El cambio climático existe y es muy grave. Cifras más o menos, todos los análisis convergen: para evitar que el planeta se siga calentando con impactos devastadores urge reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), consecuencia del sistema de producción y consumo con combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón. Los rubros que más GEI emiten son extracción y generación de energía, sistema alimentario agro-industrial –incluida deforestación y cambio de uso de suelo–, construcción y transportes.

Sin embargo, las reducciones necesarias y cómo garantizar que los principales responsables (países y empresas) dejen de contaminar el clima de todos y minar el futuro de nuestras hijas e hijos, no está en la agenda del próximo encuentro mundial sobre el clima que se realizará en París el próximo diciembre.

En su lugar, la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que se reunirá las dos primeras semanas de diciembre en Francia, prevé condonar un sistema de acciones voluntarias, llamadas contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (CPDN o INDC, por sus siglas en inglés) sin compromisos vinculantes ni real supervisión internacional, legitimando nuevas falsas soluciones y peligrosas tecnologías. De paso terminarán de enterrar el proceso multilateral de negociaciones para enfrentar esta crisis global.

El precedente de este próximo acuerdo-no acuerdo (ya que se trata de legalizar que cada país haga lo que quiera) fue el Protocolo de Kyoto, un acuerdo internacional vinculante que estableció que los principales países emisores, responsables de la mayoría de GEI, redujeran en 5 por ciento sus emisiones por debajo del nivel de 1990. El total de emisiones era entonces 38 giga toneladas equivalentes de dióxido de carbono anuales (equivalentes porque hay otros gases de efecto invernadero). Estados Unidos, principal emisor histórico y segundo actual, nunca firmó el Protocolo de Kyoto y siguió aumentando sus emisiones. Al 2010, las emisiones globales, en lugar de bajar, habían aumentado a 50 giga toneladas anuales. En ese año, China pasó a ser el primer emisor, ahora con 23 por ciento del total, seguido de Estados Unidos con 15.5 por ciento. Una gran parte -estimado un mínimo de 30 por ciento- de las emisiones de China se consumen en otros países.

Pero acumulado, Estados Unidos es responsable de 27 por ciento de emisiones desde 1850. Con 5 por ciento de la población mundial, usa 25 por ciento de la energía global y sus emisiones de GEI per cápita son más de mil 100 toneladas por persona mientras en China son de 85 toneladas por persona. Cabe notar que el desarrollo actual de China sigue el mismo modelo destructivo de producción y consumo industrial, con crecientes brechas de desigualdad interna.

Esta nueva realidad de emisiones de países emergentes afirmó a los principales emisores históricos a exigir que todos debían reducir – aunque ellos no lo habían hecho nunca. Bloquearon una nueva etapa del Protocolo de Kyoto y aprovecharon para minar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que había sido un pilar de la CMNUCC.

Para la COP 21, por primera vez cada país debería entregar a la Convención su plan de contribuciones previstas, y como son determinadas a nivel nacional, el secretariado de la Convención se limita a contabilizar lo que significan. A fin de octubre 2015, se habían entregado las contribuciones previstas de 146 países. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, esos planes se traducen en un aumento de 3 a 3.5 grados en el promedio global al 2100, casi el doble del límite oficial acordado de máximo 2 grados y mucho más de 1.5 grados que los estados insulares, la mayoría de países del Sur y organizaciones de la sociedad civil consideran máximo aceptable para no morir bajo las aguas, sufrir violentos huracanes, sequías y hambrunas.

Las medidas propuestas por los grandes emisores históricos son altamente insuficientes, incluso en términos formales. Un análisis de organizaciones ambientalistas, sindicales y sociales, aplicando un criterio de contribuciones justas por país (tomando en cuenta responsabilidad histórica y capacidad de hacer reducciones según nivel económico actual debido a la industrialización que provocó las emisiones) muestra que Estados Unidos, Japón y Europa ni siquiera llegan a 20 por ciento de lo que deberían reducir. Por el contrario, los países más pobres, contribuyen más de lo que nunca causaron y algunos países emergentes (China, India) proponen mucho más que su justa parte per cápita. (Se puede ver el cálculo en civilsocietyreview.org).

Es una perspectiva reveladora, pese a que no toma en cuenta otro aspecto fundamental: cómo se componen esas contribuciones que harían los países. Porque además de insuficientes, la mayor parte de sus contribuciones se basan no en reducir emisiones, sino en compensarlas con mercados de carbono, con técnicas de geoingeniería como captura y almacenamiento de carbono (CCS) con mal llamada bioenergía que devasta ecosistemas y compite con producción de alimentos, y con programas perversos contra comunidades campesinas e indígenas, como la agricultura climáticamente inteligente y REDD+ para bosques.

Además de anunciarnos que aumentarán las emisiones, las medidas propuestas van contra las comunidades y movimientos que tienen alternativas reales, viables y posibles para salir de la crisis. La COP21 se dirige a consolidar un desastre histórico. Pero no será sin denuncia y resistencia desde abajo.

- Silvia Ribeiro, investigadora del grupo ETC