La Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) presentó ayer un escrito a la Sala Constitucional solicitando prórroga del plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe las reformas a la Ley de Telecomunicaciones.

El escrito también pide que la Sala, en el marco del seguimiento al cumplimiento de su sentencia y resolución aclaratoria sobre la Ley de Telecomunicaciones, observe el trabajo de la Comisión Ad Hoc que estudia las posibles reformas.

Esto, porque diputados de ARENA y PCN quieren aprobar reformas que incumplen el mandato de la Sala, violentan estándares de libertad de expresión y niegan la posibilidad de una reforma más amplia a la Ley de Telecomunicaciones.

La propuesta –movida por el lobby y presión de TCS y ASDER- contiene una serie de aberraciones jurídicas y restricciones arbitrarias para las frecuencias que llama “locales”: prohibición de comercializar, transferirse y poseer más de una concesión.

Esta disposición –que tiene el propósito de limitar a los medios comunitarios- en la práctica afectaría a todas las radios y televisoras de cobertura municipal, departamental o regional, sean comunitarias o comerciales.

Por algo, la aberrante propuesta no tuvo más apoyos en la Comisión Ah Hoc. La comisión acordó ayer mismo hacer un estudio comparativo de todas las propuestas existentes (de ReDCO y del Ejecutivo) para elaborar una mejor reforma.

Esto es positivo, es lo que el país necesita: una reforma integral que modernice, actualice y democratice el marco normativo de las telecomunicaciones, que permita la construccion de un modelo mediático más plural y diverso.

Por eso ReDCo presentará en los próximos días otro pliego de reformas basadas en la resolución aclaratoria de la Sala que ha incorporado nuevos elementos al debate: establece que la renovación de las concesiones actuales no será automática, sino previa verificación del cumplimiento de la ley y no estará exenta de controles posteriores.

También reitera que los concesionarios mantendrá el ancho de banda y los beneficios del sistema digital, pero aclara que no se trata de derecho a canales o frecuencias adicionales sino a la “seguridad jurídica de transmitir en condiciones iguales o similares a las actuales”.

La resolución también reivindica el rol de la SIGET como ente administrador, gestor y vigilante del espectro radioeléctrico; y llama a la Asamblea a legislar más allá del mandato de la Sala en relación a controles antimonopólicos para evitar concentraciones indebidas en el espectro.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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