La impunidad en los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil, amenaza con imponerse nuevamente. Uno de sus paladines, el diputado derechista Rodolfo Parker, presentó la semana pasada una propuesta de “Ley de Reconciliación” que, en realidad, es una nueva ley de amnistía, es decir: ley de impunidad.

Esta nueva ley pretende sustituir a la Ley de Amnistía derogada por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016, la cual constituía un manto de impunidad sobre las masacres, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas cometidas mayoritariamente por las fuerzas armadas gubernamentales y los grupos paramilitares de la extrema derecha.

La vigencia de esa ominosa ley era pretexto de fiscales y jueces para no investigar crímenes horrendos como las masacres de El Mozote y El Sumpul, el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y el asesinato de los jesuitas de la UCA. Pero derogada la ley se abrió la posibilidad de investigar y procesar a los responsables materiales e intelectuales.

Ante esto criminales de guerra, delincuentes de lesa humanidad y violadores de los derechos humanos se apresuran a promover una nueva amnistía que les garantice impunidad. A eso responde la iniciativa del diputado Parker, señalado por la Comisión de la Verdad de la ONU por obstaculizar las investigaciones de la masacre de los jesuitas.

Parker era asesor legal del Estado Mayor de la Fuerza Armada cuando tropas del Batallón Atlacatl asesinaron a Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Amando López, y a sus colaboradoras Elba y Celina Ramos. Parker habría modificado declaraciones y avalado manipular pruebas.

El diputado Parker es, pues, encubridor de crímenes de lesa humanidad y protector de violadores de derechos humanos; y consecuente con eso ahora presenta la propuesta de ley impunidad que otorga “amnistía amplia, absoluta e incondicional” a todos los involucrados en crímenes durante la guerra, independientemente del bando al que pertenecieron.

Ojalá que las organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y de memoria histórica cierren filas contra esta vergonzosa ley, y que todos los sectores democráticos y población honrada se sumen al rechazo. En este espacio editorial también condenamos la impunidad y exigimos verdad, justicia y reparación moral de las víctimas.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)