Voceros representativos del bolivarianismo y de la oposición, hablan hoy –aun  solapadamente- de la posibilidad de realizar una enmienda en la Constitución que incluyera la renovación de todos los poderes.  Mientras, el presidente Nicolás Maduro -con amplio apoyo en las calles- pidió al Tribunal Supremo de Justicia declarar inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional dominada por la oposición.

Esto es indicativo de que existen conversaciones formales o informales  para un acuerdo que permita salir de la crisis política que vive el país. La premisa fundamental de este acuerdo sería la renovación de todos los poderes públicos: los nacionales, estadales y municipales, o sea, a contarse todo el mundo en las urnas.

El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, quien indicó que el actual Parlamento “está cumpliendo un período de transición” y entregó al presidente Nicolás Maduro el proyecto de una enmienda constitucional para cesar a la actual Asamblea.

Por su parte, el opositor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, dijo que al gobierno lo sostienen el Alto Mando Militar y el Tribunal Supremo de Justicia  y reiteró que dentro de la Fuerza Armada hay grupos conspirando.

Ramos Allup, veterano político de Acción Democrática (socialdemócratas alguna vez) confesó que la Mesa de Unidad Democrática (que agrupa a todos los sectores de la oposición) presentó tres salidas –y no solo una- al gobierno porque sus integrantes no se pusieron de acuerdo, aunque al final resultó lo más inteligente y no descartó que puedan ponerse sobre la mesa las dos iniciativas de enmienda constitucional para el Ejecutivo y para el parlamento. “En materia electoral el culillo no es nuestro. En materia electoral el culillo no está de este lado”.

Una semanas atrás, los diputados de la MUD y el oficialismo habían aprobado por unanimidad un acuerdo inspirado en el exhorto del papa Francisco a favor del diálogo y la paz en Venezuela, donde se abstienen de pedir la mediación de alguna autoridad y se llama al encuentro y diálogo político.

El documento reconoce la importancia de la colaboración y el trabajo mancomunado para resolver los problemas del país y se renueva el compromiso de las partes para dirimir las diferencias con base en la Constitución.

En el acuerdo se plantea trabajar de buena fe y por el bien común, para impulsar la cultura del encuentro que propicie las condiciones para un diálogo fecundo que evite nuevos conflictos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Diplomacia vaticana? Amén,

 El revocatorio

 Mientras, el gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonsky, aseguró que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, debe atender la petición de la MUD para que se aplique un Referendo Revocatorio (una de las salidas propuestas por la oposición) a la gestión del presidente Nicolás Maduro.

“El Revocatorio tiene como fecha tope el 10 enero de 2017, después no tiene sentido. Hay que cumplir un lapso de 228 días según el reglamento”, explicó Capriles.

Capriles denunció presuntas maniobras “para que no empiecen a correr los tiempos. Ya tenemos 2 millones de personas censadas, es decir, futuros convocantes. Al saber cuál es el formato de la planilla en una hora podemos recoger las 200 mil firmas del 1%, pero ellos quieren confundir a la gente para que piensen que estamos perdiendo el tiempo”, dijo.

Hoy, Venezuela está al borde de una crisis de gobernabilidad. Aun cuando la oposición logre revocar el mandato de Maduro, tiene conciencia de que difícilmente podría  gobernar en un clima de paz social. Por su parte, el gobierno tiene que evitar el tiro de gracia que significaría enfrentar un referendo revocatorio.

 Todo ello enmarcado en una gravísima crisis económica derivada en parte por la baja de los precios internacionales del petróleo, viviendo un desabastecimiento de alimentos y medicinas, en medio de una crisis eléctrica que obligó a declarar no laborables todos los viernes, y una creciente criminalidad.

 La Ley del olvido

Una Ley de amnistía supone el perdón de un delito, la promulgación de una medida como esa implica el “olvido” de los crímenes cometidos por una persona de forma absoluta, de hecho, los delitos quedan eliminados al igual que todo tipo de responsabilidad, y por ello Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que la declare inconstitucional.

Casos de responsabilidad en asesinatos, estafas, intentos de golpes de Estado y corrupción de parte de activistas políticos vinculados a la oposición podrían ser “olvidados” y promover la impunidad de los crímenes contra el pueblo.

El principal objetivo de esta Ley -que contó con el invaluable apoyo de gobiernos, instituciones y sobre todo los medios de comunicación hegemónicos- es liberar al dirigente opositor Leopoldo López, responsable intelectual de la muerte de 43 personas durante las guarimbas,  (violencia urbana) así como obtener la impunidad para los implicados en actos terroristas que promovieron y participaron en actos contra la estabilidad política de Venezuela.

Muchos de los que se beneficiarían con la amnistía huyeron del país para evitar entregarse a la justicia y enfrentar el debido proceso por la comisión en muchos casos de delitos comunes, como el enriquecimiento ilícito.

Para el, constitucionalista Hemann Escarrá, la ley no solo es inconstitucional sino que atenta contra la constitución en la parte final del artículo 29 (delitos de lesa humanidad y afectación graves de los derechos humanos), y explicó que la norma es una aceptación de la comisión de los delitos. “Llama la atención que no te des cuentas que estás aceptando todos los delitos que allí se mencionan”, comentó.

Dijo que en el articulado se pide perdón por la insurrección armada, por la rebelión civil, por la rebelión militar, por la falta al honor militar, por haber actuado contra redes eléctricas, por las guarimbas, por las bombas en las embajadas, entre otros crímenes.

La transgresión se hizo norma

El intelectual Luis Britto García señala que el gobierno realiza ingentes sacrificios para mantener misiones sociales, elevar periódicamente salarios y subsidiar alimentos y productos básicos para las mayorías necesitadas, esfuerzos que no benefician al votante por tres factores contra los cuales el gobierno no actúa con energía suficiente:  la proliferación de mafias de intermediarios que acaparan y revenden bienes subsidiados con márgenes de ganancia superiores a los del narcotráfico; el contrabando de extracción, que según Maduro desaparece 40% de cuanto el país produce o importa; y  la corrupción que ampara las corruptelas que según Maduro desapareció 60.000 millones de dólares en importaciones fantasmas y empresas de maletín.

La falta de acción contundente contra estos flagelos determinó la masiva deserción de votantes (2,3 millones) que entregó el Poder Legislativo a una oposición que solo creció electoralmente 4,22%.

La socióloga Maryclén Stelling señala que la corrupción y la transgresión de las normas han penetrado y permeado la sociedad venezolana para convertirse en verdaderos problemas sociales y legales. La transgresión abarca un amplio espectro de comportamientos entre los dos extremos de un continuo: de la transgresión menor hasta comportamientos abiertamente delictivos. En ese contexto se sitúa la corrupción, entendida como “el abuso del poder público para la obtención de un beneficio privado”.

El manejo político de la corrupción en tanto fenómeno que “solo aqueja al adversario político”, la ha ido objetivando en forma de personas específicas y eventos aislados, lo que ha terminado por desvincular la corrupción de las formas y estilos propios de la sociedad venezolana.

La crisis económica, política y social, en tanto variables mediadoras, impulsa a interpretar las normas y situaciones de una manera particular, en la cual se justifica la transgresión y se le interpreta como algo socialmente aceptable, añade.

El uso y abuso mediático con fines de denuncia política, ha desembocado en la “espectacularización” de la corrupción. Desde el reconocimiento de que el venezolano se autodefina como pueblo anárquico, se ha desarrollado una cultura de la transgresión en tanto fenómeno cotidiano inserto en la dinámica social y en la relación de la ciudadanía con el sistema normativo formal e informal.

Sin dudas, la crisis económica, política y social ha coadyuvado en el desarrollo de una tolerancia hacia diversos comportamientos transgresores, hasta desembocar en una situación de laxitud ética generalizada.

Más allá de la permanente guerra de micrófonos y con el telón de fondo de una crisis agudizada en los últimos tres años por inacción gubernamental y guerra económica, hay quienes buscan una salida consensuada. ¿Qué dirá el pueblo?

- Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la revista Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC).