Honduras todavía no ha podido articular una estrategia integral para enfrentar la pandemia del Covid-19. El aumento de casos, unas 28,090 personas a nivel nacional (13/7/2020), y generalización de muertes (774 personas), antes concentrados en el Departamento de Cortés y Francisco Morazán, frente al colapso de los hospitales nacionales públicos y privados en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, el gobierno de la República ha prestado mayor atención a las acciones de búsqueda de personas contagiadas (asintomáticas o no) que ameritan tratamiento rápido.

Tomando como referencia la experiencia de la Cruz Roja, donde se crean centros de atención en salud fuera del sistema público para pacientes con síntomas del Covid-19 y de otros que ameritan un tratamiento más especializado, ya que tienen el virus avanzado y los problemas respiratorios son evidentes, se han venido promoviendo estas acciones. En las principales ciudades, sobre todo San Pedro Sula, es evidente el apoyo del sector privado, poniendo a disposición centros de negocios y locales de venta de productos, para ser transformados en centros de “Triage”, o sea de atención temporal a los pacientes, para conocer su estado y poder determinar el tratamiento que se debe aplicar.

El Ministerio de Salud de Argentina los define como “un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Esto permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la seguridad de las personas.  El Triage es la puerta de entrada a una asistencia eficiente y eficaz, y, en consecuencia, una herramienta rápida y fácil de aplicar, que posee, además, un fuerte valor predictivo de gravedad, de evolución y de utilización de recursos” (www.argentina.gob.ar/salud ).

La construcción de estos centros, conocidos en Honduras como “hospitalitos”, se ha generalizado no solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino que en otras ciudades del país que han visto como los casos de contagio van en aumento. Los más equipados, tienen además de camas, tanques de oxígeno e incluso respiradores, personal de salud compuesto por médicos, enfermeras y microbiólogos; convertidos en centros de estabilización de pacientes para que no demanden atención de los hospitales y ejerzan presión sobre los servicios que prestan, particularmente la hospitalización.   Los menos, tienen camas y atención de médicos, enfermeras y laboratoristas, sumado a las brigadas de atención ambulatoria (casa por casa) para identificar la situación de salud de las familias y el tratamiento que deben recibir.

De acuerdo con el diagnóstico realizado, aquellos pacientes que presentan síntomas leves, son enviados de vuelta a sus casas, y los que se encuentran en un estado severo o grave se remiten a un hospital regional o nacional, para recibir un tratamiento más especializado e incluso hospitalizarlo en sala de cuidados intensivos. El problema es que los hospitales nacionales están al tope, por lo que la oportunidad de ser ingresado a esta sala, depende si la cama es abandonada por un ocupante que murió.

En el interior del país, los alcaldes han tomado la iniciativa de construir sus propios “hospitalitos” con apoyo financiero de los pobladores, ya que la ayuda del gobierno vía transferencias monetarias se tarda mucho, igual la que se otorga por la secretaria de salud o Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). En la zona sur del país, el alcalde del Departamento de Choluteca, Quintín Soriano, incluso pidió al presidente Juan Orlando Hernández (JOH) que lo nombre como Comisionado del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) o COPECO para demostrar que se puede tener una mejor gestión de la pandemia, evitando el número de muertes que se tienen en la actualidad. Un aspirante a la presidencia de la República por el Partido Liberal, José Luis Moncada, ha pedido públicamente a JOH que retire de su cargo a la actual Ministra de Salud, o que lo propia funcionaria tome la decisión de renunciar a su cargo. Y es que dicha secretaria, en la práctica vio cercenadas sus competencias constitucionales, con la creación de SINAGER, COPECO e INVET-H, sin que los miembros del Consejo Nacional de Salud lo hayan autorizado.

Se espera que la construcción o creación de “hospitalitos” se generalice en todo el país, ya que los pronósticos es que los casos COVID-19 sigan en ascenso, en tanto todavía el gobierno no ha podido cumplir una meta aceptable de realizar unas 2,000 pruebas diarias y mantenerla cada semana. Igual, no ha podido conformar una estrategia de apoyo al sector informal de la economía, que mueve cerca del 70% de la economía nacional, pero que no tienen los medios para poder aguantar como las medianas y grandes empresas la crisis sanitaria y falta de ingresos monetarios.

Esta estrategia de “hospitalitos” no es sostenible, por lo que se necesita de un fortalecimiento de todo el sistema de salud durante la pandemia y después de esta. “La red de servicios de salud cuenta con 1,635 establecimientos: 7 hospitales nacionales (ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula), 6 hospitales regionales, 16 hospitales de área, 436 CESAMO, 1,078 CESAR, 74 clínicas materno infantil, 3 clínicas de emergencia periférica (CLIPER) y 15 centros escolares odontológicos (CEO). El IHSS sólo dispone 2 hospitales ubicados en San Pedro Sula y rehabilitación y 1 centro para atención del adulto mayor. El sector privado cuenta con 1,131 establecimientos, dentro de los que se incluyen centros médicos, clínicas, laboratorios, farmacias y consultorios médicos.4 El total nacional de camas disponibles es 6,590: 5,059 camas de la SESAL, 916 del IHSS, 40 del Hospital Militar y 575 camas en el sector privado” (UNAH: 2020).[1]

A falta de un fortalecimiento de la atención primaria y medicina preventiva que retenga el mayor número de pacientes en los centros de atención básica, la presión se ejerce sobre los hospitales regionales y nacionales, siendo evidente las deficiencias en espacio físico, dotación de equipos médicos y personal de salud. El gobierno ha contratado personal de salud (médicos, enfermeras y microbiólogos) para atender las emergencias COVID-19 en los hospitales nacionales y los “hospitalitos”, pero no para atender los centros de salud municipal y departamentales, mucho menos los comunitarios. El miedo de los galenos y enfermeras es que no se garanticen las medidas de bioseguridad, por lo que no están dispuestos a trabajar sin que se otorguen dichas garantías, pero también el pago rápido de sus salarios, ya que, en salud y educación, una práctica del gobierno es contratar médicos, enfermeras o maestros, y pagarles su salario a los seis (6) meses o año de haber venido realizando su trabajo.

Se argumenta por funcionarios públicos que los “hospitalitos” son centros de atención en salud temporales, mientras se instalan en el país los (7) hospitales comprados por INVEST-H, dos (2) de los cuales ya llegaron a Honduras, pero falta esperar que arriben técnicos de la empresa localizada en Arabia Saudita, aunque el gobierno manifiesta que perfectamente pueden ser instalados por ingenieros del Ejército de Honduras; igual se constate que la documentación está en regla. El problema es que no se sabe si los hospitales que llegaron vienen completos, y si los otros cinco (5) vendrán al país están siendo construidos por la empresa autorizada. Lo más seguro es que el número de “hospitalitos” siga aumentando en las colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y en los municipios de Honduras, con recursos de los pobladores, iglesias, empresarios locales y agencias de cooperación.

En paralelo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y organizaciones de sociedad civil como el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) deberían están revisando la política del sector salud, donde mucha de la legislación, instituciones supuestamente de apoyo e instrumentos de planificación y gestión volvieron obsoletos o en desuso. Ello se justifica por el hecho que Honduras tiene una baja cobertura en salud, ya que existe “un número de 9.5 camas hospitalarias por 10,000 habitantes, una cobertura de 0.4 Hospitales por 100,000 habitantes (penúltimo lugar en Centro América (solo superado por Guatemala), 2.1 Unidades de tomografía computarizada por millón de habitantes, 0.7 Unidades de radioterapia por millón de habitantes(quinto lugar en CA superando solamente a Belice y Nicaragua), 50.9 Unidades de mamografía por millón de mujeres de 50-69 años(en penúltimo lugar solo superando al Salvador”.(UNAH: 2020)

Un tema que amerita un análisis profundo, es la política de privatización de los servicios de salud en las regiones y departamentos del país, como también de la atención hospitalaria.  El marco conceptual, operativo y jurídico que le da soporte a esta política debe ser eliminado, antes que se llegue al aplanamiento de la curva de contagios y vuelta a la vigencia de programas de ajuste económico y reforma del Estado que han sido promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tegucigalpa, 14 de julio de 2020