Contrario a lo que la realidad demanda y el país requiere, la derecha legislativa tiene prisa en dar por cerrado el debate sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. ARENA, PCN y GANA quieren aprobar una limitada reforma y declarar terminado un debate que apenas comienza.

Hay dos razones por las que El Salvador debe hacer una profunda reforma del marco normativo de las comunicaciones. La primera son las nuevas realidades tecnológicas del ámbito info-comunicacional: implosión de las TICs, redes de internet, digitalización del espectro radioeléctrico y otras que no existían cuando se aprobó la legislación vigente.

 Y la otra es la promulgación de parámetros internacionales de libertad de expresión, especialmente los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y los indicadores del desarrollo mediático de la UNESCO, que propugnan por un mayor pluralismo y diversidad mediática.

Esto obliga al país a impulsar con urgencia una revisión integral de toda la nomenclatura jurídica de telecomunicaciones, con el objetivo de modernizarla y actualizarla. Pero el grupo dominante de los medios privado-comerciales pretende evitar este proceso inevitable, impostergable y natural del desarrollo tecnológico y el avance democrático.

Este rechazo a la modernización del marco legal de las comunicaciones es histórico: cuando surgieron las emisoras comunitarias en los años noventa –tras la firma de los Acuerdos de Paz- ASDER las llamó “radios piratas”, en 1995 el gobierno de ARENA las mandó a cerrar y dos años después la derecha parlamentaria aprobó la Ley de Telecomunicaciones aún vigente que no reconoce medios comunitarios ni públicos.

Más recientemente, en junio y septiembre de 2013, fueron presentados los proyectos de ley de radiodifusión comunitaria y de medios públicos. ASDER –apoyada por FUSADES y la ANEP- presionaron para que el debate no prosperara en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Ahora, ante la sentencia de la Sala Constitucional, quieren imponer una reforma limitada que es más bien una contrarreforma y dar por concluido el debate. La (contra)reforma sólo elimina la palabra “automática” de la renovación de las concesiones y establece un confuso mecanismo de concurso público como procedimiento alterno a la subasta.

Si esa cuestionada reforma fuera aprobada en la plenaria de este día, el Presidente de la República debe vetarla y de una vez convocar a un gran debate nacional sobre la democratización de las comunicaciones y la actualización de los marcos normativos en el ámbito mediático.