Se abre Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales CGLU

11/10/2016
  • Español
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Português
  • Análisis
cumbre mundial
-A +A



La ciudad de Bogotá, capital de Colombia, se prepara para acoger la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales y el 5º Congreso de Ciudades y Gobiernos Unidos CGLU, del 12 al 15 de octubre de 2016.

 

Por primera vez en la historia, el Congreso Mundial coincidirá con una Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible: la Conferencia Hábitat III, que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre de 2016 en Quito, pocos días después de esta Cumbre.

 

De Bogotá a Quito, la Cumbre permitirá fomentar las recomendaciones, las prácticas y las experiencias de las autoridades locales y regionales, y asegurar que éstas se materialicen.

 

El encuentro, también conocido como Cumbre Mundial de Alcaldes, contará con cerca de 300 conferencistas y 3.000 participantes también de la sociedad civil, provenientes de 100 países.

 

El encuentro se realiza cada tres años y sus primeras cuatro ediciones se celebraron en París (Francia, 2004), Jeju (Corea del Sur, 2007), Ciudad de México (2010) y Rabat (Marruecos, 2013). Alrededor de 175 asociaciones de gobiernos se darán cita en la edición 2016.

 

La Cumbre de Bogotá escenificará el potencial del liderazgo local con respecto a las agendas globales del desarrollo, un liderazgo compartido por los alcaldes y alcaldesas y las organizaciones ciudadanas. La co-creación de las ciudades, el cambio del contrato social con el derecho a la ciudad en el centro de la gestión local, modalidades de financiación local innovadoras, la relación entre el día a día de las ciudades y los objetivos globales de desarrollo, así como la gestión de crisis desde los contextos urbanos y la agenda de igualdad, serán algunos de los muchos temas que se tratarán. La agenda de aprendizaje, y de intercambio de experiencias, será otro de los grandes ejes del encuentro.

 

Escuchemos a las ciudades y territorios

 

Josep Roig, Secretario General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – UCLG, subraya que “conseguir que se reconozca un estatus específico para las organizaciones de gobiernos locales en los procesos internacionales es uno de los objetivos prioritarios de UCLG desde su creación. Los miles de representantes locales que se espera acudan a la cita de Bogotá reclamarán desde allí lo que ya vienen reclamando desde la periferia de las negociaciones de la ONU, un asiento en la mesa de las consultas y toma de decisiones del futuro de la agenda urbana.

 

En un mundo globalizado, las decisiones globales, afectan a las locales. Por ello las agendas internacionales han de tener en cuenta los contextos subnacionales. La Cumbre de Bogotá escuchará a las voces locales, pero Hábitat III también deberá considerar que ciudadanos, activistas, empresarios y representantes electos de todos los rincones del mundo ya están co-creando sus ciudades, con la pretensión de mejorar su calidad de vida. Entienden la ciudad como un espacio común, con el nivel de gobierno más cercano al ciudadano como facilitador de este proceso democrático” (1).

 

Derecho a la ciudad democrática

 

La participación pasó a ser una necesidad para “radicalizar la democracia” en un contexto mundial de crisis de la representación política y para corregir las grandes desigualdades de acceso a los espacios de poder y de decisión. La resistencia de algunas ciudades y colectivos ciudadanos al modelo Smart City basado en la vigilancia y en la centralización de datos, amplía el concepto del “derecho a la ciudad” al “derecho a la ciudad democrática”. La participación ciudadana en los procesos de planificación urbana, la privacidad de las comunicaciones, los procesos de deliberación ciudadana, el movimiento de hacking cívico alrededor de la transparencia, el commoning data (datos del bien común) y la democracia directa en el ámbito urbano (como lo demuestran los proyectos municipales de #DecideMadrid – Madrid o #DecidimBarcelona – Barcelona) dibujan el horizonte del “derecho a la ciudad democrática”.

 

La gestión democrática de los pueblos, ciudades, áreas metropolitanas y regiones supone reforzar el papel los gobiernos locales. El derecho a la ciudad democrática se convierte pues en piedra angular de los gobiernos locales, pero más allá de las múltiples formas de participar, la cuestión de la capacidad de estos canales de participación para abarcar a los más alejados del poder nos tiene que interrogar.

 

A Bogotá viajará la Alcaldesa de Barcelona Ada Colau (líder de Podemos) que anima el Diálogo Político “El Derecho a la Ciudad en el centro de la Nueva Agenda Urbana” (14 de octubre, 11-12.30 h), juntos a Lorena Zárate, presidenta de la Habitat International Coalition (HIC).

 

Al respecto Lorena Zárate, presidenta de la Habitat International Coalition (HIC), considera que “la tierra es un bien común, un bien social al que todos tienen que poder acceder, y no solo un bien económico.

 

Sin embargo, como evidenciaron las manifestaciones y debates en torno a la preparación de la Copa Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016), realizados recientemente en Brasil, la aplicación efectiva y constante de estas medidas presenta enormes desafíos. Por una parte, se ve claramente enfrentada tanto a la reacción y resistencia de los sectores terratenientes y especulativos inmobiliarios, así como a la falta de voluntad política, la corrupción, el desconocimiento y/o la extrema cautela o contradicciones de los operadores públicos. Por otro, debe superar barreras culturales o falsas dicotomías que se construyen y se refuerzan a través de la propaganda de bancos y otras instituciones financieras, y los discursos imperantes en los medios masivos de comunicación en torno a la importancia de ser “propietarios” y a los derechos que eso supone.

 

Este debate cobra nueva vigencia y carácter internacional en el marco de la definición de la llamada Nueva Agenda Urbana. Esto es, el documento global que los estados miembros están negociando desde hace varios meses, y que deberán aprobar durante la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, a realizarse en octubre próximo en Quito, Ecuador.

 

Para los movimientos sociales, redes de la sociedad civil e incluso gobiernos locales que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la definición e implementación del Derecho a la Ciudad, está claro que estos son principios y compromisos básicos que la Agenda debe considerar seriamente si pretende ser un instrumento efectivo para transformar la realidad injusta de nuestras ciudades en las próximas dos décadas. ¿Estarán nuestros gobiernos a la altura de las circunstancias? ¿Para quiénes serán las ciudades del siglo XXI?” (2).

 

Bogotá y la segregación de los habitantes de calle

 

El pasado 27 de mayo de 2016 las autoridades de la ciudad de Bogotá pusieron fin a años de tráfico y expendio de estupefacientes en el sector de el Bronx, centro de la capital colombiana, a solo 400 metros del Palacio Presidencial de Nariño.

 

En la zona había casas de pique y ocurrían torturas, secuestros, además, los perros eran usados como armas de ataque. Asimismo, abundaba la trata de personas y la esclavitud sexual de 300 niñas, niños y adolescentes en situación de calle. En el Bronx se recaudan mensualmente 1,5 millones de dólares solo por concepto de venta de drogas, aseguraron las autoridades.

 

La diputada Ángela María Robledo (Verdes), ex Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana de Bogotá, subraya que “Bogotá está en una crisis humanitaria y social. La Alcaldía trató a habitantes de calle como animales y hoy la vida de seres humanos está en riesgo.

 

La intervención en Bronx requería más que inteligencia policial y bolillo; mínimo debió haber proceso de 1 mes para generar confianza con el habitante de calle. Después del garrote, cualquier acercamiento genera rechazo.

 

La responsabilidad de Enrique Peñalosa (actual Alcalde Mayor) es más que política. La Corte Constitucional dice en la sentencia C-385 de 2014: Habitantes de calle requieren protección del Estado.

 

Lo de la improvisación en la administración de Peñalosa no es un "slogan de oposición", tenemos ya una tarea documentada que así lo demuestra y surgirán acciones legales”, concluye Ángela Robledo.

 

Al respecto Gustavo Petro (Alcalde de Bogotá entre 2011-2015) considera que “la operación sobre el Bronx en Bogotá se convirtió en una política de gentrificación a mano armada.

 

La gentrificación es el proceso que excluye una población pobre o étnicamente diferente de donde habita tradicionalmente, para ser reemplazada por poblaciones más ricas o de otra índole étnica. En la Colombia contemporánea se ha producido un extenso y profundo proceso de gentrificación en los campos con el desplazamiento de millones de campesinos de sus tierras reemplazados por narcotraficantes, testaferros y sus compradores de “buena fe” de muy altos recursos, a partir de la acción armada del paramilitarismo con la ayuda del Estado.

 

La gentrificación siempre es una práctica antidemocrática y es capaz de generar violencias incontenibles.

 

Bogotá Humana cambió las políticas de gentrificación que se dieron, incluso en gobiernos del Polo, por políticas de revitalización urbana, que implican que los habitantes tradicionales de una zona puedan gozar de las renovaciones urbanas que se dan en su zona de residencia y no ser desplazados por ellas, así no tengan capacidades económicas o sean muy reducidas. Ejemplos de revitalización se dieron en los Olivos, Chapinero; el barrio Belén, Egipto, la Plaza de la Hoja, en el proyecto Fenicia con la Universidad de los Andes, en la transformación del centro comercial cielos abiertos en el centro comercial popular de San Victorino”, concluye Gustavo Petro (3).