Después del golpe de Estado (junio de 2009) se intensificaron las acciones para liberar al Estado del compromiso constitucional y ético de asumir la competencia privativa por garantizar una educación de calidad a los hondureños, asignando los recursos y medios necesarios para que la población sin excepción tuviera acceso universal a la educación, en especial pre básica, básica y secundaria. El argumento esgrimido fue que el sistema educativo hondureño estaba en crisis como producto de la politización y corrupción de los dirigentes magisteriales y el poco impacto de los cuantiosos recursos financieros destinados a cumplir las metas educativas. Incluso se habló que la dirigencia magisterial había sido capturada por los partidos de izquierda (léase: LIBRE), y no representaba el interés del gremio magisterial.

Esta cantaleta tuvo los efectos esperados. Por un lado, el gobierno de “Pepe” Lobo y el partido de gobierno utilizaron para intervenir y saquear los recursos de los institutos de previsión social del magisterio (IMPREMA por ejemplo), por el otro, debilitar y liberar fondos manejados por los gremios magisteriales para financiar supuestamente las huelgas y al partido LIBRE. Este debilitamiento incluyó reformas a la Ley de IMPREMA, reglamentos de funcionamiento de las organizaciones magisteriales, la vigencia de una nueva Ley de Educación, separación de dirigentes magisteriales, asignación de recursos públicos a entidades privadas educativas, ampliación de la jornada de clases y prohibición de marchas y protestas de los colegios de secundaria.

Con estas acciones el gobierno de la República a través del Ministerio de Educación y su Ministro, Marlon Escoto, prácticamente borró de la palestra pública a la dirigencia magisterial, igual debilitó la protesta social cuando los maestros o alumnos sienten que les han sido violados sus derechos fundamentales de la carta magna en materia educativa.

El tiempo ha demostrado, tal como sucedió con el Chile de Pinochet, que detrás de todo se encuentra una concepción neoliberal por convertir la educación pública en mercancía, quitándole la competencia privativa al Estado y trasladando más costos a los padres de familia y alumnos. La proliferación de colegios y escuelas privadas es una de las buenas nuevas, igual cubrir 200 días de clase al año sin importar su costo y calidad del servicio prestado; otro ejemplo es la alfabetización por decreto como un requisito inventado por Escoto que los alumnos de último año de secundaria por graduarse deben cumplir para recibir su título. Es decir que no importa si el alumno obtuvo buenas notas, lo que importa al final es que cumpla con este requisito.

Esta práctica ha recibido el rechazo de toda la población, especialmente de los alumnos y padres de familia. Por un lado, estos tienen que buscar a las personas dispuestas a recibir las enseñanzas, pero incluso pagarles de su dinero ya que de lo contrario no participan. En una economía que reporta más de 2.4 millones de personas con problemas de empleo, pobreza y marginalidad social, los impactos de este programa en los bolsillos de la población son mayores. A ello se agregan costos de movilización y trasporte, ya que muchos de las personas a alfabetizar ponen el horario de clases que, en muchos casos, no concuerda con la programación regular de los alumnos. En las zonas urbanas de alta incidencia delictiva los padres se muestran temerosos y en las zonas rurales, los problemas de cambio climático y mal estado de las carreteras y caminos afectan la participación de los campesinos por tener que recorrer mayores distancias para llegar al lugar de enseñanza.

Los estudiantes salieron a las calles a protestar por esta medida aprobada por un Decreto Ejecutivo Ministerial 0407-SE-2014 que llama a alfabetizar; se denomina trabajo educativo social (TES), pero los costos directos ( pago a las personas a alfabetizar) los asumen los padres de familia no el Estado. Se quejan porque la Secretaria de Educación no les brinda la logística necesaria, tienen que darles dinero a los analfabetos por presentarse a clase, pagar a las niñeras para que cuiden sus hijos e incluso ir a buscar sus “alumnos” a alfabetizar. Denuncian además que existe un proyecto de la Unión Europea que paga al gobierno el equivalente a 75 euros por persona alfabetizada, y que todavía el Ministerio no cuenta con un censo educativo confiable que muestre por municipio las personas analfabetas y el rezago escolar.

En Honduras, datos no oficiales indican que existen más de 750,000 personas que aun no saben leer ni escribir, por lo que el Ministerio ha optado por la via del sicariato educativo, o sea una orden para que los alumnos de secundaria u otros universitarios alfabeticen asumiendo ellos y sus padres los costos. Estos, en algunos casos como en la ciudad capital, llegan a representar por alumno hasta el 30% del ingreso familiar. En caso que los alumnos no cumplan con este compromiso, no se gradúan.

Algunos diputados del partido Libre, caso de Rafael Alegría, son del criterio que deben buscarse otras alternativas al problema. Una es restablecer como experiencia piloto el programa “Yo si puedo” con el apoyo del voluntariado cubano; otra es que los fondos de la Unión Europea para alfabetización se ejecuten a través de organización de sociedad civil con experiencia en el campo, ya que no se trata de alfabetizar por decreto, cuando a la vuelta de esquina el alumno se vuelve analfabeta por desuso.

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) es del criterio que se debe evaluar la percepción que tiene la población del programa de alfabetización, como también de los materiales que se utilizan para determinar sin son adecuados ya que los procesos de comprensión son distintos para un adulto. El Congreso de la Republica ha citado al Ministro Escoto, para que explique los alcances de polémico programa y los impactos en los bolsillos de la población hondureña.

Lo más importante es evaluar hacia donde apuntan estas reformas neoliberales en materia educativa y cuales son los principales riesgos para la economía y sociedad hondureña a mediano y largo plazo. Más allá del programa de alfabetización de adultos, lo que interesa conocer es si estas reformas planteadas contribuyen a mejorar la calidad de la educación y no resultan prohibitivas para el pueblo hondureño en cuanto al derecho que tienen cada ciudadana por tener acceso a la educación provista por el Estado; o sea, que tan excluyentes son.

Como se sabe, el artículo 154 de la Constitución de la Republica establece que la erradicación del analfabetismo es una responsabilidad del Estado. Con este programa y otros en marcha, el Estado se está retirando de su responsabilidad por garantizar este derecho fundamental.

Tegucigalpa, 29 de abril de 2016