Después de un largo combate de la población, tanto en las calles como en las redes sociales, el Presidente del Perú, Martín Vizcarra, decide cerrar el Congreso, un antro de corrupción. Al mismo tiempo, decide convocar a nuevas elecciones. Pero, nos preguntamos, ¿para un mejor destino de una población sumida en la pobreza, desempleo y salarios bajísimos, es la solución correcta?

Una vez más, serán los partidos políticos quienes propondrán a los nuevos congresistas. Y por la experiencia Odebrecht sabemos perfectamente que los partidos que logran ganar escaños en el Congreso son ampliamente financiados por empresas, que luego realizarán las obras públicas con cifras totalmente fuera de todo control.

Por otro lado, los candidatos al Congreso venden su alma al diablo para tener la oportunidad de su vida de convertirse en millonarios. Su trabajo no será el de servir al pueblo, sino el de servir a la empresa que financió su campaña electoral, además de “mejorar” su situación personal y de grupo.

En este panorama podemos observar tres comportamientos. Y ellos tienen un denominador común. Tanto las empresas como los partidos políticos y sus candidatos al Congreso, piensan solamente en maximizar sus ganancias en el tiempo lo más corto posible, y sin tener ninguna vergüenza de servirse del dinero que, en principio, está destinado a mejorar el estándar de vida de la población.

Este comportamiento de las empresas como el de los partidos políticos y congresistas, viene desde el inicio de la República. Desde aquella época, solo ha cambiado el nombre de las empresas, de los partidos políticos y de los congresistas. En su forma de servirse del erario nacional, de dictar leyes con nombre propio, no ha cambiado en lo absoluto.

Este comportamiento es fruto del modelo socio-económico impuesto por la invasión española de 1532. Quien es el dueño de la empresa se convierte en el propietario de la totalidad del resultado de la actividad económica. Quien maneja el acto económico es el que se apropia de todo. Abreviando, este comportamiento es fruto de la Repartición Individualista del resultado de la actividad económica. Sobre esta base nacen la República, el Congreso y sus congresistas.

Los escándalos de la empresa brasileña Odebrecht ha hecho mucho más evidente lo que antes ocultaban los poderes públicos y sus medios de comunicación. Los recursos naturales como el salitre, guano, caucho, oro, cobre, anchoveta… han servido solamente a ciertos empresarios y los políticos instalados en el Gobierno. El país ha sido saqueado y, últimamente, vendido a pedazos al mejor postor. No existe otro comportamiento que el enriquecimiento, lícito e ilícito. El bienestar del ser humano no entra en línea de cuentas de nuestros políticos. Todo lo contrario.

¿Qué es lo que podemos esperar de los nuevos congresistas a elegirse próximamente? ¿Qué es lo que podemos esperar de un Congreso, institución de la Democracia Representativa?

Saquemos la venda de nuestros ojos, dejemos a un lado nuestra mentalidad servil, y volvamos a ser seres humanos con personalidad propia, autonomía e independencia de criterio. Volvamos a ser y estar orgullosos de nuestra sociedad, de nuestro país y de nosotros mismos.

Para lograr este objetivo, debemos volver a la raíz de la noción de Democracia, una institución animada por el pueblo y, por consiguiente, al servicio del pueblo. Es la Democracia Directa. Y para ello no tenemos otro camino que cambiar el modelo socio-económico actualmente imperante, por otro modelo que haga viable el comportamiento democrático que todos anhelamos.

Entonces, el nuevo modelo socio-económico debe facilitar que la totalidad del resultado de la actividad económica vuelva a las manos de todos los habitantes del país, en partes más o menos iguales. Esto, por una simpleza evidente: quienes han creado las riquezas de ahora son los pueblos de ayer y el de ahora.

Y para que esta Repartición más o menos igualitaria perdure en el tiempo es indispensable que lo esencial de la actividad económica sea gestionado directamente por el pueblo, a través de sus propias empresas, las empresas-país. Es decir, gestionado por empresas que pertenezcan al pueblo, a todos los habitantes del país en igualdad de condiciones. Y esto no es nada nuevo en la historia de la Humanidad, menos aún en la historia de los pueblos originarios del Tawantinsuyo.

Las empresas-país crearán el zócalo de la propiedad comunitaria y, con ello facilitarán la puesta en obra del financiamiento ilimitado y gratuito para crear y desarrollar las obras que el país requiere. Con ello se logrará la eliminación del desempleo, el incremento acelerado del salario mínimo hasta alcanzar el estándar de los salarios mínimos a nivel internacional (4 mil soles mensuales), y la eliminación de la pobreza al interior del país.

Para lograr esta Gran Transformación, el pueblo cuenta con una herramienta que le permitirá realizar las Grandes Obras, descomunales obras, como las 60 ciudades del Sol y la Luna, que permitirán en el más corto plazo, eliminar el desempleo masivo imperante en el país.

Esta herramienta está en manos del pueblo porque es ella quien la genera con su “aceptación general”. Con su aval se podrá financiar todas las obras, cualquiera sea su tamaño. Se trata de la emisión monetaria. Un mecanismo que actualmente las grandes empresas y los “países ricos” lo vienen utilizando en su propio beneficio.

Sólo la ignorancia de una mentalidad sometida al amo, al patrón, a la fuerza imperante del dinero y de las armas, nos tiene en un aparente callejón sin salida. Es decir, sólo el sometimiento mental a los efectos perversos del modelo socio-económico imperante, nos impide ver y alcanzar el futuro al cual todos tenemos derecho.

Nunca es tarde ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para las generaciones venideras. Nuestro objetivo inmediato debe ser cambiar el modelo socio-económico imperante. Coraje y lucidez, que el futuro nos pertenece.

Saint-Nazaire, Francia, 17 de octubre del 2016

Dr. Hugo Salinas

salinas_hugo@yahoo.com