La migración no es un delito

Silvia Arana

20/08/2018

Análisis

Foto: elpolitico.com

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La migración es una lucha cotidiana para los que se han visto forzados al desarraigo, a dejar terruño y familia, para subsistir. En el mundo se registran movimientos masivos de hombres, mujeres y niños que se desplazan por ríos y mares, por carreteras y desiertos llevando en muchos casos solo un atado de ropa. Cubiertos de polvo o empapados, pasando frío o calor agobiante, tratando de llegar a alguna parte… para encontrarse con muros, barreras, guardianes de frontera, que les cierran el paso. Una imagen demasiado común en Europa y Estados Unidos, supuestos paladines de la democracia, pero democracia solo para los que poseen la documentación requerida.

En América Latina, en años pasados, se dieron pasos importantes para facilitar el flujo de personas a través de las fronteras. Como parte de esa dinámica a favor de la integración de los pueblos, Ecuador sancionó la Ley Orgánica de Movilidad Humana el 28 de enero de 2017. La ley establece en el Artículo 2, los principios fundamentales de:

Ciudadanía universal: El reconocimiento de la potestad del ser humano para movilizarse libremente por todo el planeta. Implica la portabilidad de sus derechos humanos independientemente de su condición migratoria, nacionalidad y lugar de origen, lo que llevará al progresivo fin de la condición de extranjero;

Libre movilidad humana: El reconocimiento jurídico y político del ejercicio de la ciudadanía universal, implica el amparo del Estado a la movilización de cualquier persona, familia o grupo humano, con la intención de circular y permanecer en el lugar de destino de manera temporal o definitiva.

Más adelante, entre las obligaciones de las personas suramericanas establece en el Art. 84: Ingreso y salida del territorio nacional: Los ciudadanos suramericanos pueden ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solamente su documento de identificación nacional (1), por puntos de control migratorio oficiales. Los documentos de identificación emitidos por sus respectivos países constituyen documentos de viaje.

Debido a la crisis político-económica que atraviesa Venezuela -país en la línea de fuego del gobierno estadounidense, una injerencia reforzada por el gobierno colombiano y otros- en los últimos meses se ha incrementado el flujo de migrantes venezolanos hacia Ecuador. Ante la situación catalogada como "emergencia migratoria", el 18 de agosto de 2018 el ministro del Interior Mauro Toscanini anunció que los ciudadanos venezolanos que no tengan pasaporte no podrán ingresar a Ecuador. El nuevo requisito estipulado en un decreto viola el Art. 84 de la Ley de Movilidad Humana, según la cual cualquier documento de identidad es válido.

En entrevista con el diario El Comercio el ministro de Interior adujo que hay “mucho desorden” y “falta de control en la frontera”, que en muchos casos los documentos de identidad de los venezolanos eran “ilegibles”, que Ecuador había sido “demasiado generoso” con los cerca de 250.000 venezolanos que residen en Ecuador. También mencionó que no se puede permitir la “migración indiscriminada”.

Tanto el decreto que impide la entrada de los ciudadanos venezolanos con cédula de identidad como los conceptos vertidos por el ministro del Interior están en abierta contradicción con los principios contenidos en la Ley de Movilidad Humana. Según la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública de Ecuador, el decreto es ilegal y debe ser suspendido de inmediato.

En la encrucijada: ¿política humanitaria de fronteras abiertas o xenofobia?

En las redes sociales de todo el mundo pululan los comentarios xenófobos, racistas, machistas; y Ecuador no es la excepción. A pesar de ser un país de migrantes -con más del 10% de su población en el exterior- la discriminación contra el extranjero ha sido denunciada por organismos internacionales como ACNUR ya en agosto de 2010. En ese momento, las víctimas de discriminación eran en su mayoría ciudadanos colombianos que huían de la violencia en su país. El representante adjunto de ACNUR en Ecuador, Luis Varese, expresó que la xenofobia no constituye una política de Estado, sino que responde a una acción orquestada por diversos intereses: “La oposición está en contra de una política humanitaria y abierta de refugio”.

Sin embargo, a partir del 18 de agosto pasado, parece ser que la xenofobia será una política de Estado. ¿Por qué razón el gobierno de Ecuador emitió un decreto que discrimina a una nacionalidad sudamericana? ¿No se percataron los asesores legales que el decreto viola la Ley de Movilidad Humana? Si no se da marcha atrás, el gobierno de Lenín Moreno navegará por aguas oscuras. Detrás del apego a la ley que se ha tratado de proyectar en algunos temas, como la corrupción, está emergiendo una veta oportunista, al buscar congraciarse con sectores xenófobos. Ante la inestabilidad económica y política -la fractura del movimiento Alianza País, marcada por una aguda pugna entre correístas y morenistas; la renuncia reciente de varios ministros; los asesinatos en la frontera Norte con Colombia- da la impresión de que el gobierno busca con desesperación aliados, sin importar a qué costo.

De hecho, reconociendo la verdadera razón detrás del decreto que restringe el derecho migratorio de los venezolanos, el ministro de Interior finalizó la entrevista con El Comercio diciendo con sorprendente ingenuidad:

“Cuando salgo en el centro (de Quito) se ven visos de xenofobia, lo cual está mal desde cualquier punto de vista, y me dicen, señor ministro, el venezolano me está quitando el trabajo. Veo las redes sociales, las reacciones, los diarios, la gente que llama a las emisoras radiales... Hay un porcentaje altísimo, a lo mejor de un 90 o 95% (de la gente), que está de acuerdo con esta medida…”.

¿En lugar de continuar con las campañas de educación para revertir la xenofobia y otras formas de discriminación, el gobierno las refrendará? Si esa es la circunstancia actual, queda en los hombros de los movimientos sociales -indígenas, feministas, ecologistas, trabajadores- retomar los valores solidarios y exigir que se apliquen las leyes progresistas que existen en el país.

En Un séptimo hombre, John Berger señala: “La migración a una escala sin precedentes es una característica histórica de la época en la que vivimos”. Si bien el libro de Berger con fotografía de Jean Mohr, se centra en las experiencias de los trabajadores migrantes en Europa, puede ser aplicado hoy a América Latina y cualquier otra parte del mundo. Y no solo porque es un brillante análisis socio-económico de las causas de la migración y el rol del trabajador migrante en el capitalismo y neocolonialismo sino también porque es un llamado a la solidaridad con los migrantes, despreciados por las sociedades en las que viven y trabajan. Un séptimo hombre -con el formato y el afecto de un álbum de familias migrantes- está dedicado: “A ustedes, a los que han sido, y que hoy mismo son obligados a dejar a sus familias, con la esperanza de ganar un salario que les permita sobrevivir”.

Berger menciona algunos de los nombres despectivos con que se llama a los migrantes en Europa: “gitanos, gente que anda en camello, gente que come serpientes…”. Y dichos acerca de ellos: “Nos quitan nuestro dinero; nos quitan nuestro trabajo”. ¿Suena familiar?

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