Dedicado a la memoria de Juan Luis Molina Loza, joven revolucionario, dirigente estudiantil universitario, a 50 años de su detención ilegal y posterior desaparición forzada o involuntaria cometida el 13 de enero de 1971 por elementos del ejército guatemalteco.

Fue en plena época de lluvia en mayo de 1971, hace cincuenta años que descubrimos el cementerio clandestino localizado en una de las cimas del cráter del volcán Pacaya de Guatemala. Sucedió durante la dictadura militar contrainsurgente del general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974) conocido popularmente como “El chacal de Oriente”, aludiendo a su comportamiento brutal y sanguinario que aplicó a opositores políticos cuando fue comandante de la base militar de Chiquimula ubicada en el Oriente del país.

El cementerio clandestino en el Pacaya continúa impune hasta el día de hoy, tuve participación en el descubrimiento y junto a un grupo de periodistas y otras personas fuimos testigos oculares de no menos de diez restos óseos allí encontrados todos con su vestimenta intacta, esparcidos sobre la gruesa capa de lava apagada en un área aproximada de 12 metros cuadrados, a flor de tierra y distante a unos 80 metros del cráter principal que como es sabido, se mantiene en permanente erupción.

Aunque este hecho histórico está escrito y documentado en la prensa nacional de aquellos días y cualquiera puede consultar, es desconocido para la mayoría de personas, es un acontecimiento del que poco se habla a pesar que después de descubierto y conocida públicamente su existencia el ejército ocupó las aldeas aledañas al volcán, cercó y bloqueó todos los accesos para ascender al cráter, expulsó a los cuerpos de socorro de bomberos y Cruz Roja que llegaron al lugar alertados por nosotros, suponemos que los militares recogieron y cargaron los restos o los enterraron en el mismo lugar, nunca se supo que hicieron con ellos y por último, nos acusaron de “guerrilleros y comunistas”.

Ante los hechos y las pruebas abrumadoras sobre la existencia del cementerio clandestino, la respuesta del ejército y del entonces Ministro de la Defensa fue negar responsabilidad en las ejecuciones, afirmando que quien esto escribe era un “reconocido guerrillero que quiere desprestigiar al ejército”. Lo que aquí narro es historia escrita que como ya dije, es información pública que cualquier persona puede comprobar consultando los archivos de la Hemeroteca Nacional.

Meses antes de ser descubierto, corrían fuertes e insistentes rumores incluso publicados en medios de comunicación escritos y noticieros de radio y televisión, afirmando que en el cráter del Pacaya había un cementerio porque el ejército estaba lanzando cadáveres desde naves aéreas para calcinar los cuerpos y así borrar evidencias comprometedoras. Esta versión sin pruebas no tenía sustento. Al poco tiempo todo cambió, por esos días me desempeñaba como Asesor Jurídico de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), un día llegó a mi oficina un grupo de campesinos residentes de una de las aldeas que rodean al mencionado volcán afirmando que ellos podían confirmar que en el cráter del Pacaya había un cementerio con varios cadáveres lanzados desde el aire y que nos podían guiar hasta el sitio exacto.

Luego de documentar la información, verificamos datos, visitamos la aldea, comprobamos la residencia de los denunciantes, planeamos el ascenso, fijamos fecha para la expedición, convocamos a periodistas y fotógrafos nacionales para documentar la denuncia, los campesinos nos guiaron para ascender al cráter, por cierto que la brecha para llegar al sitio fue un arduo esfuerzo por lo difícil del acceso, llegamos al área del macabro hallazgo y comprobamos que lo que antes era un simple rumor sin fundamento, resultó ser una verdad absoluta.

Aquello fue un tremendo escándalo que durante varios días ocupó las primeras planas de todos los periódicos y desató un polémico debate público entre el ejército y la AEU que mantuvieron versiones posibles, completamente divergentes. La AEU sostuvo que las víctimas encontradas en el cementerio eran opositores políticos y presuntos insurgentes ejecutados por el ejército, que desde helicópteros lanzaron los cuerpos al cráter. El ejército reconoció la existencia del cementerio y dijo que los restos encontrados eran de insurgentes ejecutados por sus propios compañeros ya que en ese lugar estuvo un campamento de entrenamiento militar de la guerrilla.

Lo que sí es una plena y contundente certeza es que el cementerio fue descubierto y que el ejército hizo desaparecer los restos de las víctimas. Nunca se identificó a los sacrificados, tampoco se sabe qué ocurrió con los restos humanos que los militares se encargaron de esfumar.

La desaparición forzada o involuntaria de personas fue una práctica común practicada por las fuerzas de seguridad del régimen de Arana Osorio, por esa razón, en aquel momento la AEU afirmó que algunas de las víctimas del citado cementerio podrían ser de estudiantes universitarios que en meses anteriores habían sido arbitraria e ilegalmente detenidos y desaparecidos, citando como ejemplo el caso de Juan Luis Molina Loza, connotado dirigente estudiantil de la Universidad de San Carlos (USAC) detenido por elementos del ejército el 13 de enero de 1971 en un restaurante de ciudad Guatemala y posteriormente desaparecido. Para los dirigentes de AEU el descubrimiento del cementerio en el Pacaya proporcionaba indicios por la vestimenta de algunas osamentas, para pensar que podría tratarse de estudiantes desaparecidos.

Desde la captura y desaparición de Juan Luis, acompañé a su madre doña Juana Loza de Molina en su heroica y pionera lucha en busca del destino de su hijo que la llevó a declararse en huelga de hambre, plantarse en el parque central frente a Palacio Nacional exigiendo justicia y el aparecimiento con vida de Juan Luis. La respuesta del chacal de Oriente no se hizo esperar, para detener la protesta ordenó desalojarla del parque a la fuerza y recluirla en un sanatorio.

La brutal modalidad de lanzar cuerpos de personas al cráter activo de un volcán adoptada por las fuerzas de seguridad guatemaltecas no fue un acto inédito o novedoso, debido a que desde mucho antes que sucediera en Guatemala, se sabía que en el vecino país de Nicaragua el dictador de turno, general Anastasio Somoza inauguró esa práctica inhumana aplicada contra los opositores al régimen, particularmente los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lanzando cuerpos al cráter del volcán de Masaya, un coloso que se mantiene en permanente erupción. También se sabía que los generales Somoza y Arana eran compadres por ser padrinos de sus descendientes, lo que hace creer que Arana Osorio copió los métodos represivos de su homólogo nicaragüense y los aplicó en Guatemala. Tampoco se puede ignorar que, durante su régimen, fueron detenidos y desaparecidos más de una veintena de dirigentes comunistas del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y que luego se supo que sus cuerpos fueron lanzados desde un avión militar a las profundidades del Océano Pacífico.

Meses después de estos hechos y ante el incremento de las desapariciones forzadas o involuntarias de personas, atendiendo la demanda de familiares de detenidos desaparecidos, con el apoyo de la AEU fundamos el Comité de Familiares de Desaparecidos, en esa tarea compartí sus angustias e incertidumbres y acompañé a las familias en los múltiples y vanos esfuerzos por encontrar a sus seres queridos, que hasta ahora continúan en paradero desconocido.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad denominado “Guatemala: Memoria del Silencio”, se reclaman más de 45,000 víctimas de detenciones ilegales y desapariciones forzadas o involuntarias. Estas estadísticas de terror reflejan las brutales, graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército y las demás fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco durante el pasado conflicto armado interno, que nunca más deben repetirse.

Guatemala, 07/05/2021