“Lo que quieren es ponernos un zíper para no divulgar resultados, pero no lo van a lograr”.

Abogada Ricci Moncada, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La llamada escuela neoinstitucionalista aboga por un respecto a las instituciones formales, destacando los contratos, estatutos de las organizaciones y las regulaciones legales. Pero, también, aboga por el respeto a la institucionalidad constituida, en especial la que protege las reglas del juego democrático.

En Honduras, después del golpe de Estado, estas instituciones e institucionalidad no han sido respetadas. Se acusó al expresidente Manuel Zelaya de violar las reglas del orden democrático, pero lo que se dio después fue una violación masiva. Se empezó por destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por pronunciarse en contra de una Ley de Ciudades Modelo (hoy ZEDEs), violando claramente la Constitución de la República, pero también ejerció presión para la renuncia del Fiscal General y poner a alguien allegado a la familia del presidente Hernández.

Se cercenaron competencias de instituciones sectoriales, como salud y educación, asignándolas a nuevas instituciones, organizaciones de dudosa reputación y proyectos, sin que fuera necesario la aprobación del Congreso de la República por ser funciones constitucionales. En estas nuevas instituciones, programas y proyectos, siempre aparece a la cabeza el presidente de la República, por lo que se constituye en una práctica antidemocrática que destruye tradiciones, costumbres y procesos de trabajo en el ámbito institucional público, pero que afecta a organizaciones privadas y del sector social. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) se creó como una fuerza de choque adscrita a la presidencia de la República, pero también se desconoció la antigüedad y meritos para el ascenso y nombramiento en los mandos de las Fuerzas Armadas.

Es una especie de guerra hibrida que destruye las instituciones desde dentro, para beneficio del mismo poder constituido; un grupo de políticos y empresarios ligados al círculo del presidente Hernández. Se argumenta que es parte de la Modernización del Estado, ya que las instituciones venían operando -hasta antes del golpe de Estado- en forma poco eficiente y faltas de tecnificación y recursos humanos calificados, discurso vendido a la población como justificación del asalto institucional.

La guerra hibrida se ha venido haciendo, no para eficientar las instituciones públicas, sino para tener un mayor control de las decisiones y recurso de presupuesto. Los cuestionamientos al gobierno por el mal manejo de la pandemia, al grado de pedirse por el Colegio Médico y empresarios el despido de la ministra de Salud, demuestra que el argumento de la ineficiencia no es válido, ya que JOH y equipo resultó ser más ineficiente en la gestión de la “cosa pública” que sus antecesores, ya que él escogió a sus ministros y colaboradores.

En el tema económico, el gobierno muestra como resultados positivos el ser un buen alumno del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre todo en el control del desequilibrio fiscal y la inflación, no así en la generación de empleos. La agencia internacional de calificación de riesgos , Moodys Investors Service (Moodys),destaca que Honduras ha mantenido su calificación crediticia en B1 por quinto año consecutivo, mejor que Nicaragua,  Costa Rica y el Salvador, destacando un manejo adecuado de la deuda y el espacio fiscal, pese a la pandemia del Covid-19; es decir, Honduras tiene todavía márgenes para seguir endeudándose, no importando la poca transparencia, corrupción y destrucción de la institucionalidad pública, incluso violando la Constitución de la República, caso de las ZEDEs.

Uno de los factores que usa la calificadora Moodys para evaluar el riesgo crediticio es la fortaleza institucional y gobernanza, aunque en la práctica esta fortaleza no sea tal. Para el caso, la corrupción es un cáncer que carcome todo el andamiaje público, en un gobierno de corte centralista y autoritario, donde toda la gestión pública está supeditada a lo que diga JOH.

En el reciente Encuentro Nacional Empresarial (ENE) 2021, patrocinado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Comisionado de Joe Biden para los países del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, invitado especial, manifestó como decepción que el gobierno no pudo renovar el mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), y la pérdida de 3,000 millones de dólares por corrupción en 2020, que hubieran servido para comprar vacunas y salvar vidas humanas. 

Honduras está abocado a un proceso electoral en noviembre próximo, pero de nuevo las reglas no están claras y la institucionalidad no opera como debe. En las primarias los consejeros de los partidos políticos mayoritarios (LIBRE, Nacional y Liberal), tuvieron que remar contra marea ya que no se aprobó la contratación de la empresa para divulgar resultados electorales en forma electrónico y desde cada mesa de votación, entre otras cosas. Ya, antes, los diputados del Partido Nacional en el Congreso de la República, se opusieron al voto en el exterior y la segunda vuelta, lo que se considera otra violación de las reglas democráticas, en tanto, es poco probable que un candidato obtenga más del 50% del voto efectivo electoral.

Recién,  el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó al Congreso de la República un presupuesto especial para contratar la empresa que trasmitirá los resultados en forma electrónica, pero los diputados nacionalistas quieren que se entregue parte de estos recursos solicitados, siempre y cuando el único que divulgue los mismos sea el consejero presidente del órgano electoral, puesto por el Partido Nacional; o sea que los otros consejeros (as), cierren la boca, ya que si hablan serán multadas y pueden ir a la cárcel.

Para Jarri Dixon, diputado al Congreso Nacional, lo que está detrás de estas triquiñuelas, es que las encuestas independientes muestran que la candidata a la presidencia de la República por LIBRE, Xiomara Castro de Zelaya, lidera las encuestas, por encima de Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, y hay miedo, por lo que hay que buscar la opción del fraude electoral.

Esta práctica contra la institucionalidad y las reglas del juego democrático, deber dar paso a un espacio de mayor compromiso de los actores políticos para su respeto, e incluso de derogación de toda aquella legislación, decisiones y proyectos en contra, creados después del madrugón al Manuel Zelaya.