Con el lanzamiento del Plan de Gobierno del presidenciable por la Alianza Opositora contra la Dictadura, Salvador Nasralla, se completaron las propuestas de los tres (3) candidatos de los partidos con opciones de triunfo en los comicios electorales de noviembre próximo. Un tema ausente en dichos planteamientos es la reforma del Estado, asignatura de por si pendiente ya que en el marco del modelo de corte neoliberal instaurado en Honduras, el centralismo institucional no lo permite.

En el caso del Partido Nacional, se trata es profundizar las reformas vigentes después del golpe de Estado, que tienen un sesgo a favor de acciones, políticas, decretos y leyes que fortalecen el modelo de corte neoliberal y centralismo. Muchas de estas reformas como las Alianzas Publico Privadas, Ley de Empleo Temporal, Ley Hipoteca, ZEDEs, ajuste en las tasas impositivas (impuestos indirectos), tienen un impacto negativo para la economía y sociedad hondureña, y debilitan el accionar de la institucionalidad pública en favor de la equidad e inclusión social, más allá de medidas compensatorias (Vida Mejor y chamba comunitaria) al ajuste económico.

Para Luis Zelaya, hay que respetar la Constitución de la República como un medio para reconstruir el Estado de derecho para combatir la corrupción y garantizar legalidad e independencia de los poderes constituidos, aunque varios de sus candidatos a diputados fueron los principales violadores de dicho Estado de derecho. Habla también de más educación, salud y protección social, pero no dice si desmantelará las acciones e institucionalidad del gobierno en favor de la privatización de estos servicios y la exclusión de amplios sectores sociales.

En el caso de la Alianza Opositora contra la Dictadura, la propuesta es una nueva Constitución que refunde el Estado de derecho e incorpore la población al proceso de toma de decisiones y representación social y política. Según los cálculos de analistas políticos, se necesita un amplio bloque parlamentario a favor de esta propuesta, pero la correlación de fuerzas en el Congreso de la Republica no será suficiente. De allí la necesidad de buscar opciones alternativas como la consulta directa a la población para que se pronuncie acerca del mecanismo a utilizarse para refundar la patria grande de Morazán.

Lo local es un tema ausente en los programas de gobierno de los candidatos, y todo parece indicar que el centralísimo institucional actual siga vigente por más tiempo. Hay poca mención a la descentralización del Estado, como instrumento para fortalecer los gobiernos locales y participación ciudadana.

El gobierno que preside Juan Orlando Hernández (JOH), redefinió las prioridades de política y sectores estratégicos en la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022) de Pepe Lobo (2010-2013), lo cual fue acompañado de una reforma de la administración pública que integra las intervenciones de cada sector en gabinetes multisectoriales (Decreto PCM-001-2014 de febrero de 2014). Estos gabinetes comprenden: a) Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización; b) Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social; c) Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; d) Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; e) Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica; f) Gabinete Sectorial en Seguridad y Defensa; g) Sector de Relaciones Exteriores.

Esta nueva estructura multisectorial de la administración pública tiene una incidencia directa en el marco de políticas y demás intervenciones que los actores públicos, privados y sociales ejecutan en los territorios, regiones, departamentos y municipios del país. En primer lugar, fortalece la instancia de coordinación multisectorial y territorial del nivel central a través de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG), pero separa el proceso de toma de decisiones en materia de coordinación y planificación regional asignándosele la función técnico-política al Comisionado Presidencial Regional, adscrito al Ministerio de la Presidencia de la Republica. En segundo lugar, debilita las acciones de Secretarias como la de Agricultura y Ganadería, Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) e Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) supeditada al funcionamiento del Gabinete de Desarrollo Económico. En el caso de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) se evidencia un debilitamiento del Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA), consecuentemente, del proceso de formulación y evaluación de políticas agroalimentarias que tienen como su sustento teórico los enfoques en materia de seguridad alimentaria.

Se fragmentan las intervenciones en materia de organización y capacitación de los pequeños productores agropecuarios, grupos campesinos y cooperativas de la reforma agraria, al separarse las funciones y competencias del Instituto Nacional Agrario (INA), Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), del ámbito de acción multisectorial agropecuario. Igual sucede con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial (CONOT), uno adscrito a la Secretaria de Mi ambiente y el otro al Gabinete Sectorial de Gobernación y Descentralización.

Esta integración multisectorial institucional, muy efectiva para contribuir a lograr objetivos de estabilización económica y racionalización de las funciones públicas en el marco del modelo de corte neoliberal vigente, impacta negativamente en el funcionamiento de las intervenciones en materia de desarrollo de la competitividad territorial o regional, en especial cuando se trata de fomentar e integrar cadenas agroalimentarias para generar mayor valor agregado e ingresos para los productores de los eslabones básicos, o relacionar los aspectos territoriales e institucionales con los beneficios de la potenciación de los sitios turísticos de las regiones, ya que son varios los interlocutores institucionales o privados que tienen competencias para liderar la ejecución de estrategias y planes de desarrollo regional en materia turística.

De acuerdo al artículo N. 8 del decreto anterior, el Sector de Relaciones Internacionales está integrado por: a) La Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y; b) Los programas y proyectos que desarrolle el gobierno de la República para promover las inversiones, las exportaciones, el turismo y la imagen de país. Con ello, parte de las competencias ejercidas por la Secretaria de Planificación (SEPLAN- hoy SCGG) en materia de cooperación externa se trasladaron a la Secretaria de Relacionales Exteriores, pero también aquellas asignadas a la Secretaria de Economía e IHT. En el ámbito regional y local, ello genera confusión ya que la coordinación de los instrumentos de planificación ( caso de la Estrategia y Plan de Desarrollo Regional) corresponde al Ministerio de la Presidencia a través de los Comisionados Regionales y las oficinas de planificación, bajo los lineamientos definidos por la SCGG, que son acompañados con programas de inversiones ( fondos públicos y privados) de mediano y largo plazo apoyados por la SEFIN, pero que de acuerdo a las disposiciones anteriores deberá también oírse a la Secretaria de Relaciones Exteriores, responsable entre otras cosas, del registro y monitoreo de la cooperación externa ( programas y proyectos) multilateral y bilateral.

En tal sentido, urge utilizar las instancias sectoriales (caso del CODA en sector agroalimentario) e instituciones públicas con competencias privativas en materia turística como el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), como instancias de coordinación de los instrumentos regionales, en especial de las agendas de competitividad. En el caso del CODA, puede incluso a través de la SAG, convocarse al CODA ampliado para apoyar iniciativas de desarrollo local con una amplia participación de actores, alimentada con el trabajo técnico de los programas y servicios sectoriales como PRONAGRO, SENASA y DICTA. En el caso de la cooperación externa, lo recomendable de cara al nuevo programa de gobierno (2018-2022) de los aspirantes presidenciales, es que la SCGG vuelva a operar como una SEPLAN que coordine la elaboración de las estrategias, planes y programas de inversiones incorporando la participación de oficiales de cooperación de la Secretaria de Relaciones Exteriores, igual mecanismo debe seguirse en el caso de las acciones orientadas a la coordinación, alineamiento y armonización de la cooperación externa, que en el caso de competitividad y cadenas productivas y de valor, involucra a un gran número de agencias cooperantes.

Es importante que los candidatos de oposición, en especial Salvador Nasralla, redefinan sus prioridades en materia de intervenciones públicas al comprometerse a destinar la recuperación de los fondos de la corrupción a iniciativas locales de desarrollo, como el fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias y el ordenamiento territorial con base a la regionalización de cuencas y micro cuencas, lo que es compatible con los programas y proyectos de la cooperación, caso de COSUDE, la UE y la agencia canadiense de cooperación; en ello, juega un papel importante su Plan Estratégico de Agua Potable y Saneamiento. La preocupación manifiesta de Luis Zelaya al proponer una nueva legislación en materia de agua y el uso productivo de las tierras ociosas por las familias campesinas, es válida. JOH, y su nueva “economía social de mercado”, busca beneficiar más a los pequeños productores y mi pymes que han sido excluidos del modelo de corte neoliberal ejecutado después del golpe de Estado, pero el tiempo apremia y las acciones se miran como aisladas de las políticas macroeconómicas y sectoriales.

Hay que volver la mirada a lo local, destrabando los recursos y toma de decisiones desde lo central; no hay espacio para la demagogia en un país donde la pobreza y el desempleo tienen un carácter estructural, no bajan.

Tegucigalpa, 29 de Agosto de 2017