Nueva York, 24 de junio de 2016 (NCM) – El asedio al periodista Julián Assange, refugiado desde hace ya cuatro años en la embajada de Ecuador en Londres, ha tenido un efecto de amedrentamiento para los medios noticiosos, pero a la misma vez se ha convertido en potente denuncia de los intentos de domesticar a los periodistas mediante leyes engañosas.

El tema fue objeto de discusión esta semana en Nueva York en un foro moderado por Amy Goodman, de Democracy Now, en el que participaron también el laureado con el Premio Pulitzer Chris Hedges, Jeremy Scahil, de The Intercept y los abogados Margaret Ratner y Carey Shenkman, además del propio Assange, quien intervino vía teleconferencia.

Assange, a quien Estados Unidos busca extraditar vía un reclamo de Suecia para procesarle criminalmente por las publicaciones de WikiLeaks –o ejecutarle extrajudicialmente, según han sugerido algunos líderes políticos- resumió en bastante medida su lucha al plantear que “la historia no pertenece a una institución” sino a toda la civilización humana para que pueda mejorarse a través del conocimiento de la verdad. En su perspectiva del referente histórico, el periodista australiano dijo que WikiLeaks intenta construir cibernéticamente una especie de “biblioteca rebelde de Alejandría” con la publicación de documentos que EEUU y otros gobiernos pretender mantener secretos.

El abogado Shenkman dijo que esos intentos gubernamentales ponen en peligro a los funcionarios que tratan de dar la voz de alerta y tienen efectos de “amedrentamiento (chilling effect) para la libertad de prensa”. La abogada Ratner abundó sobre el tema al señalar que se intenta “usar el secreto, la mentira y la vigilancia como herramientas de control”.

De hecho, justo mientras se llevaba a cabo el foro de Nueva York, a 1.600 millas al sureste, en Puerto Rico, se libraba una batalla para detener una propuesta para implantar un ambicioso sistema de control y vigilancia de la información disfrazada de ley de “transparencia”. A la fecha del cierre de esta crónica, todavía las tres asociaciones de los periodistas de esa colonia estadounidense del Caribe cabildeaban intensamente contra la medida, mientras sólo el periódico Caribbean Business se atrevió editorializar en oposición al plan, que tildó de una pesadilla al estilo de la novela “1984” de George Orwell.

(NCM Noticias publicó internacionalmente un editorial en el que planteó que se trata de una “fantasía totalitaria”.)

El uso del doble lenguaje para disfrazar las medidas de control fue tratado por Scahil, quien puntualizó cómo ante la masacre reciente en Orlando, en el Congreso se planteó de inmediato una medida para prohibir la venta de armas a los fichados en la lista de sospechosos de que podrían ser, o convertirse en, terroristas. Scahil puntualizó que de esa forma se disfrazaba de reclamo de protección de derechos civiles una lista preparada en secreto y que nadie puede fiscalizar, de la cual son víctimas muchos inocentes.

En nombre de Puerto Rico, que aportó buena parte de las víctimas en Orlando, aparece por todas partes, aunque nadie lo mencione. Por ejemplo, en la victimización de ciudadanos que no tienen que ver con asuntos controversiales, el plan que se intenta implantar en Puerto Rico requeriría que toda información a la que advengan a conocimiento los empleados del Estado, sus contratistas y hasta los trabajadores sociales voluntarios, tendrá que ponerse en un sistema computarizado con expedientes numerados rastreables electrónicamente.

A los periodistas se les intenta seducir con un tribunal administrativo de apenas tres jueces y un procurador para atender todos los casos de negativa del Gobierno de entregar información, mientras del recogido voraz para alimentar los archivos electrónicos del sistema centralizado no se salvan ni las conversaciones privadas entre padres y maestros o las comunicaciones que se supone sean privilegiadas entre abogados y clientes.

Hedges, quien trabajó como periodista investigador para The New York Times y ahora está con la cadena RT, advirtió que lo que se intenta establecer por EEUU es un “totalitarismo invertido”. El reportero y analista dijo que a diferencia de los tiempos en los que ese tipo de dictadura era encabeza por líderes fuertes y carismáticos que daban la cara, ahora intenta operar a través “del anonimato corporativo”.

Advirtió que el recogido constante de información sobre los individuos no es para prevenir o combatir la actividad criminal real sino para promover la “pasividad” y el miedo. Según su punto de vista, esos sistemas dan armas para la persecución política de personas y grupos y que “cuando se le concede ese tipo de poder” a los gobiernos, “lo van a usar”.

“No nos queda tiempo”, dijo Hedges al pedir que se luche contra el nuevo totalitarismo que emerge.

Shenkman hizo un recuento sobre el proceso criminal que se está preparando contra Assange en EEUU, a pesar de que no ha sido acusado formalmente de delito alguno. Relató que se han estado emitiendo órdenes de búsqueda y registro contra WikiLeaks, que sufre todo tipo de asedio por parte del Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense “esconde los detalles” del caso que se está preparando, a la vez que se incrementa la vigilancia y la operación para tratar de desacreditar a WikiLeaks y a Assange.

El problema de los efectos temidos por los imperios sobre la publicación de informaciones comprometedoras es tan antiguo que está discutido por Heródoto en su libro Historias. Allí se relata como una flecha con un mensaje secreto de los persas a un traidor en Potidea fue interceptada cuando por error hirió a un soldado de la ciudad asediada.

En el drama presente, la mujer soldado Chelsea Manning fue la que interceptó mensajes sobre crímenes que estaban cometiendo las tropas de EEUU en los frentes del Medio Oriente y Asia Central durante la presente guerra global y se los pasó a Assange, quien los publicó en WikiLeaks. La soldado Manning fue arrestada, juzgada y sentenciada a 35 años de prisión, mientras EEUU sigue intentando capturar a Assange.