La crisis humanitaria en los países centroamericanos del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) podría recrudecerse durante la presidencia de Donald Trump, quien desea incrementar la deportación de inmigrantes ilegales y detener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica por medio de la construcción de un muro fronterizo, la firma de acuerdos de seguridad y la reducción de la ayuda económica.

La administración de Donald Trump deportó, en sus primeros cien días de gobierno, a 56,315 inmigrantes ilegales, cantidad que se encuentra por debajo de las deportaciones realizadas por el ex presidente Barack Obama durante el mismo período en 2016[1]. A diferencia del gobierno anterior, el arresto de inmigrantes ilegales para proceder después con su deportación creció sustancialmente, lo cual allanó el camino para la expulsión masiva de centroamericanos.

La deportación masiva de inmigrantes centroamericanos, sin embargo, tiene el potencial de debilitar el poderío de la industria estadounidense de alimentos, ya que no contaría con una mano de obra sobreexplotada que continuamente necesita renovarse con cuadros jóvenes por las condiciones inhumanas en sus lugares de trabajo. El conflicto se ha resuelto hasta el momento por medio del otorgamiento de visas de trabajo para el sector de la agricultura, pero evidentemente no alcanzarán a cubrir a todos los trabajadores centroamericanos[2].

Si el número de deportaciones adquiere una escala masiva en Estados Unidos en los próximos meses, los gobiernos centroamericanos se verán obligados a recibir crecientemente a migrantes ilegales en medio de una crisis humanitaria. Lo anterior se confirma con la terrible situación económica de los países miembros del Triángulo del Norte, que tienen los índices de pobreza extrema más elevados en América Latina[3].

La dura realidad de los países del Triángulo del Norte es que dependen de las remesas enviadas por los inmigrantes residentes en Estados Unidos, puesto que representan 10, 17 y 18% del PIB de Guatemala, El Salvador y Honduras respectivamente[4]. La reducción de las remesas recibidas por las familias centroamericanas exacerbaría entonces el caos social caracterizado por la indigencia, la pobreza y la violencia.

El margen de maniobra de los países del Triángulo del Norte es extremadamente estrecho debido a la reducida recaudación fiscal promedio (16% del PIB), que imposibilita incrementar el gasto público para crear oportunidades de empleo para los migrantes ilegales. La corrupción de las autoridades públicas que recaudan principalmente sobre los impuestos indirectos, demuestra la imposibilidad de recaudar más fondos por medio del mayor cobro sobre las ganancias del capital trasnacional. 

La corrupción política es apoyada por Washington a través de los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que promovió recientemente los golpes de Estado de Manuel Zelaya en Honduras y Otto Pérez Molina en Guatemala. En consecuencia, los gobiernos centroamericanos no pueden implementar reformas económicas en beneficio de las mayorías sociales, mientras sus instituciones políticas se encuentren bajo la tutela de Estados Unidos.

Además de la insignificante recaudación fiscal, los gobiernos centroamericanos no pueden reducir sustantivamente el enorme gasto militar a causa de las exigencias de Washington que demanda la destinación de sus fondos al combate contra las redes criminales. Por ejemplo, el gasto militar de Honduras y El Salvador está por encima del 6% del PIB, cifra que supera el gasto militar como proporción del PIB de todos los países latinoamericanos[5].

La doble cara de Washington en sus fuertes demandas al gasto militar se refleja en su casi nula aportación de 630 millones de dólares a la Alianza para la Prosperidad, mientras que los países del Triángulo del Norte aportaron 2,900 millones de dólares para la conformación del 80% del fondo en 2107[6]. Los países centroamericanos se encuentran así aislados y desprotegidos para cambiar su penosa situación económica ante el desinterés de Washington.

Adicionalmente, los gobiernos centroamericanos ya son presionados por el presidente Donald Trump, quien solicitó una disminución del 30% en la ayuda económica de la Alianza para la Prosperidad correspondiente a 2018. La asistencia económica se reducirá a 460 millones de dólares y podría disminuir aún más próximamente, ya que la continuidad del apoyo económico está condicionada a la cooperación de los países centroamericanos en la deportación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

Cabe destacar que más de la mitad de la contribución estadounidense a la Alianza para la Prosperidad se destina  al fortalecimiento del aparato bélico de los países centroamericanos a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica[7]. Esta estrategia solamente ha contribuido a militarizar todo el territorio centroamericano a costa de aumentar la violencia, la represión y la persecución de la población.

Asediados por las masacres sociales y la terrible situación económica, los centroamericanos siguen siendo obligados a abandonar su país de origen debido a las continuas extorsiones, las amenazas de muerte y los altos índices de violencia. Dichos factores mantienen a la región del Triángulo del Norte como el territorio más violento de América Latina a pesar de la inexistencia de una guerra comparable a los conflictos en Medio Oriente.

En contraste con el fortalecimiento del aparato militar, el gobierno de Donald Trump no tomará acciones decisivas para desarticular el tráfico de drogas que tiene como destino a los consumidores estadounidenses. La región del Triángulo del Norte seguirá teniendo una importancia geoestratégica para el narcotráfico, ya que representa un importante corredor del tráfico de drogas entre América del Sur y Estados Unidos.

La deportación de migrantes ilegales, por consiguiente, beneficiará a las organizaciones criminales trasnacionales como las maras, organización que se dedica al tráfico de drogas, la venta ilícita de armas y la extorsión de personas y empresas principalmente en Centroamérica. La razón por la cual sucederá esto es porque los centroamericanos deportados engrosan las filas de las organizaciones criminales trasnacionales con una mano de obra barata, con lo cual se acrecentará la violencia en los países centroamericanos.

Lo más atroz vendrá para los migrantes si se llegara a concretar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, ya que la experiencia ha demostrado que la construcción de muros únicamente promueve la creación de rutas más mortíferas y riesgosas hacia los puntos de destino, con lo cual se engrandece el poder y la influencia de los traficantes de personas[8].

A pesar del silencio de los grandes medios de comunicación sobre los acontecimientos de los pequeños países de Centroamérica, indudablemente son ellos los que sufren con mayor violencia la dominación de Estados Unidos. Y el futuro que depara a los centroamericanos dependerá fundamentalmente de la resistencia de los movimientos sociales contra la política migratoria de Donald Trump.

Ulises Noyola Rodríguez es Colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.