Los dilemas que afronta Argentina en diciembre volvieron a emerger con gran intensidad. Macri lanzó su atropello neoliberal y chocó con una monumental reacción popular. Logró aprobar la ley contra los jubilados, pero a un costo político altísimo que licuó su avance electoral. La victoria pírrica que consiguió en el Parlamento no compensó lo perdido en las calles. Confrontó con los sindicatos y los movimientos sociales, abrió un severo conflicto con su base social, erosionó el idilio con el PJ y la CGT y desnudó su virulento perfil represivo.

El gobierno adelantó la votación sabiendo que el tiempo le jugaba en contra. Tuvo que levantar la sesión inicial (con o sin quórum) ante la magnitud de la protesta. Luego militarizó el Congreso, redobló la extorsión de los gobernadores, reforzó las amenazas judiciales y acentuó la intimidación mediática. La oprobiosa ley que impuso deslegitima su gestión ante la mayoría de la población.

UNA SUBLEVACIÓN MAYÚSCULA

Macri concertó un pacto con los gobernadores, para financiar la reelección de Vidal y sus colegas del interior con los ingresos de los jubilados. Negoció con la zanahoria y el garrote. Prometió facilitar el endeudamiento de las provincias y amenazó con bloquear el pago de los sueldos.

El mismo combo utilizó con la jerarquía sindical. Garantizó el manejo burocrático de las obras sociales y la ilegalización de 300 gremios opositores. Pero también insinuó la multiplicación de los encarcelamientos por negocios turbios, que ya provocaron la caída del “Pata” Medina.

La sensación que Macri arrollaba duró poco. Al concentrar su ataque en el sensible tema de los jubilados desató la indignación. Todos sus engaños se estrellaron con la masiva oposición registrada por las encuestas. Los disfraces utilizados para vender la “reparación histórica” no dieron resultado. Nadie pudo “comunicar bien” el descarado robo al sector pasivo.

La respuesta popular sumó sectores y descolocó a los aparatos. Comenzó con marchas sindicales y una variada sucesión de actos que culminaron en la impactante manifestación de los movimientos sociales. Hasta la CGT tuvo que despertarse con un paro que anuló, relanzó y finalmente obstruyó. La inmensa movilización de medio millón de personas retrató el descontento general. Diversas organizaciones confluyeron en un mitin de elevada combatividad y densidad social.

Numerosos votantes de Cambiemos se sumaron (o convalidaron) la protesta. Por eso Macri ni siquiera consideró la convocatoria a una marcha derechista de la clase media contra los sindicatos. La receta de abril quedó desactualizada. Esta vez una parte de sus seguidores acompañó a los jubilados con impactantes cacerolazos nocturnos.

LA AVENTURA REPRESIVA

El gobierno ha optado por la brutalidad que exhibió el jueves 14. La gendarmería militarizó el centro, disparó gases, perpetró una cacería arbitraria, hirió periodistas y golpeó a siete diputados. Con un pretexto inverosímil (“se preparaba la toma del Congreso”) convalidó el auto-gobierno de una fuerza armada, que transforma las calles en campos de batalla.

El lunes 18 repitieron con más astucia el mismo operativo. La policía de la cuidad se victimizó y luego repartió palos al voleo. Nadie puede explicar por qué razón hay que debatir las leyes en un escenario bélico. Desde hace mucho tiempo se tratan normas conflictivas (como la 125) sin ninguna presencia policial.

Macri introduce la represión sabiendo que su ajuste es inaplicable sin porras y pistolas. Ensayó en la Patagonia lo que ahora practica en las grandes ciudades. Trasladó a Buenos Aires el mismo clima que impuso en Bariloche. Ha transformado el enemigo fantasmal del sur (RAM), en una “conspiración kirchnerista-trotskista” para ocupar el Parlamento. Extiende a las agrupaciones de izquierda las mismas mentiras que confeccionó para inculpar a los mapuches.

La carta represiva incluye la aparición de provocadores en el cierre de todas las marchas, el uso de armas contra las protestas sociales en Neuquén y la detención de militantes por la simple realización de pintadas. Desde que asumió el PRO se han registrado 111 hechos represivos que dejaron 328 personas heridas. Macri prepara una estructura especial de combate al “terrorismo” y monta causa de “sedición” contra los manifestantes. Además deportó a varios representantes de las ONGs acreditadas ante la OMC.

La gestación de un régimen de excepción se ultima a toda velocidad. Bullrich permite a los gendarmes desconocer las órdenes judiciales y asegura impunidad a todas las fuerzas. Su jefe enaltece el modelo autoritario que rige en Colombia o Perú.

Ese proyecto es coherente con la paulatina reintroducción del ejército en los conflictos internos. Ya comenzó una intensa campaña para reivindicar la “profesionalidad” de militares, mientras se adquieren aviones en Estados Unidos y se entrenan gendarmes en los territorios ocupados de Cisjordania. El hundimiento del submarino destapó, además, con qué velocidad se estrechan vínculos con el Pentágono, para realizar ejercicios conjuntos o incluso instalar una base extranjera en el sur.

Para viabilizar este curso Macri necesita extirpar la gran conciencia democrática que existe en Argentina. Debe restaurar el miedo entre dos generaciones acostumbradas a ejercer sus derechos con naturalidad. Hasta ahora no logró recrear el pánico, pero todos los días sube la apuesta con alguna acción intimidatoria.

Las marchas multitudinarias aportan el principal freno al ataque del oficialismo. Obstruyen la escalada represiva y empalman con la exigencia de juicio y castigo a los asesinos de Santiago y Nahuel. Este enlace de luchas sociales y democráticas es imperioso. La defensa de los jubilados transita por el mismo carril que los reclamos de libertad a los presos políticos (Salas, D´Elía, Esteche, Zanini).

Sólo en esa convergencia se afianzarán logros (condenas de la ESMA, recuperación de nietos) y se crearán vínculos con las nuevas resistencias. Los familiares de las víctimas del submarino ya siguen los precedentes de AMIA, Cromagnon y Once para exigir verdad y justicia.

LA ANDANADA NEOLIBERAL

La agresión contra los jubilados inaugura la aplicación efectiva del programa de Cambiemos. El atropello incluye un cambio en la fórmula de indexación, que sustrae 100.000 millones de pesos al sector y reduce a la mitad los aumentos proyectados para el año que viene.

Esa confiscación representa casi el doble de lo concedido con la “reparación histórica” e impide recuperar la pérdida sufrida durante el 2016. La medida no sólo es  inconstitucional por su aplicación retrospectiva. Eleva la edad de retiro hasta los 70 años y achata el porcentaje de cobro en comparación a los sueldos de los activos.

El bono de compensación -que el gobierno improvisó en medio de la convulsión- es una burla. Implica erogaciones por 3500 millones frente a una desfalco oficial de 100.000 millones. El robo es tan escandaloso que ningún oficialista se atrevió a defenderlo. En lugar de exponer los números del proyecto intentaron distraer a la población con esgrimas parlamentarias.

La única justificación que insinuaron fue el “quebranto del sistema previsional”. Pero ocultan que esa caja es destruida adrede para reimplantar la jubilación privada. El ANSES mantuvo resultados superavitarios durante los últimos años y ahora es demolida mediante su des-financiación. Ese agujero se expandirá con una reforma impositiva que reduce drásticamente los ingresos del sistema. Es lo mismo que hizo Menem y que ha derivado en Chile en el cobro de jubilaciones miserables. Para oxigenar las cuentas provinciales y aliviar la tributación de los capitalistas, los gobernadores consintieron la virulenta sustracción de los fondos de la seguridad social.

El próximo paso será una ley laboral que disminuya las indemnizaciones, legalice las pasantías y obligue al trabajador a financiar su propio despido. Para copiar el modelo brasileño se intentará remover la legislación conquistada en la última centuria. El esperado atropello sector por sector queda reemplazado por una generalizada destrucción del sistema laboral.

El gobierno presenta sus contrarreformas como un doloroso remedio para reducir el déficit fiscal. Pospone las promesas de un futuro venturoso y atribuye el recorte a la herencia dejada por el kirchnerismo. Pero omite que el desbalance de las cuentas públicas se disparó en el último bienio por los menores impuestos y las mayores subvenciones otorgadas a los acaudalados.

El porcentual actual del déficit (7-8% del PBI) es semejante al prevaleciente en los momentos de gran descalabro. Sólo el aumento de la deuda frena el estallido a un sideral costo de intereses. Esa carga se expande sin freno mediante sucesivos decretos. En la misma semana que podaron 100.000 millones a los jubilados, el Ejecutivo autorizó 80.000 millones para pagos adicionales a los banqueros.

El descontrol de la deuda empieza a colocar al país en una zona de peligro. Desde el 2015 Argentina es el principal emisor planetario de títulos públicos, a tasas muy superiores al promedio regional. Se ubica entre las cinco economías más vulnerables a los efectos de una eventual crisis internacional. Por esa razón el FMI exige redoblar el ritmo de los ajustes.

Macri enreda nuevamente al país en un círculo vicioso de endeudamiento especulativo. Ya entrampó a la economía en una madeja de colocación de LETES y absorción de LEBACS que asegura altos rendimientos a los capitales golondrinas.

Ninguna inversión compite con negocios financieros apuntalados por el complementario seguro que ofrece la fuga del capital. El recuerdo de la tablita (Martínez de Hoz) y la convertibilidad (Cavallo) induce a los capitalistas a colocar sus ganancias en el exterior. Con ese criterio manejan su fortuna personal todos ministros del gabinete.

El gobierno reconoce que alimenta una bomba financiera y que dilapida los ingresos de los tarifazos en pagos de intereses. Pero argumenta que se endeuda para solventar el gasto social, cuando salta a la vista cómo recorta esas erogaciones para subsidiar a los capitalistas.

También afirma que la deuda es un recurso temporario para incentivar la generación de nuevas fuentes de trabajo. Pero las inversiones que deberían anticipar esa prosperidad no se vislumbran por ningún lado. Más bien se verifica un abismo entre el discurso y la realidad. Hablan de reducir la inflación mientras permiten la disparada de los precios y convocan a crear empleo facilitando los despidos. La augurada prosperidad es una fantasía en el actual escenario de altos rendimientos financieros, retracción del mercado interno, aumento de la precarización laboral y apertura de las importaciones.

 Los nefastos resultados del neoliberalismo refutan el mito de estimular la inversión demoliendo los derechos sociales. Un modelo de bienestar popular no puede asentarse en la sistemática transferencia de ingresos a favor de los capitalistas. Con inflación continuada, déficit fiscal creciente, endeudamiento y desbalance comercial, Macri acentúa la regresión histórica de la economía argentina.

CIMIENTOS PARAINSTITUCIONALES

El saqueo de los abuelos retrató el deslizamiento del gobierno hacia formas de gestión contrapuestas con el republicanismo. Macri subordinó todas las formalidades parlamentarias al pacto extorsivo que suscribió con los gobernadores.

Los popes del PJ justificaron ese contubernio con hipócritas argumentos de conveniencia local (“afectamos a los jubilados para pagar los sueldos de las provincias”). Pero en los hechos descargaron el ajuste sobre todos los empobrecidos sin distinción de lugar de residencia.

Esa nueva traición no será gratuita. El peronismo ya sufrió varias palizas electorales, multiplica sus divisiones, carece de liderazgos y exhibe un nivel de repliegue que preocupa a su mentor del Vaticano.

En la práctica cotidiana Macri recurre más a la manipulación de la justicia que a los pactos con la partidocracia. Define con los jueces el hostigamiento de los luchadores sociales, a través de un expeditivo sistema para montar causas. Ha enviado al pabellón de los presos comunes a varios dirigentes (D´Elía, Esteche), luego de perpetrar una cacería que actualiza la vieja demanda de “Navidad sin presos políticos”.

El mamarracho judicial montado por Bonadío supera todo lo imaginable. Instaló la acusación de “traición a la patria” en ausencia de una guerra. El acuerdo con Irán que impulsó Cristina en sintonía con Obama era la contracara de la ruptura con los Ayatollahs, que promueven Trump y Netanyahu con su títere argentino. Son decisiones políticas carentes de correlato judicial. El juez de la servilleta utiliza su poder vitalicio para avasallar convenios aprobados por el Parlamento, que nunca se aplicaron y jamás entrañaron algún delito.

Todas las causas son seleccionadas con el auxilio de los carpetazos que la AFI aporta al Ejecutivo y sus cómplices de Comodoro Py. Esa entente se especializa en la intimidación de adversarios. Ya pusieron entre las rejas a una veintena de altos funcionarios y empresarios de la era K. Descubrieron resonantes evidencias de corrupción en la vieja administración, sin detectar ningún caso equivalente en el equipo gobernante. De Vido, Boudou y López están en prisión, mientras Arribas, Caputo, Aranguren y la familia presidencial continúan tranquilamente sus desfalcos.

Con las mismas amenazas de encierro se acalla a los burócratas sindicales involucrados en operaciones mafiosas (Moyano-OCA), se desplaza a los jueces adversos (Freiler) y quedan fulminados los procuradores molestos (Gils Carbó).

Pero el gobierno juega con fuego al propiciar purgas que podrían afectar a su propia tropa. Si cambia el escenario político y el macrismo queda debilitado, la corporación judicial contará con el recurso de encarcelar arbitrariamente a los funcionarios caídos en desgracia. Hay precedentes de estas operaciones en América Latina.

El total alineamiento de los medios de comunicación impide notar esa posibilidad. Cambiemos debutó liquidando la ley de Medios y recortando los espacios de expresión opuestos al oficialismo. Luego proscribió de la pantalla a las figuras críticas e impuso la asfixia económica de los diarios y emisoras discordantes. Con la cínica fantasía de una prensa imparcial, independiente y competitiva se ha generalizado la auto-censura y el discurso único.

Los medios hegemónicos ya recurren a la provocación. Presentan a los militantes como individuos fascinados con la violencia o afectados por la patología de “buscar un muerto”. Repiten esas tonterías mientras fabrican enemigos. Ayer eran las RAM y ahora es el trotskismo.

Primero describieron los asesinatos de la gendarmería en la Patagonia como un “enfrentamiento” entre grupos equivalentes. Ahora retratan las bengalas de los manifestantes como armas más letales que los gases y las balas de la policía. Asignan la primera plana a los heridos de esa fuerza, sin mencionar a los tres militantes que perdieron un ojo y a los indigentes o abuelos golpeados por los uniformados.

Con esa doble vara los justicieros de TN y América TV exigen la desprotección de los adherentes a las organizaciones populares. Reproducen todos los latiguillos oficiales (“la conducta de las fuerzas policiales será investigada”), sabiendo que ningún gendarme será separado o detenido por sus “excesos”.  Durante la militarización del Congreso se horrorizaron con el apasionamiento de algunos diputados, sin percibir la mayor violencia de sus propios mensajes.

 La intelectualidad derechizada (Lanata, Andahazi, Iglesias) comanda esa convocatoria a incrementar la represión. Ya cruzaron la raya de una simple grieta para justificar el neoliberalismo a palos. Han perdido las últimas gotas de humanismo, tolerancia o solidaridad y sólo aspiran a vengarse del kirchnerismo, demonizando su eventual reemplazo por la izquierda.

Los apologistas más tradicionales de la coerción afirman que “hubo una década de derechos y ahora necesitamos un decenio de obligaciones”. Rebobinan la vieja cantinela sobre los “argentinos que no respetan la ley” (Pagni), para bendecir a los enloquecidos gendarmes de Bullrich. Afirman que los manifestantes “extorsionan” a la población -como si constituyeran un grupo demográfico distinto- ocultando que los únicos chantajistas son los artífices del ajuste.

La retórica pro-dictatorial en boga apunta a revertir las conquistas democráticas logradas desde el 2001. Esa regresión es un ingrediente esencial del atropello neoliberal. Ningún ajuste puede perpetrarse sin represión, pero como Macri no es Videla necesita pactos, jueces y medios de comunicación para mantener su decreciente credibilidad.

RECUERDOS DEL 2001

El ataque a los jubilados es el gran test de la nueva etapa. Hasta ahora el gobierno conformaba una modalidad electoral de la restauración conservadora, con rasgos de la vieja y la nueva derecha (asistencialismo y tecnología de la manipulación). El perfil actual supone un manejo del poder por arriba con mecanismos autoritario-represivos. La decisión (finalmente soslayada) de imponer el recorte a los jubilados por decreto ilustra esa tendencia a gobernar con el estado de excepción.

Macri busca erosionar la combatividad de los trabajadores para cambiar la relación de fuerzas a favor de las clases dominantes. Triunfó en las urnas sin contar con las condiciones requeridas para implementar su proyecto reaccionario.

En pocos países existe el nivel de luchas que se observa en Argentina. Cambiemos pretende demoler ese activo, pero al principio de su gestión debió aceptarlo mediante el denominado gradualismo. Ahora refuerza la autoridad presidencial para superar su débil hegemonía. La forma en que se dirimieron los conflictos de diciembre puede representar una bisagra en esa estrategia. Macri impuso sus leyes pero perdió acompañamiento.

En perspectiva se vislumbran tres escenarios. Si prevalece el desenlace registrado en la confrontación con los jubilados, el gobierno repetirá la trayectoria reciente de proyectos regresivos que se estrellan con la resistencia social. Si por el contrario logra doblegar al movimiento popular comenzaría un período semejante al encabezado por Menem, cuando derrotó los sindicatos. Luego de un primer año turbulento (hiperinflación, ministerio de Bunge y Born, el plan Bonex), el riojano estabilizó su proyecto neoliberal con la convertibilidad.

La tercera alternativa es una repetición del abrupto fracaso de la Alianza. Esa opción -que parecía descartada luego de los últimos comicios- reaparece con el embrión de sublevación popular que salió a flote en las últimas semanas. Algunos ingredientes del 2001 resurgieron en las movilizaciones y en los temores de los funcionarios. Resolvieron sesionar el lunes 18 para evitar coincidencias con la conmemoración del 19 y 20 de diciembre. En las calles se percibió también un principio de alianza entre los precarizados y la clase media empobrecida que rememora lo ocurrido hace 16 años. Ya hay atisbos de un reencuentro de los piquetes con las cacerolas.

Pero al cabo de una década de intensa reorganización por abajo también gravita la presencia de una militancia agrupada en sindicatos, movimientos sociales y partidos, que no existía en el 2001. Por eso se escuchan más cánticos a favor de la “unidad de los trabajadores” que simples reclamos para “que se vayan todos”. Los frutos de una mayor politización se palpan en la calle. El ingenuo rechazo a todos los partidos ha sido reemplazado por debates sobre el kirchnerismo y la izquierda.

Las consignas más radicales (“andate Macri la p…”) aún son marginales, en comparación a la masiva exigencia de dimisión que afectaba a De la Rúa. Pero el autoritarismo represivo puede generar vertiginosas dinámicas de erosión de las creencias institucionalistas de la población.

Una diferencia económica distingue al escenario actual del 2001: Macri no afronta aún el colapso fiscal y preserva un significativo margen de endeudamiento. En el terreno electoral acaba de revalidar un mandato que De la Rúa ya había pulverizado. Mantiene además la cohesión por arriba que la Alianza perdió luego de la renuncia del Chacho Álvarez.

Pero esa homogeneidad comienza a quebrantarse con la conducta asumida por Carrió, al levantar sesión del lunes 18 y bloquear el decreto contra los jubilados que motorizaba su superior de la Casa Rosada. La división también despunta entre los funcionarios del área económica por el estancamiento que impone la política monetaria. Si los fracasos de Cambiemos se multiplican, la erosión por arriba irrumpirá con la misma intensidad que las rebeldías por abajo.

CAMBIO DE CLIMA

Lo ocurrido en las últimas semanas altera radicalmente el contexto político. En lugar de un presidente que se lleva todo por delante, se afianza la imagen de un gobierno que atropella a los humildes. En todas las áreas se verifica un estado de ebullición.

El mundo sindical está convulsionado por el cúmulo de agachadas perpetradas por el triunvirato de la CGT. Los pases de factura y el descontento de las bases auguran todo tipo de divisiones. El mismo torbellino se observa en el peronismo. La capitulación de los legisladores suscita crecientes repudios. Los renovadores tratan de navegar por el medio con encendidos discursos contra el ajuste y maniobras para reencontrase con sus colegas pro-macristas del PJ.

Los dilemas del kirchnerismo son igualmente críticos. La mayoría de sus dirigentes se ubicó en un campo de rechazo frontal al ajuste. Por eso reciben tantos ataques de los medios hegemónicos de comunicación. Pero sus próceres del pasado (Bossio, Picheto, Abal Medina) aprobaron la agresión y su principal gobernadora (Alicia Kirchner) firmó el pacto contra los jubilados. Lo más impactante ha sido la ausencia de Scioli. Por temor a terminar en la cárcel o por aproximación a los gobernadores, el ex candidato a presidente traicionó a los jubilados.

La izquierda afronta otros desafíos. A diferencia del 2001 es una fuerza relevante en el debut de un giro político y está en la mira de las próximas persecuciones judiciales. Defender la militancia frente a esa andanada, encontrar caminos prácticos de confluencia con las fuerzas que resisten y reforzar la construcción política anticapitalista son las grandes tareas del momento.

Es también prioritario el debate con el “progresismo equidistante”, que pretende colocar en un mismo plano la violencia ejercida por el estado, con la bronca o los errores cometidos por los manifestantes. El gobierno es el responsable de lo ocurrido en las movilizaciones por los gendarmes que despliega para imponer el ajuste.

La apuesta inicial de Macri a la desmoralización del movimiento popular ha quedado atrás. Ya no busca crear una sensación de inevitable oleada amarilla. Ahora juega la carta de la represión frente a la impactante rebeldía popular. Como ya ocurrió tantas veces en el pasado diciembre vuelve a trastocar el escenario del país.

23-12-2017

- Claudio Katz, economista, es investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz