La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció esta semana que investigará también el patrimonio de otros ex funcionarios, entre éstos los ex presidentes areneros Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani, sobre quienes la acción penal ya prescribió pero se mantiene la responsabilidad civil.

Entre los nuevos investigados también estarían el actual Presidente Salvador Sánchez Cerén y el vicepresidente Óscar Ortiz, en su calidad de ex vicepresidente y de ex alcalde de Santa Tecla, respectivamente.

La inclusión de Calderón Sol y Cristiani en la lista de investigados por la Sección de Probidad empareja un poco la actuación de la CSJ que venía indagando sólo a ex funcionarios y funcionarios miembros, aliados o afines a la izquierda gobernante. El “olfato” de los magistrados (Sidney Blanco y Belarmino Jaime) encargados de señalar a quiénes investigar no había alcanzado a personeros a la derecha oligárquica.

Y esto sucede por la presión de organizaciones populares y otros actores de opinión pública. La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, por ejemplo, exigió hace un par de semanas a la Sección de Probidad una actuación objetiva, imparcial y sin sesgos políticos.

La Alianza demandó que las investigaciones patrimoniales fueran igual para todos: de izquierda y derecha, gobernantes y opositores. Por tanto, la inclusión de dos ex presidentes de ARENA que saquearon al país con robos (abono japonés, Fesfut, BFA, Finsepro, etc.) y privatizaciones (banca, telefonía, distribución eléctrica, pensiones, etc.), es resultado de la presión social contra la CSJ.

En tal sentido, urge que la Alianza, otras organizaciones populares y líderes de opinión progresistas sigan presionando para que la CSJ investigue a otros personeros pro-oligárquicos como Ana Vilma de Escobar, señalada por corrupción como directora del ISSS en el gobierno de Francisco Flores y vicepresidenta de la República en el de Antonio Saca. Ana Vilma también fue “destinataria” de los fonos de Taiwán.

La presión social también debe ser para que –como exije la Alianza- la CSJ se transparente y rinda cuentas al país,  como ya lo hacen instancias del Ejecutivo y Legislativo. Hay que exigir acceso público a los debates de la Corte Plena y las salas, sobre todo la siempre sospechosa Sala Constitucional.

NOTA: Ojalá el FMLN, que ayer se movilizó para apoyar al alcalde capitalino Nayib Bukele ante el show montado por La Prensa Gráfica y la Fiscalía, se movilice pronto hacia la CSJ para que la Sala desbloquee la emisión de los 900 millones de dólares en bonos que tanto necesita el gobierno.