La Asamblea Legislativa designó ayer como nuevo Fiscal General a Douglas Meléndez Ruiz, fiscal de carrera y ex asesor legal de CEPA durante los dos gobiernos anteriores (el último de ARENA y el primero del FMLN) que en sus primeras declaraciones ya prometió  “aplicar la ley a quien sea”.

Sin comentar ahora si Meléndez era el candidato más idóneo o no (porque ese será tema de otro editorial), interesa hoy destacar la no reelección del ex fiscal Luis Martínez como un triunfo de la decencia y la exigencia de las organizaciones, movimientos y sectores progresistas que demandaron un cambio de titular en el Ministerio Público.

La reelección de Luis Martínez parecía segura, pues contaba con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (más por sus chantajes que por buenos resultados de su trabajo). Pero las Organizaciones Anticorrupción, la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia, entre otras organizaciones sociales, impulsaron una campaña de denuncia de las omisiones y negligencias del entonces Fiscal General.

Las organizaciones evidenciaron el nefasto comportamiento del ex fiscal: en casos de corrupción y otros delitos graves, Martínez actuaba más como defensor de los imputados que como querellante del Estado, garante de la legalidad y defensor de los intereses de la sociedad.

La lista es larga. CEL-Enel, RHESSA, “descuartizador” Chávez Palacios....y, desde luego, el “caso Flores”. Martínez, antiguo colaborador del ex presidente arenero y vinculado a una empresa de la ex primera dama (¡ya siendo Fiscal General!), tardó en judicializar el caso, retrasó diligencias, no presentó pruebas importantes y se negó a incorporar el lavado de dinero en la acusación penal.

En su afán por defender a Flores, el ex fiscal amenazó a los querellantes de las organizaciones e intentó censurar a medios de comunicación. Su última acción en el caso fue irrumpir en la audiencia del Juzgado Séptimo de Instrucción para intimidar a la querella de ISD-FESPAD y presionar al Juez Miguel García Arguello.

Martínez no investigó los 150 casos de corrupción denunciados por la Secretaría de Transparencia, otros los abrió para cerrarlos y en algunos -como el del empresario Enrique Rais- tenía graves conflictos de interés. A las organizaciones que cuestionaban su desempeño, el ex fiscal las acusó de “conspiradoras” o de impulsar  “agendas políticas” y presionó hasta último momento por su reelección.

Sin embargo se impuso la honradez y la decencia, y las organizaciones sociales deben reivindicar como logro de su incidencia la no reelección del ex fiscal. Luis Martínez como Fiscal General por un nuevo período habría sido un homenaje a la indecencia, el chantaje, la impunidad y la corrupción.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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