Pese a que México es considerado a nivel mundial como un lugar privilegiado por su diversidad y riqueza artística, arqueológica e histórica, nuestra nación carece de un instrumento jurídico que reglamente este patrimonio.

Su vasto acervo en bienes materiales, manifestaciones inmateriales, los productos y representaciones reflejo de la nacionalidad entre los cuales se cuentan el idioma español, las lenguas ancestrales de las comunidades indígenas, la tradición, el paisaje cultural, costumbres y hábitos, y otros bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, estético o simbólico en las artes plásticas, la arqueología y arquitectura.

Según la UNESCO, México es uno de los países con mayor riqueza cultural: en cuanto a patrimonio mundial, ocupando un sexto lugar; un cuarto sitio en patrimonio cultural inmaterial; y el décimo segundo en patrimonio documental. Además, forma parte nuestro país, junto con otras siete naciones, del grupo de los que concentran hasta 70 por ciento de las lenguas a nivel mundial al ocupar, por sí mismo, el quinto sitio por su diversidad, que se refleja en 68 diferentes, que se hablan a lo largo de las zonas indígenas existentes en la mayor parte de los estados.

Esa diversidad se conforma entre otros activos, por 30 mil sitios arqueológicos, más de 100 mil monumentos históricos, museos nacionales, regionales y locales; una extensa red de bibliotecas; obras y creaciones de nuestros artistas, arquitectos, escritores, músicos e intelectuales, todo lo cual forma parte de nuestra identidad frente al mundo, en el que adicionalmente se reconoce a nuestra cultura, por las invaluables aportaciones al arte universal de artistas e intelectuales de la talla de Carlos Fuentes, Octavio Paz o Juan Rulfo; de José Guadalupe Posada, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Rufino Tamayo o Frida Kahlo, por citar a algunos de los más insignes; lo mismo que por las ricas manifestaciones de nuestras culturas populares, indígenas y urbanas que son rasgo componente de dicha identidad.

Para el investigador Carlos A. Campos Mota  resulta paradójico que siendo México en América Latina, uno de los países que se han distinguido por el su acervo cultural, haya quedado rezagado respecto a la consolidación de un marco jurídico e institucional que dé dirección, orden, armonía e integralidad a las políticas públicas que ha promovido el Estado en ese campo en el pasado siglo y lo que va de éste.

Ese rezago –argumenta en su trabajo intitulado Consideraciones para la reglamentación jurídica del derecho a la Cultura no fue por falta de falta de voluntad o de iniciativas en el terreno cultural de quienes han estado al frente del sector sino, en todo caso, en ocasiones de su voluntarismo, o porque las políticas y programas que emprendieron.

Hizo ver que en su mayoría respondían en lo general a coyunturas del momento, adoleciendo de una clara e una intencionalidad clara y de visiones de largo plazo, situación que se ha traducido  en un enredijo de leyes, normatividad e instituciones signadas por su desarticulación, que no logran llevar la cultura a todos los rincones del país, ni incentivar, promover o difundir al cúmulo de artistas, creadores y artesanos que plasman su inspiración, talento e inventiva en las obras que confeccionan para nuestro disfrute.

Este es el caso en todos los terrenos del arte y la cultura, en el teatro y la danza, en la música y las artes plásticas; en el arte ancestral de los grupos indígenas; o en el arte popular.

Dejando de lado el acervo arqueológico y arquitectónico, o algunos de los activos naturales de que dispone México que se consideran parte de ese patrimonio cultural, que implican un desplazamiento hacia ellos para su deleite, la mayoría de las expresiones artísticas se concentra en unas cuantas ciudades, dejando ayunos de su goce a vastos grupos de población, y haciendo nugatorio, el derecho de acceso a la cultura reconocido ya constitucionalmente.

Es por ello, que el académico reconoce que pese a la creación de la Secretaría de Cultura  resulta insuficiente conducir armoniosamente al sector, ya que carece de un instrumento que reglamente jurídicamente al sector. Consideró que es una asignatura pendiente que no debe demorar más y apuró que el Congreso diseñar una ley que dé certeza y guía al quehacer cultura de México.

Punto cero

En la Cámara de Diputados, el PRD impulsa una agenda verde a fin de revertir el acelerado deterioro ambiental, que en México representa el 50 por ciento de algún grado de degradación.

“Vamos a generar políticas para proteger nuestros ecosistemas”, dijo el diputado federal Juan Fernando Rubio Quiroz, quien preside la Coordinación de Desarrollo Sustentable.

El legislador del sol azteca alertó sobre el riesgo del calentamiento global, fenómeno que no reconoce fronteras y  cuyos efectos repercuten negativamente en la economía, la salud, la seguridad y la alimentación, y en el que México –nación que alberga el 12 por ciento de la biodiversidad del planeta—no está exento de sus devastadores efectos.

Dio a conocer que actualmente 50 por ciento del suelo mexicano muestra algún grado de deterioro; 40 por ciento de las cuentas hidrológicas están gravemente contaminadas.

Un 15 por ciento de los acuíferos están sobreexplotados y la deforestación anual alcanza las 370 mil hectáreas. Además, 25 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos son depositados a cielo abierto.

Ante este desolador panorama, Rubio Quiroz fustigó a quienes presuntamente enarbola la defensa del medio ambiente, “cuando en realidad sólo buscan acciones mediáticas y oportunistas para conservar sus privilegios políticos! 

José Víctor Rodríguez Nájera

Periodista mexicano

@JoseVictor_Rdz