En medio de un gran escándalo político, el Congreso peruano aceptó la solicitud para iniciar el proceso de destitución del neoliberal presidente Pedro Pablo Kuczynski, horas después de que éste anunciara el jueves 14 por televisión que no renunciará pese a que la constructora Odebrecht reveló pagos millonarios a empresas vinculadas con el mandatario.

Hace 17 años, el dictador Alberto Fujimori, fue cesado por el Parlamento peruano por incapacidad moral en 2000, luego que intentó renunciar desde Tokio tras salir del país agobiado por los escándalos de corrupción de su gobierno (1990-2000). Cumple 25 años de cárcel por corrupción y asesinato.

Cuando cayó la dictadura de Fujimori y Montesinos, diecisiete años atrás, tuvimos la esperanza de que un tiempo nuevo podría estarse abriendo en el Perú. Al menos el cumplimiento de la promesa de las transiciones democráticas de respeto a los derechos humanos y liberad política para los ciudadanos  que diera condiciones para que nuestro pueblo recuperara los derechos sociales conculcados. Nos equivocamos, señala Nicolás Lynch en OtraMirada.

Lo cierto es que poco ha cambiado en estos años. El neoliberalismo continuó en democracia y fue capaz de convencer a los peruanos que el crecimiento económico que ha favorecido a unos pocos podría convertirse en riqueza de todos. Este neoliberalismo, sin embargo, no perdió el ingrediente que ya había tenido en dictadura: la corrupción.

Sin dudas, más allá de los hechos reales de corrupción, hay una campaña de desestabilización parlamentaria del gobierno, capitaneada por la hija del dictador preso, Keiko Fujimori, quien no solo quiere tomar el poder sino liberar a su padre.

“La ruptura del encanto y el nuevo cuento de hadas nos están diciendo que podríamos estar cerca del final del régimen democrático que nació a medias con la huida del dictador a fines del 2000 y que ahora peligra, con toda su precariedad, de la mano del mismo personaje. Ya conocemos el guion de la guerra sucia luego de la guerra misma: primero hay que ir por los movimientos sociales y los partidos democráticos, después el ataque al Ministerio Público y al Tribunal Constitucional y finalmente disolución de lo que haya que disolver, ayer el Congreso hoy quizás la Presidencia”, alerta Lynch.

Las asesorías ficticias han sido uno de los mecanismos de Odebrecht para realizar pagos irregulares. Cabe recordar, también, que en Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass está preso acusado también por recibir sobornos de Odebrecht cuando era el segundo del ex presidente Rafael Correa.

El portavoz de la bancada de la fujimorista Fuerza Popular (FP), Daniel Salaverry, considera que el presidente “le ha mentido nuevamente al país. Tenía la gran oportunidad ayer de sincerarse con el pueblo peruano, de presentar su carta de renuncia y de permitir que haya una transición constitucional tranquila, con estabilidad, que no perjudique la gobernabilidad; sin embargo, se aferra al cargo, sigue mintiendo”, declaró.

Otra presión provino del presidente del Banco Central, Julio Velarde, advirtió que el peor escenario para la economía es que el Congreso destituya a PPK y se convoque a nuevas elecciones, ya que esto generaría incertidumbre en los inversores. Sin embargo, si el caso se resuelve a través del cauce constitucional y es Martín Vizcarra (primer vicepresidente) el nuevo mandatario, la crisis sería temporal, añadió, ofreciendo la posición del capital trasnacional.

Paradójico: “Hoy la vacancia presidencial ya está sobre la mesa y no hay marcha atrás. Se demanda altura y mesura de nuestros políticos y un debido proceso”. Con ese eslogan, el entonces Kuczynski trataba de hacerse un espacio en la contienda electoral de 2016. Casi dos años después, ya Presidente, es a él  a quien parece habérsele acabado el recreo; es quien hoy, no solo el Congreso sino los ciudadanos de a pie, le enrostran la promesa en la que creyeron sus más de ocho millones y medio de votantes, señala Perú21.

¿Somos todos corruptos?

El jueves 21 de diciembre se votaría el pedido para sacar del poder al presidente, fecha en la que él o su abogado podrían defenderse en la sesión del Congreso. La oposición tiene las 87 bancas necesarias para dar luz verde a la remoción de Kuczynski, el exbanquero que se convertiría en el primer presidente destituido por el escándalo de Odebrecht en América Latina.

Con las firmas de 27 de los 130 legisladores del Congreso unicameral, dominado por el opositor Fuerza Popular que lidera la conservadora Keiko Fujimori, comenzó el proceso de vacancia para cesar al presidente por permanente incapacidad moral, conforme a lo dispuesto por la Constitución. Los legisladores no quedaron convencidos cuando Kuczynski rechazó haber recibido pagos indebidos de la constructora, investigada por sobornos.

 La decisión del Congreso afirma que Kuczynski mintió al Parlamento, al no informar que había recibido remuneraciones de Odebrecht, lo cual constituye incapacidad moral. Luis Galarreta, presidente del Congreso e integrante de Fuerza Popular, dijo a la prensa que le comunicaron por escrito la decisión al mandatario.

 Kuczynski, de 79 años, quien alcanzó el poder el año pasado, dijo que se someterá a las investigaciones de la fiscalía y el Congreso y pidió que se le levante el secreto bancario.

Odebrecht, acusada de corrupción en varios países, informó esta semana al Congreso peruano que pagó 4,8 millones de dólares a dos consultoras vinculadas con Kuczynski: 782 mil dólares a Westfield Capital, cuando se desempeñaba como ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), y 4,05 millones para First Capital, empresa de su exsocio, el chileno Gerardo Sepúlveda.

No hubo transparencia, no hubo claridad, no hubo verdad en las respuestas del Presidente, afirma Perú21. La inconsistencia de sus argumentos fueron sobrepasados por los documentos presentados y declaraciones como la de Mauricio Cruz, el representante de Odebrecht que dio cuenta pormenorizada a la comisión Lava Jato de los depósitos de esa empresa a Westfield Capital y a First International Partner.

 Kuczynski es el tercer presidente peruano en problemas por Odebrecht, junto a Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo, acusados de sobornos. Humala está en prisión preventiva mientras en espera de juicio y Toledo –vive en Estados Unidos– tiene una orden de captura con fines de extradición. En tanto, Keiko Fujimori es investigada por recibir dinero de la firma para su campaña electoral de 2011.

La esperanza en Perú había renacido en el 2000, con la caída de Fujimori, pero el mal desempeño de los gobiernos sucesivos tanto en lo político (sigue rigiendo la Constitución autoritaria impuesta en 1993) como en lo económico (modelo que reprimariza, concentra y extranjeriza la riqueza del país) evitó que surgieran fuerzas alternativas en estos años y sobre todo una unidad de fuerzas populares, progresistas y democráticas.

Hoy la vacancia presidencial ya está sobre la mesa y no parece posible una marcha atrás. Se demanda un debido proceso con derecho a la defensa antes de tomar la decisión final. Y hasta entonces el país seguirá en vilo.

Mariana Álvarez Orellana

Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, eee.estrategia.la)