La salida del binomio presidencial del oficialista Partido Patriota -ocurrida tras ser implicados en casos de corrupción- sin duda ha alegrado a mucha gente en Guatemala, estremeció ánimos que se expresaron de muy diferente manera: sonrisas, lágrimas, abrazos, cantos hasta manifestaciones eufóricas.  Lo sucedido aquí es un ejemplo para otras naciones que también padecen las secuelas provocadas por funcionaros públicos corruptos.

Como primeras reacciones vale señalar que las miles de personas que se movilizaron lo hicieron porque coincidieron en una exigencia principal: la renuncia del presidente y de la vicepresidenta de la República, aunque también levantaron otras demandas.  Ninguna organización, red social o convergencia de agrupaciones puede autonombrarse como la única o principal voz convocante de tan amplias protestas sociales; como tampoco afirmar que la cúpula empresarial, algunos medios y la embajada gringa fueron los conductores de tan amplio movimiento ocurrido desde abril a la fecha en diferentes partes del país.

La demanda principal se ha logrado porque se abrieron procesos judiciales contra el general retirado Otto Pérez y Roxana Baldetti.  El reto ahora es cómo dar continuidad a las otras exigencias planteadas, entre ellas, las referidas a transformar el sistema político que desde distintas perspectivas ha sido calificado de perverso y corrupto porque ha alentado la asociación ilícita y la corrupción, así como el clientelismo político y los poderes paralelos.

Aunque se incrementaron las campañas multimedia en contra del voto nulo, a favor del voto o los pronunciamientos aludiendo a que es mejor votar por un partido pequeño o afirmando que el resultado de las votaciones es la única salida viable, junto a la presencia de observadores electorales y los anuncios del Tribunal Supremo Electoral, difícilmente podrán garantizar elecciones limpias y democráticas, ya que en esta ocasión el peligro no radica en la probable emisión de votos fraudulentos.  El proceso se ha enturbiado desde antes porque hay candidatos sujetos a proceso de antejuicio, candidaturas que incumplen con la exigencia de honorabilidad y partidos que violaron la ley electoral.

Así las cosas, a 48 horas del día de las votaciones, siguen con fuerza las convocatorias a realizar acciones de rebeldía ciudadana, la solicitud de aplazar el día de las elecciones y la cancelación de partidos y candidaturas con impugnaciones legales.  Por su parte, la Asociación Feminista La Cuerda defiende el derecho ciudadano de la abstención porque estas elecciones “están viciadas por una ley anacrónica que excluye a las mayorías y permite la participación a personas implicadas en ilícitos, no constituyen ningún proceso genuino de democracia, sino son un dispendio, una farsa que pretende engañar a la población”.

En este contexto, además tienen lugar las primeras declaraciones de Otto Pérez, el general retirado y presidente desaforado, a quien lo defienden los mismos abogados que representaron al militar Efraín Ríos, sentenciado como genocida.  Es importante tener en cuenta que el sindicado está siendo escuchado e inculpado en el Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por Miguel Ángel Gálvez, a quien la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos le ha otorgado el Premio “Myrna Mack” por su impecable trayectoria como juez.  Esto crea confianza porque él también ha estado en otros procesos en los que ha demostrado su idoneidad y honorabilidad incuestionables.