La Asamblea Legislativa rechazó el dictamen de reformas a la Ley de Telecomunicaciones promovido por diputados de derecha (especialmente de ARENA y algunos del PCN), que perjudicaba gravemente a los medios radiales y televisivos locales de cobertura municipal, departamental y regional.

Con los votos del FMLN, GANA y dos del PCN, la Asamblea retiró de la sesión plenaria de la semana pasada el dictamen que tiene detrás la autoría, el lobby y la presión de ASDER y Telecorporación Salvadoreña.

La caída del espurio dictamen permite que la Comisión Ad Hoc, que estudia modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, elabore una reforma más amplia que la promovida por la derecha parlamentaria. Tiene condiciones para hacerlo: además de propuestas del Ejecutivo y la ReDCo, aportes de la Superintendencia de Competencia, insumos de SIGET y recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, tiene ahora la Resolución Aclaratoria de la Sala Constitucional.

La Resolución, emitida esta semana, tiene aclaraciones y rectificaciones importantes que permiten ampliar el contenido de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Por ejemplo: en relación a la renovación de las concesiones actuales, la Aclaración dice que ésta no será automática, sino “previa verificación por la SIGET del cumplimiento de la ley” y que la “prórroga no exonera de controles gubernamentales posteriores”.

Con respecto a la migración al sistema digital, la Sala reitera que serán respectados los derechos de los concesionarios actuales, se mantendrán los mismo anchos de banda y los derechos del dividendo digital; pero aclara que “esto no implica derecho a tener canales o frecuencias adicionales a las autorizadas originalmente”. Más claramente dice que esto “no significa propiedad del espectro utilizado, sino la garantía de transmitir en condiciones iguales o similares a las actuales”.

La Aclaración también reivindica el rol de SIGET como “institución encargada de la administradora, gestión y vigilancia del espectro radioeléctrico”. Esto supera el papel meramente técnico y le otorga la faculta de aplicar medidas para un uso más eficiente e incluyente del espectro.

La Sala también aclara que, aun cuando la sentencia no ordena reformas específicas a las leyes de Competencia y de Telecomunicaciones en relación a la concentración mediática, la Asamblea puede “legislar sobre controles específicos para evitar concentraciones indebidas del espectro que resulten de procesos de adjudicación y de transferencia de derechos de explotación de frecuencias”.

Por tanto, la Asamblea tiene elementos suficientes para trabajar en una reforma integral del marco normativo de las comunicaciones. El país debe exigirlo.