En Colombia todo apunta a que el gobierno de Duque y el uribismo no tienen otro camino que crear un caos artificial para intentar dar un golpe de Estado desde el mismo gobierno. Ya el senador Iván Cepeda denunció que el gobierno “se estaría planteando la posibilidad de recurrir a la figura de estado de excepción para afectar la independencia judicial, limitar la protesta social e intentar amordazar la oposición política”. Y tiene toda la razón, hay que alertar.

¿Por qué el gobierno y el uribismo se ven obligados a dar un “auto-golpe de Estado”?

Venimos planteando que Uribe necesitaba apoderarse del gobierno para desde ese nivel del Estado destruir el proceso de paz, desmantelar la JEP, y tratar de apoderarse de las Cortes Judiciales, ya fuera mediante la cooptación de los magistrados o creando una “Corte Única” bajo su control. Todo para garantizar su impunidad e impedir un juicio justo y transparente.

En realidad, Uribe impuso a Duque, pero sus planes desestabilizadores no se han concretado. No ha logrado destruir totalmente el proceso de paz, aunque lo ha puesto en grave riesgo con la colaboración de algunos comandantes farianos que de forma irresponsable le hacen el juego al regresarse al monte después de haber dado “papaya” en la legalidad (cayeron en trampas montadas por la CIA y por la Fiscalía en las que algunos jefes guerrilleros mostraron graves falencias).

Tampoco ha podido destruir la JEP. Al contrario, la dinámica de ese organismo en la búsqueda de la verdad se ha fortalecido. Se ha presentado una importante rectificación de los dirigentes de las Farc (encabezados por Timochenko), que han empezado a reconocer los “errores” cometidos durante el conflicto y aceptar que se presentaron verdaderos crímenes de lesa humanidad que fueron uno de los factores que contribuyeron a descomponer sus filas, deslegitimar la acción armada y desprestigiar su lucha política ante el grueso de la población colombiana.

Y tampoco ha podido impulsar la “Constituyente” para reformar la justicia, dado que la Corte Suprema no cayó en la trampa de abrogarse ese juicio después de que Uribe renunció a su curul en el Senado. Esa institución judicial procedió a trasladar a la justicia ordinaria (Fiscalía) la mayor parte de las investigaciones y casos jurídicos que comprometen a Uribe con el paramilitarismo, dejando al uribismo sin argumentos para atacar de frente y deslegitimar el poder judicial.

No obstante, Uribe sabe que el caudal y la contundencia de las pruebas que tiene la justicia en su contra es muy grande y que le quedará muy difícil a los jueces hacerse los de la vista gorda. Pero lo que más les preocupa es la posibilidad de perder las elecciones en 2022, dado que de todas formas el poder ejecutivo es en Colombia una herramienta muy poderosa para garantizarse la impunidad y contar con aliados cómplices como las agencias de inteligencia de los EE.UU.

Los uribistas son conscientes que este gobierno no puede presentarle resultados positivos al pueblo colombiano, y que, por el contrario, el acumulado de errores, falencias, alevosías, atropellos, abusos y verdaderos crímenes que se han cometido durante este período de gobierno, le han generado un enorme desprestigio. Además, que la protesta social –contenida por la pandemia y el confinamiento– no solo va a crecer, sino que pondrá en grave riesgo la continuidad de su gestión. Saben que entramos en un “momento límite y crítico”.

Es por esa razón que el gobierno se ha trazado una estrategia maquiavélica y artera para manipular la protesta social, infiltrarla con cuerpos policiales especializados en la provocación (como ya lo hizo en el pasado durante el Paro Nacional de noviembre de 2019), y generar violencia de todo tipo (o apariencia de violencia) para crear rechazo entre el grueso de la población (vandalismo, asonadas, destrucción de bienes públicos, saqueos indiscriminados, muerte y terror, real o ficticia).

Uribe y Duque desean fervientemente que en Colombia la oposición y los movimientos sociales levanten la consigna de la renuncia de Duque. Quieren que las izquierdas y los demócratas se lancen en forma aventurera a fragmentar la débil democracia que existe en este país. Saben de antemano que la protesta callejera se puede infiltrar y manipular y desean que los demócratas nos desesperemos al nivel de romper con la institucionalidad vigente.

Los uribistas saben que en las próximas elecciones serán derrotados por una gran coalición de “centro-izquierda” alejada de extremismos insulsos que ya se viene configurando en la mente de amplios sectores políticos. Por ello, se requiere de un consciente refrenamiento y un control democrático estricto y disciplinado, que rechace la aventura golpista que impulsan ciertos sectores afanados que le hacen el juego a la derecha golpista de Duque-Uribe.

El cuadro se completa cuando Iván Márquez y Jesús Santrich piden la renuncia de Duque armados hasta los dientes. Petro llama a la desobediencia civil y la Minga Social y Comunitaria asume esa consigna para la protesta que se va a lanzar desde el próximo 10 de octubre. Tenemos sectores dentro del movimiento social que quieren hacer un juicio a Duque para luego exigirle su renuncia.

Esa actitud parece lógica ante un gobierno inepto, débil, corrupto y criminal, pero en realidad no existen las fuerzas unidas y organizadas para llevarlo a un fin constructivo y creativo. Las fuerzas de la muerte serían las beneficiarias de esa orgía de violencia.

Paralelamente, el Ministro de Defensa desde hace unos días ha perfeccionado su discurso en donde plantea que todas esas protestas son dirigidas o manipuladas por el ELN y las disidencias de las FARC, y que todo ello es un plan desestabilizador que tiene cómplices y agentes dentro de la Corte Suprema de Justicia y que cuenta con la dirección de políticos “incendiarios” que quieren provocar el caos.

Están armando el entramado golpista; tienen cuerpos de policía especializados en generar el caos y hacer saqueos y asonadas. El uribismo sabe que poco a poco se ha ido aislando y sólo espera dar el zarpazo. No olvidemos, que lo ocurrido el 9 de septiembre fue un complot septembrino provocado por la misma policía tanto desde las filas de los manifestantes como desde los cuerpos de la fuerza pública. Manipulan todo, desde el infantil afán de figurar de supuestos comandantes del ELN hasta la senil demencia de los viejos comandantes de las Farc.

No podemos hacerles el juego. Debemos llamar y apoyar la protesta masiva y pacífica, pero dirigida y conducida con paciencia estratégica y con grandeza democrática. Hay que rechazar totalmente el Desespero Cortoplacista e idear una verdadera Desobediencia Civil de largo aliento, colocando la reconciliación y la paz como principal objetivo de nuestro sufrido pueblo.

Hay que derrotar toda clase de golpismos, los conscientes y programados, y los inconscientes y aventurados.

Popayán, 1 de octubre de 2010

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