“No sé si son las sombras o las imágenes que nos ocultan la realidad”

Saramago

En Honduras las elecciones internas o primarias son ganadas-generalmente- por los precandidatos que representan al oficialismo del partido, que tienen o no el control de los sellos de cada instituto político, igual cuentan con los recursos del Estado para utilizarlos como mecanismo de control de votos de aquella población en situación de pobreza extrema beneficiada con programas de compensación social apoyados por Organismos Financieros Internacionales (OFIs).

En la práctica los que encabezan la fórmula presidencial, diputados y alcaldes, buscan imponerse a través de “componendas” políticas o por la fuerza, pero más recientemente a través del fraude electoral como práctica electorera, no muy visible para los ciudadanos. En ello, también ha jugado un papel importarte la proliferación de encuestas a boca de urna y resultados rápidos mediante sistemas electrónicos de trasmisión manejados por el Tribunal o Consejo Nacional de Elecciones (CNE) y los partidos políticos. Estas encuestas son pagadas por los propios dirigentes de partidos políticos con recursos financieros para ello, pero que también participan y tienen presencia en los medios de comunicación de masas, responsables de divulgar los resultados y convencer a la población del triunfo electoral.

Para las elecciones primarias del 14 de marzo de 2021 se pensó que ello iba a cambiar, en demanda a las prácticas de fraude visibles en las elecciones generales de 2013 y 2017 ganadas por el Partido de Gobierno; pero la evidencia demuestra lo contrario. En el partido nacional, su candidato, Nasry Asfura, alcalde de la ciudad capital, recibió el apoyo de la cúpula del partido en el poder, encabezada por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández (JOH), en detrimento del Dr. Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional.

Una de las preguntas que se hacen analistas políticos es porque Oliva, teniendo a mano suficientes recursos públicos y presencia mediática de más de 10 años en los medios televisivos, se quedó corto y solo, frente al candidato opositor. La respuesta es que, en el fondo, no representaba los intereses del presidente Hernández ni de diputados afines, especialmente frente a la urgencia por no perder el control del partido, y, sobre todo, de los futuros diputados al Congreso de la República; incluso perdiendo la elección general de noviembre 2021 con Asfura a la cabeza, la apuesta de JOH fue la plancha para diputados y mayoría de alcaldes pertenecientes al movimiento de Asfura.

A ello se suma, el posible involucramiento de Mauricio Oliva en actos de corrupción con el manejo de los recursos públicos, cuya investigación del Ministerio Público fue “congelada” por la Corte Suprema de Justicia controlada por JOH.  Prácticamente, el Dr. Oliva perdió la elección mucho antes, ya que el presidente de la República, cuestionado por posibles vínculos con narcotraficantes, no está en condiciones para correr riesgos, caso particular de la desprotección política-institucional en el próximo gobierno.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha escrutado menos del 50% de las actas, donde el Dr. Oliva obtiene el 27% de los votos válidos, frente al 73 % de Asfura. Antes de las elecciones, los dirigentes del movimiento “Junto Podemos” que lidera Oliva, hablaban de una diferencia de 7% a favor de su candidato, pero la cifras muestran una diferencia abismal a favor del candidato de JOH. Hoy, dichos dirigentes reconocen la perdida en el nivel presidencial, pero advierten que defenderán los votos de aspirantes a diputados y alcaldes, donde hay muchas denuncias que las urnas fueron infladas a favor de Asfura. Un caso especial es la Ciudad Capital, donde los 23 candidatos a diputados del movimiento “Unidad y Esperanza” que participaron en las elecciones generales salen electos, incluyendo diputados que aspiran a la reelección.   

A lo mejor, con eso de los acuerdos bajo la mesa y componendas, se apiadan de Oliva, y permiten que aparezca en la casilla última de diputados, el exalcalde capitalino y coordinador del Movimiento, Ricardo Álvarez, que no sale, ya que el “Alero”, candidato de JOH, lo supera en más de 15,000 marcas.

En el Partido Liberal, la disputa por la presidencia y control del Central Ejecutivo, es más cerrada.  Las cifras muestran que Yani Rosenthal, acusado de lavado de activos, que estuvo preso en cárceles de USA, obtiene el 51.8% de los votos válidos, contra 32.5% de Luis Zelaya y 15.7% de Darío Banegas. No obstante, aunque Yani Rosenthal se declaró ganador, Luis Zelaya dice que los resultados parciales del CNE corresponden a departamentos donde éste tiene ventaja, no así a los departamentos ganados por su movimiento “Recuperemos Honduras”, caso de Choluteca, Valle, Francisco Morazán y Atlántida.  Hay también denuncias de inflado de urnas por mesa, arriba de la carga electoral permitida, por lo que debe contarse de nuevo acta por acta y voto por voto. El destacado caricaturista Darío Banegas, reconoce el triunfo de Luis Zelaya, y no debe permitirse que alguien que ha tenido vínculos con el narcotráfico y confeso, gobierne Honduras.

Las denuncias incluyen además el hecho que el representante del Partido Liberal en el CNE, abogada Ana Paola Hall, es puesta por el lado “oscuro” del partido que controla el expresidente Carlos Flores Facussé, y al coordinador de bancada en el Congreso Nacional, Mario Segura.  Aunque Luis Zelaya es el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, la bancada en el Congreso está dividida, pero además no goza del respaldo de Carlos Flores, y de la llamada prensa tarifada, por lo que los pronósticos son que, al final, Yani Rosenthal se imponga, incluso por la vía judicial.

En el Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro obtiene el 79.3% de los votos válidos, contra el 11.9% de Nelson Ávila; el resto, se lo reparten Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez. Hay también denuncias de inflado de urnas y adulteración de actas, al grado que existen dirigentes que han preferido renunciar a este instituto político, ya que en la contienda para diputados han salido afectados por estas prácticas corruptas. El Dr. Nelson Ávila ha interpuesto una demanda ante Organismos Internacionales para que se haga una auditoria forense independiente a todo el proceso, ya que las irregularidades son muchas; para el caso, ha sido afectado en el número de votos y en ciertos cargos de diputados y alcaldes de su Movimiento “5 de Julio”, desplazados por los movimientos que apoyan la candidatura de Xiomara Castro de Zelaya.

A lo anterior se suman las denuncias de la ex/Comisionada de Policía, María Luisa Borjas, acerca que la elección para coordinar LIBRE se la ganó a Manuel Zelaya Rosales, pero todavía no hay evidencia de pruebas contundentes. Aunque todavía Xiomara Castro no se ha pronunciado, lo más seguro es que respete los recuentos de actas y votos solicitados al CNE y reúna con los demás precandidatos, especialmente con Nelson Ávila que ha captado la mayoría del voto joven, incluso de otros partidos políticos.

Se gastaron 1,100 millones de lempiras en estas elecciones primarias, apoyadas por la cooperación internacional, en una coyuntura donde los problemas son múltiples y abundan, y los recursos escasos. Lo menos que pueden hacer las instituciones responsables y agencias de cooperación, es identificar las grandes fallas del proceso, algunas de las cuales son de origen: a) falta de una nueva ley electoral; b) falta de un nuevo censo electoral completo; c) una tarjeta de identidad vulnerable y todavía sin entregar; d) comisionados o consejeros miembros del Registro Nacional de las Personas (RNP), CNE y Tribunal de Justicia Electoral, propuestos por partidos políticos y sin autonomía de “vuelo” para la toma de decisiones; e) falta de un sistema probado de trasmisión de resultados.

Otras incluyen, la alta politización y corrupción que opera en el RNP, donde la mayor parte de los empleados pertenecen al partido nacional y “lado oscuro” del partido liberal, sumado a la ausencia de reglas claras de los partidos políticos para el manejo del proceso y funcionamiento de las mesas electorales.

Estas fallas deben ser corregidas de inmediato, ya que de no hacerse estaríamos en presencia de una nueva crisis política, mucho mayor que la enfrentada en 2017. En tal sentido, la presión de la cooperación internacional no debe esperar, exigiendo que se cumpla con los requisitos mínimos que demanda un proceso electoral de este tipo, especialmente lo relacionado con el marco jurídico y reglas a aplicarse. Ello incluye también a personeros de la Embajada Americana, que supuestamente le apuestan a un proceso limpio y democrática que permita al pueblo hondureño elegir a los mejores.

No obstante, hay que ejercer también un mayor control sobre los recursos públicos destinados al proselitismo político; estos recursos pertenecen al pueblo, no a un partido político y dirigentes. Para el caso, los partidos de oposición deben monitorear el uso de recursos del presupuesto para la compra de conciencia en grupos poblaciones en situación de pobreza extrema; pero también en el pago de servicios de transporte, alimentación y publicidad. La Unidad de Política Limpia (UPL) debe cumplir dicho propósito, pero le es difícil ya que sus miembros son puestos por las cúpulas (dueños) de los partidos políticos. Igual, la cooperación internacional debe fortalecer las organizaciones de sociedad civil en acciones de monitoreo, análisis de coyuntura y estudios puntuales sobre el financiamiento de las campañas políticas en los tres niveles: presidencial, diputaciones y municipal.

En el caso de los recursos del narcotráfico, como diría un dirigente político del Partido Liberal ya fallecido, la fuente de información primaria son los bancos; Instituto de la Propiedad, alcaldías y, sobre todo, la DEA.

Al final se busca quitar el lodo de las elecciones primarias y combatir la delincuencia política de cara a los comicios generales de noviembre próximo, donde Honduras se juega su futuro como nación.

Tegucigalpa, DC, 21 de marzo de 2021