La designación de Lula aceleró vertiginosamente los tiempos en Brasil. Hizo que el Poder Judicial perdiera totalmente la compostura, al punto de liberar audios entre Dilma y el ex presidente, además de introducir una cautelar para que el nacido en Pernambuco no pueda asumir en su puesto con el agravante de que esto último lo hizo un juez federal que subió a sus redes sociales numerosas consignas en apoyo al impeachment a Dilma, abandonando toda equidistancia.

Pero más allá de los sectores concentrados de la Justicia brasileña, y los medios hegemónicos de comunicación –antagonistas del PT hace décadas, con Folha, Veja, Globo y O Estado de Sao Paulo como estandartes–, está otro sector que apoya decididamente la embestida: nada más y nada menos que las cámaras empresariales del país, con todo lo que ello implica en términos económicos (y también políticos). Así, la CNI (Confederación Nacional de Industria), Fiesp (Federación de Industrias del Estado de San Pablo) y Facesp (Comercios de San Pablo), entre otras entidades, expresaron en los últimos días una idea: Dilma debe renunciar, bajo la óptica de evitar un proceso que prolongue las dificultades.

La renovada presión empresarial por la repentina salida de Rousseff de Planalto olvida un dato no menor: 54 millones de brasileños optaron por Dilma hace apenas un año y medio, en octubre de 2014. Luego, sucesivas movilizaciones (nunca espontáneas, como se pretendió hacer ver) generaron un clima de desestabilización que se coronó con el accionar mediático de Moro. Los empresarios no dimensionan que, de salir Dilma de gobierno, el escenario de creciente conflictividad social podría ser aún peor. La grieta, en vez de achicarse o cerrarse, se agrandaría.

En medio de ese escenario, de extrema convulsión, una carta abierta del propio Lula, con mirada reflexiva y temple de cuadro, se posa por encima del maremoto, para decir que “los tristes y vergonzosos episodios de las últimas semanas no me harán descreer de la institución del Poder Judicial”. Aquel breve texto, puntilloso, cierra con la contundente frase “justicia, simplemente justicia, es lo que espero, para mí y para todos, en la vigencia plena del estado de derecho democrático”.

Lula es consciente, como pocos, de que el desorden institucional que asoma con el golpe dañaría a la clase política y la sociedad civil en su conjunto –y sólo fortalecería a algunos outsiders, como el pro dictadura Bolsonaro–. Tiene noción que las cámaras empresariales equivocan el cálculo: cualquier escenario de corto plazo tendría costo para el conjunto de la institucionalidad de aquel país (incluso en lo referido a las inversiones, claro). Y sabe que, además, el mismo es el único personaje que, a esta altura, le puede dar sobrevida al proyecto del Partido de los Trabajadores en Planalto.

¿Las elecciones 2018? Falta una eternidad para eso. Ya habrá momento. Primero deberá conducir el barco en el medio de la tormenta más grande que se recuerde. Paciencia le sobra: superó tres turnos presidenciales fallidos (1989, 1994 y 1998) para llegar al gobierno en 2003. Y ahora está de vuelta al comando, con mirada de mediano plazo, y la intención de devolver a Brasil a su lugar en el mundo. Pero antes tendrá un escollo: pulsear –en las calles y las instituciones– para que lo dejen conducir.

Juan Manuel Karg

Politólogo UBA, analista internacional.

@jmkarg

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