivado en zonas de influencia en el interior del país. El conflicto ha pasado por varias etapas de recrudecimiento (la más grave entre 1988 y 2012)[124], cuando los actores armados comenzaron a financiarse a través de medios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, secuestros, entre otras actividades delictivas. Confluyen el accionar del Estado, guerrillas, narcotraficantes y paramilitares con las tomas e incursiones armadas, desapariciones forzadas, masacres, desplazamiento forzado masivo, terrorismo, secuestros de civiles, militares y políticos, torturas, ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, minas antipersona, entre muchos otros. En el conflicto ha intervenido EUA prestando apoyo logístico, económico y militar al Estado colombiano, presentándose hechos violentos y desplazamientos en áreas fronterizas con Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá[125].

En esta misma dirección tenemos que de acuerdo con el informe "¡Basta ya!: Colombia: memorias de guerra y dignidad" (2013, ocho años atrás), fueron 220,000 las muertes causadas por el conflicto entre 1958 y 2012, de las cuales 177,307 eran de civiles. Los mayores responsables de estas muertes fueron estadísticamente los grupos paramilitares (40%), seguidos de los grupos guerrilleros (25%) y agentes del estado (8%). Para 2020, según el Registro Único de víctimas, se cuentan 8,989,570 víctimas en 11,202,790 eventos o hechos victimizantes que siguen en continuo aumento[126]. Dentro de estas categorías se encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, desplazadas, secuestradas, víctimas de actos terroristas, masacres, asesinatos, minas antipersona, torturas, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual. Con la firma de la paz en 2016 entre el gobierno y las FARC-EP, se pensó que Colombia iba por el camino de la reconstrucción de la paz y un desarrollo más equitativo del país[127]. Sin embargo, las fallas y trabas para la implementación de los acuerdos paz, la falta de garantías a los líderes y miembras(os) desmovilizadas(os) de los grupos guerrilleros firmantes, el aumento de los asesinatos políticos selectivos a dirigentes de izquierda y la carencia de seguridad por parte del Estado hacia los dirigentes políticos y comunitarios en todo el territorio, ha creado malestar, descontento y protestas sociales muy fuertes, violentas y constantes; principalmente en la capital y en las ciudades secundarias más importantes; a ello se une la situación de recesión económica arrastrada y ahora agudizada por la pandemia[128].

Asimismo, ha habido una proliferación y aumento de grupos paramilitares y vigilantes con agendas de sicariato y limpieza política y social en estos últimos tres años.  Esto ha causado la reincorporación a la lucha armada de varios de los dirigentes de las FARC-EP, incluso varios de ellos siendo miembros del organismo legislativo, lo cual ha recrudecido la violencia estructural y política en el país a partir del 2018[129]. Simultáneamente ha habido tensiones muy fuertes y enfrentamientos en la frontera colombiano-venezolana y en la frontera colombiano-ecuatoriana entre facciones guerrilleras, ejércitos de ambos países y otros grupos por el dominio de territorios y sus recursos. También ha habido, una tensión fronteriza debido a la alta inmigración de población venezolana a Colombia y otros países vecinos del área andina en los últimos cuatro años, causada por la aguda crisis económica, social y política en Venezuela[130].

Los objetivos de las demandas populares en las manifestaciones han sido claros: la desmilitarización de las fuerzas de seguridad (militares y policíacas), mostrando el contenido antimilitarista de estas luchas. También lo expresa el que el conflicto base sea el de dos modelos en confrontación: el capitalismo neoliberal financiero individualista contra la solidaridad comunitaria de ayuda mutua[131]. Habitualmente en nuestra región no están confrontados porque son desigualmente complementarios, todo lo que los Estados depredadores y la élite neoliberalista no pueden depredar, amortiguar o resolver lo dejan en manos de las comunidades y su práctica de ayuda mutua. La pandemia, y antes de ella el excesivo abuso indolente de las élites neoliberales, han disminuido a los ojos de todos, la efectividad de esos Estados depredadores y de esas élites, y han mostrado toda la capacidad efectiva de la ayuda mutua comunitaria, tomando el carácter de confrontación de formas de encarar la vida, pasando de lo complementario a lo desplazante[132]. La ayuda mutua comunitaria no tiene tanta conciencia de su capacidad revolucionaria por la misma razón que tiene el capitalismo para dejarla subsistir: es una forma de vida, solo es revolucionaria para quien no la vive. A modo de consideraciones iniciales relacionadas al proceso de protesta en Colombia:

• El sistema capitalista no puede ofrecer salida real a los grandes problemas de la humanidad. El caso de Colombia lo permite ver con claridad -manchada de sangre, con mucho sudor y copiosas lágrimas- por generaciones- en forma interminable.

• Las políticas neoliberales que se impusieron en todo el mundo aumentan exponencialmente los problemas de las sociedades en vez de resolverlos, o al menos mejorarlos como el discurso ideológico lo afirma. Un sector clave como la salud es uno de los ámbitos más descarnadamente golpeado, y una crisis sanitaria como la que en la actualidad vive el mundo, lo pone al rojo vivo, evidenciando la falta de salida.

• Las poblaciones están desesperadas, hartas, coléricas por tanta miseria acumulada, por la cantidad de golpes recibidos, por tantos engaños sufridos. La pandemia de COVID-19 en curso acentúa en grado superlativo todo esto y ha desnudado las diferencias, rezagos, inequidades, desigualdades y exclusiones de las sociedades LAC como la colombiana.

• Las movilizaciones espontáneas marcan un camino, regularmente largo y tortuoso: solo a golpes se pueden forzar cambios reales en la historia sociopolítica ‘La violencia es la partera de la historia’, Marx (1872).

• Movilizaciones sin conducción y proyecto político a mediano y largo plazo no terminan de cambiar las cosas de raíz. Son importantísimas, pero se necesita inexorablemente un proyecto de transformación socioeconómica sociocultural y sociopolítico racional, acorde y efectivo, que genere los cambios necesarios e impostergables.

• ‘Socialismo o barbarie’, Rosa Luxemburgo (1900). El caso de Colombia lo muestra en forma descarnada. La barbarie capitalista está dispuesta a hacer cualquier cosa por mantener el sistema. El socialismo, con todos los problemas que se le puedan achacar y que merecen una profunda autocrítica y reflexión por algunos resultados evidentes que debieron ser diferentes y no llevarlo a la crisis en la que se encuentra.  No obstante, se tiene que el experimento boliviano con la reelección del MAS al menos parece seguir siendo “una esperanza” para las grandes mayorías populares, los pueblos originarios, las minorías étnicas y para ciertos sectores de la clase media en ese país; que no encontraron en el pasado, ningún beneficio real en el otro modelo que está en boga y en crisis también, el neoliberal a ultranza.

• Asimismo, un híbrido ideológico-político, entre un posible modelo de socialismo democrático y de socialdemocracia, que pareciera estar tomando auge de momento, con lo que está acaeciendo actualmente en Chile podría ser “otra esperanza”. Pero no se sabe si el avance de la protesta y la lucha en Colombia pueda llevar a través del tiempo, a una situación parecida a la de Bolivia o a la de Chile. No se sabe con certeza también, que más generará y en qué terminará en un futuro a mediano y largo plazos el proceso boliviano con el MAS y el proceso chileno con la Convención Constituyente.  

Las protestas de este año empezaron con la posibilidad de una reforma tributaria, pero no deben ser interpretadas como nuevas, coinciden una gran mayoría de especialistas. Lo que ocurre es que se retomaron aquellas de 2019 y se sumaron muchos descontentos: la corrupción, la lenta implementación de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC, los homicidios de líderes campesinos e indígenas y, también, la desigualdad y el ingreso económico de las familias. La pandemia empeoró estas dos últimas problemáticas y la pobreza subió de 36% de la población en 2019 a 43% el año pasado[133]. La situación es, a todas luces, difícil y para el Gobierno hay una arista más: el apilamiento de su deuda. El presidente Iván Duque buscaba aumentar la recaudación de impuestos en, por lo menos, el equivalente al 2% del producto interno bruto (PIB) para que ninguna de las agencias calificadoras de deuda quite a Colombia el grado de inversión[134].

Tras el fallido intento de implementar la reforma fiscal y arancelaria, S&P (Standard and Poor, corporación crediticia), recortó la calificación de la deuda colombiana, por lo que el peso colombiano y la bolsa cayeron y la inflación se incrementó rápidamente. Bastará que otra calificadora haga lo mismo para detonar una salida de capital extranjero, ya que muchos fondos solo tienen permitido invertir en bonos que tengan dos grados de inversión[135].  En Colombia hay grandes demandas insatisfechas en el contrato social y hay grandes demandas a resolver en el contrato macroeconómico estructural. Pensando no solo en este frente tan coyuntural de la pandemia, sino hacia adelante, ¿cómo vamos a atacar este tema de la deuda para que no siga creciendo?, cuestiona el [136].  En Colombia, hay una coyuntura similar a la chilena, en el sentido de que hay una sociedad muy desigual y las brechas se siguen ampliando, algunos hogares y sectores socioeconómicos son muy ricos, donde está muy concentrada la riqueza. Las protestas actuales desde el 2019, están conformada por varios sectores de familias de clase media y familias de clase trabajadora vulnerables, ambas con una alta tasa de desempleo progresiva, o trabajando desde hace un tiempo en el sector informal [137].

Todo este coctel económico peligroso llegó a un punto donde la gente dijo ‘ya no más’. El PIB colombiano cayó 6,8% el año pasado, producto de la pandemia y de la desaceleración de la economía; la mitad de la población económicamente activa trabaja en el sector informal[138], el Gobierno impuso largos y estrictos períodos de confinamiento obligatorio, los cuales fueron monitoreados por la policía. La informalidad aumentó, junto con la pobreza y la pobreza extrema. Muchas familias solo recibieron el ingreso ofrecido por el Gobierno como parte de un programa social que buscaba ayudar a “los más vulnerables”[139]. Para que la reforma tributaria tuviera mayor oportunidad de ser aceptada por la población, se ofreció hacer estos programas permanentes, convirtiéndolos en “una renta básica universal sin precedentes” en la región LAC. No obstante, estas acciones políticas y económicas no se han cumplido totalmente[140].

Colombia es el cuarto país más desigual de Latinoamérica y el Caribe, medido por el coeficiente de Gini y de acuerdo con datos del Banco Mundial. Se estima que a final de este año el costo de la deuda equivalga al 65% del PIB, colocando a Colombia como uno de los países más endeudados de América Latina[141]. “El Gobierno, al momento de presentar a su reforma tributaria inicial, estaba diciendo que sin algunos ajustes la deuda iba a estar cercana al 100% del PIB en unos 10 años”; se espera que la nueva propuesta que está cocinando el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la cual busca cobrar más impuestos a las empresas con mayores ingresos, tenga cabida. “Es más importante, para construir sociedades, atender ese descontento e indignación social. Es preferible concentrarse en retomar la confianza del Estado que hacer una reforma para arreglar las finanzas del país y eso ha sido lo que ha fallado estrepitosamente”[142].

Tras cinco días de marchas multitudinarias en las calles, el Gobierno de Iván Duque retiró el 2 de mayo “la reforma tributaria” con la que buscaba equilibrar las cuentas estatales a través de aumentar la recaudación de impuestos. Se trataba de la gran apuesta del Ejecutivo para evitar que las calificadoras de deuda bajaran el grado de inversión real y potencial a Colombia ante la banca y las compañías internacionales. La propuesta no solo recibió críticas de amplios sectores políticos de izquierda que la consideraron un ataque a la clase media -fuertemente afectada por la pandemia- sino también del propio partido de gobierno, Centro Democrático, y de los empresarios[143]. “Propusimos que a nosotros nos aplazaran temporalmente los beneficios que recibimos en la reforma de 2019”, dijo Bruce MacMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en una suerte de contrarreforma que pidió no tocar a la clase media. “¡Cóbrennos a nosotros!’, dijo. Una de las peticiones más repetidas en las marchas era la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla[144]. Fue el artífice de la reforma tributaria y había dicho que estaría en el Gobierno hasta que ésta saliera. Logró convencer al presidente Iván Duque de presentarla al Congreso a pesar de las voces que auguraban que era el peor momento. El mandatario había dicho públicamente que presentarla era “estúpido”. Meses después postuló un articulado que subía el impuesto al valor agregado (IVA) y ampliaba la base de contribuyentes. Con esa reforma no solo gravarían a quienes ganan el equivalente a 1.000 dólares mensuales, sino a aquellos cuyo salario es de 700 dólares, una clase media cada vez más empobrecida[145].

La represión policial durante los primeros días de manifestaciones -y que aún continúa- se convirtió en la llama que inició el gran incendio. Aunque la reforma tributaria ya había sido retirada, la reacción de las fuerzas de seguridad contra manifestantes sacó más gente a las calles. A tres meses de iniciadas las protestas, tampoco está claro cuántas personas están desaparecidas. Organizaciones de derechos humanos llegaron a hablar de 500 ciudadanos; mientras la Fiscalía registraba uno solo y la Defensoría del Pueblo 87. Recientemente, la Fiscalía dijo que encontró a 290 ciudadanos que habían sido reportados como “no localizados” y que mantiene la búsqueda activa de otras 129 personas[146]. La brutalidad policial -grabada en cientos de videos y publicada en redes sociales- causó alarma entre la comunidad internacional. La Unión Europea, Naciones Unidas y senadores norteamericanos criticaron la respuesta violenta de la Policía a las protestas que ocurrieron. Medio centenar de legisladores pidieron a la administración de Joe Biden suspender la asistencia a la policía de Colombia. La presión ha ido escalando y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó una visita al país. El Gobierno criticó la violencia contra los policías, pero no condenó la que ocurre contra los manifestantes[147].

Estás últimas semanas se adelantan 149 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias en la Policía Nacional, 31 por agresiones físicas y 10 por homicidios. La ola de críticas internacionales generó la renuncia de ministra de Relaciones exteriores, Claudia Blum. Fue reemplazada por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien viajó a Washington en una misión diplomática para explicar la versión del Gobierno sobre las denuncias de violación de los derechos humanos[148].  Las protestas han desarrollado una dinámica en la cual las mañanas y tardes son de marchas pacíficas y festivas, pero las noches se convierten en el terreno del caos y la muerte. Las madrugadas fueron de miedo transmitido en vivo a través de Instagram y Twitter y las mañanas se realizó un recuento de muertos, heridos y detenidos, de denuncias y de más gente en las calles[149].  El Gobierno aseguró que se trata de actos vandálicos contra los cuales se debió ejercer la fuerza; los manifestantes, que son infiltrados en las protestas.

En ciudades como Cali, Jamundí y Popayán, en el Valle del Cauca y Cauca, la violencia ha escalado. Los bloqueos en las carreteras que impiden el paso de medicamentos y alimentos han generado críticas y desgaste de la protesta. Los empresarios ya sonaron las alarmas sobre los efectos económicos y el desempleo que estás acciones podían ocasionar[150]. Una encuesta de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio entre 12,979 empresarios indicó que, el 90% cree que los puestos de trabajo que generan están en riesgo por el paro nacional. Mientras continúan las movilizaciones, el Gobierno y el Comité Nacional de Paro, que aglutina a las centrales obreras y sindicales, no se ponen de acuerdo. Para el Gobierno, una de las líneas rojas para sentarse en una mesa de negociación es que se levanten los bloqueos de carreteras. El Comité Nacional de Paro insiste en la figura de corredores humanitarios. “Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable”, dijo Emilio Archila, delegado del gobierno para los diálogos. Del otro lado, el Comité Nacional de Paro exige que el Ejecutivo condene abiertamente la brutalidad policial como requisito para avanzar en una negociación[151].

En las últimas semanas de junio, el gobierno y el principal frente de protestas en Colombia, completaron una nueva jornada de conversaciones, sin llegar a un acuerdo definitivo para apaciguar el estallido social que deja casi 60 muertos durante el mes de mayo, de manifestaciones contra el presidente Iván Duque. “El partido de gobierno está dedicado a bloquear, a impedir que se llegue a acuerdos (…) y el gobierno nacional sigue al pie de la letra sus instrucciones”[152], reclama el Comité Nacional de Paro en un comunicado al término de una nueva rueda de conversaciones.  El Comité, que no agrupa a todos los sectores que protestan contra el gobierno, anunció “acercamientos para levantar” los bloqueos viales que afectan especialmente al suroeste del país. Pero, el consejero presidencial Emilio Archila contestó que “sin pedir imposibles, esos bloqueos deben desaparecer” para avanzar en una eventual negociación[153] que lleve a reducir el conflicto y las diferencias entre el gobierno y los distintos sectores sociales que están protestando por cambios más substanciales en el país. Colombia sigue debatiéndose entre democracias de fachada y protestas de problemas histórico-estructurales que vienen de su pasado colonial, y que como en otras partes de LAC, siguen aun sin aparente solución de fondo.

A todo lo anterior hay que agregar, lo que parece un atentado con armas de alto calibre que sucedió a finales de la tercera semana de junio, el cual llevaba la intención aparente de derribar el helicóptero donde el presidente Duque y parte de su gabinete (los ministros del interior y la defensa y el gobernador del norte de Santander) iban a bordo[154], cuando se transportaban hacia la ciudad de Cúcuta. El atentado ocurrió cerca del aeropuerto de esa localidad. El mandatario expresó que no iba a “desfallecer en su lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”. De acuerdo con los medios de comunicación, en la zona conviven grupos guerrilleros, grupos paramilitares y grupos narcotraficantes.  El ataque provocó la reacción varios de los principales líderes políticos del país y el pedido de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Human Rights Watch para las Américas, la Embajada de EUA en Bogotá, entre otras, para que se realice una investigación exhaustiva, profunda y amplia sobre lo sucedido.

Para finalizar, en la base militar de la ciudad de Cúcuta ocurrió semanas antes un atentado con coche bomba contra una brigada del ejército colombiano donde resultaron 36 soldados heridos. En esa base hay también presencia militar estadounidense. Se culpó inicialmente al ELN, pero el gobierno no descarta que haya sido otra “organización criminal” detrás del atentado[155]. Al final, un bloque disidente de las FARC (el bloque Magdalena Medio), se atribuyó este atentado a la base militar en Cúcuta y los disparos al helicóptero donde volaba Duque y algunos de sus ministros[156]. En definitiva, la violencia sigue, la bomba de tiempo sigue estallando, reventando unas veces más, unas veces menos. Su onda expansiva sigue causando muertos, heridos, secuestrados y desplazados entre la población colombiana; no se tiene ninguna certeza o convicción que la violencia baje, se reduzca o al menos pare temporalmente. Continúa y sigue creciendo en intensidad, en amplitud y manteniendo su complejidad histórica-estructural en una democracia que parece ser formal y de fachada, como tantas otras en LAC. Solamente es una práctica, un ejercicio, un beneficio para muy pocos[157].

La “independencia” nacional fue celebrada el 20 de julio recién pasado -un acto formal, gesto vacío, pues no hay ninguna independencia real-, el aniversario del bicentenario estuvo marcado por la continuación de las protestas en varios puntos del país[158]. Esa misma semana, el gobierno presentó un nuevo paquete de reformas fiscales, además de un proyecto de reforma policial. La reforma tributaria, según el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, busca recaudar alrededor de 15.2 billones de pesos al año (unos 3,900 millones de dólares estadounidenses), pero ya fue cuestionado por diversos sectores políticos, en el entendido que se trata al final de “más de lo mismo”[159] y no resuelve a fondo una vez más los problemas sociales y estructurales arrastrados por el país. Mientras tanto, la administración de Iván Duque, con las manos totalmente manchadas de sangre, intenta conducir a Colombia hasta las nuevas elecciones del año 2022, donde de momento la derecha se ve desfavorecida ampliamente ante la izquierda, representada por el Senador Petro y otros políticos; en tanto, el descontento social -siempre reprimido con violencia- no cesa con menor o mayor intensidad.

Si estas democracias formales, representativas, elegidas por voto de los electores cada cierto tiempo, no solucionan nada para las grandes mayorías, ¿habrá que pensar en otro tipo de democracias: democracias directas, poderes populares-comunitarios descentralizados. ¿Quizá?  

- Marcelo Colussi es analista político e investigador social. 

- Mario de León es Consultor, investigador, analista y ensayista internacional.