La crisis financiera del 2007 fue un punto de quiebre en la historia contemporánea y de la cual, seguimos padeciendo sus estragos en sintonía con la parálisis económica por causa de la COVID-19. Múltiples son las causas detrás de aquel suceso. Por mencionar algunos, la liberalización financiera a raíz de la abolición del acta Glass-Steagall en 1999 incentivó la proliferación de las actividades especulativas. Por otro lado, la visión del mundo construida por la teoría neoclásica sobre el funcionamiento del sistema bancario bajo esquemas de pleno empleo, competencia perfecta, eficiencia y eficacia de capital, demostró su fragilidad. La aniquilación de millones de empleos y patrimonio familiar a nivel mundial condujo a respuestas gubernamentales para corregir los excesos financieros, sin embargo, fueron de corto alcance y condujeron al renacimiento de estas prácticas, que previo al confinamiento mostraban claras muestras hacia una nueva crisis mundial.

En los años posteriores se han discutido nuevas formas para encaminar al sistema hacia la sustentabilidad en términos de su propia reproducción. Las crisis económicas recurrentes, el ascenso de la clase rentista financiera a esferas políticas, desigualdad extrema entre los estratos de la población, la economía del 1% que concentra una riqueza mayor a la del todo el mundo (véase Piketty, 2019; Deaton, 2013; Stiglitz, 2012) y las irreversibles afectaciones medioambientales, son manifestaciones de las múltiples crisis que coadyuvan y de los retos que deben afrontar las disciplinas sociales, científicas e instancias gubernamentales.

Referido al último punto, la época geológica actual denominada por Crutzen y Stoermer (2000) como Antropoceno, se caracteriza por el uso de fuentes fósiles de energía y emisiones de dióxido de carbono (CO2) a partir de las actividades humanas. De acuerdo con Balzani (2019) en el año 2018 a nivel mundial se quemaron por segundo 250 toneladas de carbón, 1140 barriles de petróleo y 102,220 metros cúbicos de gas, equivalentes a 11,074 toneladas de dióxido de carbono. Por otra parte, Fuzzi (2019) estima que el incremento del consumo energético se ha multiplicado en 16 veces respecto a la época previa a la industrialización.

La Agencia Internacional de Energía y la Organización Meteorológica Mundial dieron a conocer que 2017 fue el año donde la temperatura incrementó 1°C respecto a la época preindustrial, las emisiones de CO2 crecieron a una tasa en promedio del 0.8% durante los últimos tres años, mientras que 2019 registró un récord en niveles de CO2 llegando a 415 partículas por millón, por primera vez desde hace 3 millones de años, superando las 405.5 en 2018, mientras que la Organización Mundial de la Salud (2016) estima 4.2 millones de muertes asociadas a la mala calidad del aire.

Frente a las dificultades descritas y las implicaciones tanto sociales y ambientales, distintos actores comenzaron a plantear alternativas para disminuir los riesgos derivados del daño ambiental. Desde una perspectiva económica surge la noción del Green New Deal que intenta ser una hoja de ruta para los gobiernos con el fin de vincular dos objetivos: contener el cambio climático vía descarbonización de la economía y reducir la desigualdad.

Este programa evoca al paquete de reformas implementadas por Roosevelt durante la década de los años treinta del siglo pasado, con las cuales logró recuperar a la economía estadunidense después de la crisis de 1929. Siguiendo a Jeannot (2018), los elementos principales para la recuperación económica se resumen en 5 puntos: I) Detener el incremento de precios gracias a negociaciones entre patrones agrícolas e industriales. II) apoyar el ingreso familiar mediante sistemas de jubilaciones. III) Grandes montos de gasto público hacia obras de infraestructura. IV) Un esquema de recuperación característico en una economía de guerra que condujo a la disminución en la tasa de desempleo. V) Regulación de las actividades financieras para evitar el usufrutuo de rentas, evitando que el entusiasmo financiero desestabilizara las finanzas públicas.

Bajo esta misma lógica, a diferencia de las políticas promovidas antes y durante la crisis del 2007, el Estado y sus instituciones intentan generar políticas en conjunto con los actores privados para afrontar dos grandes problemas a nivel ecológico y social, reflejando de manera sutil la dinámica económica y sus implicaciones sobre la sociedad, aunque no de la manera más apropiada como más adelante explicaremos.

Dentro de sus principales características del paquete de acciones “verdes” presentamos las siguientes: I) Disminución de las emisiones de CO2 en 45% para 2030 y 100% para 2050. II) Creación de empleos con altos salarios que garanticen prosperidad social. III). Modernización tecnológica sectorial que promueva el uso de energías renovables. IV) Demanda energética sostenible con base en la generación de energía eléctrica de fuentes limpias. V) Procesos económicos bajo un enfoque circular, que reduzca la cantidad de residuos y reutilice la mayor cantidad de insumos utilizados. VI) Promoción de políticas fiscales que distribuyan los impuestos al carbono hacia gasto público que beneficie económicamente a los sectores afectados. VII) Incentivos fiscales que promuevan el desarrollo tecnológico con miras a la mitigación y adaptación frente al cambio climático. VIII) Participación gubernamental en proyectos e infraestructura que permitan el tránsito de la matriz energética hacia el uso de energías renovables, así como edificios gubernamentales “cero carbono”. IX) Todo objetivo debe ir en sincronía con los principios establecidos en el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.

El marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático en 2010 recibió el respaldo de 194 países para lograr dichos acuerdos, señalando que cada nación debe integrar el crecimiento verde a sus planes nacionales. La Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas realizada en New York en septiembre del 2019 fue la última reunión donde se reivindicaron las metas y se acordaron nuevos objetivos en la misma línea de acción. Países latinoamericanos como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú fueros las principales naciones en comprometerse a la implementación de normas e instrumentos para la descarbonización de la economía, así como la restauración de bosques y mantos acuíferos.

Si bien reconocemos la visión integral del nuevo Green Deal al considerar el deterioro medioambiental como un freno a la dinámica económica y reconocer el riesgo sistemático que implica el daño ecológico, presentamos varias controversias al respecto, clasificándolas en debilidades y limitaciones.

Por debilidades consideramos restricciones graves para vincular aspectos económicos, ambientales y sociales, principalmente por ausencia de un marco de análisis integral más allá de la visión predominante del capital privado y el rol del mercado, considerando todo instrumento de análisis bajo el enfoque de costos-beneficios, relegando principalmente a términos monetarios las afectaciones medioambientales. En efecto, como explicamos de manera amplia en un texto previo publicado en este espacio (véase “Los retos de la ética ambiental frente a la nueva normalidad mundial”) persiste una visión antropocéntrica del medio ambiente, relegando su valor en términos monetarios dejando de lado la complejidad que por sí mismo implica la preservación de un ecosistema como el máximo creador de valores sociales y culturales.

Otro elemento es la ausencia de leyes tan elementales asociadas a la energía y la materia. Efectivamente, al restringir el análisis a correlaciones entre crecimiento económico y consumo energético (relación limitada y predominante para “medir” el vínculo entre la dinámica económica y medioambiental) se piensa el mundo como una relación entre costos y beneficios. La ausencia de leyes tan elementales en la naturaleza como la entropía, es decir, la irreversibilidad de los procesos económicos provocando que la energía y materia disponible no pueda recuperarse ni en cantidad ni en calidad, hace pensar que la innovación tecnológica podrá preservar los actuales niveles de consumo, sin embargo, es una idea falsa.

En efecto, la idea de economía circular descansa sobre un supuesto heroico en donde a través del reciclaje se abre la oportunidad para conservar el actual patrón de consumo, pero únicamente caemos en una trampa, como lo plantea Sinn (2012) respecto a la paradoja verde. Esta consiste en que los incentivos a la producción “ecológicamente amigables” produce una sobreexplotación de los recursos ambientales en lugar de disminuirlos. Piense en el refresco que dice reciclar el 100% del plástico que utiliza, promoviendo su consumo. En cambio, en lugar de consumirse dos se consumen diez unidades más, por los cual los “beneficios” de reciclar los envases se pierde al utilizar cientos de litros de agua dulce. El agua utilizada pierde sus propiedades y nunca más se podrá recuperar, perdiendo todas sus propiedades químicas para utilizarse en otras actividades domésticas. Este ejemplo muestra el papel de la entropía, es decir, la producción del citado refresco produce que dicha fuente de energía pierda cantidad y calidad por más que intente reciclarse y reutilizarse. Representa la pérdida de un recurso en su expresión más pura no solamente para el sistema económico sino para el planeta en su conjunto. Es decir, el esquema tradicional piensa que el bienestar económico implica bienestar en el resto de sistemas, pero no es así.

Como limitaciones del Green New Deal planteamos las siguientes. Los mecanismos requieren una inmensa cantidad de recursos económicos para realizarse. Si bien Europa creó un fondo verde para el clima, principalmente de contribuciones por parte de Alemania, Francia y Noruega, a nivel mundial se requerirá de mayores recursos económicos. De acuerdo con Naciones Unidas se requiere alrededor de 2.3 miles de millones de dólares de capitalización para implementar las acciones climáticas. Galvin y Healy (2020) estiman que Estados Unidos tendría que incrementar su recaudación en 9.3% en los próximos 15 años para alcanzar 20 millones de empleos remunerados y crear 7.4 millones de casas de bajo consumo energético.

Una limitación más resulta del rol de los Estados nacionales. Los distintos proyectos populistas a nivel mundial insisten en retomar modelos primarios exportadores como vehículo de competitividad que haga frente a las exigencias sociales que hicieron llevarlos al poder, intensificando el uso de recursos fósiles y en otros casos, abandonando los acuerdos internacionales por considerarlo pérdida de competitividad como Donald Trump. Si bien estos acuerdos internacionales tienen deficiencias fuertes, como intentamos plantearlo, es al menos un punto de arranque que contienen en cierta forma las emisiones de CO2.

Como última limitación de esta breve reflexión, más no queremos decir que sean las únicas, es la situación económica de los países frente a la pandemia que vivimos. ¿Realmente tienen la capacidad y el tamaño para afrontar el problema? Los débiles estados nacionales sufren tres obstáculos: Primero, la reducción sistemática de su tamaño y funciones a causa de la apología en la eficiencia y eficacia del capital privado que tomó las riendas de cualquier servicio. Segundo, la débil recuperación de las economías posterior a la crisis del 2007 de la cual persisten los síntomas en cuanto a la actividad industrial y comercial. Además, el profundo nivel de financiarización de las actividades económicas que sujeta la economía real a las fluctuaciones y estados de euforia en las bolsas de valores. Este proceso ha significado el desmantelamiento de las actividades productivas. Tercero, la pandemia del COVID-19 ha disminuido los ingresos nacionales debido a la parálisis económica, además de dirigir el gasto público hacia actividades esenciales como transferencias monetarias, sector salud, programas paliativos de desempleo, entre otros. Para varios países la pandemia no sólo representó caída en los ingresos fiscales sino han contraído deuda para permitir el funcionamiento de las instituciones públicas.

Como ha reportado la CEPAL (2020) en su informe de marzo, se espera un incremento de la pobreza y de personas en condición de hambre en América Latina, por lo que representa un retroceso y significará en el corto y mediano plazo satisfacer necesidades tan básicas como el empleo y alimentación, por lo cual, difícilmente los Estados tendrán la capacidad para hacer frente a los proyectos establecidos. En todo caso, se buscará la recuperación del empleo, pero sin miras al medio ambiente, por la simple razón de que las exigencias sociales pedirán cumplirse inmediatamente, mientras que el Green New Deal requiere de una serie de elementos que ni siquiera se cuentan en este momento. Se aproximan tiempos difíciles en la anhelada recuperación económica, pues será un espacio de disputa y oportunismo político donde se ofrecerán propuestas de corto plazo frente a las secuelas de la pandemia, sin sustento ni viabilidad en la economía real y lejos de objetivos como el cuidado al medio ambiente.

A manera de conclusión recalcamos la complejidad del problema medio ambiental y la urgencia de marcos analíticos que integren la mayoría de aspectos relevantes sin caer en los tradicionales bocetos que relacionan el consumo energético y el crecimiento económico y construyen política a través de esquemas costo-beneficio que se han demostrado en la literatura ser inconsistentes. No es posible construir política pública sin entender el problema que se aborda o reduciéndolo a términos simples y de allí obtener resultados generalizadores. Se intenta llegar a un mundo posible con pies de arena. Muchos alegan que no es posible considerar los fenómenos en su complejidad, esta visión es aceptable si se piensa en que una sola disciplina tiene la verdad absoluta. La problemática actual requiere que cada área innove en los instrumentos que utilizan, así como reconocer que la interdisciplinariedad permitirá al menos ofrecer alternativas más realistas frente a los retos presentes.

Por otro lado, es necesario considerar que las políticas para la problemática ambiental tendrán que ser a distintos niveles y no depender de una sola política general y agregada. Es indispensable rescatar los análisis regionales y no subestimar su importancia. Cada territorio, cultura y sociedad requiere un enfoque particular, por lo cual, necesita de la participación de distintos actores más allá de los hacedores de política y científicos. En nuestra realidad existen alternativas que han demostrado la capacidad de ser procesos económicos que garantizan el bienestar de sus integrantes más allá de las fluctuaciones del ciclo económico y un respeto integral por el medio ambiente. Por ejemplo, impulsar esquemas organizativos como la economía comunitaria y solidaria presentes en nuestros países latinoamericanos y que han construido mecanismos distintos de conciencia respecto al trato con el otro y con la naturaleza, a su vez garantizar los satisfactores básicos de alimento y reproducción de los miembros de la sociedad, además de construir un escenario integral para la participación de la mujer en la restructuración social.

Referencias bibliográficas

Balzani, V. (Ed.) (2019). An Energy Transition To Save The Planet. Firenze University Press.

CEPAL (2020). Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 29 de marzo del 2020.

Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. (2000). The anthropocene. Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm. 41.

Deaton, A. (2013). The great escape: health, wealth, and the origins of inequality. Princeton University Press.

Galvin, R., y Healy, N. (2020). The Green New Deal in the United States: What it is and how to pay for it. Energy Research and Social Science. 67: 101-129.

Jeannot, F. (2018). El capitalismo emocional del populismo. Contribuciones a la Economía.

Piketty, T. (2019). Capital et idéologie. Le Seuil, Paris.

Sinn, H. W. (2012). The green paradox: a supply-side approach to global warming. MIT press.

Stiglitz, J. (2012). The price of inequality: How today's divided society endangers our future. WW Norton & Company.

NOTA: Esta breve reflexión forma parte de una investigación en curso. Texto protegido por la ley de derechos de autor.

Gabriel Alberto Rosas Sánchez cursa el Doctorado en Ciencias Económicas. Universidad Autónoma Metropolitana, México. Se especializa en temas de economía ecológica, pensamiento económico y sistemas complejos adaptativos aplicados a la economía. Correo electrónico: rosassanchezgabriel@gmail.com