En Guatemala, no cesan las ejecuciones extrajudiciales de dirigentes campesinos y defensores de derechos humanos (DDHH), sólo en las últimas dos semanas han ocurrido 3 ataques mortales, aumentando el repudio social por las muertes de Luis Arturo Marroquín, del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y Coordinador Político de la región de oriente de Guatemala, sucedido en San Luis Jilotepeque, municipio de Jalapa, cuando se dirigía a una asamblea municipal en el barrio El Llano del citado lugar. De José Can Xol, líder de la comunidad Choctún Basilá, de Alta Verapaz y de Mateo Chamán Paau, en la comunidad San Juan los Tres Ríos de Cobán, ambos del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). El Comité de Unidad Campesina (CUC), condenó los asesinatos y manifestaron preocupación porque estos crímenes sigan ocurriendo, a pesar que se lucha por construir la paz y consolidar la incipiente democracia.

Los ataques mortales continúan ocurriendo con total impunidad, ante la indiferencia y omisión de acciones de parte de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de las personas. Esta vorágine violenta, golpea a organizaciones sociales y a dirigentes comunitarios que defienden la vida, el territorio, los ríos, los derechos y libertades fundamentales de las personas.

El Estado y el Gobierno que preside Jimmy Morales, son responsables de continuar la vulneración de Derechos Humanos (DDHH), sea por acción u omisión, por tanto, tienen grave responsabilidad en los hechos sucedidos. A pesar de las denuncias permanentes, no se perciben acciones efectivas para controlar estos actos violentos que arrebatan la vida de dirigentes populares.

La Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, estima que el Gobierno de Guatemala fomenta incidentes y la intranquilidad en el área rural, a su vez, despierta preocupaciones en el campo internacional. Dicha asamblea, condena las afirmaciones del presidente Jimmy Morales, al declarar como sus enemigos a la Fiscal General, Thelma Aldana, al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez y a los miembros de CODECA, acusándolos de atentar contra la dignidad de las personas. Indican que ese discurso es condenable, porque fomenta el odio y alienta acciones represivas que, como durante el conflicto armado interno, impiden el pleno ejercicio de la democracia, de los DDHH y el funcionamiento de un aparato de justicia que persiga la corrupción y la impunidad. Al mismo tiempo, llama a las organizaciones sociales, académicas, religiosas y empresariales, a movilizarse y exigir que Jimmy Morales deje de atacar a quienes en Guatemala y en el resto del mundo, promueven la lucha contra la corrupción y la impunidad, para construir un país plurinacional, con mayor democracia, justicia y desarrollo.

El Presidente Jimmy Morales, es responsable de estos crímenes al atizar con su discurso de odio, la confrontación nacional y hacer sindicaciones, sin base alguna en contra de CODECA. Ese discurso, descalificando a la organización campesina crea condiciones para que grupos intolerantes y criminales actúen contra la vida, integridad y seguridad de las personas.

Estos crímenes evidencian el total incumplimiento del Estado de Guatemala, sobre la obligación constitucional de garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos en general y de defensores de Derechos Humanos en particular. Por cierto, el Gobierno tiene pendiente aprobar el Programa de protección para periodistas y defensores de DDHH.

La acción criminal de grupos armados ilegales, debe ser erradicada y el Gobierno asumir la obligación constitucional de observar y respetar los DDHH y combatir la impunidad.

Guatemala, 18/05/2018

Factor Méndez Doninelli

Maestro e investigador.

Consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.