Tras del clima de inestabilidad y violencia que vive Honduras se esconderían los intereses de los militares deseosos en impedir el traspaso de la policía a manos civiles en 1997 y en obtener un mayor presupuesto, según señalan organismos de derechos humanos.

En los últimos meses se han producido varios atentados dinamiteros, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y asaltos a sucursales bancarias, que muestran un creciente deterioro de la situación social y política del país.

En lo que va del año, las propiedades del presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), Ramón Custodio, han sido objeto de tres atentados dinamiteros. Custodio además, ha perdido a unas de sus hijas, de cuya muerte los familiares del dirigente humanitario culpan a los militares. Otras bombas han estallado en centros comerciales, en el Banco Central, el Parlamento y la sede del gobernante Partido Liberal.

Según Custodio, el clima de inseguridad en Honduras responde a una "trama bien montada por el ejército para obtener mayor presupuesto".

Se acabó la vaca lechera

Con la desaparición del conflicto Este-Oeste, los procesos de pacificación de El Salvador y la derrota electoral de los sandinistas en 1990, los militares hondureños dejaron de ser útiles a la estrategia y los objetivos de Estados Unidos.

En la década de los 80, Honduras jugó un papel fundamental en la lucha contra-insurgente diseñada por Estados Unidos para combatir a la revolución sandinista y al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Estados Unidos estableció bases militares en Honduras, como la de Palmerola, en donde ubicó sus efectivos, e instaló sus aeropuertos, depósitos de combustibles y estaciones de radar.

A cambio de ello, Honduras recibió una abundante ayuda militar y cooperación económica. La bonanza llegó para los militares, más aún cuando sus privilegios estaban amparados en leyes especiales que les permitía disponer de un presupuesto secreto, no sujeto a la supervisión de la Contraloría General.

Sin embargo, en la década del 90, la ayuda estadounidense se redujo sustancialmente y los militares hondureños se han visto en apuros. A tal punto que han propuesto al gobierno de Carlos Reina, que le cobre a Estados Unidos el uso de la base militar de Palmerola, ubicada en el departamento central de Comayagua, que todavía se mantiene en manos del ejército de Estados Unidos. La reacción del embajador de Estados Unidos en Honduras, James Creagan no se ha hecho esperar, y ha sugerido que las tropas norteamericanas deberían cobrar por su trabajo de asistencia militar a Honduras.

Un alto militar hondureño señaló a mediados de octubre a una agencia de prensa, que Estados Unidos entrenó a los oficiales en la guerra sucia, para luego "abandonarnos e incluso destruirnos, pero aprendimos la lección y nuestras relaciones con ese país se rige ahora con mayor dignidad".

Las discrepancias entre Estados Unidos y Honduras han aflorado en las últimas semanas a propósito de la lucha contra el narcotráfico, pues el gobierno de Honduras decidió suspender la firma de un convenio anti-drogas marítimo, el cual fue calificado como innecesario y lesivo a la soberanía nacional.

Reacomodo

Es indudable que los militares hondureños, al igual que sus similares de América Latina, viven un período de crisis y reacomodo de sus estructuras, leyes y funciones. "Crisis no es sólo pérdida de poder, sino desubicación en los nuevos escenarios de poder abiertos tras el fin de la guerra fría", según se afirma en la edición 173 de la revista Envío de la Universidad Centroamericana, UCA.

Las contradicciones entre los militares hondureños, de acuerdo a esta misma publicación, no han tardado en aparecer y así encontramos a una oficialidad media que critica a la llamada "argolla" representada por el General Mario Hung Pacheco, a la que acusan de actuar blandamente ante las instituciones civiles. A fines de julio, el clima de incertidumbre que reinaba en las filas militares se manifestó en una fallida conspiración de oficiales de nivel medio, que culminó con el arresto provisional de los tenientes coroneles Carlos Andino y Amílcar Flores.

Los militares hondureños, están pasando de las armas a los negocios para ayudar a consolidar la "economía nacional". Las inversiones militares, a través de su fondo de previsión, ascienden a unos 250 millones de dólares, que han sido invertidos en un banco, una cementera, una aseguradora y una funeraria, entre otras empresas.

En este proceso de reacomodo, los militares han abolido la instrucción militar obligatoria y la han reemplazado por un servicio "voluntario-educativo-democrático", e intervienen en la lucha contra la delincuencia, fenómeno que en Honduras está alcanzando niveles imprevistos, pues no solo involucra a "las pandillas de pobres" sino a poderosas y bien armadas bandas, constituidas por elementos de clase media hacia arriba, cuyas actividades ilícitas están ligadas al robo de bancos y vehículos, al narcotráfico y al lavado de dólares.

Otra señal del reacomodo de los militares es que ahora se ha introducido en sus planes de estudio la asignatura de derechos humanos, proyectando con ello una nueva imagen acorde con los vientos modernizadores de fines de siglo.

Reaparece el fantasma de los 80

Con estas acciones, los militares aspiran a recuperar la confianza y credibilidad de los hondureños/as. No obstante, algunos factores conspiran contra este propósito: el primero tiene que ver con la creciente sospecha de que varios militares y policías participarían en las bandas de asaltantes y robacarros y en la venta de armas a grupos armados de Nicaragua; el segundo está relacionado con la acusación de la Fiscalía del Estado y los organismos de derechos humanos de que militares habrían participado en la ejecución extrajudicial de 86 presuntos delincuentes; y finalmente el tercero alude a las presiones que han ejercido los militares contra la Corte Suprema de Justicia para obtener que los militares fugitivos, encausados por violaciones de derechos humanos, sean recluidos en los cuarteles en caso de ser detenidos, y no en prisiones comunes como lo señala la Constitución.

En la década del 80, en el marco de la guerra contra el "comunismo", las Fuerzas Armadas, cortaron de raíz cualquier intento de sembrar la semilla insurgente en Honduras, a través de una guerra sucia en la que, según denuncias de los organismos de derechos humanos, desaparecieron unas 169 personas.

Las autoridades judiciales y organismos de derechos humanos han descubierto, en los dos últimos años, varios cementerios clandestinos, encontrando restos de 16 personas, presuntamente desaparecidas por los militares en la década de los ochenta.

A partir de octubre de 1995, dos jueces extendieron órdenes de captura contra oficiales, acusados de estar involucrados en las detenciones ilegales y asesinatos de un nicaragüense y un agricultor hondureño, y en la captura e intento de asesinato de seis estudiantes universitarios en 1982. Ninguno de los trece oficiales encausados ha sido capturado y el presidente Carlos Reina ha declarado que "no es fácil cumplir con las órdenes de captura” ya que algunos de ellos estarían en España.

Los militares los defienden argumentando que estos oficiales recibían órdenes superiores en función de proteger a la nación de la subversión externa y señalan que la institución militar tiene la obligación de proteger a sus miembros, para lo cual han construido cárceles especiales en los cuarteles para alojar a los militares que se entreguen a la justicia.

Más dinero

La pelea fundamental de los militares es por incrementar su participación en el reparto del pastel del Estado. Inicialmente solicitaron la duplicación de su presupuesto (de 26 a 52 millones de dólares), argumentando que tienen que atender el servicio militar voluntario. Pero lo que han conseguido es un aumento de 3 millones de dólares, cantidad bastante significativa en un país agobiado por la crisis fiscal y la pobreza.

Pese a que los militares ejercen una gran influencia sobre el gobierno de Carlos Reina, éste último, al aprobar el nuevo presupuesto, dispuso que el proyecto de presupuesto de las FFAA sea presentado al Congreso Nacional en forma desglosada y sujeto al organismo contralor del Estado, con lo que se termina su carácter secreto, práctica que fue introducida en 1957 y dio lugar a más de un caso de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Publicado en el Servicio Informativo N° 242, ALAI, 8-11-1996, Quito