“Los institutos de previsión somos los únicos que tenemos dinero, entonces el objetivo es asaltar nuestros recursos para fortalecer las finanzas de las empresas privadas… La Junta Interventora llega con la misión de sacar los fondos del Inprema y trasladarlos a las AFP privadas”.

Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh)

Por más de dos décadas, todo lo que se implementaba en Chile se tomaba como una experiencia positiva que debía replicarse en el resto o la mayor parte de los países latinoamericanos. Ello no solo era aplicable a medidas de política económica, sectoriales e institucionalidad pública, sino también abarcaba lo social e incluso lo político. Esta mala práctica de política pública y condicionalidad económica y política que lleva dentro, fue fortalecida con el Consenso de Washington en 1989, con fórmulas mágicas de políticas económicas para países periféricos o semiperifericos en crisis.

Una de estas experiencias “visibles”, es lo referido a la capitalización de fondos de pensiones con administración privada. Chile, inició su experiencia en 1981, y de allí siguieron Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia y México. Es una reforma privatizadora emanada de un gobierno autoritario, pero que se vendió posteriormente como panacea para el desarrollo democrático de los países, sustentado en la libertad individual y la libre iniciativa y eficiencia privada.

Algunos países como Argentina y Bolivia, frente a los malos resultados obtenidos con modelos de privatización de fondos de pensiones públicos, o mediante la agregación de un sistema privado al sistema público, han autorizado una vuelta atrás, o sea fortalecer y volver a regímenes de capitalización pública de los fondos de pensiones. Otros países, siguen apoyando el funcionamiento de ambos sistemas, buscando una mayor competencia; en el caso de Chile, ha habido nuevas reformas para tratar de mejor el sistema existente, donde la cobertura, equidad y sostenibilidad financiera sean más importantes.

En Centroamérica, Honduras llegó tarde a la cita, igual como lo hizo con el ajuste estructural, por detrás de El Salvador y Costa Rica. Después del golpe de Estado (junio de 2009), uno de objetivos/meta de la política de ajuste económico y financiero del modelo de corte neoliberal, es la apertura a una mayor participación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), vista por los beneficiarios del régimen y miembros de juntas directivas de Institutos de Previsión Pública (IPP), como un sustituto o paralela. La Ley Marco del Sistema de Protección Social (decreto N.56 del 2 de julio de 2015), se constituye en el principal marco jurídico-institucional para ello, aunque desde 2002, con la aprobación del Régimen Opcional Complementario para la Administración de Fondos Privados de Pensiones (Decreto 319-2002), se delimita el campo de acción, sin que existiera un interés manifiesto por demostrar que los administradores privados son más eficientes que los públicos en el manejo de recursos de la población afiliada a dichos sistemas o regímenes.

El problema evidente con la Ley Marco de Protección Social es el conflicto interno entre actores (gobierno, empresa privada, gremios), ya que estos últimos están en contra de la misma y exigen su derogación, y los privados desconfían en cuanto al uso de los recursos que puedan ser desviados a otros fines, tal como ocurrió con el defalco de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde a la mayor parte de los implicados les están reduciendo las penas y tiempo de estadía en la cárcel. De allí que, cualquier reforma que busque liberar recursos de los Institutos de Previsión Social para cubrir las necesidades de Covid-19, ETA e IOTA, o la campaña política del partido nacional, deberían contar con un consenso mínimo de estos actores. Caso contrario, privarían otros intereses de beneficio personal o de grupos.

La Ley, al menos en teoría, se sustenta en un modelo Multipolar de Protección Social, que integra: a) Régimen del Piso de Protección Social; b) Régimen del Seguro de Previsión Social; c) Régimen del Seguro de Atención de la Salud; d) Régimen del Seguro de Riesgos Poblacionales; e) Régimen del Seguro de Cobertura Laboral. La mayoría no operan, o lo hacen parcialmente, caso del Régimen del Piso de Protección Social o no contributivo, que otorga garantías de acceso de la población pobre a recursos monetarios (transferencias) y de servicios sociales básicos como agua, saneamiento, salud, vivienda, generación de empleo, lo cual es incipiente, ya que los recursos no ajustan y las carencias cada vez son más; es un sistema incompleto y poco sostenible en el tiempo, en un país con aumento considerable de pobres y miserables, sumado a la desigualdad económica y social masificados con el Covid-19, ETA e IOTA.

En las marchas del 1 de mayo, las centrales obreras y gremios magisteriales denunciaron la eventual privatización de los fondos de pensiones que administran los Institutos de Previsión Social, como una fuente de recursos para hacer frente a los problemas generados por la mala gestión de la pandemia del Covid-19 y corrupción, y los impactos negativos de los huracanes en los sectores productivos e infraestructura económica y social. Y es que el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) ha sacado recursos de estos Institutos para financiar proyectos de infraestructura, donde destaca la construcción del Centro Cívico Gubernamental. En el caso del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) se denuncia de nuevo la intervención del gobierno al nombrar una nueva Comisión Interventora designada directamente por el presidente de la República, aduciendo ineficiencia, malas prácticas y pérdidas crecientes de recursos financieros y patrimoniales. (Ver decreto PCM-044 del 24 de abril de 2021).

Lo anterior, aun cuando Alejandra López, directora interina del Inprema, dijo que los resultados financieros publicados al cierre del año 2020 registraron más de 3,700 millones en excedentes operativos y un aumento de 510 millones respecto al año 2019 aún y cuando prevaleció en el 2020 un entorno adverso provocado por la pandemia de la COVID-19 y los eventos Eta e Iota que generaron una depresión económica nacional e internacional. (Presencia Universitaria, 29/4/2021).

Por otro lado, el Congreso de la República aprobó la reforma al artículo 10 de la ley del Régimen Opcional Complementario para la Administración de Fondos Privados de Pensiones (AFPP) que permite ampliar la administración de estos fondos, a servicios como la salud, educación, vivienda, para que población de la micro, pequeña y mediana empresa, pueda ahorrar en forma segura y obtener mayores rendimientos. Las AFP solo se podrán constituir si cuentan con un capital mínimo de 150 millones de lempiras, y no solo 20 millones de lempiras que no genera confianza ni solidez. Las principales AFP pertenecen a los bancos más grandes del país, caso de Banco Atlántida, Ficohsa y BAC, por lo que las reformas les beneficia. El llamado régimen de aportaciones privadas (RAP), que funciona como una AFP, manejado por la empresa privada y los trabajadores, no tiene la capacidad para enfrentar la competencia de aquellas en el ofrecimiento de mejores tasas de interés por el ahorro de los trabajadores y beneficios, por lo que es de esperar una reducción de la membrecía de 260,000 aportantes individuales.

Se estima que los recursos del RAP cayeron en 1,000 millones de lempiras durante 2020, pero es de destacar el rol que asumió en la protección de cerca de 25,000 trabajadores despedidos por las empresas, desembolsando 192 millones de lempiras para compensar la caída del ingreso de los trabajadores del sector productivo, según declaraciones de Enrique Burgos, gerente general de la institución (El Heraldo, 16/12/2020).

La preocupación de los maestros es válida, ya que, además de los problemas que aquejan la economía con la caída de los ingresos tributarios, el gobierno de la República tiene que buscar nuevos recursos más allá de aquellos obtenidos vía prestamos de la banca multilateral; pero también destacan las elecciones de noviembre de 2021, donde la tradición es que se usen recursos de diversas fuentes para financiar la campaña política del candidato del partido en el poder.

En el caso del INPREMA, la nueva Comisión Interventora puede recomendar que los recursos se coloquen en instituciones financieras que les otorga mayores beneficios, y en aquellos proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo, tal como sucedió con la construcción del Centro Cívico Gubernamental. Pero, sobre todo, recomendar que las aportaciones también sean administradas por AFP, aunque se necesiten reformas a la Ley de Inprema y acelerar las reformas que manda la Ley Marco de Protección Social. Un actor silencioso, es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que regula el funcionamiento de los bancos y la AFP, que incluso ha sido denunciado es controlada por el Gobierno.

Todavía JOH no ha designado a los miembros de la Comisión Interventora del INPREMA, que sustituirán a los comisionados nombrados anteriormente, que manifiestan haber hecho un buen trabajo, por lo que, la promulgación de este decreto se considere una estrategia para desviar la atención sobre otros problemas como la compra de vacunas y retrasos en la entrega, aumento de los casos Covid-19 y muertes, colapso del sistema de salud, la crisis del agro, pobreza, migración, corrupción y narcotráfico. No obstante, la Banca presiona porque los fondos de Institutos de Previsión Social pasen a ser administrados por las AFP existentes, argumentando que, en el caso de los maestros, el sistema público no es sostenible por el mayor número de maestros que exigen su jubilación cada año, y la poca retribución recibida por las aportaciones y las “malas” inversiones.

Finalmente, el Gran Gurú en este tema de AFP, Carmelo Mesa-Lago, destaca la importancia de construir un amplio diálogo con los actores involucrados que preceda a las reformas o re-reformas al régimen existente, igual una consulta ciudadana, análisis actuarial por empresas internacionales y una diagnostico técnico que identifique las peculiaridades de cada sistema y país. (Mesa-Lago: Friedrich Ebert, 12/12/2020). Pero, a lo interno, al menos los dirigentes de los partidos de oposición política y gremiales (obreros, campesinos, estudiantiles, magisteriales), deberían pronunciarse en forma conjunta y pública sobre estas reformas lideradas por JOH a menos de siete (7) meses para entregar el poder.

Los dirigentes políticos discuten como conformar la alianza opositora a JOH y su candidato, pero pueden encontrar en caso de ganar la elección, mayores problemas de lo que su imaginario político le dicta en la actualidad, por la profundización de las reformas neoliberales en este corto periodo de tiempo.

Comayagua, Honduras, 4 de mayo de 2021