De las múltiples y diversas lecciones éticas y políticas que las mujeres movilizadas por América le han dado a las sociedades de la región, aquella que tiene que ver con reconocerle peso, legitimidad y validez a su voz —individual y colectiva— es, quizá, la que en estos tiempos se erige a sí misma como el eje que articula a la totalidad de la lucha que sostienen por emanciparse de un sistema que históricamente les ha oprimido con base en sentidos comunes que a lo largo del tiempo normalizaron y naturalizaron relaciones sociales que definitivamente no tienen nada de naturales. Y lo cierto es que hay una motivación poderosísima detrás de esa centralidad sobre la voz de la mujer: ninguna emancipación es posible si, en primer lugar, los y las oprimidas no tienen la posibilidad de participar del debate público (esto es: si no tienen voz en absoluto); y, en seguida, si, a pesar de contar con esa posibilidad y con relativas facilidades para ser escuchadas, las colectividades oprimidas son sistemáticamente descalificadas y anuladas en su rol político, desconociendo la legitimidad y la veracidad de sus afirmaciones, así como la demanda de justicia detrás de ellas.

En México, no perder de vista lo anterior resulta, hoy más que nunca, fundamental para pensar proyectos políticos y sociales edificados en el imperativo de construir sociedades más justas, igualitarias y equitativas en todos los órdenes de la vida en colectividad. Y es que, si se pone en contexto, es precisamente eso lo que se halla de fondo en el problema que surge, para el partido en el poder (MORENA), con la candidatura a la gubernatura de la entidad de Guerrero (Sureste mexicano) de Félix Salgado Macedonio, personaje señalado en escala nacional (y ya también internacional) por haber violentado a algunas mujeres en el pasado reciente (la última década del siglo XX). ¿Por qué?

En primera instancia, porque si bien es cierto que todo ser humano en esta vida tiene la posibilidad de ser una persona distinta de aquella que solía ser en el pasado, el debate de fondo que sostienen las mujeres mexicanas movilizadas en contra de su candidatura no se centra en la negación de esa posibilidad, sino, antes bien, en la ausencia de justicia que cubre a la figura y a la trayectoria de Félix Salgado Macedonio. En ese sentido, lo que resulta fundamental de comprender sobre el caso es que, aunque el poder judicial resolvió que el caso por acusaciones de violación de una menor de edad prescribió debido al tiempo que ha pasado entre la comisión del supuesto delito y la presentación de la denuncia, en realidad, el reclamo que permanece es que dar un delito de violencia sexual por prescrito no significa, por ningún motivo, haber esclarecido el asunto (porque en principio ni siquiera se procede a su investigación), mucho menos haber hecho justicia a aquellas personas que se reconocen a sí mismas como víctimas.

No hace falta seguir mucho más allá en este argumento, pues, para apreciar que el problema no únicamente tiene que ver con un asunto de justicia en el ámbito penal, cuya vigencia y peso se enmarca en el presente, sino que, por lo contrario, también compete, sobre todo, a un tema de justicia histórica que busca poner de relieve que las injusticias del pasado no son cosa, precisamente, de un tiempo pasado, porque su densidad en el presente implica redimir a todas aquellas victimas del olvido. De ahí que la ratificación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, más allá de las investigaciones que aún se mantienen abiertas en su contra (debido a que esas acusaciones, en particular, no han prescrito ni las pruebas se han desahogado), por supuesto que en el seno del movimiento se sienta y se viva como una afrenta directa que no se agota en el plano de los procedimientos penales en el momento presente, toda vez que sus consecuencias alcanzan a poner en juego las enormes ganancias que el movimiento ha conseguido construir durante años en lo que respecta a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad mexicana, en particular; y del resto de América y del mundo, en general.

Y es que sí, es cierto que el principio de presunción de inocencia es una victoria política que en México, en específico, costó mucho trabajo alcanzar y garantizar en el seno de un sistema político y judicial edificado para instaurar enormes márgenes de criminalización de la pobreza, de la inconformidad y de la protesta social. El tema es, no obstante lo anterior, que acá, en la rectificación de Salgado Macedonio como candidato de MORENA a gobernador, lo que el partido está haciendo no es garantizar la presunción de inocencia del personaje en cuestión, sino, antes bien, sentenciarla judicialmente a partir de su sanción política. Porque, en efecto, de acuerdo con dicho principio (ahora constitucional), Salgado Macedonio no tendría por qué demostrar su inocencia (toda vez que son la parte acusadora y el sistema judicial quienes tienen que demostrar su culpabilidad), sin embargo, a lo que parece no estarse prestando atención es a la historia de silenciamiento y de descalificación de la voz de las mujeres cuando de injusticias en su contra se trata.

El #YoSítecreo y el principio o acuerdo implícito de lucha organizada a partir de la no descalificación de una mujer hacia las denuncias y los reclamos de justicia de otras mujeres, precisamente, surgen de ahí, de situaciones en las que, como en el caso del candidato de MORENA a la gubernatura de Guerrero, el punto de partida de las autoridades y de una enorme proporción de la sociedad es el descreimiento. Y lo cierto es que tal proceder no es menor.

Por su naturaleza, la política oficiosa y cualquier tipo de actividad que compete de manera directa a la organización colectiva de toda sociedad requieren, en diversos aspectos de su desarrollo, de una serie de reglas, de marcos y de controles éticos más estrictos que aquellos que se instauran para el resto de la sociedad civil; no porque esta parte de la sociedad no tenga responsabilidades en ese orden o porque se dé por hecho que es jerárquicamente inferior a los círculos de la política profesional, sino, antes bien, debido a que es en los canales de esa política oficiosa en donde se da, con mayor facilidad, la construcción de mecanismos de dominación y de explotación (clasista, racista, confesional y/o sexogenérica por igual). Siendo así, el #YoSítecreo acerca del caso de Salgado Macedonio debió de ser, para el partido Movimiento de Regeneración Nacional, un criterio ético de conducción política aún más central e importante que cualquier otro precepto para presumir la inocencia del candidato, simple y sencillamente porque su postulación es de carácter político, porque incide con enorme peso y densidad en la organización de la vida en colectividad de una población amplia y, sobre todo, porque supone el acceso de su persona a una posición de poder.

Al respecto, el presidente de MORENA, Mario Delgado, ha salido a la palestra, en los últimos días (luego de que las mujeres movilizadas volvieran a mostrar su músculo en las manifestaciones del 8M) a justificar que la ratificación de la candidatura de Félix Salgado responde no únicamente a un criterio de carácter electoral (por la popularidad y el arrastre político del personaje en la entidad), sino, asimismo, a dos argumentos más. El primero de ellos tiene que ver, de acuerdo con Delgado, con el imperativo del partido de hacer efectiva la voluntad del pueblo de Guerrero, que en mecanismos de encuesta hechos por él se decantaron por apoyar su candidatura. El segundo, con el respeto irrestricto a la presunción de inocencia tal cual lo dispone el marco normativo federal.

Sobre el primer punto, valdría, no obstante la defensa planteada por Mario Delgado, en primera instancia, hacer notar que el mecanismo de encuesta del cual se valió el partido para validar la candidatura de Salgado Macedonio se sustentó en un escrutinio de poco menos de mil quinientas encuestas, lo cual, por supuesto, da cuenta de una enorme parcialidad del instrumento y de la decisión tomada. En seguida, también habría que plantear lo siguiente: si el argumento de fondo del aspirante y de la dirigencia del partido es que no concederle la candidatura por causa de las acusaciones en su contra habría significado vulnerar sus derechos políticos, a esa afirmación habría que oponer el necesario reconocimiento de la lucha política por intereses superiores no sólo, justo, en el ámbito de la política oficiosa, sino, sobre todo, en el de la ética.

Y es que acá, de nueva cuenta, lo que parece perderse de vista es la historia de opresiones y de vejaciones de la que han sido las mujeres en la sociedad mexicana: dadas la proporción de la crisis y la magnitud de la reacción que se ha erigido en distintos ámbitos de su lucha (con incrementos sustanciales en las violencias que se comenten en su contra), por lo menos en este aspecto, sin duda, era un precio justo a pagar, tanto para el partido como para el candidato, si en verdad están comprometidos con las exigencias de justicia de las mujeres en el país, el suspender la candidatura en cuestión hasta que el caso fuese resuelto. Después de todo, si al final resultaba que Salgado Macedonio se halla libre de toda culpa, siempre existe la posibilidad de echar a andar mecanismos de reparación de los daños que su candidatura hubiese podido sufrir. El movimiento de mujeres, no se debe olvidar, ha dado muestras históricas y profundamente radicales de las consecuencias que conlleva el escepticismo cuando de violencias en su contra se trata, justo porque, históricamente, se les despojó de su voz en el espacio público (también en el privado) y, cuando comenzaron a hacerla valer, se la descalificó. De igual manera, el movimiento ha dado muestras de una enorme integridad ética, en donde si las acusaciones hechas en principio resultaron falsas, ha sido el propio movimiento el que ha rectificado.

El acento (eso es lo importante) está en el prevenir una situación de riesgo, una vez que ya se ha tenido conocimiento de un caso, antes que lamentar, porque se decidió no escuchar o hacerlo, pero descalificando, de entrada, la versión de los hechos.

¿Y la postura del presidente en todo esto? Analizar su propia posición en este asunto demanda un espacio aparte. Sin embargo, quizá valdría, por lo pronto, hacer una breve anotación: demonizar a la totalidad del movimiento de mujeres (que, por lo demás, es sumamente heterogéneo, a pesar de los puntos en común que sostienen y que les articulan) argumentando que la derecha o que partidos tipo Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, falsa e hipócritamente, hoy se asumen como adalides de la emancipación de la mujer, no debería de conducir, por ningún motivo, a desconocer los enormes márgenes de autonomía que ha construido el movimiento respecto del grueso de las fuerzas políticas institucionalizadas en el país.

No es, por supuesto, que los partidos no tengan sus propios apoyos entre diversos sectores de la población femenina (en el sentido genérico, no en el de feminidad). Sin embargo, hacer de las movilizaciones de mujeres apenas un epifenómeno o un espectro de la lucha partidista es prestar oídos sordos a sus demandas de justicia, que lo mismo interpelan a la izquierda y a la derecha, por igual, porque el sexismo es una mediación que atraviesa de un extremo al otro el espectro ideológico. De ahí que, si la izquierda en verdad busca reivindicarse como izquierda crítica, lejos de cualquier dogmatismo, tiene que comenzar a militar con seriedad en las filas de la erradicación de las violencias sexogenéricas.

Para muestra de lo anterior basten dos ejemplos: cuando partidos como Acción Nacional comenzaron a presentarse en público como partidos feministas, fue el propio movimiento de mujeres el que salió a la palestra a evidenciar sus prácticas sexistas y su historial de intransigente conservadurismo en cuestiones sexogenéricas. Y luego, cuando el resto de los partidos quisieron capitalizar las movilizaciones del 8M, para presentarlas como protestas específicas en contra de la 4T, fueron las militantes de estos partidos las que introdujeron en esos institutos sus propias agendas, apelando al imperativo de transformar desde el interior estos institutos.

- Ricardo Orozco, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, @r_zco

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