Durante meses la tragedia de la minoría étnica de origen musulmán, conocida como Rohingyas, fue cubierta por los medios informativos con particular atención; las responsabilidades del gobierno y ejército birmano en las masacres cometidas contra esa comunidad fueron expuestas, aunque la comunidad internacional poco hizo más que lamentarse y cuestionar la situación.

Después de acontecimientos como la campaña de limpieza étnica lanzada contra ese pueblo por el Tatmadaw (ejército birmano) en agosto de 2017 que arrasó aldeas,  asesinó a más de 25 mil civiles y obligó a cerca de un millón de rohingyas a abandonar sus viviendas y huir hacia Bangladesh, con la anuencia de la figura fuerte del gobierno de Naypyidaw, la Premio Nobel de la Paz 1991 y Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, el interés de la gran prensa internacional,           que, como tantas otras veces, con movimientos espasmódicos dirigió su atención hacia otras cuestiones tan dramáticas como importantes,  y una vez más el grito desesperado de los rohingyas se ahogó como tantos de ellos en las turbulentas aguas del golfo de Bengala. (Ver: Birmania entre los Monzones y el Tatmadaw.)

Se estima que en la actualidad permanecen en Birmania entre 400 y 500 mil rohingyas de los casi tres millones que vivían en 2012. Mientras que cerca de un millón se encuentran hacinados en diferentes campos de refugiados en Bangladesh en Cox's Bazar, junto a la frontera birmana, en un agujero burocrático donde las autoridades de Dhaka no los quieren admitir como tal y las de Naypyidaw, se resiste a su vuelta.

Hace apenas tres días, la relatora especial de Naciones Unidas para Birmania, Yanghee Lee, quien tiene prohibida la entrada a ese país, informó que la situación de unos 128 mil rohingyas que son mantenidos en campos de concentración, aldeas y guetos urbanos en el estado de Rakhine está empeorando día tras día.

El abogado australiano Christopher Sidoti, uno de los integrantes de la misión investigadora de la ONU sobre crímenes contra los la minoría rohingya, advirtió que la crisis está lejos de terminar y comparó las condiciones de los centros de detención y los guetos urbanos donde los han obligado a establecerse, con los campos creados por los nazis.

Los sitios donde la etnia ha debido asentarse son severamente controlados por las fuerzas de seguridad, que mantiene rigurosas normas burocráticas establecidas desde hace décadas aplicables para las posibilidades de movilizarse o para cuestiones tan íntimas y privadas como la de sus derechos a casarse y tener hijos, lo que está absolutamente prohibido sino se cuenta con la autorización del gobierno.

Si bien el principal el objetivo que tenía la represión de 2017, que era el cambio de la composición étnica del estado de Rakhine, y las expulsiones masivas y la represión constante que incluye tortura, desaparición y muerte, han dejado de producirse en la magnitud en que se producían,  el temor de que vuelvan a suceder sigue latente.

Los rohingyas que todavía permanecen en sus aldeas originarias también sufren la restricción de sus traslados, por lo que permanecen aislados entre las diferentes comunidades;  los pescadores no pueden ejercer su oficio, mientras que los niños tienen prohibido asistir a la escuela. Ante una urgencia para movilizarse deben primero obtener un salvoconducto escrito de la autoridad pertinente, no importa la distancia que ésta esté, mientras que los permisos para casarse y tener hijos también siguen vedados. Solo para ser atendidos en un hospital se les puede pedir hasta seis permisos escritos de seis autoridades diferentes.

La ONU también ha advertido que la represión en las zonas más remotas de los estados de Rakhine y Chin, pueden estar volviendo a producirse, a medida que se intensifican los combates entre el Tatmadaw y el Ejército de Arakan, antiguo nombre de Rakhine, que lucha por una mayor autonomía en la región y que muchos lo vinculan con al-Qaeda o el Daesh, que opera en el norte de Rakhine y áreas del sur del estado de Chin y cuyo impacto para las población civil podría estar siendo demoledor.

La presencia de grupos armados compuestos por combatientes budistas de Rakhine, que luchan junto al ejército, ha hecho que, desde enero pasado, casi 40 mil civiles tuvieran que abandonar sus viviendas.

Yanghee Lee volvió a reclamar que toda la información sobre la cuestión rohingyas, sea tratada en la Corte Penal Internacional (CPI), aunque Birmania no es signataria del Estatuto de Roma, por lo que no está bajo la jurisdicción de la CPI, de todas maneras el tribunal había dictaminado en 2018 que podría actuar por “presuntos” crímenes de lesa humanidad contra el pueblo rohingya.

¿Una guerra secreta?

En el mes de junio, el ejército dispuso un gran apagón eléctrico en ocho municipios de los Estados de Rakhine y Chin, lo que redujo el acceso a teléfonos e internet, con la clara expectativa de ocultar los abusos cometidos en la región. La censura de prensa tuvo su caso más emblemático en la encarcelación de los dos periodistas de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, detenidos arbitrariamente durante más de 500 días a pesar de los reclamos internacionales, como un buen ejemplo para el resto de sus colegas que intentaran cubrir las masacres contra los rohingyas.

El Tatmadaw se encuentra en operaciones en las áreas de Rakhine y Chin desde enero pasado, cuando se informó del ataque contra varios puestos policiales coordinados por el Ejército de Arakán, fundado en 2009, con una dotación de unos 7 mil combatientes.

A pesar del bloqueo informativo establecido por las autoridades de Naypyidaw y la prohibición a la prensa y diferentes organizaciones humanitarias, para ingresar a las áreas de combate, se ha conocido que solo en los últimos días el Tatmadaw ha colocado más de 35 mil de sus hombres en las zonas de combates pertenecientes a las Divisiones de Infantería Ligera números 22 y 55.

Allí se siguen produciendo constantes violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones sumarias y la aplicación de castigos como trabajo forzado, además de permanentes saqueos de aldeas y hasta asaltos contra monasterios sospechados de dar refugio a civiles que escapan de los combates y las acciones de los militares. El 3 de abril pasado se conoció que militares birmanos abrieron fuego desde un helicóptero contra civiles rohingyas que cortaban bambú, matando a por lo menos seis hombres e hiriendo al menos a otros trece.

Según las denuncias a las que han llegados algunos medios, se conoce que en muchos casos en que civiles son heridos, el Ejército impide que sean llevados a los hospitales, lo que está produciendo un considerable número de muertes, como sucedió en la aldea de Tha Mee Hla, en el municipio de Rathedaung, y en Ywar Haung Taw, en Mrauk-U, mientras que las autoridades han bloqueado el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Se estima unos 30 mil civiles se han visto obligados a abandonar sus aldeas por la intensidad de los combates.

El Ejército de Arakán también comete abusos contra la población civil, se ha documentado que el 3 de mayo, milicianos secuestraron a cuatro hombres rohingyas de la aldea de Sin Khone Taing, en el municipio de Rathedaung, desde donde fueron llevados a la profundidad de la selva, de donde dos de ellos lograron escapar, sin conocerse la suerte de los otros, a los que muy posiblemente se los obligue a sumarse a sus filas. También se ha sabido que el Ejército de Arakán presiona tanto a políticos como a empresarios locales, para que no colaboren con el ejército.

Sin duda, las cuestiones de los rohingyas como la de otras naciones despojadas de sus territorios como los palestinos, los saharauis o los tuareg continuarán en el tiempo, hasta que estos pueblos ancestrales por fin se extingan para más vergüenza de la humanidad.

-Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC