El reciente naufragio de dos barcos pesqueros en menos de 24 horas en la Moskitia, tuvo como resultado el fallecimiento de 27 personas y ocho desparecidos, siendo este pavoroso percance, uno más en la cadena de fallecimientos como consecuencia del buceo con tanque, impulsado por la flota pesquera industrial radicada su mayoría en las isla de Roatán.

Desde noviembre de 2004, la Asociación Hondureña de Buzos Lisiados Miskitos, (AMHBLI); la Asociación de Mujeres Miskitas Miskitu Indian Mairin Asla Takanka (MIMAT) y el Consejo de Ancianos Almuk Nani Asla Takanka, presentaron una petición  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una petición en relación a la omisión por parte del Estado de supervisar las condiciones de las personas que se dedican al buceo industrial en la Moskitia.

Señalaron además los peticionarios que la ausencia de mecanismos adecuados de parte del Estado, expresan que, en los casos en que han accedido a los recursos internos, éstos no fueron expeditos ni efectivos configurándose un retardo injustificado para resolver las denuncias.

AMHBLI indicó que “tiene un registro de 400 víctimas y en los casos de fallecimiento que se ha logrado una indemnización, ésta no ha superado los dos mil dólares, siendo muchas indemnizaciones de 500 o 100 dólares. Agregan que gran parte de los accidentes ocurren “por la falta de supervisión del equipo de buceo, en especial sobre su calidad y mantenimiento, conociéndose los accidentes por explotación de cilindros Scuba y por obstrucción del sistema que los obliga a emerger rápidamente a la superficie”.

La petición además indica que “De acuerdo a información de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, en el Departamento de Gracias a Dios hay alrededor de 9.000 buzos, en su mayoría miembros del pueblo Miskitu, de los cuales al menos 4.200 han sufrido cierto grado de discapacidad como resultado de las condiciones inadecuadas en las que ejercen sus actividades como buzos.

Es en el 2011 cuando finalmente la CIDH aceptó el caso y el 2012 se efectuó una audiencia al respecto. Posteriormente AMBLIH llegó a un acuerdo amistoso con el Estado, dando lugar a la creación de la inoperante Comisión Interinstitucional para la Atención y Prevención de la Problemática de la Pesca por Buceo (CIAPEB)

No obstante los accidentes y fallecimientos continuaron, mientras las cámaras hiperbáricas instalada finalmente en la Moskitia, funcionaron parcialmente, siendo en algunos caos  el costo de acceso infranqueable para los buzos.

La flota pesquera industrial además de estar vinculada a una aparente guerra contra el pueblo Miskito, ha destruido la biodiversidad del golfo de Honduras y de los corales y cayos del caribe. La pesca de arrastre tanto de camarón como de pescado ha dado lugar a un ecocidio al eliminar más de 12 libras de pescado por cada de libra de camarón capturado. Uno de los mayores agravantes es que durante años los barcos pesqueros estuvieron faenando en la franja de las tres millas costeras que se supone era considerada en la Ley de Pesca de 1959, la cual desapareció con la Ley inconsulta aprobada en el 2015, la que actualmente es cuestionada por no adecuase a normativas internacionales tanto en materia de conservación como el respeto básico a los derechos humanos.

Todo parecer indicar que se discute un anteproyecto de Ley de Pesca Artesanal, sin embargo como de costumbre se excluye a las organizaciones indígenas que no son progobiernista o trabajan en contubernio con la autodenominada “cooperación internacional”.

La destrucción de los bancos de pesca en el caribe, ha conllevado a la aniquilación del pescador de subsistencia, que hoy en día en el caso del pueblo Garífuna no tiene acceso a la elaboración de cayucos ante las estrictas normativas forestales existentes, y las persecuciones a las que se ven expuesto en las áreas protegidas que se sobreponen con el territorio marítimo del pueblo Garífuna.

Entre los empresarios de la flota pesquera industrial están incluidos políticos y exmilitares, que han utilizado sus barcos para el transporte de sustancias ilícitas, convirtiendo la supuesta pesca de camarón y langosta, en un negocio multimillonario, que además contó con el apoyo de DIGEPESCA, instancia gubernamental que aparentemente terminó siendo controlada por el crimen organizado.

El reciente siniestro en la Moskitia demostró que no existe supervisión alguna, por parte del Estado, como lo indican los compromisos firmados en el acuerdo amistoso, y mucho menos hay una proyección hacia el futuro en cuanto a suplantar la dependencia existente de los ingresos del buceo, ante la prohibición pendiente de la extracción de langosta.

Existe alrededor tres mil familias que viven de la pesca en la Moskitia, siendo el aporte de la pesca esencial para la sobrevivencia de los pueblos que habitamos en la Moskitia, siendo el número de buzos miskitos alrededor de 1500, de los cuales 400 de ellos se ven expuestos accidentes cada año, falleciendo un promedio de unos 20.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “alrededor de 9,000 buzos practican la pescas submarina  de langosta. Entre ellos el 97%presenta alhún grado de descompresión y 4200 miskitos tenían discapacidad total o parcial a causa de este mal”. Es inaudito que el Estado y los representantes de los peticionarios, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, la cual se puede denominar etnocidio, no hubieran tomado las medidas correctivas para evitar que continuaran los múltiples accidentes, demostrando una actitud de racismo agravado de parte del estado.

El caso de los buzos miskitos refleja el estado fallido imperante en el país: desde el saqueo de las instituciones hasta la represión sistemática, acompañada de un colapso del aparato judicial, acompañado de un éxodo masivo, son indicadores innegables de la enorme crisis por la que atravesamos en Honduras.

La Ceiba, Atlántida, 29 de Julio del 2019

Organización Fraternal Negra Hondurena, OFRANEH

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