La crisis económica, o como algunos prefieren llamarla, guerra económica, requiere de acciones inaplazables, puntuales y contundentes que frenen la espiral especulativa que ha hecho mella profunda en la capacidad de compra de los venezolanos. Ésta es una situación urgente que exige mucha voluntad política de parte de aquellos que dirigen las diferentes instituciones públicas para emprender un combate de mayores efectos contra quienes se han dedicado a incrementar los precios de diversos productos sin considerar siquiera que están fomentando una salida extrema por parte de los sectores populares, tal como ha acontecido ya en varias partes de Venezuela.

Sin embargo, hay que acotar que es necesario igualmente que se apliquen correctivos enérgicos, quizás excepcionales, que ataquen y reduzcan considerablemente la corrupción presente en muchas instituciones, evitando que sea percibida y aceptada como un hecho normal. Sin la corrupción existente, extensiva por igual al sector estrictamente civil, no se acabará la especulación descontrolada de cualquiera de los productos que requieren todos los venezolanos, en especial los alimenticios, que es donde se manifiesta con mayor crudeza y desesperación la desvalorización del poder adquisitivo.

Ambas operaciones exigen la actuación del poder popular organizado en general. Bajo esta directriz, debieran activarse todas sus organizaciones en función de extirpar este flagelo social, puesto que sus consecuencias funestas podrían darle paso a un clima de total inestabilidad en el cual prevalecería el interés personal antes que el colectivo. Algo de lo cual no podrían sacar provecho los grupos opositores que son los más motivados en que ello ocurra para que caiga el gobierno o se concrete una intervención militar extranjera, tal como la han invocado en numerosas ocasiones.

Respecto a este posible escenario, habrá que sublevarse, independientemente de la opinión que se tenga de la dirigencia política gobernante o de la oposición de derecha, ya que de permitirse, por indolencia e irresponsabilidad nuestra, se creará un estado general de ingobernabilidad, mucho peor al que, en mayor o menor medida, criticamos en el presente. En el caso de quienes animan una intervención militar extranjera, encabezada sin duda por tropas estadounidenses, o, como lo admitió en fecha reciente el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, alientan a las fuerzas armadas para que den un golpe de Estado para salir del gobierno, hay que recordarles, apelando a la filosofía popular, que una cosa es invocar al Diablo y otra verlo en persona. Esta eventualidad hipotética sólo acarrearía males incalculables, incluso sin que llegara a presentarse la fatalidad de una guerra civil, como pasó en otros países del continente.