El pasado 4 de agosto vencía una invitación al canje de deuda externa pública de legislación extranjera que la Argentina había inscripto ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, la U. S. Securities and Exchange Commission (SEC).

La oferta del canje era por unos 65.000 millones de dólares (md). Los trascendidos indicaban que hasta la fecha se había recogido un 30/35% de apoyo, lo que era insuficiente para llevar adelante la operación de canje de títulos, ya que una mayoría demandaría al país por la deuda impaga ante los tribunales de Nueva York, especialmente aquellos cuyos títulos son gestionados por grandes Fondos de Inversión.

El país estaba a punto de consolidar el default, porque hace rato que la Argentina está postergando pagos de su deuda vencida sin declararse formalmente en “cesación de pagos”. Durante el 2020 ya se postergaron unos 1.800 md. El vencimiento del plazo ante la SEC del 4 de agosto, aceleró las condiciones de un acuerdo con grandes Fondos Financieros.^[1]

Por el acuerdo se supone que entre el 80 y el 90% de los tenedores de bonos se inscribirán en el registro habilitado en la SEC hasta el 24 de agosto próximo, nueva fecha de extensión de la invitación para acogerse al canje de deuda pública argentina de legislación extranjera. De ese modo, el 28 de agosto podrá saberse con certidumbre la cantidad de bonistas que aceptaron ingresar al canje de deuda y receptar los nuevos títulos, los que se entregarán el 4 de septiembre del 2020.

El resultado concreto es que el país posterga pagos en el corto plazo, libera compromisos cuantiosos en el actual periodo de gobierno, estimados en 37.000 md y transfiere los vencimientos de deuda para los próximos turnos presidenciales de la Argentina, especialmente los que se sucedan luego de diciembre del 2023.

Junto a ese acuerdo de canje, en el Congreso Nacional se aprobó la legislación que autoriza el canje de la deuda pública de legislación local, que involucra otros 42.000 md. Quienes no acepten este canje seguirán sin percibir ingresos hasta fines del 2021, legalizando la postergación del impago de estos títulos.

Se supone que ambas cuestiones, el acuerdo con los Fondos financieros por la deuda de legislación externa, 65.000 md, y la ley para el canje de la deuda de legislación local, casi 42.000 md, facilita las negociones en curso con el FMI para reestructurar vencimientos desde el 2021 con el FMI relativos a los desembolsos 2018 y 2019 por 41.500 md.

Estos anuncios suponen la reestructuración de la deuda pública por casi 150.000 md, sobre un total de unos 323.000 md. Ese resto de deuda es, en gran parte, con organismos del Estado, entre ellos la ANSES o el BCRA, lo que supone un trámite administrativo para la reestructuración.

Postergación de los compromisos de pago y reactivación económica

Argentina ganó tiempo en esta reestructuración, que supuestamente incluirá un acuerdo con el FMI.

Se postergan pagos sin quita de capital, renovando deudas con baja en la tasa de interés, pero no se resolvió el tema de fondo de la hipoteca que condiciona, ya desde hace décadas a la economía local.

Qué el valor neto presente sea del 54,8% no evita que al vencimiento de los títulos la deuda sea por el total nominal indicado en los nuevos bonos.

En efecto, cada turno presidencial desde 1983 reestructuró los vencimientos de deuda pública, postergando el problema sin resolver la cuestión de fondo, pagando vieja deuda con nueva.

La única forma de resolver el tema tiene punto de partida con una investigación sobre el carácter odioso o no, legal o ilegal, legitima o ilegitima de la deuda asumida desde la dictadura genocida. Es una cuestión pendiente desde la vigencia constitucional a la salida de la dictadura genocida.

No alcanza con informes sobre grandes cuentas de deuda y fuga de capitales, al estilo del informe del BCRA de mayo pasado. Allí se indica que el grueso de los fondos ingresados por deuda pública, 86.000 md sobre 100.000 md, se fugaron de la Argentina.

Interesa indagar quienes fueron los beneficiados, con nombre y apellido, qué funcionarios facilitaron esas operaciones y que entidades financieras favorecieron esas maniobras, para terminar con la gran estafa del endeudamiento público a costa del conjunto de la sociedad.

Mientras dure la impunidad por la deuda, el poder festejará cada acuerdo que otorgue continuidad al mecanismo de la deuda y la dependencia profundizada.

Aún resulta prematuro evaluar el impacto que esta postergación tendrá en la política económica y la satisfacción de las demandas sociales más extendidas; más aún en la estructura económica y social de la Argentina.

En el imaginario discursivo del gobierno se enuncia que esta liberación de compromisos en el mediano plazo, hasta el fin del mandato de Alberto Fernández en diciembre del 2023, facilitará la recuperación de la economía.

¿Alcanzará el tiempo y los recursos disponibles con las limitaciones estructurales de la época?

Remitimos a las condiciones de funcionamiento de la economía mundial, en grave recesión en tiempos de coronavirus y más allá, producto de una crisis de arrastre, por lo menos desde 2007 y sin perspectivas ciertas de superación.

Incluso, con el FMI no solo se discutirán los vencimientos y su postergación, sino las clausulas relativas al ajuste fiscal y a las reformas estructurales, especialmente en materia laboral y previsional.

En materia fiscal es delicada la situación actual, con un pronóstico de déficit en torno al 10% del PBI, derivado de una caída de la recaudación y un aumento del gasto para compensar el perjuicio social de la recesión en curso. Es más, el pronóstico que publica el BCRA, según estiman los consultores en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), es que la caída en la actividad económica del 2020 será del 12,5%, por ende, menor recaudación y penurias sociales a compensar con mayor gasto y emisión monetaria.

Reforma laboral y previsional

La incógnita se extiende a las reformas estructurales demandadas. La actualización de las jubilaciones está en debate en el Congreso, con deterioro del ingreso previsional y un achatamiento de la pirámide de haberes de jubiladas y jubilados.

El último intento de reforma del régimen jubilatorio nos lleva a la crisis de diciembre del 2017, ¿el comienzo del fin en el consenso al gobierno de Mauricio Macri? No será sencillo atacar derechos históricos de jubilaciones y pensiones en la Argentina.

La cuestión previsional es un tema de debate en todo el mundo, sin respuestas evidentes y con conflicto social visible, caso de Chile o de Francia. En ambos países se hizo visible la protesta ante la ofensiva contra los ingresos previsionales. El capital pretende esos fondos para sus objetivos y al mismo tiempo reducir el costo de producción en contra del bienestar de los adultos mayores.

No solo las jubilaciones se discuten. ¿Qué ocurre con el régimen laboral? El desempleo y la precariedad crecen, en el país y en el mundo. Todos los registros explicitan el rumbo, con un límite muy cierto en la capacidad de resistencia de las organizaciones sindicales y sociales de los países, donde la tradición argentina pesa.

Las declaraciones de los empresarios sobre la reciente ley de teletrabajo anticipan los contenidos de la demanda patronal, concentrados en la idea que no existe propensión al empleo sin la seguridad de ejercer el derecho al despido por decisión empresaria. La pérdida de derechos sindicales, sociales, laborales, individuales y colectivos es la esencia de la ofensiva del capital contra el trabajo.

Es algo que ocurre desde la salida a la crisis de rentabilidad operada desde fines de los 60 y comienzos de los 70 del siglo pasado. Por eso el genocidio de la dictadura y las transformaciones estructurales en la relación capital trabajo que se viene consolidando, más allá de matices, en el tiempo de vigencia constitucional entre 1983 y el presente.

Desde un punto de vista objetivo, medido en términos cuantitativos de capacidad de compra de los ingresos populares, la regresiva reestructuración se profundiza en condiciones de recesión y elevada inflación, estimada en el REM del BCRA en 39,50% para el 2020.

La baja de ingresos, los despidos y la irregularidad en el empleo, constituyen la base de una reforma laboral regresiva demandada por el capital y que está en la letra del acuerdo con el FMI.

No alcanza con reestructurar la deuda, aun postergando pagos, menos si se legaliza el irresponsable ciclo de endeudamiento del macrismo. La demanda por la auditoria de la deuda con amplia participación popular sigue siendo una asignatura pendiente y una consigna de lucha.

Claro, mientras tanto, debieran suspenderse los pagos, lo que supone un nivel de confrontación con el poder local y mundial que impondría de hecho, las transformaciones estructurales necesarias para reorientar el rumbo de la economía.

Buenos Aires, 9 de agosto de 2020

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
www.juliogambina.blogspot.com

^[1] Ministerio de Economía. “Argentina y tres grupos de acreedores alcanzan acuerdo de reestructuración de deuda”, el 4/08/2020, en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-y-tres-grupos-de-acreedores-alcanzan-acuerdo-de-reestructuracion-de-deuda (consultado el 9/08/2020)