El manejo económico que los gobiernos vienen dando a la pandemia ocasionada por la Covid-19 refleja el grado de correlación de fuerzas sociales y políticas en cada una de nuestras sociedades. Colombia no es ajena a esta realidad.

El manejo económico y las medidas implementadas en el país buscan en primer lugar paliar con el menor costo posible las secuelas sociales derivadas de las medidas tomadas para controlar la velocidad del contagio y evitar el desborde o colapso de los debilitados sistemas de salud privatizados desde comienzos de los años noventa del siglo XX.

Las medidas como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones han consistido en utilizar las redes focalizadas de asistencia social para distribuir recursos monetarios sumamente limitados con los que se ha podido llegar apenas a un núcleo básico de cinco millones de hogares que resulta muy limitado y francamente insuficiente no solo por la cobertura sino por la irrisoria cuantía de las mismas. Para enfrentar el problema de la limitada cobertura el gobierno puso en marcha un programa de emergencia “ingreso solidario” que buscaba llegar a otros tres millones de familias que no están en las redes asistencialistas con un subsidio monetario irrisorio de menos de US$50 dólares, pero se chocó con las inconsistencias de las bases de datos que estaban llenas de irregularidades como personas fallecidas o que por sus ingresos no deberían ser objeto de este minimalista programa.

Los gobiernos locales principalmente y el Ministerio del Interior, ante las demoras para la distribución de las ayudas  monetarias limitadas y ante los problemas de cobertura, decidió repartir mercados también limitados con algunas excepciones como la de la gobernación del departamento del Magdalena que sí entregó una mercado adecuado en cantidad y balanceado, pero en la mayor parte del país eran mercados mal balanceados y escasos y con un problema adicional, que no llegaron a una buena parte del país como tuvo que reconocerlo la propia errática ministra del interior, Alicia Arango,  que señaló que a seis semanas de decretada la cuarentena obligatoria los mercados no habían llegado a la costa pacífica, culpó de ello a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, designada por el propio gobierno para su distribución.

A esta estrategia se sumó desde el 27 de abril un elemento que profundiza el minimalismo y miserabilismo como elementos centrales de la respuesta gubernamental. Consistió en flexibilizar la cuarentena en dos sectores intensivos en la utilización de mano de obra, la industria de la construcción y la industria manufacturera, que emplean unos 7.5 millones de trabajadores. Conscientes de los riesgos de un estallido social por la falta de alimentos y de asistencia humanitaria para los sectores más desprotegidos que son los que se rebuscan la vida en la informalidad, que según Garay & Espitia llegan al menos al 50% del total de la fuerza de trabajo, mientras el Departamento Nacional de Estadística, DANE, calcula una tasa de informalidad del 62% y con un gasto público que no llega al 2% del PIB, diversos analistas lo ubican en 1,7% del PIB que suman todas las ayudas aprobadas, el gobierno aflojó la cuarentena autorizando la reactivación económica en los dos sectores mencionados. Posteriormente ha continuado con la flexibilización en dos direcciones: autorizando la entrada al trabajo en otros sectores como superficies mayoristas, productores de muebles, industria automotriz, productos informáticos, fabricación de maquinarias y equipos industriales, talleres de reparación de vehículos, y otras actividades minoristas. Y prepara los protocolos para sectores del comercio y actividades como las peluquerías y salas de belleza, que en nuestro país del rebusque son todos intensivos en el uso de mano de obra. Ello sin que se hayan realizado testeos aleatorios sobre la población para identificar a los portadores asintomáticos y el real avance de la pandemia en la población que viene creciendo de manera significativa en algunas regiones del país.

La otra parte de la estrategia ha consistido en flexibilizar la cuarentena en cerca de 800 municipios que no han presentado casos comprobados del Covid-19, pero el que no se hayan registrado, no quiere decir que no existan, pues, como ya se dijo no se han realizado pruebas de diagnóstico en esos territorios. Estas medidas son arriesgadas y desdeñan el mandato legal de tener en cuenta el principio de precaución. Lo que se quiere es reactivar cuanto antes el aparato productivo para disminuir la presión social, controlar los brotes de protesta que ya se registran en muchos municipios ante las falencias de las políticas asistencialistas que se han puesto para hacer frente al hambre y a la falta de ingresos.

En la segunda emergencia decretada por 30 días el pasado 6 de mayo el gobierno, ha continuado con la línea impresa desde la primera emergencia social, económica y ecológica que había sido decretada el 17 de marzo, el minimalismo.  Solo dos decretos han sido expedidos con alguna trascendencia para el manejo de la crisis. El segundo para ampliar el primero que tomó la medida de subsidiar con un 40% del salario mínimo las nóminas de todas las empresas constituidas como personas jurídicas por los próximos tres meses. Empresas que hubiesen perdido hasta el 20% de su facturación. Esta medida como inmediatamente se señaló dejaba por fuera el 72% de las empresas medianas y pequeñas que son de patrimonio familiar o de propietarios naturales que no se han constituido como personas jurídicas pero que pagan impuestos, están inscritos en las Cámaras de Comercio como lo exige la normatividad que las rige. Ante el reclamo el gobierno tuvo que enmendar el error e incluir a estas empresas, lo que a mi juicio es acertado.

Todas estas medidas, apenas representan como bien lo señala Kalmanovitz,  $ 5.7 billones de pesos o sea el 0,67% del PIB y todo el gasto social en subsidios se mantiene en una suma que no excede el 1,8% adicional del PIB, según el Fondo Monetario Internacional, lo cual es un esfuerzo insuficiente frente al daño económico que está sufriendo la sociedad colombiana. Esa cantidad se reparte así: 1% del PIB para gasto adicional en salud y 0,8% en transferencias a los hogares, reducción del IVA y subsidios a las nóminas. El ministro de Hacienda está considerando, además, dar algo a las personas naturales dueñas de pequeños negocios que fueron excluidas del programa, pero, conociéndolo no alcanzará el 0,1% del PIB. (Kalmanovitz, Salomón. Las propuestas de las coaliciones. El Espectador. 18, 05,2020). Como ya se indicó un segundo decreto de la segunda Emergencia incluyó a este sector.

La disputa por una renta básica extraordinaria

En medio de las políticas públicas minimalistas puesta en marcha por el Gobierno Uribe-Duque para hacer frente a la pandemia diversos sectores vienen planteado políticas más atinadas y robustas para hacer frente a la crisis lo cual implica necesariamente un mayor gasto público que como hemos señalado puede tener distintas fuentes de financiamiento: crédito al gobierno por el Banco de la República, utilizar entre 10 y 15 mil millones de dólares de las reservas internacionales, impuesto progresivo al patrimonio de sectores super ricos de la sociedad, impuesto a las grandes corporaciones y empresas, eliminación de exenciones tributarias, todas ellas o una combinatoria de las mismas daría los suficientes recursos para políticas más significativas e incluyentes que eviten el hambre y permitan sortear la crisis. Una de ellas muy bien documentada técnicamente y que ha logrado el respaldo de 50 de los 108 senadores de la República es la de aprobar una renta básica extraordinaria por tres meses para cubrir el salario mínimo, unos 380 dólares a unos 4.7 millones de familias.

La propuesta presentada por Luis Jorge Garay & Jorge Enrique Espitia propone otorgar una transferencia no condicionada a los hogares más vulnerables del país de un (1) salario mínimo legal vigente ($877,803 por mes) durante tres meses, en calidad de renta básica extraordinaria de emergencia. Este conjunto de hogares podría llegar a un orden de 3 millones. Así, entonces, el costo fiscal de la propuesta sería de $7,9 billones en el presente año de 2020 (equivalente a un 0,72% del PIB).

Si el programa aumentara para cubrir a 3.268.000 hogares que se encuentran en pobreza monetaria y se les otorgara durante tres (3) meses un salario mínimo legal, el costo fiscal ascendería a $8.6 billones en 2020 (0,79% del PIB). Y para un universo de 4 millones 768 mil hogares para acceder a la renta básica extraordinaria de emergencia de un salario mínimo por tres meses, el costo fiscal ascendería a los $13 billones en 2020 (1,2% del PIB).[i]

La propuesta como hemos señalado ha sido avalada por 50 senadores de todo el espectro político, pero, ha tenido como promotores principales a los senadores de la llamada Bancada Alternativa a quienes se han sumado otros sectores. Recientemente tuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien como comentó jocosamente uno de los participantes en la reunión escucho la propuesta y dijo que la estudiaría, por lo menos, no nos sacó a patadas agregó.

La medida es necesaria, pero se requiere de una gran presión para que sea aprobada y constituiría una alternativa entre otras medidas para hacer frente a la penuria y al hambre que se pasea por los sectores populares y obreros del país. Será una lucha por dar y ganar de eso no nos quepa la menor duda.

Bogotá mayo 21 de 2020.                        

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)