El gobierno del presidente Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS) cumple seis meses con acciones para enfrentar las crisis sanitaria, económica y social, después de once meses de gobierno de facto como efecto de un golpe de estado. En este contexto, desde distintos frentes ha comenzado un proceso de desestabilización y ablandamiento que busca impedir su consolidación o, en su caso, someterlo a presiones que culminen en retrocesos estructurales de los avances generados por la Revolución Democrática y Cultural y la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo inscrito en la Agenda Patriótica 2025.

La punta de lanza de esta campaña se encuentra en un conjunto de medios de comunicación (televisoras, periódicos, agencias de noticias y radioemisoras) y en redes virtuales de internet que, mediante rumores, medias verdades y especulaciones, posicionan en la opinión pública temas como la división entre sectores del MAS y del Gobierno, el incumplimiento de ofertas electorales en aspectos económicos y sanitarios o la arbitrariedad en la detención, instruida por la Fiscalía y el Poder Judicial, de Jeanine Áñez, algunos de sus ministros, así como de jefes militares y policiales que ejecutaron la ruptura democrática y las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.

Los mismos medios y sus “analistas” fueron impulsores del golpe de estado y apoyaron al régimen surgido del motín policial, la insubordinación militar y la movilización de sectores urbanos acomodados encabezados por los partidos políticos conservadores y neoliberales. Para algunas de sus versiones hacen referencia a fuentes del MAS y del gobierno, creando susceptibilidades y versiones de divisiones internas.

En esa perspectiva, varios parlamentarios opositores de Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y CREEMOS de Fernando Camacho se han trasladado hace algunas semanas a Estados Unidos, donde se reunieron con miembros del Departamento de Estado, senadores republicanos de extrema derecha y miembros de la comunidad de migrantes en esa ciudad con el objetivo de “informar” sobre la situación política boliviana.

Este hecho se produjo inmediatamente después que la administración de Joe Biden se manifestó rechazando la detención de Áñez y pidiendo su libertad, dirigiendo así desde el Departamento de Estado y con las tendencias conservadores del Capitolio la estrategia desestabilizadora en Bolivia.

De igual manera, bajo la batuta de los partidos ultraconservadores y pro fascistas de Europa, el Parlamento Europeo se ha pronunciado criticando al gobierno de Luis Arce y demandando la ejecución de sanciones de parte de los países de la Unión Europea. Al respecto corresponde recordar que el Embajador de la Unión Europea en Bolivia participó activamente, en octubre y noviembre de 2019, en la salida de Morales y la consolidación del golpe de estado.

Asimismo, la jerarquía de Obispos de la Iglesia Católica está realizando una sistemática campaña contra el gobierno con el argumento de la defensa de los derechos humanos y la libertad de las autoridades de facto, buscando esconder, sin conseguirlo, su directa participación en la conspiración contra el gobierno de Evo Morales y el nombramiento de Áñez al margen de toda norma legal y constitucional del país, urdido en las oficinas de Universidad Católica. La Conferencia de Obispos se convirtió en un mecanismo que buscó legitimar la inconstitucionalidad del gobierno y ahora mantiene una posición beligerante, incluso enfrentando las posiciones del papa Francisco sobre América Latina y Bolivia.

Finalmente, la oligarquía regional terrateniente y agroexportadora de Santa Cruz junto al Comité Cívico y a las logias de poder regional, al oriente de Bolivia, bajo la dirección del principal promotor y ejecutor del golpe de estado -Camacho de CREEMOS- quien, luego de ser elegido recientemente como gobernador de Santa Cruz, hizo declaraciones amenazantes contra el gobierno y recordando que su departamento fue protagonista de la desestabilización del gobierno democrático de Evo Morales.

En los próximos días el Congreso del MAS, bajo la presidencia de Evo Morales, deberá aprobar las líneas tácticas para defender el proceso nacional-popular y establecer un plan de respuesta a las acciones conspirativas que han vuelto a poner en el primer plano las intenciones de la oposición oligárquico-imperialista contra el gobierno democrático de Luis Arce y David Choquehuanca y, al mismo tiempo, definir las decisiones de permitan retomar y profundizar el proceso revolucionario.

Eduardo Paz Rada es un Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.