ARPAS cumple 22 años de existencia como red de radios comunitarias que aportan a la libertad de expresión, a una agenda pública más incluyente y a la promoción de un modelo de medios más diverso, plural y democrático.

El 26 de febrero de 1994 varias emisoras, surgidas en el contexto del final de la guerra y la firma de los Acuerdos de Paz (algunas en comunidades repobladas: Segundo Montes, Izcanal, Sumpul, Victoria), se organizaron para dar la batalla por la “democratización de la palabra”. Y esto pasaba por el reconocimiento legal y el acceso a frecuencias radioeléctricas.

Sin embargo, el gobierno de aquella época -con Armando Calderón como presidente de la república y Juan José Domenec al frente de la ex ANTEL- las rechazó y las persiguió. En diciembre de 1995, en un operativo policial simultáneo, una docena de radios comunitarias fueron cerradas y requisados sus equipos.

Y en 1997, en marco del apogeo privatizador de la reforma neoliberal, se aprobó la Ley de Telecomunicaciones que institucionalizó el cierre de las emisoras comunitarias excluyéndolas y estableciendo la sabasta al mayor postor como prodecimiento para otorgar las frecuencias, a través del cual difícilmente comunidades y organizaciones sociales sin poder económico tendrían acceso al espectro.

Fue hasta julio del año pasado que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la subasta como único mecanismo de asignación de frecuencias y ordenó a la Asamblea Legislativa hacer una reforma de ley que establezca mecanismos alternos. Esta reforma, que debe realizarse antes del 31 de marzo próximo, está en estudio en una comisión ad hoc.

Ante la imposibilidad de acceder al espectro, las emisoras comunitarias compraron una frecuencia (92.1 FM) que comparten 20 radios ubicadas en distintos puntos del país. Esto, mientras grupos empresariales (Corporación FM, Grupo Samix, Corporación KL, Grupo Radio Estereo) acaparan varias frecuencias cada uno.

La derecha oligárquica se mantiene intransigente hacia los medios comunitarios (y públicos). En 2013 ARPAS presentó un proyecto de ley de radiodifusión comunitaria y el Ejecutivo promovió otro de medios públicos, pero la discusión en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se suspendió por presiones de ANEP y FUSADES.

Sin embargo, esa postura es insostenible porque la urgencia de actualizar la marco jurídico de telecomunicaciones, la obligación estatal de incorporar los estándares internacionales de libertad de expresión y la creciente movilización popular por la democratización de las comunicaciones presionarán cada vez más fuerte por una reforma integral que incluya el reconociento de las emisoras comunitarias.