Foto: La tribuna.hn

Hace más de sesenta años (60) que un destacado economista de Berkeley, Earl R. Rolh, nos advertía que las sofisticaciones económicas destruyen la certidumbre del hombre de la calle en las políticas y medidas impositivas. No solo se trata del uso de modelos econométricos alejados de las realidades de los países, sino también de registros, talonarios, declaraciones, formularios y facturas para declarar y pagar los impuestos.

En Honduras con la aprobación de la Ley de Saneamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión del 30 de diciembre de 2013, se aumenta de 12% a 15% el impuesto sobre ventas, elimina el subsidio a la energía eléctrica, ajusta la tasa por importación de petróleo y derivados, se cobra un 10% por transacciones de bienes inmuebles y crea un fondo para la compensación social de 4,500 millones de lempiras donde va incluido el bono “fraude”.

Se pone en marcha también un Régimen Simplificado de Mono-tributo como parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la firma y vigencia actual del Acuerdo para elevar sustancialmente el monto de los ingresos fiscales arriba de 2%/PIB y la reducción del déficit del gobierno central de 2.6%/PIB para 2014-2017.

Hay un interés manifiesto porque mejore sustancialmente la recaudación de impuestos y se amplíe la base tributaria, en una coyuntura donde los espacios fiscales internos ya no existen o se han reducido tanto que después de más de diez (10) paquetazos recetados por los gobiernos del Partido Nacional, no son una opción de política fiscal viable para aumentar los ingresos del Estado. La preocupación del FMI es garantizar la estabilidad de la economía creando espacios fiscales dentro del presupuesto de la nación para no comprometer la sostenibilidad financiera del mismo, pero el creciente endeudamiento y el pago del servicio de la deuda también limita aprovechar espacios fiscales externos.

Es por eso que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) con apoyo del FMI, le apuesta a la ampliación de la base tributaria de la economía incorporando a las unidades productivas, comerciales y personas del sector informal. El Mono-tributo es un instrumento de política fiscal para recaudar más impuestos y cumplir con los compromisos financieros generados después del golpe de Estado. Las estimaciones preliminares son que 80% de las microempresas operan sin constituirse como tales, por lo que su regularización permitirá ordenar las cuentas de dichas empresas y aumentar los ingresos tributarios del gobierno. De unos 75,000 contribuyentes se pasaría a 300,000 mil, aumentándose la recaudación en cerca de 1,500 millones de lempiras anuales.

La legalización de los informales que no tributan, busca también que sean atendidos por las instituciones de seguridad social en el marco de la nueva Ley de Seguridad Social vigente, realicen transacciones normales con la banca comercial, reduzcan sus costos  de operación y transacción  al pagar menos por los préstamos y tengan acceso a nuevas fuentes de financiamiento, como también se beneficien de los fondos públicos de apoyo a las microempresas.

Han surgido varios problemas para implementar este régimen. El primero es que la DEI ha querido montar el sistema en tiempo record sin mayores explicaciones a los nuevos contribuyentes, incluyendo dentro de estos a vendedores ambulantes, locatarios, microempresas comerciales, “pepenadores” de basura, vendedoras de tortillas y ropa usada, etc, cumpliendo con las exigencias del FMI ya que el Acuerdo suscrito debe ser evaluado trimestralmente.

El segundo son los nuevos formularios, registros, control y declaraciones de ingresos elaborados por la DEI y técnicos ecuatorianos, donde se exige como a cualquier empresa transnacional que los contribuyentes llenen y suban la información en las fechas previstas sin fallas, lo cual no ha sido posible.

El tercero es que los locatarios de los mercados públicos se quejan que los clientes les exigen unas facturas que todavía no llegan, y ellos reportan perdidas. Una solución pactada es la aprobación de una Ley Especial de Protección y Tributación Comercial en los Mercados, que  permita un ajuste gradual en las contabilidades y de los pagos tributarios de acuerdo a los verdaderos volúmenes de venta e ingresos netos de estos contribuyentes.

Pero el problema mayor es que todavía la DEI no ha recuperado la cartera en mora, donde los mayores morosos son los grandes contribuyentes. Se le cobrará a los pepenadores de basura, pero no se dan garantías que los grandes empresarios no seguirán evadiendo el fisco. Ello es extensivo a los defraudadores fiscales y los beneficiarios de exoneraciones como las comidas rápidas, zonas de procesamiento industrial, empresas de energía y activistas turísticas.

La mayor recaudación fiscal servirá en primera instancia para hacerle frente al creciente endeudamiento interno y externo, una de las condiciones exigidas por el FMI. Todavía el gobierno no tiene definidas prioridades de inversión productiva y social, que permita la ejecución de programas y proyectos para beneficio de la economía informal de Honduras. Hay que recaudar más para pagar deudas es la consigna del FMI, aunque muchas de estas deudas son deudas malas, ilegitimas  y salpicadas por la corrupción; y los informales  no fueron ni son responsables del saqueo del país.

Tegucigalpa, 10 de Junio de 2015.