Disculpas de los grandes medios como Canal 13 y Televisión Nacional (TVN) por sus noticias falsas sobre el inexistente enfrentamiento de la Rinconada de Maipú, que en 1975 encubrió seis asesinatos, y mayor celeridad de la justicia en los procesos de crímenes de lesa humanidad, exigieron familiares y cercanos de las víctimas.

Veintisiete años tardó el procedimiento de la justicia chilena para dictar sentencia de primera instancia en este caso, después de 39 años y 8 meses del asesinato de los hijos, hijas y amigos del entorno del tornero Alberto Recaredo Gallardo Pacheco y de su esposa Ofelia Moreno, cuya familia fue diezmada durante la noche del 18 al 19 de noviembre de 1975 por un equipo de exterminio de la dictadura cívico militar. El jefe de hogar, Alberto Recaredo, entonces de 63 años, pereció en la madrugada del 19 de noviembre pero aún hoy lo sobrevive su esposa Ofelia, de 90.

La sentencia podría marcar un comienzo de justicia y reparación al sufrimiento de los sobrevivientes de esta familia, cuyos miembros valoran el fallo del juez especial Leopoldo Llanos Sagristá “como fruto del arduo trabajo de diversos jueces, abogados y testigos”, y “por sobre todo… el empuje y valentía de nuestra amada madre y abuela Ofelia, hoy de 90 años, quien hace 24 días se debate entre la vida y la muerte internada en el hospital”.

Victimarios mueren de viejos

Sin embargo, la justicia parece estar llegando con notorio atraso. Muchos creen que la justicia demora deliberadamente, esperando que mueran los victimarios y las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de 40 años. “Para que la Justicia sea plena debe ser oportuna y proporcional al daño causado”, dijo Alberto Rodríguez Gallardo, portavoz del grupo, también detenido en 1975 junto a su madre Catalina Ester Gallardo Moreno, aunque sólo tenía seis meses. Las familias y amigos de las víctimas hicieron una demostración el viernes en la sede del Poder Judicial, Palacio de Justicia, para llamar la atención ante la escasa cobertura de prensa que ha tenido la sentencia de 95 páginas emitida el 27 de julio.

“Esta tardanza de los tribunales nos parece inaceptable, ya que vemos como nuestros familiares y los propios asesinos se mueren en medio de tanta demora. No estamos culpando a los jueces que han llevado el caso, sino el andamiaje institucional heredado de la dictadura cívico militar y los intereses mezquinos y fácticos que éste contiene”, añadió.

El “andamiaje institucional” incluye también a los grandes medios de información, en particular a la televisión del Estado (TVN) y Canal 13 de la Universidad Católica, propagandistas activos de la puesta en escena del falso enfrentamiento en terrenos agrícolas de la periferia oeste de la ciudad, el predio Rinconada de Maipú, inventado para encubrir el asesinato múltiple perpetrado en el extremo opuesto de la urbe, al este y al pie de la Cordillera, en el campo de torturas y exterminio conocido como Villa Grimaldi.

En 1975, periodistas de todos los medios hicieron vagos “reportajes” a la maleza y los arbustos rurales e incluso pergeñaron supuestas entrevistas a “testigos”, principalmente menores, para ilustrar el pretendido escenario del “enfrentamiento” y adornar el texto oficial que la dictadura ordenó redactar a los periodistas de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos). La utilería y el guión para la tele lo aportó la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), dirigida por Manuel Contreras.

El periodista conductor de noticias de TVN Julio López Blanco, con un impecable traje de calle, mostró en cuclillas sobre el pasto de La Rinconada un puñado de cápsulas vacías de proyectiles percutados (”vainillas”, en el lenguaje chileno) como prueba suficiente de que allí hubo un reciente enfrentamiento de la Dina con “terroristas”, mientras su jefe Roberto Araya describía cómo ocurrieron las supuestas acciones y daba a conocer la lista de “extremistas muertos” en el “enfrentamiento”, que eran precisamente las víctimas asesinadas esa misma madrugada en Villa Grimaldi.

La tríada Dinacos, Dina y periodistas de la dictadura incluso reportó un “herido” entre sus filas, con nombre y apellido, pero que nunca fue mostrado. Mirando las noticias de televisión, los familiares se enteraron que sus hijas, hijos, hermanos y hermanas no sólo estaban muertos, sino que además todos eran “delincuentes, extremistas, terroristas…”, en vez de profesoras, vendedores, torneros, gente de trabajo… Todavía hoy sienten que la familia fue escarnecida por los medios que alteraron la verdad y, de paso, difamaron e hicieron víctima de calumnia e infamia a todos sus miembros.

El burdo recurso del falso “enfrentamiento” fue tan recurrente como “el intento de fuga” en el encubrimiento de cientos de asesinatos a lo largo de los 17 años de la dictadura militar-civil implantada por la clase propietaria de Chile que utilizó a los militares para derribar a Salvador Allende en 1973.

Los mismos de siempre

El fallo condenó a 20 años de prisión a cinco militares que ya se encuentran presos desde hace varios años por su participación en numerosas otros atentados contra los derechos humanos. Por ejemplo, el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, fundador de la Dina y principal promotor de los delitos de lesa humanidad perpetrados en Chile por la dictadura de militares formados por EEUU en la Escuela de las Américas y civiles de extrema derecha, acumula más de 500 años de prisión, mientras moribundo recibe gratis en el Hospital Militar la atención médica financiada con fondos públicos que el Estado le negó a sus víctimas.

Los demás sicarios de este caso también están presos en la misma cárcel especial de Punta Peuco, donde se alojaba Contreras antes de ser trasladado al hospital: Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes, todos “autores de los delitos de homicidio calificado de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Luis Andrés Gangas Torres, Manuel Lautaro Reyes Garrido y Pedro Blas Cortes Jelvez".

Los hechos de 1975

“Nuestra detención y la de nuestros familiares asesinados cambió para siempre el curso de nuestras vidas”, relató Alberto Rodríguez Gallardo. “Fuimos detenidos por agentes de la Dina que irrumpieron violentamente en nuestros hogares entre las 10 y las 11 de la noche del 18 de noviembre de 1975, sin ninguna consideración con las mujeres embarazadas ni con los niños”, añadió Alberto, detenido también esa terrible noche siendo un lactante de 6 meses.

Según su relato, Catalina, Mónica y Alberto Recaredo (el abuelo) fueron entregados a la DINA por la Policía de Investigaciones (PDI) y llevados al centro clandestino de exterminio Villa Grimaldi. Los testigos y sobrevivientes que estaban detenidos ese día recuerdan la noche del 18 de noviembre de 1975 como “la más horrible de que se tenga memoria en ese lugar”. Escucharon golpes de apertura y cierre del portón, voces destempladas pidiendo agua y aceite hirviendo y los gritos desgarradores de Catalina, Mónica y Alberto Recaredo. "Era el horror y la bestialidad desatada de unos seres humanos en contra de otros seres humanos indefensos", dijo Alberto.

Esa noche los esbirros derrocharon la sevicia que fortalecieron en la Escuela de las Américas. "El reconocimiento posterior de los cuerpos dejó en evidencia la brutalidad del crimen", explicó. Mónica fue reconocida en el Instituto Médico Legal junto al feto de su bebé salido de su vientre; Catalina se encontraba con las cuencas de sus ojos vacías, se los habían arrancado; y nuestro padre y abuelo Alberto Recaredo prácticamente despedazado".

Junto a los tres miembros de la familia Gallardo en el falso “enfrentamiento” participaron otros tres detenidos, Manuel Reyes Garrido, Pedro Cortés Jelvez y Luis Gangas. También padecieron la barbarie, fueron colgados, quemados con agua y aceite hirviendo y rematados a golpes de pies y puños. "Los cuerpos de todos ellos fueron llevados a los cerros de la Rinconada de Maipú, donde se ejecuta la segunda parte de este monstruoso crimen, es decir, el montaje comunicacional elaborado por Dinacos en complicidad con TVN y Canal 13, que con sus cámaras mostraron a Chile y al mundo un “violento enfrentamiento entre elementos subversivos y agentes de seguridad” que supuestamente habría tenido lugar allí minutos antes", relató Alberto.

Montaje comunicacional

En este proceso, por primera vez la justicia chilena se interesó de manera seria en el rol de los medios de información en operaciones de encubrimiento de asesinatos fabricando noticias falsas para intentar cambiar la narrativa de los hechos con la invención de falsos enfrentamientos, como el de Rinconada de Maipú. La versión del “enfrentamiento” apareció en papel como un comunicado de Dinacos. Fue reproducido tal cual por El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa y los demás medios impresos de la época, controlados todos por la dictadura cívico militar. La puesta en escena "in situ" para la tele corrió por cuenta de los canales 13 UC y TVN.

Alejandro Solís, otro de los jueces que intervino en la causa, solicitó al Colegio de Periodistas el expediente del Tribunal de Ética que expulsó de la orden profesional a Carlos Roberto Araya Silva. Su sucesor, Leopoldo Llanos, también citó a declarar a numerosos periodistas y camarógrafos, entre otros en la sentencia aparecen citados Manfredo Mayol, Vicente Pérez Zurita, Claudio Sánchez y Julio López Blanco, también sancionados por el Colegio por su participación en el montaje. En 2012, Solís decidió procesar a Araya como encubridor.

"Sabemos que al menos Roberto Araya era agente Dina y eso está acreditado en el fallo", explicó Alberto Gallardo. Araya Silva era un locutor de San Antonio, amigo y compadre de Manuel Contreras, quien era jefe del regimiento Tejas Verdes. La Dina infiltró a Araya como “periodista” en un cargo de jefatura en Prensa de TVN y, a la vez, se hizo miembro del Colegio de Periodistas, pero en 2006 fue expulsado de por vida por el Tribunal de Ética de la orden. Falleció en 2012.

Contreras muere

Desde que se sabe que es inminente la muerte de Contreras en el hospital de los militares –que se financia con fondos públicos–, en el país donde la justicia actúa “en la medida de lo posible” mucho se discute si el archi-criminal recibirá o no los honores castrenses reservados a los generales, o si asistirán o no a su entierro altos oficiales del ejército y autoridades del gobierno, como ocurrió en el entierro de su jefe Pinochet.

La familia Gallardo se sumó a las voces que vienen exigiendo romper los pactos de silencio que guardan secretos, como el destino de los desaparecidos, al interior de las fuerzas armadas, y de los civiles cómplices y encubridores de crímenes de lesa humanidad. “Ya no es creíble que sólo un puñado de militares fueran capaces de sostener una dictadura por 17 años”, dijo Alberto Rodríguez. También exigen que sean degradados los oficiales que, como Contreras, cumplen prisión por asesinato.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

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