Estrategia para un objetivo preciso: el pueblo, sujeto soberano de la democracia

Una democracia, que no garantiza la vida del pueblo, no se justifica como democracia.

27/01/2021
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En este último período hemos venido asistiendo a una lucha descarada por parte del neoliberalismo moderno para derrotar derechos y descontruir las políticas del Estado del bienestar.

 

Contenido

 

1. Objetivo prioritario del neoliberalismo cínico

2. Democracia participativa-económica y derechos humanos

3. La Declaración Universal de los Derechos Humanos

4. La Constitución española y los derechos humanos

5. Deber y finalidad de toda política

6. Hacer real la Democracia

7. El pueblo, sujeto soberano del poder político

 

  1. Objetivo prioritario del neoliberalismo cínico

 

Hace ya como unos cincuenta años que se inició el giro hacia una desinstitucionalización de los derechos sociales, vinculados al Estado del Bienestar que la sociedad había venido fraguando fatigosamente desde finales del siglo XIX.

 

Existía una conciencia, más que una formulación jurídica, que afirmaba la igual dignidad de todo ser humano y esa conciencia llevaba a protestar por indignas situaciones concretas. En Occidente, el tema de los derechos humanos no tiene sentido si lo desvinculamos de la dignidad de la persona humana.

 

Pero en este último período hemos venido asistiendo a una lucha descarada por parte del neoliberalismo moderno para derrotar esos derechos y descontruir las políticas del Estado del bienestar. Hubo un tiempo en que las desigualdades y los desequilibrios sociales eran admitidos por el mismo neoliberalismo como un mal y consideraba ético aplicar compensaciones contra esas desigualdades, que hicieran menos dolorosa la vida de los más pobres y desfavorecidos.

 

Pero hoy, según Hinkelammert, hemos pasado del liberalismo “utópico” al liberalismo “cínico”: la globalización neoliberal ha emprendido como objetivo prioritario, la deconstrucción y reformulación de la idea de la dignidad humana. Esto significa que determinadas élites económicas, culturales y políticas, para allanar el camino hacia una acumulación ilimitada del capital, han pasado a hacer una guerra contra todo lo que sea límites jurídicos y políticos del Estado del bienestar.

 

Este capitalismo cínico no tolera que todos hayamos de asumir cargas sociales para la protección de los débiles, perdedores y extraños a la comunidad. Para ello, se propone eliminar los consensos anteriores sobre la dignidad humana y derechos sociales y eliminar la misión del Estado del bienestar, que ven como amenaza eminente para el futuro de las sociedades libres capitalistas.

 

El capitalismo cínico afirma ser el único sistema válido y posible, con fallos estructurales muy graves ciertamente, pero que son límites de la realidad misma, por lo que no cabe más que aceptarlos, sin otra alternativa. Y así anuncia sin rebozo las desigualdades, las injusticias, la cantidad de gente sobrante con problemas y carencias irremediables, son cosas consustanciales, que no se pueden compensar con sistemas de protección social. Todo es consecuencia del valor guía del modelo neoliberal: la competitividad.

 

Como muy bien escribe el profesor Juan Antonio Senent, “El hecho de que se produzca desempleo, pobreza y exclusión para los perdedores prueba que el sistema funciona correctamente; pues tendrá como correlato el éxito profesional, la opulencia y el poder de los que se alzan triunfantes sobre el fracaso de los otros…

 

En consecuencia, por más que ideólogos neoliberales reafirmen como sacrosanta la institución de la democracia liberal y el respeto de los derechos humanos, en los países occidentales la globalización neoliberal ha instaurado el “mercado libre”, como usurpador tanto de la soberanía política de las sociedades democráticamentre constituídas como de la garantía de los derechos humanos”.

 

La “libertad de mercado” es la regla suprema, que detentan e interpretan a su arbitrio los empresarios. Ellos, en caso de conflicto, determinan qué derechos humanos deben ser sacrificados.

 

El “mercadocentrismo” aparece, pues, en la modernidad neoliberal, en opinion de Hinkelammert, como institución suprema frente a la cual los seres humanos aparecen como piezas subalternas de la misma.

 

La justicia, en este enfoque neoliberal, coincide con el cumplimiento de la legalidad: “Lo que se hace en el mercado y se produce desde él, es justo por sí mismo. Por ello no es posible una crítica del mismo en nombre de sus resultados, aunque genere condiciones de muerte para muchos seres humanos y para la propia naturaleza” (Juan Antonio Senent, Idem).

 

Esta darvinística ideología neoliberal es extrínseca a la civilización occidental, en tanto que es consustancial a la misma la idea de una dignidad humana que alcanza por igual a todos los seres humanos.

 

Todas las corrientes básicas de nuestra cultura avanzan en la misma línea. La cultura grecolatina y la tradición judeo-cristiana supieron de una y otra manera establecer como esencial el dato de la semejanza fundamental de todos los seres humanos: “homo homini sacra res”, el hombre es cosa sagrada para el hombre”, decía Séneca. Todos, afirma, el judaísmo, sea cual fuere su posición social o política, deben ser tratados justa y correctamente atendiendo a sus necesidades.

 

Todo el Nuevo Testamento es una declaración radical de la igualdad y fraternidad universal, de crítica contra todo intento de poder y dominación, de toda forma de relación que suponga exclusión y discriminación.

 

En el mensaje de Jesús, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Construir una sociedad desde la primacía de los últimos es una revolución sin precedentes, un devolver la dignidad a todos y cada ser humano y un manifiesto de incompatibilidad de lo más esencialmente cristiano con la ideología neoliberal: “Todos vosotros sois hermanos”.

 

Esta sacralidad universal de la dignidad humana la asume la modernidad y la redefine. La categoría humana es percibida como diferente al resto de los seres por su racionalidad y libertad, las cuales fundamentan su valor y le declaran “fin en sí mismo”, no simple medio de ninguna acción humana. El ser humano tiene un valor específico, que está por encima de todo precio, valor ilimitado, en tanto que las cosas se distinguen por tener precio, un precio cuantificable y limitado. Ningún ser humano es objeto de explotación y dominación y nada hay que pueda justificar la guerra como pauta de comportamiento social.

 

“El hombre no es lobo para el hombre sino hermano”. Esa es la utopía verdadera, única válida y con futuro para la humanidad.

 

El principio de la fraternidad universal se convierte en justicia y solidaridad , y nos llevan a rebelarnos contra todas las formas de humillación y marginación de los seres humanos. El neoliberalismo se ha equivocado, distorsiona la convivencia humana y no puede garantizar un futuro de esperanza y de paz para todos.

 

2. Democracia participativa-económica y derechos humanos

 

En una democracia verdaderas , el pueblo, sujeto soberano de la misma, ejerce el derecho al voto expresando su participación política a favor de unos u otros partidos políticos, todos ellos surgidos con aceptación y respeto de la Constitución.

 

Obviamente, esa voluntad popular, cuando es democráticamente expresada, lo hace para hacer valer los derechos de todos , tal como aparecen en la Declaración universal de los derechos humanos y en la Constitución española.

 

  1. Unas premisas previas

 

1. Ningún partido político surge y asume poder sin la ciudadanía. La ciudadanía, sujeto de la soberanía democrática, es la que explora y determina los valores de nuestro Estado de derecho: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (Constitución, Art. 1).

 

 2. La ciudadanía, al elegir, es la que otorga poder a los políticos y estos lo trasponen, en última instancia, al Estado.

 

3. El contenido fundamental de nuestro Estado social y democrático de Derecho incluye y ratifica la Declaración universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución española.

 

4. En consecuencia, los partidos deben tomar como norma y referente de su quehacer político el cumplimiento de esos derechos fundamentales. Pero, la realidad muestra literalmente que los partidos –llegados al poder- olvidan que ese poder les es delegado, ignoran los derechos establecidos y se afanan por un proyecto de convivencia lejos de la Declaración y de la Constitución, colocándose fuera de un Estado democrático y de Derecho.

 

  1. Garantizar la dignidad humana y sus derechos, base y meta de toda política

 

Es esto precisamente lo que interesa recalcar: el momento que vivimos, nuevo en nuestra reciente historia democrática, está poniendo al descubierto la verdad o mentira de nuestra democracia política: hay partidos que en su Gobierno actúan con escaso o nulo respeto de los derechos humanos; y hay partidos que, diciendo querer un cambio y aceptación de esos derechos, luego, a la hora de gobernar, los recortan o se retraen de ellos.

 

  Demasiado énfasis en que cada partido haga y muestre su propio programa, como si no incumbiese a todos el cumplimiento de la Declaración universal de los de los derechos humanos y de la Constitución española. Habrá que añadir y pormenorizar la manera concreta (medidas a seguir) para hacer efectivos esos derechos, pero para el cambio y las reformas demandadas por el pueblo soberano, hay que comenzar por tomar esos derechos como principios guía-inderogables.

 

Menciono , como botón de muestra, la tragedia de miles y miles de desahucios como prueba la más lacerante de la insensibilidad de los poderes públicos frente a un derecho de la ciudadanía: el derecho a la vivienda.

 

  Nuestro Estado de Derecho legisla que ningún ciudadano puede quedarse sin vivienda y, si llega el caso, se le busque solución humana. Pues bien, no sólo no se ha respetado ese derecho sino que se lo ha conculcado con inhumanidad e impiedad: “Summum ius, summa iniuria! Hasta ahí nos ha llevado la furia neoliberal consumista, que legitima la coexistencia del lujo con la miseria, de los derechos pisoteados con los privilegios. Cifra surrealista la de seis millones de pisos vacíos frente a miles de personas y familias a las que se les ha cerrado la posibilidad de una vivienda digna, conforme a su situación, trabajo y derechos.

 

  No entiendo cómo una sociedad desarrollada, - la cuarta economía de la zona del euro- con bienes, leyes y mecanismos para que ninguno de sus ciudadanos deje de conseguir este derecho fundamental, permite que puedan darse en ella las cruces sangrientas de los desahucios. Y que hayan salido a la luz pública, exhibiendo prescripciones y órdenes legales, con anuencia de jueces, notarios y empresarios y con ejecución impávida de policías, dejando en la calle, sin casa, a familias enteras, es un hecho abominable y contradictorio con todos los mandatos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de nuestra Constitución.

 

 3.La Declaración universal de los Derechos Humanos

 

- “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración (Art. 2).

 

-“Todos son igual ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley” (Art. 7).

 

- “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, a los recursos del Estado y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” (Art. 22).

 

 -“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (Art. 23).

 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Art. 25).

 

 4. La Constitución Española y los Derechos Humanos

 

 La Constitución Española ya en el Preámbulo declara que:

 

“La Nación española desea proteger a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos”, para lo cual, reconociendo que “Todos los españoles son iguales ante la ley” (Cap. II, Art. 14), encomienda a los Poderes públicos “Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivos” (Tít. Preliminar, Art.9).

 

 Entre esas condiciones están las de garantizar:

 

 - “El derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Cap. II, Art. 35),

 

- “Promover una distribución regional y personal más equitativa” (Cap. II, Art. 40) y

 

-“Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (Cap. II, Art. 47).

 

5. Deber y finalidad de toda política

 

 La misión de toda política, que de verdad sea democrática, consiste en aportar recursos y medidas que hagan efectivos los derechos humanos. Salta a la vista que la cuestión que aquí se dirime es la de principios y no de intereses, que pretenden producir y distribuir riqueza al margen o en contra de los derechos humanos.

 

  • La norma a seguir no es asegurar una producción ilimitada, sino ordenarla ética y jurídicamente para asegurar los derechos de todos.

 

  • La economía no es autónoma ni entra en el mercado para actuar guiada por el egoísmo y el lucro, sino subordinada al cumplimiento de los derechos humanos.

 

  • Habrá proyectos y planes mil que el Estado –garante del Bien Común- deberá posponer o descartar, si previamente no se aseguran los derechos básicos de todos los ciudadanos.

 

  • El criterio, por tanto, para gobernar es: convenir y pactar, para atender primero a las necesidades y derechos de los ciudadanos y quien no acepte ese camino o pretenda otros objetivos, se sale del Estado democrático de Derecho.

 

Estará por el cambio, las reformas y el progreso quien entre por este camino y no quien aspire a acumular riquezas que ni son suyas ni provienen de su trabajo. Nadie puede construir su fortuna a costa de los demás. La convivencia democrática marca unas normas de igualdad, justicia, solidaridad y libertad que nos atañen a todos.

 

Los derechos individuales no son absolutos sino relativos, limitados por los derechos de los demás, única manera de que podamos convivir como personas, democráticamente, consolidando una convivencia justa y armónica.

 

 6. Hacer real la democracia

 

  Es esto simplemente lo que nos muestra el momento convulsionado que vivimos. Si nadie es más ni menos que nadie, sobran –por antidemocráticos- cuantos se empecinan en querer seguir dominando e imponiendo un estilo y nivel de vida que contradice al exigido por el respeto y cumplimiento de los derechos de todos.

 

  Se insiste en la urgencia de crear gobierno y establecer acuerdos. Pero, debe ir por delante la prioridad de fijar el contenido y alcance de esos acuerdos. Esos acuerdos no son aleatorios, pudiendo no ser respetarlos o incumplidos, sino que tienen contenido real y marcan una precisa dirección y responsabilidad política. Los derechos humanos no permiten que la inmensa riqueza de nuestro país, amasada entre todos, vaya a parar a unos grupos privilegiados o se destinen a planes y obras que menosprecian o descartan la prioridad de los derechos de la mayoría.

 

Es aquí, creo, donde está la clave para que unos u otros sectores sociales, agrupados en partidos, se señalen como defensores o impugnadores del cambio y las reformas necesarias conforme a los derechos indicados. .

 

  Es cuestión de ir directo a lo que más duele: redistribuir la riqueza con ecuanimidad para que, si ahora hay millones de ciudadanos -más de siete- que cobran bastante muy por debajo de los mil euros al mes y hay más de 120.000 españoles que cobran 20.000 € al mes, los políticos acuerden y legislen con qué medidas concretas corrigen esa distancia.

 

  Democracia, pues, e iguales derechos para todos. Y con la respuesta a la vista, empeñarse en conformar con la justicia, los fallos, quiebras, transgresiones y omisiones de una política transgresora.

 

7. El pueblo, sujeto soberano del poder político, vacuna contra el virus –de ayer y de hoy- que nunca muere

 

La experiencia del Coronavirus ha puesto al descubierto , quizás como nunca, a ese otro virus, que apenas se menciona y que, sin embargo, es el que hace posible la aparición sucesiva de otros muchos virus en el tiempo.

 

El poder económico es necesario, quién lo duda, y sirve para resolver las múltiples necesidades, problemas y derechos de la ciudadanía en todo tipo de Sociedad. Pero, ese poder se ha concentrado en unas minorías tecnocientíficas que se auto otorgan el derecho de propiedad sobre los bienes producidos por la sociedad, siendo ellas también las que dictaminan el precio y destino de todos esos bienes. Su ética no es otra que el menosprecio de la dignidad del ser humano – valor primero y nunca medio- y así poder asegurar un mayor lucro y beneficios con el subsiguiente efecto de una crecida desigualdad, injusticia, discriminación, empobrecimiento, hambre y muertes sin cuento.

 

Nadie duda de la magnitud de este virus, aposentado prácticamente en los cinco Continentes y que, al parecer, nadie cuestiona políticamente, pues utilizan ellos mismos al poder político como mediación y altavoz de que el capitalismo neoliberal –hoy cínico- ostenta la mejor forma de convivencia democrática para el bien de todos. Y ahí, en ese consentido instante de sutil y omniabarcante manipulación, se consuma la cómplice y cobarde capitulación de los políticos y el pisoteamiento de la cándida credibilidad popular.

 

Creo que, envuelto de una u otra manera, es este CORONAIRUS el que necesita una vacuna eficaz, universal, si queremos acabar con el escándalo, hoy ya inocultable, de seguir asistiendo año tras año, en un lugar o en otro, a los devastadores conflictos de unos pueblos con otros, que salen marcando en cifras aterradoras, los desastres de invasiones y guerras con sus horribles consecuencias de esclavitud, empobrecimiento, hambre, sufrimiento y muertes.

 

Este virus viene actuando, aún después de las dos guerras mundiales, aún después de la creación de la ONU y aún después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aún después de que en todas las naciones existen Poderes POLITICOS que las gobiernan.

 

Los hechos de una y otra parte, a nivel nacional e internacional, dan para afianzar cada vez más la idea de que lo que más ha degradado nuestra convivencia ciudadana ha sido la ineptitud, la cobardía, el sometimiento y la arrogancia de los políticos.

 

Ha imperado el poder financiero y sigue arrampando; todo porque los políticos viven desconectados del pueblo, alejados de sus problemas, necesidades y derechos y se subordinan servilmente al poder financiero. Es decir, eso de que son elegidos para garantizar el Bien Común, nanain marimorena. En cuanto se sientan en la silla, creen que tienen la voluntad de mandar, la dominación: “yo tengo el monopolio del poder”; el monopolio más bien habría que decir, de la coacción, del absolutismo antidemocrático. Les ha faltado las más de las veces la conciencia, la honestidad y el coraje de admitir que el poder reside en el pueblo: el pueblo es el único soberano político, que delega a los políticos para que sean sus representantes y servidores.

 

Pero, en nuestras “democracias liberales”, la representación por el simple voto en las urnas –y nada más- se ha convertido por lo general en una representación vacía. Ahí, en el votar, se acabó toda la participación del pueblo. Y una representación sin la participación del pueblo, a todos los niveles, es pura ficción: los políticos no saben, no conocen , no sienten, no hacen suyas las quejas, las demandas , las carencias y necesidades, los derechos de la ciudadanía, porque están lejos de ella, despegados de su marginación, frustración y empobrecimiento.

 

Sin participación directa de los ciudadanos, que llene la mente, el corazón, la palabra, las deliberaciones y las leyes de los diputados en Cortes, la representación es vana. Es éste el gran desafío que nos espera: construir una teoría política, que defina cómo hay que gobernar.

 

Nadie apenas ha descrito y argumentado qué es un Gobierno de veras político, cómo funciona, con qué principios, en qué debe incidir, con quiénes y para qué. Los políticos, incluso “demócratas de nuestro tiempo”, han buscado en general, batir al adversario y vencerlo, no ocuparse de conocer, resolver y garantizar la vida, las necesidades y los derechos de los ciudadanos.

 

La política está en barbecho, han dimitido, la han puesto a los pies del egoísmo, de la soberbia y de la avaricia insaciable de los grandes especuladores financieros. ¡Manda y arrasa el poder económico más inhumano, ajeno a toda ética!

 

Hacer una teoría política servidora y liberadora del pueblo, está por hacer, no la hizo ni Marx y es, en este sentido, posmarxista, ha escrito muy fundadamente Enrique Dussell.

 

Y qué bien describe todo esto el sentir popular cuando dice: Los políticos tachan a los ciudadanos de ineptos para la política, están no más que para servirles y escuchar de ellos promesas y promesas que nunca cumplen, predicen el futuro sin dar una y se insultan unos a otros de ladrones y corruptos en el mismo hemiciclo parlamentario.

 

Una democracia, que no garantiza la vida del pueblo, no se justifica como democracia.

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-Benjamín Forcano es teólogo

 

 

 

 

 

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