--Saqueo de la petrolera, saldo de la privatización liberal

--Líder sindical, Carlos Romero Deschamps, en la mira

--La lucha contra la corrupción apenas comienza, y falta

Estalló el escándalo por el desabasto —que no falta de gasolinas o diesel—. Todo por el robo de combustibles. Coro a muchas voces, por la falta de los carburantes en varios estados, incluida la Ciudad de México. El saqueo de Pemex desde adentro. Problema mayúsculo, no de ahora. Se enquistó sobre todo en las últimas dos décadas.

Los tres presidentes donde la corrupción se desbordó, de Vicente Fox y Felipe Calderón a Peña Nieto, y sus respectivas administraciones en Petróleos Mexicanos (Pemex). Hace tres sexenios; no menos, cinco. Desde Carlos Salinas, pasando por Ernesto Zedillo, el de los “contratos de servicios múltiples”, a todas luces inconstitucionales.

“La sustracción ilegal y venta de hidrocarburos estimada en más de 9 millones de litros cada 24 horas (el equivalente a 600 pipas de 15 mil litros), lo que deviene en alrededor de 20 millones de pesos por día”. (Ana Lilia Pérez: “Huachicoleo a escala millonaria dentro de Pemex, toda una ‘industria paralela’”, Proceso 2200, 30 de diciembre de 2018). Con Peña se incrementó el robo en 262%, con 40 mil tomas clandestinas (diputado Treviño Medina).

Se creía, vox populi, que todo dependía del rompimiento de los ductos que trasladan los combustibles desde las refinerías —el medio más barato, por cierto—, hacia los depósitos en los principales centros de distribución en las ciudades, en la red en el trayecto.

Se dudaba, no obstante, que simples ciudadanos sin conocer de presión y materiales de los ductos, se atreverían a romperlos a riesgo de morir en el intento. Luego se supo que no. Que se requerían expertos para perforar los tubos, y esos solo podían ser los propios trabajadores de la paraestatal: los llamados tapiñeros o “técnicos especialistas en perforación”.

Eran los huachicoleros perseguidos, aquellos “presuntamente” sorprendidos llenando garrafas, bidones o contenedores que trasladaban en transportes improvisados, principalmente camionetas, en varios pueblos de entidades como Puebla o Guanajuato, Tamaulipas o Jalisco, Michoacán o Veracruz, y más.

Igualmente, el asunto se asoció —lo que forma parte del problema, desde luego—, con el crimen organizado como un delito de fácil y pronta ganancia. Pero igual participaban bandas criminales que autoridades locales y policías también municipales, recibiendo “moches” por saquear.

Fue a la llegada del nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, cuando se destapó la cloaca y dio a conocer que el verdadero hurto operaba desde la propia empresa, Pemex. La noticia corrió entre la sociedad como flamazo, pero no era novedad. Antes la periodista Ana Lilia Pérez había publicado en su libro “Pemex Rip, vida y asesinato de la principal empresa mexicana” (Grijalbo 2017), el trasfondo del asunto.

Con pelos y señales habló de los jeques mexicanos del petróleo, o la aristocracia y los líderes, los sobornos de Odebrecht y el hauchicoleo; las campañas políticas, el narcotráfico y los paraísos fiscales. Casi nada. Mejor dicho, componendas al desnudo.

Muestra fatal de cómo se desarticulaba la empresa de los mexicanos, para entregarse a los intereses extranjeros o quedarse con lo mejor, desde la llamada “reforma energética” de 2012: los pozos, las reservas, la renta petrolera. Las intenciones de los neoliberales desde Carlos Salinas, eran deshacerse de una empresa que —se dijo— dejaba de ser negocio. ¿Entonces por qué invirtieron los salinistas cuando se reformó la Constitución si era inviable?

Eran, pues —porque ahora ya no son y están protestando en las redes sociales por el cierre de válvulas—, los ladrones de cuello blanco los peores usurpadores. Y, se entiende ahora, aquello del robo en los ductos en el trayecto resultó ser la tapadera, el distractor porque de ahí se extraía solo el 20%. El 80% del total era la parte “oficial” o “institucional”, a todo lo que da; el huachicoleo desde adentro.

El verdadero saqueo entonces quedó claro, operaba directamente por una red bien articulada desde la Torre Mayor. Los robos se operaban desde arriba, pasando por los despachadores que llenaban pipas varias veces para los mismos conductores, y se justificaba con originales y también con facturas falsas, sin control alguno.

Y falta indagar lo que sucede, o sigue ocurriendo en los pozos; es decir, en las mismas plataformas, ahí donde se encuentran, en el Golfo, aguas someras o a pie tierra. ¿O no se trafica con el petróleo crudo?

Empleados sindicalizados todos (en cada sector un jefe, jefe de operaciones, jefe de mantenimiento, ingenieros de línea, supervisor, jefe de estación de bombeo, supervisores de instrumentación y control: Ana Lilia Pérez en Proceso), salvo el gerente de ductos.

Es decir, que la red operaba bajo el contubernio de los directivos de Pemex, hasta llegar a los trabajadores de la empresa miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Con ese flamante dirigente, de nombre Carlos Romero Deschamps.

El combate apenas comenzó, bajo vigilancia militar donde se encuentran los despachadores. De ahí donde salían las pipas cargadas, desde las instalaciones de Pemex de donde el 80% era moneda corriente, oficial. Tanto que se descontaba del presupuesto, como pérdida huachicol. Cinismo, eso se acabó.

El líder

Deschamps. Digno de admirar por el cinismo. Muestra del contubernio entre el PRIAN y los intereses corporativos del viejo régimen. Hijo del PRI, del que ha sido miembro activo desde 1961. Dirigente del STPRM a partir de 1996 —a la buena, y por la fuerza muchas veces—, el sindicato de trabajadores petroleros al que llegó tras las maniobras de Salinas en contra de Joaquín Hernández Galicia La Quina (el llamado quinazo) para dos propósitos: cubrir la ilegitimidad tras la caída del sistema en las elecciones de 1988, y para hacerse del control de Pemex, la paraestatal con miras a la privatización.

Protegido siempre por el régimen, nada pasó tras los múltiples señalamientos en su contra por delitos como: delincuencia organizada, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etcétera. Para ello ha tenido fuero desde 1979 a 2018. Varias veces diputado federal (entre 1979-1982, 1991-1994, 2000-2003) y otras tantas, senador (de 1994-2000, 2012-2018), para la debida protección y encubrimiento.

Pero el régimen cambió desde la electoral presidencial de 2018 con el triunfo de Morena. Ahora el líder rema a contracorriente, y sabe que su intocabilidad se terminó. El sistema presidencialista y privatizador, al que le fue funcional ya no está. Pero aún, cuando los trabajadores ya pueden elegir libremente a sus líderes sindicales.

Asuntos que lo implican directamente y han sido tapados por el velo de la impunidad, desde el seno de la justicia federal es el Pemexgate por ejemplo, que escandalizó a la opinión pública al conocerse el desvío de fondos destinados a la campaña electoral en el 2000, del entonces candidato Francisco Labastida Ochoa. Los 1,500 millones de pesos de los fondos sindicales, que en 2003 causaron proceso judicial ante la Procuraduría General de la Repúblicas por peculado electoral, se perdieron al suspenderse el delito en el 2006 por “falta de pruebas”, y darse por finalizado en 2011.

El enriquecimiento ilícito arrastra a Deschamps con todo y familia, por sus vidas de ostentación, lujo y despilfarro. Con gastos multimillonarios, autos, uso de aviones para vacaciones, yates y elevados sueldos para familiares con importantes cargos en la paraestatal.

Hoy todo se acabó. Los trabajadores sabrán qué hacer con él, sin el cobijo del poder y el fuero; quedó a expensas de las medidas anticorrupción del presidente Obrador, una vez destapado el huachicoleo en Pemex. No hay luz al final del túnel para Deschamps. Menos ahora que, con el nuevo gobierno, la lucha contra la corrupción apenas comienza. La limpia en Pemex también.