El resultado de la renovación de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral de Venezuela, definirá la estabilidad futura del gobierno bolivariano, en un abanico de posibilidades, desde el desconocimiento de los resultados electorales, la reactivación del letal terrorismo urbano denominado “guarimba” (43 asesinatoss en 2014) y la obstrucción y desgaste constante del gobierno.

La meta de la derecha es añadir al poder legislativo a la descomunal caja de resonancia accionada a diario por los medios informativos de derecha, locales, regionales e internacionales, la política exterior de Estados Unidos y la OTAN, toda suerte de gobiernos vasallos y otros sectores influidos y/o costeados por el poder transnacional, por ejemplo la Organización Demócrata Cristiana Americana (ODCA), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Organización de Estados Americanos (OEA), etcétera.

Como el Poder Legislativo de Venezuela consta de 167 diputados, 84 parlamentarios constituyen mayoría simple en la Asamblea Nacional, la mitad más uno que permite aprobar leyes ordinarias. 100 asambleístas hacen la mayoría de 3/5, facultada constitucionalmente para imponer voto de censura y destitución del vicepresidente o los ministros. 111 diputados hacen la mayoría calificada de 2/3, que hasta podría convocar a una Asamblea Constituyente que obligaría a elecciones generales para renovar a todos los representantes máximos de los 5 poderes públicos.

Según el senador chileno Alejandro Navarro, que se encuentra en Caracas como observador invitado por el Consejo Nacional Electoral, “si las encuestas son ciertas, la MUD [oposición de derecha] es favorita para obtener mayoría parlamentaria; sin embargo sólo con 111 diputados es que se puede lograr el golpe parlamentario deseado por la dirigencia del MUD”.

“Sin embargo, mayorías menos grandes servirían para iniciar una ofensiva constitucional, es decir un conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo, donde el Poder Judicial se vería obligado a intervenir para resolver casos de disputa constitucional. Ello conlleva a una crisis política e institucional que se combinaría con la guerra económica galopante”.

Para Navarro, “este domingo 6, Venezuela debe escoger si ratifica el rumbo trazado y recorrido durante los últimos dieciséis años o si echan pie atrás a las conquistas sociales, políticas, económicas y culturales alcanzadas. Está en juego, además, mantener el esfuerzo integrador de Nuestra América o desbaratar los niveles alcanzados con el ALBA, UNASUR Y CELAC”.

Estrategias conocidas

Los demócrata cristianos chilenos también conocen bastante las estrategias de guerrilla parlamentaria que utilizaron hace más de 40 años para derrocar a Salvador Allende con la mano de los militares. El 22 de agosto de 1973, el diputado Claudio Orrego Vicuña, padre del hoy intendente homónimo de Santiago, presento una moción de 15 artículos patrocinada conjuntamente por su Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Nacional (PN, de extrema derecha) que declaró inconstitucional el gobierno de Allende por 81 votos contra 47, menos de dos tercios (63,3%).

Esta maniobra fue celebrada al día siguiente por El Mercurio, que tituló a todo el ancho de página (8 columnas): "Declaró Acuerdo de la Cámara de Diputados: EL GOBIERNO HA QUEBRANTADO GRAVEMENTE LA CONSTITUCIÓN”. Los diputados chilenos proclamaron que “elegido democráticamente”, Allende se rebeló contra la Constitución y, por lo tanto, era un "tirano".

Ese mismo día 23 de agosto Pinochet fue nombrado comandante en jefe del Ejército. Lo demás es historia conocida: sólo 13 líderes del PDC* se pronunciaron públicamente el 13 de septiembre de 1973 contra el golpe militar que apoyó su propio partido el 11 de septiembre y de cuyo gobierno dictatorial formó parte durante largo tiempo. El Grupo de los Trece no incluyó a las figuras máximas del partido, Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, quienes apoyaron el golpe con entusiasmo.

- Ernesto Carmona / Mapocho Press

* http://www.theclinic.cl/2009/05/12/claudio-huepe-y-el-grupo-de-los-13/