“El diálogo es para “bobos”, porque no hay voluntad del Partido Nacional, ni de Juan Orlando Hernández, para que esto cambie. La clase trabajadora es la llamada a convertirse en vanguardia de cualquier proceso de cambio de una sociedad, porque si ahora la tienen oprimida, relegada y aplastada es precisamente porque hay una dictadura”.

Manuel Zelaya Rosales

Todo está listo para que se instale el gran diálogo nacional. Los partidos políticos tradicionales, nacional (en el poder) y liberal están anuentes a participar y debatir las propuestas en las cuatro (4) mesas a instalarse bajo el acompañamiento de las Naciones Unidas; igual, el candidato de la Alianza Opositora contra la Reelección, Salvador Nasralla, está dispuesto siempre y cuando se oficialice (gaceta) por el gobierno la convocatoria al diálogo y se defina una fecha límite para llegar a acuerdos, prevista para el 31 de octubre de 2018; caso contrario, hay que suspender el diálogo por respeto a la población.

El presidente Juan Orlando Hernández (JOH) lamenta que en las mesas de diálogo no participen los llamados partidos “chisgaste”, o sea aquellos que se crearon para vender credenciales a dirigentes de los partidos tradicionales, succionar votos a los candidatos de los partidos de oposición aglutinados en la Alianza y cobrar la deuda política. El argumento de Hernández es que, los acuerdos que surjan del diálogo tienen que ir al Congreso de la República, y allí se ocupan los votos de todos. Al parecer su preocupación para incluir al chingastero, es para que el diálogo (resultados) no fracase en la contada final.

Otro interés del Partido Nacional es que se involucre y convoque a otros actores de la sociedad hondureña, como los empresarios, obreros, campesinos, ya que también tienen que aportar, aunque el problema es uno: la crisis política del país. Estos deberán participar en cada una de las mesas temáticas, a las cuales, de acuerdo a la oposición al gobierno, deben sumarse las organizaciones defensoras de derechos humanos, mujeres y jóvenes, organizaciones ambientalistas y estudiantes.

Las cuatro (4) mesas del diálogo son: a) Mesa de Resultados Electorales, crisis pre y post electoral, b) Mesa de Reformas Electorales, c) Mesa de Temas Constitucionales; d) Mesa de Derechos Humanos. Cada una de ellas apoyada por un experto facilitador internacional de Naciones Unidas

Un problema que ha surgido es el referido a la cuarta butaca. Desde el inicio, mucho antes de iniciarse el pre-diálogo con apoyo de Naciones Unidas, quedó claro en el imaginario de la sociedad hondureña que quienes deben sentarse a dialogar primero y suscribir el acuerdo con Naciones Unidas son los tres (3) candidatos de los partidos políticos que sacaron el mayor número de votos; caso de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, Luis Zelaya del Partido Liberal y Salvador Nasralla de la Alianza Opositora. Entre bastidores, dirigentes y diputados del partido de gobierno exigen que se invite también al presidente del Central Ejecutivo de este partido, Reynaldo Sánchez, ya que Juan Orlando Hernández lo haría en calidad de presidente de la República, pero ambos son miembros del partido en el poder.  Igual, desde la oposición, se baraja la propuesta que la cuarta butaca la ocupe Manuel Zelaya Rosales, coordinador del partido Libertad y Refundación (LIBRE), ya que representa una fuerza política importante, además de contar con 30 congresistas.

El expresidente Zelaya y el partido LIBRE han sido claros a manifestar que no asistirán a un diálogo donde lo que se busca es legitimar las elecciones (para muchos ya fueron legitimadas con el aval de EEUU y OEA) y al gobierno del presidente de la República, desconociéndose el monstruoso fraude electoral montado, que, al parecer, no será tema de discusión. Para Arístides Mejía, asesor de Salvador Nasralla y antiguo militante de LIBRE y ministro en el gobierno de Zelaya, éste lo que busca es que el diálogo fracase ya que es poco probable que sus condiciones se cumplan, caso de no sentarse a dialogar con el gobierno porque no lo reconoce y la presencia de un negociador internacional de altos quilates que permita que los acuerdos sean vinculantes y de obligatorio cumplimiento. Es más, Arístides Mejía, deja entrever que Mel está llevando a cabo negociaciones con el Partido Nacional y presidente Hernández, condicionando su participación en la Mesa Política de Diálogo (MPD) a exigencias personales y de grupos, lo que debilita la posición conjunta de Luis Zelaya y Salvador Nasralla.

Es claro que el principal punto de agenda del diálogo es la puesta en marcha de una reforma electoral profunda, y no la solución de problemas parciales como la necesidad de una nueva tarjeta de identidad, reestructuración del Registro Nacional de las Personas (RNP) y Tribunal Electoral, depuración del padrón electoral y construcción de una hoja de ruta para cumplir con el calendario de las elecciones.

En el caso del RNP, conocido como el “Cementerio Electoral Virtual”, se ha autorizado el nombramiento de una Comisión Interventora del mismo, que se traduzca en la contratacion de un grupo de técnicos que evalúen la situación de la institución y propongan los correctivos del caso que deben ser acatados y ejecutados sin excepción por los partidos políticos, Congreso Nacional y presidencia de la Repùblica, bajo la supervisión internacional.

Se espera que esta prioridad en el tema electoral sea complementado con las discusiones y análisis de propuestas acerca de la convocatoria o no a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde un remedo de Constitución masillado por reformas y contrarreformas de beneficio particular más que de la colectividad nacional. Igualmente, con una documentación sistematizada de las crecientes violaciones de los derechos humanos y la atomización, politización y corrupción de las instituciones responsables de velar por estos derechos e impartir justicia.

Es claro que el diálogo no es para deducir responsabilidades a aquellos funcionarios que violaron las leyes, actuaron con negligencia y convirtieron la fiesta electoral en una farsa con poca credibilidad. Asimismo, no es un mandato escrito en piedra con aval nacional, ya que, como se prevé, parte de las fuerzas políticas no participarán del mismo, y muchas organizaciones sociales no compartirán los resultados.

Un punto importante es que los temas del diálogo, y los avances obtenidos en cada mesa, deben ser vinculantes a las ejecutorias del gobierno, Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia, en el sentido que, tal como sucedió con la intervención del RNP, se puedan aprobar otras leyes o decretos que tienen relación o afectan de entrada los resultados esperados con el diálogo. Salvador Nasralla exige que estos resultados rápidamente se conviertan en Ley y apliquen, de lo contrario el Congreso de la República puede no aprobarlos, reformarlos o dejarlos en suspenso, con lo cual se estaría frente a un fracaso rotundo y nos exhibiría como un país de cola.

Tegucigalpa, 10 de agosto de 2018