Una clara divisoria de aguas entre el gobierno anterior y la gestión Cambiemos es la respuesta institucional ante la protesta social. El 2017 a diferencia del 2016 mostró su carácter represivo del que, hasta el momento, han sido víctimas los docentes, el pueblo mapuche, referentes de movimientos sociales y cooperativistas e incluso las manifestantes que asistieron a las marchas contra los feminicidios y a favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la desaparición de Santiago Maldonado -cuya carátula titula “desaparición forzada”- toca un nervio neurálgico de gran parte de la sociedad argentina.

Desde el 1 de agosto Santiago Maldonado se encuentra desaparecido. La última vez que fue visto fue durante la represión en Cushamen, provincia de Chubut, llevada a cabo por Gendarmería –bajo la órbita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich-. A más de un mes de su desaparición, Macri no ha realizado un solo llamado a la familia Maldonado. Por su parte, la propia ministra de Seguridad ha afirmado mientras cenaba en un célebre programa de T.V. conducido por Mirtha Legrand que “la familia no colaboró con la Justicia”. Contradiciendo esta aseveración, ambos padres, Stella Maris Peloso y Enrique Maldonado, se han puesto a disposición de la Justicia y han suministrado muestras de ADN para que los peritos comparen con los restos de sangre y cabello encontrados en una camioneta de Gendarmería¹.

El cauce que ha tomado la investigación es cuanto menos dudoso², sin embargo los más importantes medios de comunicación han culpabilizado a la víctima y a su entorno. En los dos principales diarios del país –Clarín y La Nación- han elaborado teorías acerca de Santiago – al cual refieren despectivamente como “el artesano” o “el tatuador”- tales como que es “un terrorista de las FARC”, “un correo mapuche que se fugó a Chile”, “un miembro de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”, “que ha sido herido de una puñalada por un puestero de Benetton en un campo de Epuyén”, etc. Asimismo lo han vinculado con organizaciones terroristas como el IRA o ETA y hasta los kurdos³.

El 1 de septiembre, a un mes de la desaparición de Santiago, la familia Maldonado convocó a una concentración en Plaza de Mayo. Con el hashtag #UnMesSinSantiago en las redes sociales, el reclamo por la desaparición de Santiago Maldonado se hizo oír. El escenario estuvo ocupado por miembros de la familia, quienes hicieron uso exclusivo de la palabra, aunque acompañados de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de Derechos Humanos. Sergio Maldonado, hermano del joven, afirmó: “A un mes de la desaparición forzada el Estado lo niega. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza de seguridad, lo único que hicieron fue cuestionar a sus amigos, a su familia”. Las alocuciones estuvieron enmarcadas en el contexto de un festival donde sonaron distintas bandas, quienes tocaron para las 250.000 personas presentes.

Los presuntos disturbios luego del cierre fueron anunciados e imaginados antes de que hayan sucedido, y exacerbados por los medios de comunicación. En Córdoba, un día antes de la marcha y con la excusa de investigar una movilización previa, un fiscal dispuso 15 allanamientos a locales partidarios, comedores, bibliotecas populares y organizaciones sociales⁴. En Buenos Aires, el saldo de los incidentes producto del accionar represivo, en el cual destacó la presencia de policías de civil disfrazados de manifestantes, fue de 31 detenidos y 23 heridos, en su mayoría reporteros gráficos, estudiantes universitarios y militantes de organizaciones sociales -aunque también personas detenidas a varias cuadras del lugar, casi dos horas después de la marcha y aún el absurdo de un turista que paseaba por la zona⁵-. Los 31 manifestantes apresados permanecieron detenidos e incomunicados hasta la noche del domingo. Este hecho fue celebrado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Los jueces en general se los llevan presos y a las seis u ocho horas los largan, (esta vez) no los largaron. Hay 30 que quedaron detenidos todo el fin de semana, eso ya es un avance”⁶ elogió.

Ada Luz, una de las detenidas durante la represión, relató mediante una entrevista con radio 10 el momento de las detenciones: “Pasaron unas motos, doblaron en una esquina y mientras pasan empiezan a disparar balas de goma. Había muchísimos policías de civil que se ponían chalecos bordó, aparecieron en medio de la gente, pateaban y las tiraban al piso”.  Sobre las vejaciones cometidas durante el cautiverio agregó: "Una de las chicas en la Comuna 12 fue obligada a entrar a su celda, desnudarse y desde la puerta un policía la filmó desnuda, fue una situación que sobrepasa todos los límites, otras chicas fueron obligadas a desnudarse completamente⁷". Juan Pablo Mourenza, uno de los reporteros gráficos detenidos, perdió su registro de la represión. En la devolución de sus efectos personales omitieron restituirle la tarjeta de memoria de su cámara fotográfica.

Delación, una práctica contra la solidaridad social

Desde su desaparición, distintas estrategias comunicacionales fueron puestas en marcha para visibilizar el caso Maldonado, entre ellas una campaña internacional en redes sociales en la que fue instalada la pregunta ¿Dónde está Santiago Maldonado? Numerosas secretarías de Derechos Humanos de los gremios docentes Ctera, UTE y Suteba crearon tres cuadernillos para los niveles Inicial, Primario y Secundario, denominados "Escuelas por la Vida". Los mismos contenían actividades de reflexión sobre la temática de las desapariciones forzadas -y sobre el caso Maldonado en particular- a raíz de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La medida fue repudiada por un sector de la sociedad -que enardeció con la propuesta- y fuertemente cuestionada desde los medios. Como consecuencia surgió la contra campaña llamada “#ConMisHijosNo⁸”, difundida en redes sociales y en consonancia con el pronunciamiento de funcionarios oficialistas.

Por su parte, la respuesta oficial fue la promoción de una línea telefónica gratuita 0-800 desde el gobierno porteño, con el fin de denunciar a docentes que les hablaran a sus alumnos de Santiago Maldonado, en abierta contradicción con el artículo 67 de la Ley de Educación, que en su inciso C establece: “Al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional y las disposiciones de esta ley.”

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, afirmó que la campaña del gremio docente suponía una utilización del tema para “hacer política en las escuelas”. Además, la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, advirtió que el instructivo de Ctera para tratar en las aulas el caso de Santiago Maldonado como "desaparición forzada" –nombre que figura en la carátula de la causa- y responsabilizar a la Gendarmería por el hecho "es sólo una manifestación política". Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, también rechazó el instructivo y lo calificó como "muy bajo, muy doloroso y altamente peligroso".

Consideraciones finales

La estrategia oficial de demonizar toda expresión opositora al gobierno -ya sea peronista, kirchnerista, anarquista, troskista, sindical o indígena- comienza con la construcción de un otro peligroso, violento y hasta terrorista con argumentos irrisorios. Una nueva polarización de tipo violento, bastante similar a como los medios argentinos caracterizan al escenario venezolano. Las prácticas represivas buscan con un mismo golpe obtener un efecto de desmovilizar a la población y recrear el mito del manifestante violento que es preciso ajusticiar. Es necesario aclarar que buena parte de la población adhiere a esta construcción de sentido. Desde su editorial del diario La Nación, Joaquín Morales Solá sentenció este domingo que la violencia llegó para quedarse⁹.

La gran repercusión que el caso adquirió en la prensa internacional llevó a que el reclamo traspase las fronteras, poniendo sobre el tapete la cuestión de la defensa de los derechos humanos en la Argentina y en democracia. Sin embargo, tanto los medios locales como los funcionarios del Gobierno han minimizado la gravedad del asunto, estigmatizado al pueblo mapuche y a la militancia, intentado silenciar el reclamo e incluso cuestionado la veracidad de la desaparición. En este sentido, fue Elisa Carrió quien desde su cuenta oficial de Twitter deslizó: “Si la hipótesis de la desaparición de Santiago Maldonado fuese una invención kirchnerista, sería perverso, infrahumano y delictivo”.

Mientras tanto, y a pesar de los múltiples intentos de deslegitimar el reclamo de aparición con vida y eludir las responsabilidades institucionales correspondientes, nos seguimos preguntando: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

Bárbara Ester

Investigadora CELAG

Fuente: http://www.celag.org/santiago-maldonado-desdibujando-al-estado-derecho/