Quienes piensan que la presencia del coronavirus Covid-19 que tiene confinados a cerca de 3 mil millones de seres humanos en todo el planeta, un saldo de más de 170.000 muertos y cerca de 3 millones de contagiados con el Virus,  daría para una sustancial transformación de las políticas públicas abriendo paso a políticas de corte democrático sobre bases nuevas, poniendo en el centro de dichas políticas la atención humanitaria de los contagiados pero además con una intervención drástica del sector financiero y políticas incluyentes y universales, que cubran al precariado y a los trabajadores así como a los excluidos, a los migrantes y en general a los excluidos por el sistema neoliberal, se han llevado una sorpresa.

En EEUU se endurecen las políticas contra los inmigrantes con el agravamiento de su situación por las decisiones de la Suprema Corte de los Estados Unidos que ha validado las medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump, que ahora en plena pandemia cierra la puerta a los inmigrantes. Una buena parte de los 2.2 billones de dólares aprobados por el Congreso de los Estados Unidos irán al sector financiero y a los grandes empresarios, como a las empresas dedicadas al fracking, que financiaron con largueza la campaña electoral de Trump y que ahora se encuentran en bancarrota con la brutal caída de los precios del petróleo.

Las políticas sociales son apenas lo mínimo necesario para que los millones de confinados reciban un mínimo de recursos que les permitan sobrellevar la crisis. En los EEUU cerca de 70 millones de personas recibirán un cheque con la firma de Donald Trump por US 1.200 dólares con lo que se espera que la población sobrelleve la situación cuando el desempleo ronda ya a 22 millones de trabajadores que se han acogido al programa de auxilios por el desempleo. Como denunciaron los congresistas Demócratas, Trump retraso su envío un par de días para que su firma apareciera en los cheques. Obscena conducta por decir lo menos.

En algunos países y ello dependiendo de la correlación de fuerzas sociales y políticas -como también en los Estados Unidos en dónde los demócratas condicionaron la aprobación del plan económico por 2.2 billones de dólares para hacer frente a la crisis, a que se incluyeran auxilios para los trabajadores- se ha avanzado mínimamente en garantizar recursos públicos que garanticen una renta mínima de ciudadanía o un ingreso mínimo vital. Pero es excepcional, como en el caso de España en donde el gobierno progresista encabezado por Pedro Sánchez la ha aprobado para que entre a regir a partir del mes de mayo próximo. Allí la presencia de Unidas Podemos en la coalición de gobierno fue lo que permitió que se tomara esta determinación. Está claro que enfrentar las políticas neoliberales y construir y poner en marcha políticas redistributivas como requiere la coyuntura actual será el fruto de luchas sociales y políticas de las clases subalternas y no será una dádiva de los gobiernos neoliberales y sus personeros y beneficiarios.

También será la lucha de los sectores populares y de los trabajadores como de los partidos políticos de corte democrático, quienes deberán impulsar reformas tributarias que graven a los ricos que han dejado de pagar impuestos con el argumento falaz que, si tributan menos, podrán dedicar esos excedentes de riqueza, para impulsar la inversión y con ello el empleo. Investigadores y pensadores progresistas como Stiglitz, Krugman o Picketty han demostrado que buena parte de esos nuevos recursos concedidos a los grandes capitalistas y a las grandes empresas, se han invertido en el mercado de acciones y principalmente en actividades especulativas en las bolsas de valores, sin generar puestos de trabajo.  Y aún en las actuales circunstancias esos grandes capitalistas no cejaran en su empeño de seguir acumulando riqueza aún a costa de poner en riesgo a millones de personas. Hoy en día presionan para que se dé por terminada la cuarentena sin que haya una vacuna o medicamentos que permitan detener el contagio. Es lo que hacen Trump, Bolsonaro y en nuestro país los empresarios y Duque.

Políticas minimalistas en lo social y favorables al capital financiero

En Colombia terminó la emergencia social, económica y ecológica aprobada mediante el decreto 417 del 17 de marzo que le permitió al presidente Duque, promulgar 73 decretos leyes, 33 decretos ordinarios y al menos 94 resoluciones y circulares directamente relacionadas con la pandemia. Este descomunal paquete de medidas habla muy mal del gobierno que se dedicó a legislar sin la más mínima sindéresis y lo peor, dejó de resolver problemas cruciales para enfrentar la situación derivada de la pandemia. Por ejemplo, los tres grandes problemas en materia de salud no fueron resueltos.

Primero el problema financiero que requería de medidas extraordinarias para inyectar nuevos recursos a clínicas y hospitales, aún hoy no se sabe a ciencia cierta, cuántos recursos nuevos se han invertido en la red pública hospitalaria que es la más extendida en el conjunto de los municipios del país. En un debate de control político en el Congreso ni el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla ni el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, pudieron responder con cifras concretas cuánto se les ha girado a la red pública y a la red privada. Ruiz reconoció que se habían girado 790.000 millones de pesos a las EPS que como se sabe son intermediarios financieros que no aportan nada al sistema de salud. Se habla de 6.2 billones de pesos, pero no se sabe cuántos recursos se han desembolsado y a quiénes, pues los hospitales y sus gremios siguen denunciado a diario que los recursos no han llegado. 

El segundo problema que tampoco se enfrentó está relacionado con las precarias condiciones laborales de los 700 mil trabajadores que laboran en el sector de la salud de los cuales 300 mil son trabajadores misionales, estos es, médicos, enfermeras y personal auxiliar de salud. El 80% de los trabajadores misionales están contratados de forma ilegal mediante Órdenes de Prestación de Servicios, OPS, contratos verbales en otros casos, en estos contratos los trabajadores no tienen contrato laboral, ni seguridad social ni prestaciones sociales. Se les paga por servicio prestado, por consulta realizada, por cirugía practicada, por radiografía realizada. Para hacer frente a la pandemia como lo plantearon gremios médicos, organizaciones de pacientes y organizaciones sociales y sindicales se requería y se requieren de plantas de personal, así sean temporales, que estén bajo la dirección de las secretarías de salud en los territorios para que actúen en la red pública y privada cuando ello sea necesario. Para hacer frente al virus hay que cambiar la concepción dominante con la que opera hoy el sistema de salud que es la del negocio, la de la ganancia. Hay que subsidiar la oferta. Eso lo demuestra palmariamente la carta que dirigieron al gobierno los representantes gremiales de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales, quienes señalaron que dada la emergencia sanitaria y la suspensión de operaciones programadas, de consulta externa, de ayudas diagnósticas no relacionadas con urgencias, ha caído la demanda de servicios en cerca del 50% para mantener a disposición las instalaciones hospitalarias para atender la emergencia y con ello han dejado de percibir ingresos, por ello reclaman que se les subsidie para poder seguir operando. Entretanto quienes engordan sus recursos son las EPS que siguen recibiendo completa la Unidad de Pago por Capitación, UPC, dinero que reciben por cada afiliado, que a todas luces debería ser reducida en un 50% y trasladar esos recursos a clínicas y hospitales para garantizar su funcionamiento. Pero así no opera el negocio de la salud en que ha sido convertido este derecho fundamental. Eso tampoco se resolvió con los decretos extraordinarios de la Emergencia.

Y finalmente tampoco se ha resuelto al día de hoy la provisión y dotación de los elementos de protección personal o sea los elementos de bioseguridad para el personal de la salud expuestos en primera línea al contagio con el virus. Las clínicas y hospitales que según la ley vigente deberían garantizarlos no lo han hecho y tampoco las Agencias de Riesgos Laborales, ARL, a quiénes se les ordenó concurrentemente a hacerlo con las medidas de emergencia. Protestas a lo largo y ancho del país, renuncias en masa como en Leticia, capital del Departamento del Amazonas, dan cuenta de ello. Aquí no es que no se hayan tomado las medidas, sino que falla el gobierno por la lentitud con la que se procede.

Pero lo que sí ha procedido en los decretos de emergencia es la continuidad de las políticas de favorecimiento a los grandes empresarios y al sector financiero sin que los recursos lleguen a los medianos y pequeños empresarios y agricultores. La Contraloría General de la República denunció que el 88% del total de los recursos destinados a la agricultura fueron a los grandes empresarios y solo el 12% a los pequeños y medianos; las agremiaciones de las pequeñas y medianas empresas  han denunciado que los recursos se quedaron en los bancos a donde el gobierno los depositó para que irrigaran crédito rápido y sin tantos requisitos dado que el Estado garantiza hasta el 80% de los recursos prestados por la banca privada que es la realmente existente puesto que en Colombia solo sobrevive como público el Banco Agrario que no maneja más allá del 6 o 7% del total del crédito. Hay serios indicios que una parte de esos recursos como en el resto del planeta se fueron a inversiones especulativas en la bolsa de valores, en plena pandemia.

Se ha denunciado además que el Estado rebajo en 9.5 billones el llamado encaje bancario, que son recursos que deben tener congelados los bancos como garantía de sus operaciones para garantizar los recursos de los ahorradores y luego obligó a los bancos a comprar unos bonos solidarios por esa cifra que son papeles del Estado por los cuales les reconocerá medio billón de pesos en intereses, es decir, 500 mil millones como regalo al sector financiero.

El colmo de las decisiones oligárquicas en beneficio del sector financiero fue el traslado de 20 mil afiliados de los fondos privados de pensiones al organismo público, Colpensiones. Los Fondos privados que tienen unos recursos cercanos a los 287 billones de pesos tienen una buena parte de sus inversiones en papeles especulativos que se han venido al piso por la crisis tanto en Colombia como en el exterior en donde están invertidos parte de esos recursos. Previendo que esos afiliados al momento de jubilarse no logren una pensión que en Colombia no puede ser inferior a un salario mínimo el gobierno diligente y rápidamente corre a trasladar esos futuros pensionados para que el Estado responda por ellos. Con ello libera a los fondos privados de sus obligaciones y traslada ese déficit a cargo de las finanzas públicas.

Estas son algunas de las medidas de corte neoliberal tomadas por el gobierno que han trascendido hasta ahora. Resta ahora un examen más de fondo a esa montaña de decretos leyes, decretos ordinarios, resoluciones y circulares que se expidieron supuestamente para hacer frente a la pandemia. Mientras tanto crece el descontento que se manifiesta con los miles de trapos rojos que la gente confinada en sus casas ha desplegado para pedir alimentos y recursos con los cuales sobreaguar en esta dura situación. Las ayudas minimalistas se quedan cortas ante tantas necesidades, ante tanta pobreza. También crecen las protestas ciudadanas en las calles de Bogotá, Soacha, Medellín y otras poblaciones del país.

Es por ello que sin atender recomendaciones de los expertos que han pedido públicamente prolongar el confinamiento, Duque ha tomado la determinación de reabrir las actividades ligadas a la construcción de obras civiles y las actividades manufactureras. Se calcula que siete millones de trabajadores reanuden sus actividades este lunes 27 de abril. Quiere de manera temeraria reducir aún más la pírrica inversión del Estado en ayudas sociales para el manejo de la pandemia presionado por los empresarios irresponsables para con la vida de sus trabajadores. A esta medida improvisada solo se ha opuesto la alcaldesa de Bogotá quien ha decidido y se mantiene firme hasta el momento de escribir estas notas que en Bogotá no entrará en operación la industria manufacturera y solo lo hará la industria de la construcción con adecuadas medidas de bioseguridad en sus lugares de trabajo. Sobre ella han caído rayos y centellas de los medios de comunicación y de los empresarios, así como del gobierno nacional por esta decisión. Nuevamente se libra un pulso, pues es ella, quien ha estado al frente del manejo de la pandemia no solo en Bogotá, ella ha marcado la pauta a nivel nacional sobre lo que se hace y debe hacerse, frente al mortal virus. Hay que respaldarla. Ella tiene la razón.

Bogotá abril 23 de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)