El gobierno colombiano viene promulgando una gran cantidad de decretos legislativos en el marco de la Emergencia Social, Económica y Ecológica decretada desde el pasado 17 de marzo, lo que le permite al presidente de la República gobernar mediante la expedición de decretos con fuerza de ley, inicialmente por un período de 30 días prorrogables hasta por 90 días.

El Congreso de la República debería reunirse para examinar estas medidas y ejercer el control político sobre las mismas, cosa que no ha hecho y que se encuentra sumamente enredada por las diversas interpretaciones sobre la legalidad de sesionar mediante el uso de las plataformas que ofrece internet, para no hacerlo de manera presencial, ante el riesgo del contagio del coronavirus.

En un país legalista como el nuestro no ha habido acuerdo sobre cómo sesionar y el hecho concreto es que el Congreso de la República que debía estar sesionando desde el pasado 16 de marzo no la ha hecho y aún es incierto en qué fecha lo hará y cómo.

Un segundo mecanismo de control es el que ejerce la Corte Constitucional que de manera automática debe asumir el control constitucional de la declaratoria de la Emergencia como de los decretos que se expidan en vigencia de la misma, cosa que asumió nombrando a los magistrados que deberán rendir ponencia a la plenaria de la Corporación para decidir sobre la constitucionalidad de los mismos. Los términos para hacerlo se cumplirían en este caso hasta mediados del mes de junio. De modo que en las actuales circunstancias excepcionales el gobierno viene actuando sin controles con la excepción de los debates públicos que las medidas tomadas han suscitado en las redes sociales y en menor medida en los grandes medios de comunicación que de manera acrítica los asumen con muy bajo nivel de examen y de crítica, a las medidas tomadas por el ejecutivo.

El modelo asumido por el gobierno de Duque es minimalista como lo hemos venido examinando en este mismo espacio desde que se decretó la emergencia por la presencia del Covid-19 en el país. Este modelo mantiene la ortodoxia neoliberal en los contenidos tanto de la política económica como en la política social. En materia económica se aplican las mismas políticas que se han implementado a lo largo de los últimos 20 años en Colombia. Aumento del endeudamiento externo para hacer frente a la crisis. El gobierno acabada de anunciar que ha solicitado desde hace un mes a través del Banco de la República un crédito por 11 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, FMI. Así mismo se ha solicitado un crédito de 3 mil millones de dólares a la banca multilateral: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y a la CAF.

A primera vista pareciera que los recursos fueran para atender las necesidades sociales que agobian a un país en donde según el organismo oficial que lleva las estadísticas del país, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el 47% de los trabajadores se encuentran en el sector informal y en donde, en estos 13 días de confinamiento nacional, se han presentado 24 hechos en que pobladores en distintas regiones el país han protagonizado asaltos a supermercados o a camiones que transportan alimentos para abastecerse.

Según el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño los recursos tendrían la siguiente destinación: “Los 3.000 millones de dólares atenderán necesidades presupuestales y de la emergencia, porque hemos visto reducidos nuestros ingresos. Y los 11 mil millones de dólares son para que el emisor pueda dotar de liquidez a todo el sistema financiero en general y tener recursos líquidos si se llegan a requerir” (El Tiempo. 17/04/2020). Lo mismo de siempre. Ya el Banco de la República había anunciado que pondría a disposición del sector financiero 20 billones de pesos, o sea, cerca de 5.000 millones de dólares para garantizar la liquidez del sistema financiero.

No hay que hacerse ilusiones acerca de que la presencia del coronavirus llevaría a una autocrítica de los beneficiarios del sistema y a un cambio de las políticas económicas que han sumido a nuestros países en el atraso y la pobreza. Se sigue gobernado en Colombia para el 10% que concentra el 80% de la riqueza. El colmo como lo hemos denunciado es que en el decreto 444 de 2020 de la Emergencia Social en que se crea el Fondo para la Mitigación de Emergencias, FOME, se establezca que los recursos que toma de las finanzas territoriales tiene entre sus objetivos “dar liquidez al sistema financiero” (artículo 8) y “Invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional, incluyendo acciones con  condiciones especiales de participación, dividendos y/o recompra, entre otras”, (artículo 4.4). Esto como hemos señalado se convierte en una distorsión de los objetivos de ese fondo que debería estar destinado exclusivamente para la inversión social y para otros fines el gobierno tiene como lo viene haciendo las posibilidades de actuar mediante otros mecanismos.  

La ortodoxia neoliberal de Duque y Carrasquilla no tiene límites. Como se deduce de las declaraciones del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, el crédito de los 11 mil millones de dólares del FMI irá a sostener, a respaldar, al sector financiero. No hay ninguna iniciativa para utilizar estos recursos como debería ser para atender las necesidades sociales de esos millones de colombianos que viven el día a día para proveerlos de alimentos y costear sus servicios públicos esenciales y el arriendo de los inquilinatos en que malviven. Pero ni siquiera se abren posibilidades para que empresas grandes que están en riesgo puedan acudir a la banca pública como sería en este caso el Banco Agrario o bien para solicitar créditos blandos con el compromiso de no despedir a sus trabajadores o para que a cambio, como lo han hecho países como Dinamarca o Noruega, cedan parte de sus acciones que pasarían a ser de propiedad pública pues son recursos públicos que deberemos pagar más adelante todos los colombianos a través de los impuestos.

No hay imaginación. Se busca hacer frente a la pandemia y a la crisis económica que sobrevendrá, de lo que no hay la menor duda, con las mismas recetas económicas que han fracasado.

Minimalismo también en lo social

Las políticas sociales de emergencia son tributarias también de la ortodoxia neoliberal. Políticas asistencialistas y por demás clientelistas. Como hemos señalado el grueso de las mismas ha consistido en pagar las mesadas de los programas Familias en Acción que cubre a 2.6 millones de familias, Adulto mayor que cubre 1.7 millones de personas sin seguridad social de la tercera edad y el programa Jóvenes en Acción que cubre a 200.000 jóvenes a lo cual se ha añadido un monto adicional, en todo caso el monto de los recursos es de aproximadamente 120 dólares por familia y cubre a una población aproximada de 10 millones de personas.

Como hay un grueso de la población que no se encuentra en dichos programas esta semana el gobierno anunció que busca llegar a 3 millones de familias que están por fuera de estos programas con una suma de 160.000 pesos, unos 40 dólares, lo que sumaría un total de 480.000 millones de pesos.

Como se observa son sumas muy bajas y por ahora condicionadas a la duración de la cuarentena obligatoria que con la prórroga reciente cubriría a los beneficiarios por los aproximadamente 33 días que durara. Por ello esta prórroga de la cuarentena fue tan discutida y llevó a una franca contradicción de Duque con las autoridades territoriales y de manera franca y abierta con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En su anunció de prórroga Duque señaló que se estudiaría la estrategia inteligente, que consiste en ir abriendo sectores económicos al tiempo que se mantiene el confinamiento para adultos mayores de 70 años y suspensión de clases presenciales en colegios y universidades del país hasta finales del mes de mayo. Esto sin estudios serios que lo respalden. Por el contrario, la evidencia empírica muestra que se requerirán más de 30 días para controlar el contagio y evitar por esta vía el colapso del precario sistema de salud que nos ha dejado como herencia la privatización del mismo.

Así pues, tenemos que el gobierno mantiene la ortodoxia neoliberal tanto en el manejo macroeconómico de la pandemia como en las políticas sociales puestas en marcha para hacerle frente. Estas son insuficientes pues son de corto plazo, 30 días, y requerirán nuevos recursos que estudiosos serios de las finanzas han calculado en 50 billones de pesos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Entretanto si se prolonga el confinamiento y no se corrigen los alcances y los montos de estas ayudas sobrevendrá con seguridad una fuerte movilización social. Así estamos hoy en Colombia.

Bogotá 8 de abril de 2020          

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)