“Es una relación dialéctica, entre dictadura y modelo. El modelo se apoya en la dictadura y la dictadura también se apoya en el modelo.”

Carlos H. Reyes, dirigente obrero

Después de más de ocho (8) meses de trabajo, las Naciones Unidas con apoyo de Embajada Americana, la Unión Europea y aval del gobierno, se instaló oficialmente el diálogo nacional “liderado” por delegados o representantes de los candidatos de los partidos mayoritarios de la contienda electoral recién pasada. Luis Zelaya del Partido Liberal, Salvador Nasralla de la Alianza contra el Fraude, y Juan Orlando Hernández del Partido Nacional en el poder.

Aunque los candidatos no se han reunido para avalar el proceso en forma conjunta y pública, los promotores del diàlogo consideran que la voluntad manifiesta de cada uno es suficiente. Un problema superado a “medias”, ya que puede ser un punto de conflicto potencial, es que el Partido de gobierno tendrá dos representantes (uno por el gobierno y otro por el Central Ejecutivo del partido), pero una sola posición en la mesa a la hora de aprobar acuerdos.

Otro problema es que los acuerdos no son vinculantes, o sea que el Congreso de la República (o el Poder Judicial si es el caso) los puede considerar, ajustar, modificar o engavetar, con lo cual el consenso logrado puede desvanecerse en las tertulias del Legislativo. Salvador Nasralla ha manifestado que él no avalará ningún acuerdo, cuando estos no sean vinculantes, o sea que el Legislativo y el propio presidente de la República no acepten su pleno cumplimiento.

El partido Libertad y Refundación (LIBRE) no participa del diálogo, por lo que, en caso de lograrse acuerdos, estos serán parciales. La dirigencia de LIBRE espera dar la batalla en las calles y Poder Legislativo con sus 30 diputados; se acusa a su máximo líder, Manuel Zelaya, tener un acuerdo con Juan Orlando Hernández bajo la mesa, en tanto los acuerdos del diálogo no serán respetados si afectan los intereses de ambos.

El Movimiento de Convergencia contra el Continuismo (CCC), no solo se pronuncia en contra de la legitimación del fraude electoral en 2017, sino, lo más importante, contra la continuidad del modelo neoliberal post golpe de Estado que, literalmente, empobrece más. Este modelo ha cercenado las conquistas populares producto de la lucha permanente de las organizaciones campesinas y gremiales en las calles, caso del acceso a un pedazo de tierra, alimentos, salud y educación gratuita; salarios dignos, estabilidad laboral y protección social, defensa del medio ambiente y los derechos elementales de vida de la población.

En esos términos, las organizaciones gremiales, derechos humanos y de la sociedad civil hondureña en contra del continuismo neoliberal, ven en el diálogo un instrumento no solo para legitimar el fraude electoral de 2017 y gobierno de JOH, sino también para profundizar el modelo neoliberal que se presenta como la panacea del desarrollo del país, medido fundamentalmente, al estilo friedmaniano, en la estabilidad de precios, control de la oferta monetaria y déficit fiscal, flexibilidad cambiaria, liberalización comercial (aranceles lo más bajo posibles o cero) y crecimiento económico positivo. El aumento del desempleo, la baja tasa de inversión real, bajos salarios, inseguridad alimentaria, pobreza, violencia, prostitución, baja y mala cobertura en salud, educación y agua potable, achicamiento y privatización del Estado, sobreendeudamiento, violaciones de derechos humanos, destrucción ambiental e hipoteca del territorio nacional, son solo datos.

En vez de un diálogo de poco valor para la sociedad hondureña en general, la CCC propone una consulta a la población bajo la modalidad de un plebiscito con tres (3) preguntas: ¿Está usted de acuerdo en la construcción de un nuevo orden constitucional)? ¿Está usted de acuerdo en un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y la privatización de los bienes y servicios públicos? ¿Está usted de acuerdo que siga Juan Orlando Hernández bajo el control del Estado?

Es una propuesta contraria a los posibles resultados (¿benignos?) del diálogo político de Naciones Unidas, donde es poco probable que se cuestione directamente, por los voceros del partido nacional nombrados, la ilegitimidad del gobierno, mucho menos la responsabilidad de políticos y funcionarios públicos en el delito de fraude electoral. Ello, aun cuando, los representantes de Naciones Unidas estiman que los acuerdos del diálogo deben ser sólidos y sostenibles.

Los líderes de la Convergencia, caso de Carlos H. Reyes, Berta Cáceres, Mario Membreño e Ismael Moreno, han sido amenazados de muerte, pero no desisten de su lucha ni tienen cola que les pise. Un caso particular es el padre Ismael Moreno, conocido como el Padre Melo, amenazado a muerte varias veces, y denunciado como agente subversivo, palabra muy poco usada por la CIA hoy. Según la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se “advirtió sobre la situación del Padre Ismael Moreno. Se dirigieron ataques contra los líderes sociales, a menudo, mediante campañas de difamación e intimidación”.

El CCC espera una participación masiva de la población en el plebiscito (setiembre, octubre) independientemente que la iniciativa sea aprobada por el Legislativo en el marco de las llamadas “iniciativas ciudadanas, dando a conocer los resultados en noviembre o diciembre de 2018. El diálogo político que legítima a JOH, termina también en noviembre-diciembre, por lo que tendremos una versión oficial y otra popular de la crisis política y soluciones. Pero, lo más seguro, es que los convocantes y actores del diálogo político no rechacen el modelo neoliberal vigente, aunque este, el modelo, sea contrario al pueblo-pueblo, es decir a quien se debe el gobierno.

Catacamas, Olancho, Honduras, 3 de septiembre de 2018